Un patrimonio natural singular con protección obligatoria
Canarias alberga uno de los puntos de biodiversidad más singulares de Europa. Con más de 17.900 especies terrestres y cerca de 8.000 marinas, y un elevado número de endemismos exclusivos del archipiélago, las islas constituyen un enclave estratégico para la conservación de la naturaleza a escala internacional.
La fragilidad de los ecosistemas insulares hace que esta riqueza biológica sea especialmente vulnerable frente a amenazas como la pérdida y fragmentación de hábitats, la introducción de especies exóticas invasoras o los efectos del cambio climático. Por ello, su conservación no es únicamente una prioridad ambiental: es una obligación jurídica derivada del marco normativo europeo, estatal y autonómico.
El Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias) reconoce el valor estratégico del patrimonio natural del archipiélago y atribuye a los poderes públicos canarios la responsabilidad de garantizar su defensa y conservación, tanto en el medio terrestre como en el marino. Asimismo, establece que la Comunidad Autónoma tiene competencias para la regulación de sus recursos naturales, la flora y la fauna y la biodiversidad.
En aplicación de este mandato, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, desarrolla políticas y actuaciones destinadas a la protección y gestión sostenible de la biodiversidad, guiadas por los principios de precaución, rigor científico y sostenibilidad.
A nivel europeo, la base jurídica de la conservación de la biodiversidad se sustenta en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en dos normas fundamentales: la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE) y la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE), que constituyen los pilares de la política comunitaria de conservación y dan soporte a la red ecológica europea Natura 2000, la principal red ecológica europea para la para la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
En el ámbito estatal, el marco básico en materia de biodiversidad se desarrolla a través de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), que establece el régimen general para la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural en España.
Este conjunto de normas obliga a las administraciones públicas a:
- Evaluar periódicamente el estado de conservación de especies y hábitats.
- Adoptar medidas para mantener o restablecer un estado de conservación favorable.
- Designar y gestionar espacios protegidos.
- Regular actividades que puedan afectar a especies protegidas.
- Elaborar instrumentos específicos para especies amenazadas.
Este marco se ha reforzado recientemente con el Reglamento de Restauración de la Naturaleza (Reglamento (UE) 2024/1991, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2024, relativo a la restauración de la naturaleza y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2022/869), que establece objetivos vinculantes para recuperar ecosistemas degradados en la Unión Europea, incluyendo metas para restaurar al menos el 30 % de las zonas terrestres y marinas antes de 2030 y el 90% de todos los ecosistemas que necesiten restauración de aquí a 2050.
Instrumentos de protección de especies
El marco básico de protección en el ámbito del Estado se concreta en un conjunto normativo específico que permite aplicar medidas para la identificación, catalogación y conservación de las especies.
El régimen general de protección viene recogido, en su condición de legislación básica, en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En desarrollo de ésta, se aprobó el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Tanto para las especies del Listado como las incluidas en el Catálogo, se establecen medidas concretas de protección.
En Canarias, este marco se complementa con el Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas), que establece varios niveles de protección recogidos en tres grupos: especies amenazadas, especies de interés para los ecosistemas canarios y especies de protección especial.
Entre ellas destacan las especies incluidas en el grupo de especies amenazadas, que se dividen en:
Especies en peligro de extinción, cuya supervivencia es poco probable si continúan actuando los factores que las amenazan.
Especies vulnerables, que podrían pasar a la categoría anterior si no se corrigen las presiones que afectan a sus poblaciones o a sus hábitats.
Esta ley también crea el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, como registro público de carácter administrativo, en el que se incluyen el listado y la distribución conocida de todas las especies silvestres de plantas, algas, hongos, animales y demás organismos vivos que habitan en el archipiélago.
La normativa autonómica permite reforzar el nivel de protección de las especies cuando las circunstancias específicas del territorio insular así lo aconsejan.
Recuperación y conservación
La inclusión de una especie en los catálogos oficiales conlleva la obligación de adoptar medidas específicas para garantizar su conservación.
