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BOC Nº 163. Jueves 14 de Agosto de 2008 - 3234

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

3234 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 5 de agosto de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Pablo García Medina, interesado en el expediente nº 1744/04-U.

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No habiéndose podido notificar a D. Pablo García Medina en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1744/04 U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Pablo García Medina, la Resolución nº 2185, de fecha 7 de julio de 2008, recaída en el expediente de referencia 1744/04-U que dice textualmente:

"Por la que se resuelve:

Recurso contra Resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por la que se impone multa y se acuerda demolición.

Examinado el recurso interpuesto por D. Pablo García Medina, contra la resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 4271, de fecha 21 de diciembre de 2007, vistos los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º) D. Pablo García Medina, en el lugar denominado Monte Canino, 18, Jardina, en el término municipal de La Laguna, en la isla de Tenerife, viene realizando obras consistentes en la construcción de una edificación de dos niveles de aproximadamente 110 m2 de superficie en la planta baja y 16 m2 en la segunda, en suelo clasificado como rústico, sin las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).

2º) Incoado el correspondiente expediente sancionador, por Resolución nº 4271, de fecha 21 de diciembre de 2007, en orden a adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística vigente, se impuso al interesado, tras los trámites oportunos, una multa de cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y seis euros con diecisiete céntimos (44.866,17 euros), y se acordó la demolición de las obras ejecutadas.

3º) Contra la citada Resolución nº 4271, de fecha 21 de diciembre de 2007, D. Pablo García Medina interpuso recurso, en el que expone sucintamente los siguientes argumentos:

- Que a la fecha de la orden de suspensión las obras se encontraban totalmente terminadas, puesto que no sólo es que estuviera concluida su estructura sino toda la parte de revestimiento, alicatado, puertas, baños, etc., hasta el punto de que la misma, estaba siendo habitada desde el año 2004.

- Que la parcela donde se enclava la vivienda es zona urbana consolidada y la construcción cumple con las normas de volumetría que en dicho suelo regula el PGOU de La Laguna. Tal es así que dicha parcela está ubicada entre otras construcciones tanto al frente como a su espalda, lindando directamente a calle asfaltada y conformando el conjunto un núcleo urbano.

- Que su voluntad es la de ajustarse a la más estricta normativa estando a la total disponibilidad para ajustar dicha situación a la legalidad vigente, interesando su legalización, pues dicha construcción se encuentra rodeada de otras construcciones lo que evidenciaría un agravio comparativo.

- Que los hechos relatados no se corresponden con la realidad, no infringiéndose ninguna de las disposiciones enumeradas en la resolución, ya que el suscribiente no continuó con la ejecución de las obras, al haberse acreditado tal hecho con la copia de acta de presencia levantada por el Notario de La Laguna de fecha 13 de abril de 2005.

- Que en la actualidad se ha procedido a la construcción de otra vivienda dos parcelas situadas al este del de la del recurrente sin que a la misma sin que a la misma se le haya dado orden de suspensión, lo que es un agravio comparativo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El presente recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con los artículos 31, 38.4, 110 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segundo.- El recurso interpuesto por el interesado se resuelve como recurso de reposición, en virtud de la modificación operada por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y que entró en vigor el pasado 31 de mayo de 2006, que suprimió el apartado 2 del artº. 190 del referido texto legal, en relación con lo establecido en el artº. 20.2 de los Estatutos de la Agencia de Protección.

Tercero.- En cuanto a las alegaciones aducidas por el recurrente, se ha de establecer lo siguiente:

Las mismas no pueden modificar la determinación inicial de los hechos, ni su calificación, puesto que no ha quedado desvirtuado el hecho cierto y objetivo por el que se incoó el procedimiento del que trae causa la resolución recurrida, consistente en la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras denunciadas.

Así en relación con la aseveración efectuada de adverso relativa a que en la fecha en que se dictó la orden de suspensión se encontraba la vivienda totalmente terminada se ha de decir que en modo alguno se puede entender como cierta la referida aseveración, quedando dicho extremo totalmente zanjado con la sentencia de fecha 12 de julio de 2006 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, obrante en el expediente por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el interesado contra la resolución nº 2365, de fecha 28 de junio de 2005, por la que se resuelve desestimar el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución nº 521, de fecha 21 de febrero de 2005, por la que se acuerda suspender las obras objeto de denuncia.

Respecto a la clasificación y calificación del suelo hay que señalar el informe técnico de fecha 26 de junio de 2007 obrante en el expediente establece de forma expresa que según la normativa vigente, esto es, el P.G.O.U. de La Laguna (B.O.C. de 6.4.05) clasifica el suelo donde se ubica la vivienda como Suelo Rústico Protección Agraria Tradicional1.

Referente a que no infringe ninguna de las disposiciones enumeradas en la resolución impugnada se vuelve a reiterar lo ya manifestado en la resolución que se impugna en el sentido de que al quedar suficientemente probado la inexistencia de los títulos habilitantes para la ejecución de la vivienda es indiscutible que se está infringiendo la normativa en vigor.

En cuanto a que en la zona existe un conjunto de viviendas que se encuentran en situación idéntica a la del recurrente, ha de tenerse en cuenta que según la doctrina del Tribunal Constitucional que delimita el alcance del derecho fundamental de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 14 de la C.E. "el principio de igualdad ante la ley no significa un imposible derecho a la igualdad en la ilegalidad", o como afirman constantes sentencias del T.S. (entre otras, las de 25 de febrero de 1972 y 19 de octubre de 1987), "el precedente no puede basarse en la ilegalidad". De forma que no cabe ampararse en que la Administración, por el momento y en su caso, no hubiera sancionado ni ordenado la demolición de otras obras carentes de título legitimante para pretender que no se sancione y ordene la demolición exigida por la Ley.

Cuarto.- El acto recurrido es conforme a derecho, y no se dan en el mismo ninguno de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992.

Vistos la Ley 30/1992; el TRLoTENC y en especial, en cuanto a la competencia para resolver el presente recurso, el artículo 190 del citado TRLoTENC, en relación con el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el artículo 20.2 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso potestativo de reposición, interpuesto por D. Pablo García Medina, contra la resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 4271, de fecha 21 de diciembre de 2007, confirmando todos los extremos de la misma por ser ajustada a derecho.

Segundo.- Notificar al interesado, y al Ayuntamiento, a los que se les hace constar que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de agosto de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

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