En el ámbito de la agricultura, en Canarias y resto de regiones ultraperiféricas (RUP), se aplica un régimen específico, adaptado a la realidad y necesidades de estas regiones: el llamado “POSEI” (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad).
Se rige por un reglamento de base, el Reglamento (UE) Nº 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, y dos reglamentos de desarrollo: el Reglamento Delegado (UE) Nº 179/2014 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2013 y el Reglamento de Ejecución (UE) Nº 180/2014 de la Comisión,de 20 de febrero de 2014.
Con base en dichos reglamentos, las medidas específicas para Canarias se contienen en un programa nacional/regional, cuyas modificaciones sustanciales deben ser examinadas y aprobadas por la Comisión Europea cada año, y que consta de dos partes:
Para la elaboración de dicho programa, cada Estado miembro concernido cuenta con una asignación financiera cerrada, establecida en el Reglamento de base, que para Canarias asciende a 268,42 millones de euros anuales, con un tope asignado al REA que no puede sobrepasar los 72,7 millones euros.
El régimen especial para la agricultura en Canarias contiene, además, otras medidas, que se enuncian en el Reglamento 228/2013, entre las que destacamos las siguientes:
Los Programas de Opciones Específicas por la lejanía y la Insularidad (POSEI) se remontan a 1991 y 1992. En el caso de las islas Canarias, el POSEICAN queda establecido por primera vez en el Reglamento 1601/92 del Consejo, de 15 de junio de 1992.
El 28 de junio de 2001, el Consejo adoptó una reforma de estos regímenes de apoyo a la agricultura de las RUP. En el caso de Canarias, el Reglamento 1601/92 fue sustituido por el Reglamento 1454/2001 del Consejo,de 28 de junio de 2001.
Sin embargo, desde el puntode vista de la gestión, los resultados no eran tan favorables, dado que los dos elementos de los programas POSEI anteriormente citados, esto es, el REA y el apoyo a las producciones locales de las RUP, se gestionaban con cierta rigidez. La Comisión debía elaborar normas para adaptar los planes de aprovisionamiento a las necesidades de abastecimiento en función de las variaciones de las cantidades, en ocasiones modestas, de productos que deben suministrarse. Por otro lado, el régimen de apoyo a las producciones locales estaba fragmentado en multitud de micro-medidas establecidas por Reglamentos del Consejo, con lo que, para adaptar dichas medidas, se requería un procedimiento legislativo interinstitucional que iba en detrimento de la rapidez de la actuación comunitaria y la necesidad de ajustar en la mayor medida posible dicha actuación a las características específicas de la situación de las RUP, máxime cuando en muchos casos se trataba de importes pequeños.
El 30 de enero de 2006, el Consejo aprobó el nuevo reglamento POSEI, Reglamento 247/2006 del Consejo. El régimen específico para Canarias y resto de RUP en el ámbito de la agricultura, se regirá, a partir de esos momentos, por el citado reglamento del Consejo y por el Reglamento 793/2006 de la Comisión,de 12 de abril de 2006, que lo desarrolla. Los tres POSEIs agrícolas (POSEICAN –para Canarias-, POSEIMA –para Madeira y Azores- y POSEIDOM –para los departamentos franceses de ultramar-) se fusionan en un solo reglamento. La filosofía y el contenido esencial de los programas se mantiene y la reforma consiste básicamente en la descentralización de la gestión que pasa dela Comisión Europea a los Estados/Regiones.
El 13 de marzo de 2013, se aprueba un nuevo reglamento POSEI, Reglamento 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, desarrollado por el Reglamento delegado 179/2014 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2013 y por el Reglamento de ejecución 180/2014 de la Comisión,de 20 de febrero de 2014. Se trataba de una refundición y remodelación del Reglamento con el fin de adaptarlo a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
Su finalidad es garantizar el suministro a las regiones ultraperiféricas de productos esenciales para el consumo humano, la transformación o su utilización como insumos agrícolas, paliando los costes adicionales derivados de la situación ultraperiférica, sin perjudicar la producción local ni su desarrollo.
El REA consiste en:
Son las autoridades nacionales/regionales las responsables de decidir acerca de los productos acogidos al REA, la cuantía de los mismos (esto es, los balances) y la ayuda correspondiente a cada uno dentro de un presupuesto, fijado para 2022 en 62,1 millones de euros, por debajo del umbral máximo permitido por el reglamento de base.