Para las especies catalogadas en peligro de extinción deben elaborarse planes de recuperación, que incluyan actuaciones dirigidas a revertir su situación mediante medidas sobre los hábitats, control de amenazas, refuerzo de poblaciones y seguimiento científico.
En el caso de las especies catalogadas como vulnerables, se desarrollan planes de conservación, orientados a estabilizar sus poblaciones y evitar su deterioro futuro mediante medidas preventivas y de gestión adaptativa.
Estos instrumentos de planificación se basan en información científica actualizada y constituyen una herramienta fundamental para orientar las políticas de conservación.
Seguimiento científico continuo
La conservación de la biodiversidad requiere de información rigurosa y actualizada. Con este objetivo, el Gobierno de Canarias puso en marcha en 2002 el Programa de Seguimiento de Especies Amenazadas (SEGA).
Este programa permite recopilar información sobre el estado de conservación de las especies mediante actuaciones como:
- Localizar y cartografiar poblaciones.
- Estimar tamaños poblacionales.
- Identificar factores de amenaza.
- Analizar tendencias y evolución.
La información obtenida resulta fundamental para la actualización de los catálogos de protección y la planificación de medidas de gestión.
Autorizaciones y control de actividades
Determinadas actuaciones que puedan afectar a especies protegidas o a sus hábitats requieren autorización administrativa previa.
Entre ellas se incluyen:
- Captura, manipulación o recolección con fines científicos o de gestión.
- Intervenciones que puedan incidir en poblaciones catalogadas.
- Informes de afección a la biodiversidad en procedimientos de evaluación ambiental o colaboración interadministrativa.
Este sistema de autorizaciones garantiza que cualquier intervención se realice con criterios técnicos, proporcionalidad y sostenibilidad.
Prevención y control de especies exóticas invasoras
La introducción y expansión de especies exóticas invasoras constituye una de las principales amenazas para la biodiversidad insular, especialmente en territorios como Canarias, donde los ecosistemas presentan un alto grado de fragilidad y endemismo.
A nivel europeo, el Reglamento (UE) 1143/2014 sobre especies exóticas invasoras (Reglamento (UE) 1143/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014), establece el marco general para la prevención y gestión de estas especies, incluyendo listados de especies preocupantes para la Unión Europea.
En España, el Real Decreto 630/2013 regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, que incluye especies que generan impactos negativos significativos sobre la biodiversidad, la economía o la salud.
Para las regiones ultraperiféricas, como Canarias, se aprobó además el Real Decreto 216/2019, que establece un listado específico de especies invasoras preocupantes para el archipiélago.
Este marco se complementa en Canarias con herramientas de información y gestión como EXOS, banco de datos de especies introducidas, y con la Red de Alerta Temprana de Canarias para especies exóticas invasoras, creada para mejorar la detección y respuesta temprana frente a nuevas introducciones. (Decreto 117/2020, de 19 de noviembre, por el que se designa el punto focal que se integra en la Red de Alerta estatal para la vigilancia de especies exóticas invasoras, y se crea y regula la Red de Alerta Temprana de Canarias para la detección e intervención de especies exóticas invasoras)
Acceso a los recursos genéticos
El acceso y utilización de recursos genéticos se regula en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y del Protocolo de Nagoya, que establece normas para garantizar una utilización justa y equitativa de los beneficios derivados de estos recursos.
En la Unión Europea, este sistema se desarrolla mediante el Reglamento (UE) 511/2014 (Reglamento (UE) Nº 511/2014, del Parlamento y del Consejo, de 16 de abril de 2014), mientras que en España se regula a través de la Ley 42/2007 y del Real Decreto 124/2017.(Real Decreto 124/2017, de 24 de febrero, relativo al acceso a los recursos genéticos procedentes de taxones silvestres y al control de la utilización).
Cualquier actividad de investigación o recolección que implique el acceso a recursos genéticos requiere autorización administrativa garantizando la legalidad, la trazabilidad y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de su utilización.
