La violencia contra las mujeres, en sus múltiples formas, es un fenómeno de carácter estructural y de una enorme dimensión y complejidad. Su pervivencia responde a creencias discriminatorias y sexistas profundamente arraigadas que sostienen la subordinación y dominación de las mujeres menoscabando los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de todas las personas.
La multidimensionalidad y complejidad de este fenómeno requiere soluciones que vayan más allá de paliar las consecuencias, abordando las causas y lo que subyace a los actos de violencia, o sea, el modelo dominante que impone la subordinación de las mujeres a los hombres y perpetúa la discriminación de aquéllas. Por ello, hay que incidir en todas las formas de la violencia, sea de tipo sexual, psicológica o física.
Entre las manifestaciones de la violencia de género se encuentran el control de la vida (femicidio, asesinato), el control de la integridad e indemnidad de la persona (abuso, acoso y agresión), el control de la sexualidad (cuándo, cómo, con o sin protección), control de la reproducción (obligación o prohibición de métodos anticonceptivos, prohibición del aborto o aborto forzado), control emocional (violencia psicológica, acoso moral, violencia contra los bienes materiales propios), control de las relaciones externas (limitación de espacios y tiempos de salida del hogar, control de las personas con las que la mujer se relaciona) y control del acceso al dinero y a los bienes y a la titularidad de los mismos (limitación de los recursos básicos para la subsistencia, impago de pensiones alimenticias).
La acción institucional en este ámbito actúa en dos sentidos fundamentales: por una parte, en la creación, dotación y consolidación de mecanismos de asistencia ante las situaciones de violencia y, por otra, en el desarrollo de estrategias preventivas para la modificación de las estructuras y valores que sostienen y legitiman la violencia de género.
La Comunidad Autónoma de Canarias dispone de dos instrumentos normativos fundamentales en la lucha con la violencia de género: la Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género y la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, cuya implantación se desarrolla en la Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2013-2020 del Gobierno de Canarias. Asimismo, el Gobierno ha regulado de forma específica el procedimiento de concesión de ayudas económicas a las mujeres víctimas de violencia de género.