Prevención de Riesgos Laborales

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El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

Dicho mandato constitucional implica la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores que conlleve la prevención de los riesgos derivados de su trabajo. Su regulación se encuentra en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

La normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales se aplica también en el ámbito de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, de manera que vincula plenamente tanto al personal como a las propias entidades integrantes del Sector Público, sin distinción del régimen jurídico de su relación de servicio.

Esta actuación se traduce en una planificación de la actividad preventiva integrada en el conjunto de actividades y decisiones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se lleva a efecto con la participación de los representantes legales de los empleados públicos al servicio de la misma.

Así lo recoge también la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en cuyo artículo 139 se indica que “Corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de la legislación del Estado, las competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales, que incluyen, en todo caso […] La prevención de riesgos laborales y la seguridad en el trabajo.”

A) En este orden es obligatorio traer a colación la función de Los Delegados de Prevención, quienes son representantes de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, sin distinción del régimen jurídico que rija su relación de servicios, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales.

B) De otro lado y dentro de este marco de prevención de riesgos laborales, tienen un papel fundamental Los Comités de Seguridad y Salud. Se trata de órganos paritarios y colegiados de participación destinados a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos en materia de prevención de riesgos laborales.

Marco legal:


	Constitución Española de 1978
	Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales
	Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
	Decreto 168/2009, 29 diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos

1) Actuación ante situaciones de acoso en el entorno laboral de la administración publica de la comunidad autónoma de Canarias

La Constitución Española reconoce en su artículo 14, como derechos fundamentales de las personas, la igualdad y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como en el artículo 15, el derecho a la vida y a la integridad física y moral y a no ser sometidos a tratos degradantes, el derecho a la libertad personal en su artículo 17 y el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen en su artículo 18.

El acoso sexual, el acoso por razón de sexo, el acoso discriminatorio y el acoso y la violencia son ilícitos constitutivos de múltiples ofensas que pueden vulnerar todos los derechos fundamentales mencionados y, en particular, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo vulneran el derecho a la no discriminación por razón de sexo pues constituyen una forma de violencia de género. Además, cuando tales ilícitos se producen en el ámbito de una relación de empleo, sea laboral o funcionarial, se vulneran las garantías constitucionales vinculadas al derecho al trabajo que reconoce el artículo 35 de la Constitución, lo que obliga a poner en valor el mandato que a los poderes públicos dirige el artículo 40.2 de la propia Carta Magna de velar por la seguridad e higiene en el trabajo.

Con respecto al acoso por orientación o identidad sexual, es la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, la que en su artº. 11.2 contempla la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación por razones de sexo, género (...), orientación o identidad sexual (entre otras), concretando en su artº. 18 que reconocerán, de acuerdo con la ley, el derecho de las personas a su identidad de género y garantizarán la no discriminación por este motivo o por su orientación sexual.

Todo lo anterior aconseja la aprobación de un Protocolo de actuación frente al acoso y la violencia en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que incluya todas sus manifestaciones: acoso moral, laboral o psicológico; sexual, por razón de sexo, orientación o identidad sexual y por cualquier otra circunstancia discriminatoria, como manifestación formal del compromiso político de tolerancia cero con respecto a situaciones o manifestaciones de acoso y garantía de que dicha política de tolerancia cero sea reconocida por la totalidad de Departamentos y Organismos Públicos de la Administración Autonómica, sirviendo de instrumento general de actuación frente a todos los tipos de acoso que pudieran producirse en cualquiera de sus centros de trabajo, siendo su objetivo establecer medidas preventivas que lo eviten, procedimientos formales e informales que ayuden a resolverlo en caso de que se produzcan y pautas para la recuperación del proyecto de vida personal y profesional de las personas que lo sufran.

Ante lo expuesto, se ha aprobado Protocolo de Actuación ante situaciones de acoso en el entorno laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya publicación se materializa en el Boletín Oficial de Canarias núm. 102, de 29 de mayo de 2019.

El protocolo de actuación podrá iniciarse mediante denuncia.

Tienen legitimación para la presentación de una denuncia las siguientes personas:

a) La presunta víctima del acoso que, a efectos del presente Protocolo, recibirá la denominación de persona interesada.

b) Las personas titulares de un derecho o interés legítimo vinculado a la situación de acoso.

c) Las personas que actúen en representación legal de las anteriores.

d) La representación sindical.

e) Cualquier persona que tenga conocimiento de la presunta existencia de una situación de acoso en el entorno laboral, incluidas las personas titulares de los Centros Directivos.

Las denuncias podrán hacerse efectivas en cualquiera de los registros oficiales en los que, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puedan presentarse las solicitudes dirigidas a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Puede ampliar esta información consultando el Protocolo establecido al respecto, en el Boletín Oficial de Canarias núm. 102, de 29 de mayo de 2019.

Asimismo, esta información será difundida en la página web de la Dirección General de la Función Pública y en el Portal de Personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.


	Resolución de 8 de Mayo de 2019, por la que se establece el protocolo de actuación ante situaciones de acoso, en el entorno laboral de la Admón Pública de la CCAA de Canarias
	Solicitud de inicio del protocolo de actuación ante situaciones de acoso (Abrir con Firefox)
	Denuncia por acoso en el entorno laboral (Abrir con Firefox)

2) Seguridad laboral en los edificios judiciales de la comunidad autónoma de Canarias

3) Protocolo específico de aplicación en las salas de vistas de la administración de justicia de la comunidad autónoma de canarias mientras subsista la emergencia sanitaria por covid-19.

