ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El funcionamiento de la ODDUS se regula en el DECRETO 8/2025, de 24 de febrero, por el que se regula la Oficina de Defensa de los Derechos de las Personas Usuarias Sanitarias en la Comunidad Autónoma de Canarias y el procedimiento de las reclamaciones, solicitudes de información y sugerencias del Sistema Canario de la Salud.
Su ámbito de aplicación se extiende a todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de cualquier nivel, categoría y titularidad, ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las reclamaciones reguladas en dicho Decreto no tienen la naturaleza de recursos administrativos ni de denuncias sobre posibles infracciones a la legalidad.

Las respuestas a las mismas no tienen el carácter de resolución administrativa por lo que contra ellas no cabrá presentar recurso administrativo alguno. 

Su finalidad es que una vez planteada por la persona usuaria sanitaria su disconformidad con el desarrollo de su proceso de asistencia sanitaria o su desacuerdo sobre el funcionamiento del sistema sanitario se pueda revisar tanto su situación como cualquier otra cuestión que plantee con el fin de buscar de forma objetiva solución a las mismas.

Cuando proceda se adoptará alguna medida correctora al respecto, de manera individual o colectiva.

La formulación de una reclamación no impide ni condiciona el ejercicio de cuantos derechos o acciones de carácter administrativo o judicial puedan corresponder a la persona usuaria, ni supondrá, por tanto, paralización de los plazos para su interposición.

Se excluyen del ámbito de aplicación del citado Decreto los siguientes tipos de reclamaciones:

- Las relativas al funcionamiento e información de los servicios administrativos no sanitarios.

- Las relativas a responsabilidad patrimonial.

- Las de carácter económico.

- Las relativas a alta médica de incapacidad temporal.

- Las relacionadas con reconocimiento de grado de discapacidad.

- Las de determinación de contingencias y demás procesos en relación a prestaciones de atención no sanitarias que sean propias de la Seguridad Social.

- Las relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

- Todas aquellas reclamaciones, solicitudes de información y sugerencias cuya resolución deba ampararse en un procedimiento administrativo específico.

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