El Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, regulado en el Decreto 23/2026, de 9 de marzo, es un instrumento administrativo de carácter público cuya finalidad principal es organizar y gestionar la demanda de viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Canarias. Su creación responde a la necesidad de disponer de información precisa que permita adjudicar y vender estas viviendas de forma ordenada, tanto en su primera transmisión como en posteriores, así como facilitar a las Administraciones Públicas datos actualizados sobre las necesidades reales de la población en materia de vivienda.

Este Registro tiene naturaleza administrativa, es gratuito y único para todo el territorio de Canarias, lo que garantiza un sistema homogéneo y centralizado. Está adscrito al Instituto Canario de la Vivienda, organismo encargado de su gestión, sin perjuicio de que pueda existir colaboración con ayuntamientos y cabildos insulares para su mantenimiento y funcionamiento mediante los correspondientes convenios.

Desde un punto de vista práctico, el Registro actúa como una herramienta esencial para planificar las políticas públicas de vivienda y asegurar que la adjudicación de viviendas protegidas se realice con criterios objetivos, transparentes y ajustados a la demanda existente. Para ello, estructura la información atendiendo a distintos criterios, como el ámbito territorial (insular o municipal), el tipo de vivienda (promoción pública o privada), el régimen de acceso (alquiler o venta) y la modalidad habitacional.

Asimismo, la inscripción en este Registro es obligatoria para todas aquellas personas o unidades familiares que deseen acceder a una vivienda protegida, ya sea de promoción pública o privada, así como a alojamientos protegidos con espacios comunes. La inscripción se realiza mediante una declaración responsable en la que se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos, permitiendo adquirir la condición de demandante y participar en los procedimientos de adjudicación.

En definitiva, el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias constituye una herramienta fundamental para garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades y la adecuada planificación en el acceso a la vivienda protegida, asegurando que esta se adjudique conforme a las necesidades reales de la ciudadanía.