Una empresa que recibe una ayuda estatal obtiene una ventaja sobre sus competidores. Por ello, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe en general las ayudas de Estado, a menos que estén justificadas por razones de desarrollo económico general. Para garantizar que se respeta esta prohibición y que las exenciones se aplican por igual en toda la Unión Europea, la Comisión Europea se encarga de velar por que las ayudas estatales cumplan las normas europeas.