El reparto de poder y responsabilidades entre las mujeres y los hombres, así como su acceso a los recursos económicos, sociales, lúdicos y culturales sigue siendo muy desigual debido a la persistencia de los modelos tradicionales de distribución de roles entre los sexos. También, el funcionamiento de los sistemas electorales y de las instituciones políticas, incluidos los partidos políticos, puede dificultar la presencia de las mujeres en la vida política y pública.
La participación equilibrada en la toma de decisiones en los ámbitos social y político es requisito para el pleno disfrute de los derechos humanos, constituye un elemento de justicia social y es una condición necesaria para el mejor funcionamiento de una sociedad democrática. El logro de una participación equitativa de las mujeres y los hombres en los espacios de poder contribuiría a una más eficaz formulación de las políticas mediante la redefinición de prioridades y la inclusión de nuevos asuntos en la agenda política para la atención de las necesidades de todas las personas.
El camino hacia la co-participación social y política, más allá de propiciar la incorporación de las mujeres, pasa por reconocer y desmontar los muros invisibles del techo de cristal, combatir activamente la división de espacios públicos y privados entre ambos sexos, revisar los modelos diferenciados de socialización de hombres y mujeres en relación con el poder, transparentar los sistemas jerárquicos de las organizaciones políticas, visibilizar modelos y experiencias de participación femeninas, incorporar contenidos de género en las agendas de los partidos, evitar los usos sexistas del lenguaje, cuidar el tratamiento de la imagen de las mujeres (políticas) en la sociedad y en los medios de comunicación y enriquecer los métodos de liderazgo social, entre otras alternativas.