Se trata de un recurso que se ofrece a los centros educativos para registrar las incidencias que generan conflictos y el modo en que se responde para gestionarlos.
Este protocolo se ajusta al Decreto 114/2011 por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En él se indican todas las opciones señaladas en el Decreto para actuar ante una conducta contraria a la convivencia. Estas opciones se presentan estructuradas por niveles de actuación:
Cada centro podría completar este protocolo con otras opciones disponibles en su plan de convivencia como:
Este protocolo se ha diseñado desde la ideología de un modelo de convivencia positiva, siempre proactivo antes que reactivo:
Cabe precisar que la intervención directa del equipo de gestión de la convivencia (tercer nivel de actuación), solo debe producirse ante un conflicto excepcional que suponga la detección de una situación grave.
En este protocolo se destaca su carácter informativo. Puede sustituir al tradicional parte de disciplina complementando la detección del problema con el modo de gestionarlo. Con ello se potencia el principio de autogestión y la inmediatez de la respuesta.
La información recogida pasa de cualquier docente al tutor o tutora y este o esta a su vez la traslada al equipo de gestión de la convivencia. De este modo quedan registradas todas las incidencias y el modo en que se han gestionado.
La evaluación del estado de la convivencia del centro puede realizarse con el análisis de esta información.
Se recomienda registrar cada incidencia por tutorías, de modo que el análisis de los datos pueda realizarse a nivel individual, grupal, de nivel y general.