Biodiversidad marina y Estrategias Marinas
La protección del medio marino canario se enmarca en las “Estrategias Marinas”, creadas al amparo de la Directiva 2008/56/CE, del Parlamento y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina). Su transposición al ordenamiento jurídico español se realizó mediante la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, desarrollada y actualizada por el Real Decreto 957/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el anexo I de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, el Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas, modificado por el Real Decreto 218/2022, de 29 de marzo; y el Real Decreto 486/2025, de 17 de junio, por el que se aprueban las estrategias marinas de segundo ciclo.
Estas estrategias establecen objetivos ambientales, programas de seguimiento y medidas de gestión orientadas a alcanzar el buen estado ambiental de las aguas marinas, articulándose a través de mecanismos de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, conforme al marco general de colaboración interadministrativa previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En el ámbito de sus competencias, el Servicio de Biodiversidad participa activamente en la implementación de las Estrategias Marinas, integrando la conservación de la biodiversidad marina en la planificación territorial y en la gestión de espacios naturales protegidos, incluidos los espacios marinos de la red ecológica europea Natura 2000.
Asimismo, desarrolla actuaciones de:
- seguimiento y recopilación de información sobre especies y hábitats marinos;
- apoyo a la vigilancia y control ambiental, especialmente en áreas incluidas en la red ecológica europea Natura 2000;
- generación de conocimiento científico-técnico;
- impulso de programas de ciencia ciudadana marina a través de la Red de Observadores del medio marino (RedPROMAR);
- sensibilización y concienciación social sobre la biodiversidad marina;
- colaboración en tareas de vigilancia y control del medio marino en coordinación con la Administración General del Estado.
Red ecológica europea Natura 2000 e información pública
La conservación de hábitats y especies de interés comunitario se articula a través de la red ecológica europea Natura 2000, integrada por Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), tanto terrestres como marinas.
La información oficial sobre los espacios Natura 2000 gestionados por la Comunidad Autónoma se centraliza en iNatura, Portal de Referencia Natura 2000 de Canarias, conforme al Decreto 184/2022. Este portal facilita el acceso público a cartografía oficial, normativa aplicable e instrumentos de gestión, reforzando la transparencia y la coherencia en la aplicación de la normativa europea.
Restauración de ecosistemas y protección de humedales
La restauración de ecosistemas degradados constituye una obligación creciente en el marco europeo, especialmente a raíz de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1991, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2024, relativo a la restauración de la naturaleza y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2022/869.
A corto plazo, para la elaboración del Plan Nacional de Restauración y de aquí a 2030, se participa en las siguientes tareas:
- Diagnóstico: Elaborar 1) el listado y superficie total de los THIC (Tipos de Hábitats de Interés Comunitario) en ‘no en buena condición’; 2) el listado de THIC que tienen condición desconocida; 3) el listado de especies de las Directivas Hábitat (DH) y Aves (DA) cuyos parámetros ‘superficie’ y ‘calidad del hábitat’ se encuentran en estado desfavorable.
- Localización geográfica: Desarrollar cartografía para 1) las localidades en las que se presentan los THIC ‘no en buena condición’; 2) la distribución actual de los THIC y de su Área Favorable de Referencia; 3) el área total de los THIC donde la condición es desconocida; 4) el hábitat de las especies cuyos parámetros ‘superficie’ y ‘calidad del hábitat’ se encuentran en estado desfavorable.
- Priorización: Desarrollar los criterios y procesos para su adopción con el objeto de 1) mejorar la condición de los THIC; 2) restablecer el Área Favorable de Referencia de los THIC; 3) abordar las lagunas de conocimiento sobre la condición de los THIC; 4) seleccionar las zonas donde mejorar los parámetros ‘superficie’ y ‘calidad del hábitat’ de las especies “hasta que dichos hábitats alcancen una calidad y una cantidad suficientes; y 5) seleccionar áreas para restablecer el hábitat de las especies y mejorar la conectividad.
