Convenio de Aarhus
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El 25 de junio de 1998, la Comunidad Europea firmó el Convenio de Aarhus, o "Convenio para el Acceso a la Información, Participación Pública en la toma de decisiones, y Acceso a la Justicia Ambiental", un instrumento auspiciado por la Organización de Naciones Unidas, y ratificado por España en febrero de 2005.
Este Convenio tiene como principal objetivo “proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar, cada Parte garantizará los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”. Por tanto, Aarhus se vertebra sobre 3 ejes fundamentales: información, participación y justicia.
Para conseguir estos objetivos, reconoce el importante papel de la población, las organizaciones no gubernamentales y otros organismos como el sector privado, pueden desempeñar en la protección del medio ambiente mediante la información y la participación, y por ello impone a las autoridades públicas una serie de obligaciones para facilitar esta participación que se promueve.
Con el objeto de evaluar la aplicabilidad de estas obligaciones, los Estados y las Administraciones deben elaborar un informe de cumplimiento, de carácter público, y en el que se reflejen tanto las medidas adoptadas por la Administración Pública competente en cada caso, para favorecer el cumplimiento del Convenio, como el grado de éxito que, en su caso, han tenido esas medidas.