La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, incorpora en su disposición adicional cuarta un mandato dirigido a todas las Administraciones Públicas para fijar un porcentaje mínimo de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o lotes a favor de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social (CEEIS) y de las Empresas de Inserción (EI).
De este modo, la LCSP configura la reserva de contratos como una obligación legal y como un instrumento esencial de la contratación pública estratégica, orientado al fomento de la economía social y a la inclusión laboral de colectivos vulnerables, en coherencia con los objetivos de responsabilidad social recogidos en el artículo 1.3 de la propia Ley.
En el ámbito autonómico, la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, establece en su disposición adicional cuadragésima octava la obligación de los poderes adjudicadores del sector público autonómico de reservar entre un 2 % y un 4 % del volumen de contratación del último ejercicio cerrado a favor de CEEIS, EI y Programas de Empleo Protegido (PEP), de conformidad con la normativa de contratación pública.
Esta disposición prevé, asimismo, que la concreción de las cuantías resultantes y la determinación de los ámbitos, departamentos, organismos o contratos sobre los que se materializarán dichas reservas se realice mediante acuerdo del Gobierno de Canarias.
En cumplimiento del mandato legal y autonómico, el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el 22 de mayo de 2019, acordó fijar un porcentaje mínimo del 2 % de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o lotes a favor de CEEIS, EI y PEP, estableciendo las condiciones mínimas para su cumplimiento y atribuyendo a la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias la emisión anual de un informe de evaluación del grado de cumplimiento alcanzado.
Por su parte, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, refuerza esta política de contratación pública responsable. Su disposición adicional decimonovena establece que los contratos de las Administraciones Públicas relativos a la recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles, muebles y enseres deberán licitarse y adjudicarse preferentemente como contratos reservados. En particular, exige que al menos el 50 % del importe de adjudicación se destine a contratos reservados a EI y CEEIS autorizados para el tratamiento de residuos. En caso de no aplicarse esta reserva, la Administración deberá motivarlo expresamente en el expediente, pudiendo dicha decisión ser objeto de recurso.
En cuanto a la delimitación subjetiva de las entidades beneficiarias de la reserva, el ordenamiento jurídico español circunscribe la participación a dos tipologías de entidades: las Empresas de Inserción (EI) y los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social (CEEIS). Respecto de estos últimos, la Sentencia del Tribunal Supremo nº 4471/2025, de 16 de octubre, ha reafirmado que únicamente los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social (CEEIS) —y no los Centros Especiales de Empleo de iniciativa mercantil— pueden ser beneficiarios de la reserva.
La relación actualizada de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social (CEEIS) y de las Empresas de Inserción (EI) puede consultarse en la página web del Servicio Canario de Empleo, a través de las siguientes direcciones electrónicas: