La Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, ha modificado el marco legislativo de referencia para las políticas de defensa de la competencia en España, creando nuevos órganos y procedimientos y reconociendo de una manera explícita el proceso de descentralización en esta materia iniciado en 2002.
Fruto de ese proceso ha sido la creación de diversos órganos de defensa de la competencia a nivel autonómico, dentro del que se inscribe la puesta en marcha del Servicio Canario de Defensa de la Competencia, adscrito a la Viceconsejería de Economía e Internacionalización, cuya puesta en marcha y funcionamiento tuvo lugar el 3 de noviembre de 2008.
El Gobierno de Canarias ha optado, en principio, por un sistema de defensa de la competencia articulado en torno a un único órgano de carácter instructor, correspondiendo la resolución a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en tanto en cuanto no se cree en Canarias un órgano que realice dicha función.
La finalidad principal del Servicio Canario de Defensa de la Competencia es contribuir a mejorar la eficiencia de los mercados de bienes y servicios, penalizando las prácticas restrictivas que vulneren la libre competencia, tales como las conductas colusorias, el abuso de posición dominante y el falseamiento de la libre competencia por actos desleales que afecten al interés general.