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BOC Nº 163. Jueves 14 de Agosto de 2008 - 3231

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

3231 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 1 de agosto de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Rony Kipar, de la Resolución recaída en el expediente de R.P. 1004/2007.

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No habiéndose podido practicar la notificación a D. Rony Kipar de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2058, de fecha 27 de junio de 2008, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Rony Kipar la Resolución nº 2058 de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 27 de junio de 2008, recaída en el expediente instruido en esta Agencia con referencia R.P. 1004/2007, y cuya parte dispositiva dice textualmente:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador contra D. Ronny Kipar, con N.I.E. X-1.073.147-J, como presunto responsable de las infracciones cometidas en la empresa de alquiler de karts sita en la rotonda de Arrecife a San Bartolomé de Lanzarote, de la localidad de San Bartolomé, consistentes en:

A) Infracción tipificada y clasificada como leve en el artículo 38.4.a) de la Ley 1/1999, de Residuos de Canarias consistente en el ejercicio de una actividad productora de residuos peligrosos (aceites usados y filtros de aceite, así como sus envases), sin que se haya inscrito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos, siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de multa de tres mil ciento cincuenta y cinco (3.155) euros, sin perjuicio de la modificación de la cuantía a que se refiere el artículo 43 de la citada Ley 1/1999.

B) Infracción tipificada y clasificada como grave en el artículo 38.3.d) en relación con el artículo 19 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, y los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. De conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 1/1999, de Residuos de Canarias consistente en el incumplimiento de las determinaciones legales en la gestión y manejo de los residuos peligrosos, en lo relativo a no acreditar la entrega a gestor autorizado de los residuos peligrosos generados (aceites usados y filtros de aceite, así como sus envases), así como el almacenamiento inadecuado de los mismos, siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de multa de treinta mil (30.000) euros, sin perjuicio de la modificación de la cuantía a que se refiere el artículo 43 de la citada Ley 1/1999.

Segundo.- Requerir al expedientado para que proceda a la reposición de las cosas al estado anterior a la comisión de la infracción mediante la entrega a gestor autorizado de los residuos peligrosos existentes en el taller (aceites usados y filtros de aceite, así como sus envases), debiendo acreditar tal circunstancia ante esta Agencia con los justificantes de entrega correspondientes, en un plazo no superior a un mes, a contar a partir de la notificación de la presente Resolución de iniciación, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la legislación en materia de residuos.

Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaria de este expediente sancionador a los funcionarios afectos a esta Agencia, Dña. Sonia Gómez Castro y Dña. Ángela María González Jiménez, respectivamente.

Notificar la presente Resolución la Instructora, Secretaria, expedientado y demás interesados, con las siguientes advertencias:

Las nombradas Instructora y Secretaria deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicárselo a su superior inmediato, de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. De conformidad con el artículo 29 del citado cuerpo legal los interesados pueden en cualquier momento de la tramitación del procedimiento promover la recusación de aquéllos en base a los citados motivos.

Tras la notificación de la presente Resolución, de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, se abre un plazo de quince días para formular cuantas alegaciones, documentos o informaciones se estimen convenientes y, en su caso proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, la presente iniciación podrá considerarse como Propuesta de Resolución.

No obstante, de conformidad con el artículo 3 del citado reglamento, las mismas podrán presentarse en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, aún cuando haya concluido el antedicho plazo.

El expediente administrativo se encuentra a su disposición en las oficinas de esta Agencia de 10 a 12 horas, de lunes a viernes, en orden a garantizar el principio de acceso permanente de conformidad con el artículo 3 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

De conformidad con el artículo 8 del precitado Reglamento, iniciado el procedimiento sancionador, si el actor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver éste con imposición de las sanciones que procedan y en su caso, ordenando el restablecimiento de la realidad física alterada. El pago voluntario de la multa implicará igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.

Según preceptúa el artículo 20.6 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de agosto de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

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