La Estrategia definió seis líneas de trabajo, con sus respectivos objetivos estratégicos, objetivos operativos y actuaciones necesarias para alcanzarlos.
	Crear una Oficina de Proyecto de Apoyo a la Estrategia.
	Diseñar un nuevo modelo organizativo tipo de la actividad judicial y fiscal.
	Desplegar un programa de implementación de las oficinas judiciales y fiscales, en los partidos judiciales que cuentan con edificios e instalaciones adecuadas para el nuevo modelo.
	Completar el desarrollo de la aplicación procesal Atlante II como plataforma de servicios y aplicación web que, de soporte al expediente judicial electrónico, facilite la gestión procesal, así como el resto de los servicios relacionados con el servicio público de justicia, como las oficinas de asistencia a víctimas, justicia gratuita, archivos judiciales, medicina legal y forense, mediación, gestión de informes periciales y de traducción o interpretación.
	Fomentar la cooperación y colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Fiscal, los órganos de gobierno en Canarias de Jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia, así como con otros departamentos o instituciones, para alcanzar los mejores resultados.
	Aprobar el Plan de Infraestructuras Judiciales 2016 – 2023 para contar con edificios adaptados al nuevo modelo organizativo de oficina judicial y fiscal, que permitan desplegar la segunda fase de la Estrategia de Modernización.

Interrelación y ámbitos de competencia. 

En todo caso, algo en lo que coincidieron todos los planes definidos hasta el momento por las diferentes administraciones públicas, órganos institucionales, colegios profesionales y asociaciones, con el objeto de modernizar la Justicia, es que la complejidad de dicho reto exige abordar su consecución a través de lo que se denominaron Alianzas Institucionales, en las que los representantes de los distintos actores que participan en la Administración de Justicia, han de encontrar las soluciones a través del diálogo, fijando las metas y los programas de actuación para convertir la Administración de Justicia en una Administración de Justicia Electrónica. Pero, sobre todo, estableciendo su participación en la puesta en común de las necesidades, y las distintas responsabilidades según la competencia que cada actor ostenta, a través del marco normativo adecuado, como fue la Ley 7/2015, de 21 de Julio, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y específicamente, la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Todo ello, con el objeto de conseguir tramitar electrónicamente los expedientes judiciales en todos los ámbitos territoriales.   

La Estrategia para la transformación digital del servicio público de la Administración de Justicia en Canarias 2021-2023 

La Resolución de 19 de marzo de 2021 dispuso la publicación del Acuerdo que aprueba la Estrategia para la transformación digital del servicio público de la Administración de Justicia en Canarias 2021-2023.

Dicha Estrategia se alinea con el Plan Justicia 2030, promovido por el Ministerio de Justicia. Dicho Plan tiene como objetivos esenciales consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio. Aspira, además, a desterrar la lógica del incrementalismo como único eje de las políticas de Justicia, para incidir en una mayor eficiencia, articulando instrumentos de cooperación y coordinación entre instituciones y eliminando solapamientos.  

El Plan Justicia 2030 está vertebrado en tres ejes estratégicos:

1. Acceso a la Justicia. Consolidación de garantías y derechos.
2. Promover la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia.
3. La transformación digital, incrementando la cohesión y coordinación territorial.

De los tres ejes a Canarias la afectan esencialmente el eje 2, que implica completar la implantación de la Oficina Judicial, consolidar el expediente judicial digital e integrar las diferentes plataformas de gestión procesal para preservar la eficacia del sistema en todo el territorio, y el eje 3, destinado a garantizar la interoperabilidad de los sistemas informáticos del sector Justicia que operan en los diferentes territorios. 

El objetivo principal de la Estrategia es superar la dispersión tecnológica actual y poner en marcha proyectos conjuntos para un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia.

El contenido completo de la segunda Estrategia de Modernización de la Administración de Justicia en Canarias se puede obtener en la siguiente ruta: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-065-1694.pdf