- Selección: Proporcionar a la Administración General del Estado 1) las localizaciones donde se establecerán las medidas para restaurar con el fin de mejorar condición de los THIC; 2) una superficie que represente el 30% (2030), 60% (2040) y 100% (2050) adicional para alcanzar el Área Favorable de Referencia de los THIC; 3) los lugares donde se mejorará el conocimiento de la condición hasta alcanzar el 90% de los THIC en 2030; y 4) las zonas a mejorar y áreas restablecer hábitat de las especies y mejorar la conectividad de entre aquellas zonas que presentan hábitat de especies cuyos parámetros ‘superficie’ y ‘calidad del hábitat’ están en estado desfavorable.
- Implementación de medidas: Se desarrollará mediante 1) mejorar la condición de los THIC; 2) restablecer el Área Favorable de Referencia de los THIC de los THIC; 3) mejorar el conocimiento de la condición de los THIC; y 4) mejorar la calidad y cantidad del hábitat de las especies.
- Redacción del Plan y cumplimentación de los formularios PNR: Para ello será necesario 1) establecer un sistema de intercambio de información; 2) Establecer un calendario de cumplimiento e 3) implementar un procedimiento de control para la verificación de la entrega efectiva de la información referida al Plan.
- Seguimiento de la efectividad de las medidas: Requiere de 1) adoptar un sistema de seguimiento para evaluar la efectividad de las medidas e 2) implementar un sistema de seguimiento e indicadores para la evaluar la efectividad de las medidas.
- Implementación de medidas preventivas: 1) Diagnosticar su necesidad, 2) definir su tipología e 3) implementar las mismas en áreas de restauración o en buena condición para prevenir el deterioro.
- Coordinación de los procesos anteriores con los cabildos insulares y con parques nacionales no transferidos: Generar foros de 1) transmisión de información procedente del MiTERD y de 2) solicitud de información de la gestión de los cabildos, en el marco del reglamento de restauración de la naturaleza.
En un territorio insular como Canarias, mejorar la conectividad ecológica y recuperar hábitats estratégicos resulta esencial para reforzar la resiliencia frente al cambio climático.
En este contexto, los humedales, tanto los incluidos en el Convenio de Ramsar, como los regulados mediante el Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas húmedas, así como otros ecosistemas de alto valor ecológico desempeñan un papel clave en la regulación hídrica, la biodiversidad y la adaptación climática, lo que refuerza su protección jurídica y su integración en la planificación territorial.
En conjunto, este marco normativo configura un sistema integral de conservación que combina evaluación científica, planificación obligatoria, control administrativo y cooperación interinstitucional.
Competencias de los cabildos insulares en materia de medio ambiente
En Canarias, la gestión del patrimonio natural se desarrolla de forma descentralizada. Aunque la Comunidad Autónoma ejerce las competencias en materia de biodiversidad en virtud de su Estatuto de Autonomía, una parte importante de estas funciones se ejerce a través de los cabildos insulares, que gestionan directamente numerosas actuaciones en el territorio.
Esta distribución de responsabilidades se establece principalmente en el Decreto 111/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones a los cabildos insulares en materia de servicios forestales, protección del medio ambiente y gestión de espacios naturales protegidos, así como en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares.
Este marco se ha visto reforzado y ampliado por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que atribuye a los cabildos un papel central en la planificación, ordenación y gestión del territorio insular.
En este contexto, los cabildos insulares ejercen, entre otras, las siguientes funciones:
- Gestión de montes y servicios forestales, incluyendo la administración de montes públicos, autorizaciones de aprovechamientos forestales, restauración vegetal y actuaciones de prevención y lucha contra incendios forestales.
- Conservación de la biodiversidad, mediante la gestión de viveros de flora, centros de recuperación de fauna silvestre y actuaciones de seguimiento y protección de especies en el ámbito insular.
- Ordenación de los recursos naturales insulares y planificación de los espacios naturales protegidos y la Red Natura 2000 en los términos de la legislación básica y de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
- Ordenación del territorio y la planificación en el ámbito de su respectiva isla conforme a lo establecido en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
- Gestión de los Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000, incluyendo la aplicación de sus instrumentos de planificación, la definición de medidas de conservación y la elaboración de normas específicas para aquellos espacios que no cuenten con instrumentos de gestión.