4) Protocolo a seguir por el personal funcionario de la administración de justicia en Canarias, pertenecientes a los cuerpos de auxilio judicial y gestión procesal y administrativa, en los actos de comunicación y ejecución dentro y fuera de la sede judicial, así como en recintos no judiciales.

5) Intrucciones para la protección del personal especialmente sensible

6) Vigilancia de la salud

El artículo 14, l) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece que el personal al servicio del sector público que comprende su ámbito subjetivo de aplicación tiene derecho a recibir una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Dicha protección se articula a través de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la cual, conforme a su artículo 3, resulta de aplicación al personal al servicio de las Administraciones Públicas.

De otro lado, el artículo 14.2 de la mencionada Ley regula que, en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, contemplando entre otras especialidades, la vigilancia de la salud.

Además, el artículo 22 profundiza en el concepto de Vigilancia de la Salud, estableciendo que el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Explicita que esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

7) Adaptaciones y cambios de puestos de trabajo

El artículo 25 de la citada Ley 31/1995 establece que el empresario, al caso, la Administración Pública, garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.

La protección en materia de seguridad laboral comprende por tanto a todas las clases de personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Dicha protección en materia de seguridad laboral, comprende, entre otros, los procedimientos de adaptaciones y cambios de puestos de trabajo.

Se entiende por procedimiento de adaptación aquel en virtud del cual, en atención al estado de salud de la persona, es posible que siga desempeñando su puesto de trabajo, previa la adopción de determinadas medidas organizativas de adaptación de sus funciones, medios y contexto en el que deben ser desempeñadas.

De otro lado, se entiende por procedimiento de cambio de puesto de trabajo aquel en virtud del cual, en atención al estado de salud de la persona, no es posible que siga desempeñando su puesto de trabajo, bien porque no es posible su adaptación, o bien porque siendo posible perdería su funcionalidad en el servicio, siendo sin embargo posible que desempeñe las funciones propias de otro puesto de trabajo en la medida en que son compatibles con su estado de salud.

En cuanto a las formas de inicio de ambos procedimientos, se regula que el procedimiento de adaptación o cambio de puesto de trabajo por motivos de salud, se iniciará de oficio por parte de la Administración, o bien a solicitud de la persona interesada.

El procedimiento se iniciará de oficio, cuando de los exámenes periódicos de salud llevados a cabo por la Administración, se haya emitido un informe de no aptitud o de aptitud limitada para el desempeño del puesto de trabajo, o bien, cuando se reciba informe emitido por la entidad que tenga encomendada las contingencias profesionales donde se inste la adaptación de tareas o un cambio de puesto de trabajo como consecuencia de haber sufrido la persona interesada una enfermedad profesional o un accidente de trabajo.

En los procedimientos iniciados a instancia de parte, la persona interesada, por sí misma o a través de representante, deberá presentar su solicitud a través del modelo oficial que se ponga a su disposición por parte de la Dirección General de la Función Pública en el Portal Web de Personal.


	Resolución del Director General de la función pública, por la que se establece las intrucciones relativas a la adaptaciones y cambios de puestos de trabajo por motivos de salud personal al servicio de la Admón. General de la CCAA de Canarias por riesgos laborales derivados del puesto de trabajo
	Solicitud de adaptación o cambio de puesto de trabajo por motivos de salud

8) Accidentes de trabajo

Se define como accidente de trabajo, toda lesión que sufra una empleada o empleado público con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, incluido el accidente en acto de servicio, que es el que se produzca con ocasión o por consecuencia de las actividades propias de la prestación del servicio público por parte del personal de los diferentes cuerpos de la Administración de Justicia en Canarias.

La investigación de accidentes de trabajo es un requisito legal recogido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

El artículo 16 de la citada Ley regula el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, la evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.

Concretamente en el punto 3, establece que “Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos”

Además, de otro lado, la investigación de accidentes es una herramienta fundamental en el control de las condiciones de trabajo, y permite obtener de la empresa una información de vital importancia para evitar accidentes posteriores.

En este sentido, se trata de conocer los hechos sucedidos para deducir las causas que han provocado ese accidente, con el fin de adoptar medidas correctoras para evitar la repetición del mismo. Esto no es posible sin la colaboración de la Administración, en general, y de las personas que hayan presenciado el accidente en particular.

Los pasos iniciales a seguir tras un accidente de trabajo por parte del trabajador, serían:

a) La persona accidentada acudirá al Centro de la Mutua correspondiente y comunicará el accidente a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para que las personas encargadas de la tramitación de los partes de asistencia sanitaria realicen las gestiones oportunas.

b) El trabajador deberá informar a su responsable funcional de los hechos que han ocurrido en el desarrollo del accidente.

9) Equipos de protección individual (E.P.I.)

Se define «equipo de protección individual», cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Establece el artículo 29.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

De otro lado, el punto 2 del citado artículo, indica que los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán, entre otras obligaciones, utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

Añadiendo a este respecto, el artículo 10 de Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, que los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:

a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.

b) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.

c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

Puede consultar y ampliar esta información a través de la Web del empleado público, incluido el Modelo formalizado destinado al registro de entrega de “Epis”.

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