- Administración directa de determinados espacios, como los parques rurales, y gestión de equipamientos asociados al uso público en el medio natural.
- Autorización de usos y actividades en el medio natural, incluyendo la regulación de eventos deportivos y la planificación de redes de uso, como la red de rutas para vehículos a motor.
- Vigilancia, control e inspección ambiental, así como la incoación, instrucción y resolución de procedimientos sancionadores en materias transferidas.
- Educación ambiental, uso público y divulgación, mediante la gestión de infraestructuras recreativas y el desarrollo de acciones de sensibilización en el ámbito insular.
De este modo, mientras que el Gobierno de Canarias establece el marco normativo, la planificación regional y las estrategias de conservación, los cabildos insulares desempeñan un papel fundamental en la planificación, gestión directa y aplicación de estas políticas en cada isla.
Ámbito funcional y desarrollo operativo
Sobre esta base normativa y competencial se desarrollan las actuaciones concretas del Servicio de Biodiversidad, orientadas a garantizar la protección efectiva del patrimonio natural canario.
La Dirección General del Medio Natural, a través de su servicio de Biodiversidad desarrolla su actividad en el marco de las competencias atribuidas por el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica y Energía (Decreto 1/2026, de 26 de enero), así como de las obligaciones derivadas de la normativa estatal y europea en materia de conservación del patrimonio natural.
No obstante, su ámbito de actuación no se limita exclusivamente a las funciones expresamente enumeradas en el citado Reglamento. La actividad del Servicio integra también actuaciones técnicas, estratégicas y de coordinación interadministrativa necesarias para garantizar la aplicación efectiva de la normativa, el cumplimiento de compromisos europeos y la adecuada conservación de la biodiversidad en Canarias.
En este sentido, su labor comprende:
- El ejercicio de competencias directas en materia de especies protegidas, hábitats y red ecológica europea Natura 2000.
- El desarrollo de instrumentos técnicos de planificación y seguimiento.
- La ejecución de medidas de conservación y restauración.
- La cooperación con la Administración General del Estado en materia de medio marino y Estrategias Marinas.
- La coordinación con cabildos insulares y otras administraciones públicas.
- La integración transversal de la biodiversidad en las políticas públicas autonómicas.
- La generación y gestión de información ambiental especializada.
Este conjunto de funciones se articula en líneas de trabajo que permiten traducir el marco normativo en actuaciones concretas sobre el territorio y el medio marino.
Grandes líneas de acción
La conservación de la biodiversidad en Canarias requiere combinar conocimiento científico, gestión administrativa, actuación directa sobre el territorio y acciones de concienciación y divulgación. En este contexto, la Dirección General del Medio Natural, en el ámbito de la biodiversidad, desarrolla distintas líneas de acción orientadas a conocer, proteger y restaurar los ecosistemas terrestres y marinos del archipiélago.
Estas líneas de trabajo se estructuran en cuatro grandes ámbitos complementarios que permiten abordar la conservación de la naturaleza desde una perspectiva integral.
1. Conocimiento, investigación y monitoreo
Esta línea de acción se centra en la recopilación, análisis y prospección sistemática de datos sobre el estado de conservación de especies, hábitats terrestres y marinos del archipiélago.
A través de trabajos de campo, herramientas tecnológicas y redes de seguimiento especializadas se genera información científica rigurosa que se integra en el entorno BIOCAN, un sistema integral de información que conecta múltiples redes, bases y bancos de datos sobre biodiversidad.
El objetivo de BIOCAN es recopilar, gestionar, analizar y difundir información sobre los recursos naturales del archipiélago, configurándose además como una plataforma colaborativa e interoperable con otras administraciones públicas, centros de investigación y colectivos especializados. El sistema se está desarrollando para que facilite el acceso público a la información, impulsar la generación de conocimiento científico y contribuir a mejorar la toma de decisiones en materia de conservación.
Gracias a esta base de conocimiento es posible detectar amenazas, evaluar tendencias y planificar estrategias de conservación a medio y largo plazo basadas en evidencias científicas.
2. Ejecución de actuaciones para la recuperación y restauración de especies y hábitats
Esta línea se centra en la ejecución de medidas específicas orientadas a la recuperación de especies amenazadas y a la restauración ecológica de hábitats degradados, a partir del conocimiento científico previo sobre su estado de conservación.
Las actuaciones responden tanto a obligaciones legales derivadas de la normativa europea y estatal como a la necesidad de afrontar amenazas crecientes como el cambio climático, la presión humana sobre el territorio, la fragmentación de hábitats o la introducción de especies exóticas invasoras.
Entre las acciones que se desarrollan destaca la ejecución de proyectos modélicos de restauración de hábitats naturales de distinto tipo, que sirven para ensayar técnicas novedosas, contraste de hipótesis científicas, seguimiento, análisis de resultados y conclusiones. Documentar así las mejores líneas de actuación in situ según la situación de partida del ecosistema, de tal manera que sirva de guía para otras posibles iniciativas futuras.
Asimismo, también se llevan a cabo actuaciones de campo para la recuperación de especies amenazadas, la vigilancia y protección de hábitats de especies amenazadas y de hábitats de interés comunitario, el control de amenazas como el uso ilegal de veneno o la mortalidad asociada a infraestructuras, así como sistemas de prevención y respuesta temprana frente a especies exóticas invasoras.
Estas actuaciones requieren una elevada coordinación entre administraciones públicas, la colaboración con propietarios del territorio —en su mayoría privados— y una gestión eficiente de los recursos disponibles. Concebidas con una perspectiva de continuidad a largo plazo, buscan garantizar la conservación efectiva del patrimonio natural canario y mejorar la resiliencia de sus ecosistemas frente a las presiones ambientales actuales y futuras.
3. Funciones administrativas para la gestión y cumplimiento de la normativa
La protección de la biodiversidad también implica el desarrollo de funciones administrativas orientadas a garantizar la correcta aplicación de la normativa ambiental.
Entre estas funciones se incluyen la tramitación de autorizaciones, la elaboración de informes técnicos de afección a la biodiversidad y el seguimiento del estado de conservación de especies y hábitats.
Asimismo, se elaboran informes y evaluaciones periódicas vinculadas a la red ecológica europea Natura 2000, como los informes periódicos que los Estados miembros deben remitir a la Comisión Europea sobre el progreso realizado en la aplicación de la directiva y de los principales resultados de la vigilancia llevada a cabo del estado de conservación de especies y hábitats protegidos.
Además, se desarrollan documentos técnicos que orientan la gestión y conservación de la biodiversidad, como directrices para la restauración ecológica, metodologías para la valoración económica de daños ambientales, recomendaciones para el uso de flora nativa en ajardinamiento y manuales de buenas prácticas.
Estas funciones se complementan con el asesoramiento técnico a distintas políticas públicas para integrar la protección de la biodiversidad de forma transversal en la planificación sectorial, así como con la participación en comités y grupos de trabajo de ámbito estatal e internacional vinculados al desarrollo de la normativa ambiental.
4. Concienciación y divulgación
La conservación de la biodiversidad requiere también la implicación activa de la sociedad. Por ello, una parte fundamental de la acción pública se orienta a acercar el conocimiento científico y los resultados de las actuaciones de conservación al conjunto de la ciudadanía.
Para ello se desarrollan iniciativas de sensibilización, formación y transferencia de conocimiento dirigidas a administraciones públicas, cuerpos y fuerzas de seguridad, comunidad educativa, sectores profesionales, agentes sociales y ciudadanía en general.
Estas acciones incluyen la elaboración de materiales divulgativos, recursos didácticos, publicaciones técnicas, programas educativos y actividades participativas, así como estrategias de comunicación en medios digitales y redes sociales.
El objetivo es fortalecer la conciencia ambiental, fomentar la participación social y promover un compromiso colectivo con la conservación del patrimonio natural de Canarias.