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BOC Nº 131. Miércoles 2 de Julio de 2008 - 2594

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

2594 - ANUNCIO de 23 de junio de 2008, relativo a notificación del Decreto de 3 de diciembre de 2007, por el que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40283-O-2007.

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Providencia de 23 de junio de 2008, del Jefe de Servicio de Transportes, del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40283-O-2007.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 3 de diciembre de 2007, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40283-O-2007.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por la entidad mercantil Insular Express, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 7 de septiembre de 2007 recaída en el expediente de referencia, y

Resultando: que con fecha y hora 2 de marzo de 2007, 11,25, por Agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el vehículo matrícula 0452-CLN, del que es titular Transportes Chivisaya, S.L. por realizar transporte desde Santa Cruz de Tenerife aEl Rosario de un 3149 peróxido de hidrógeno y ácido peracético en mezcla, indicando inadecuadamente la mercancía en la carta de porte, no indica ni las etiquetas [bultos ostentan 5.1 (8)], ni el grupo de embalaje, tampoco está claro quién es el expedidor y consigna mal los kg totales. Se adjunta fotocopia. Cargador: Fresesnius Medical Care.

Resultando: que el día 18 de julio de 2007 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-40283-O-2007.

Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 7 de septiembre de 2007 que venía a sancionar a Insular Express, S.L. con multa que ascendía a 1.001,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 141.24.2 LOTT, artº. 198.24.2 ROTT; y en base al artículo 143.1.e) LOTT y artº. 201.1.e) Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Notificándose la citada resolución en fecha 19 de septiembre de 2007.

Resultando: que con fecha 27 de septiembre de 2007, la entidad mercantil Insular Express, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que habiendo presentado en su momento datos suficientes de que la responsabilidad de la incorrección es de su cliente Fresenius Medical Care, S.A., presentan la documentación de capacitación y preparación del conductor, sin aportar documentación alguna.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: a tenor de lo preceptuado en el artículo 25 del Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español "El expedidor o, por delegación expresa de éste, el cargador, entregará al conductor la carta de porte, así como las instrucciones escritas para el conductor, antes de iniciarse el transporte, sin perjuicio de otro tipo de documentos complementarios que procedan", en idéntico sentido se pronuncia la Sección 1.4.2 del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (A.D.R.).

Asimismo, la sección 5.4.0 del (A.D.R.) establece la obligación de que todo transporte de mercancías reglamentados por esa norma deberá ir acompañada de la carta de porte entre otra documentación preceptiva; estableciéndose el contenido necesario de ese documento en la sección 5.4.1 del A.D.R., en relación con las especificidades propias de cada materia peligrosa reguladas en la lista de mercancías peligrosas de la sección 3.2.1 de ese cuerpo normativo.

Considerando: habida cuenta que del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo matrícula 0452-CLN realizaba en el momento de ser denunciado un transporte de mercancía peligrosa (peróxido de hidrógeno y ácido peroxiacético en mezcla estabilizado, UN 3149) no incluyendo en la carta de porte alguno de los datos que reglamentariamente deben figurar en ellos, al omitir "los números de modelos de etiquetas que se indican en la columna 5 de la tabla A del capítulo 3.2"; ni "el grupo de embalaje atribuido a la materia que puede ir precedido de las letras GE", ni el nombre y la dirección del o de los expedidores; tal como exige la subsección 5.4.1.1.1.c), d) y g) del Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.).

Considerando: constituyendo una infracción grave a la normativa de transporte vigente, debidamente tipificada en el artículo 141.24.2 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 198.24.2 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; a la que se corresponde una sanción que asciende a mil un (1.001) euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143.1.E) del mismo cuerpo legal y 201.1.E) de su Reglamento. En casos de emergencia, la ausencia de dicha nomenclatura sí puede causar confusión a los servicios de emergencia.

Considerando: habiendo incurrido la entidad expedientada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 138.1.c) en relación con el 141.24 "in fine" de la citada Ley de Transportes y 197.24 "in fine" del citado Reglamento, y de conformidad con lo prevenido en la subsección 1.4.2.1.1.b) en relación con la 1.4.2.1.3 del Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la entidad recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), formulado por Agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 y 3 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículo 15 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones, sin que lo expuesto por la entidad mercantil recurrente constituya causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, prevista en el artículo 194.2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, R.O.T.T., habiéndose limitado la entidad mercantil interesada a realizar una negación genérica de los hechos infractores denunciados, sin aportar pruebas concluyentes que pudieran variar su responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada. Pues, del análisis de las pruebas documentales consignadas en el expediente sancionador de referencia, se acredita fehacientemente, que la entidad mercantil recurrente actuó como intermediaria en el transporte denunciado, y, tal como disponen los artículos 126 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 167.2 en relación con el 159.2 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres "... deberán, por tanto, realizar su actividad contratando el transporte, tanto con el transportista como con el cargador, en su propio nombre, ocupando la posición del transportista frente al cargador, y de cargador frente al transportista". A mayor abundamiento, el artículo 25 del Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, establece en su tercer párrafo: "los intermediarios en el contrato de transporte deberán recabar del expedidor la documentación obligatoria, que transmitirán al transportista juntamente con la carta de porte que suscriban". Constando en la misma copia de la carta de porte que se adjunta junto al boletín de denuncia, que, en fecha 26 de febrero de 2007 Fresenius Medical Care entrega la mercancía a Insular Express, para su transporte-distribución y constando igualmente en el mismo expediente, copia de albarán nº 0079735, emitido en la misma fecha de la denuncia, por la entidad mercantil recurrente, en referencia a la mercancía transportada, donde se acredite que la misma recibió las citadas mercancías para su entrega según las condiciones expresadas. Así como copia de factura nº 1481, de 2 de abril de 2007, emitida por la entidad mercantil recurrente abonando los portes de la mercancía referida a Cargo Sur Canarias.

Considerando: el órgano instructor del procedimiento sancionador, aparte de tomar en cuenta las pruebas que constaban materialmente en el expediente (denuncia), ha desplegado la actividad probatoria necesaria para garantizar la adecuada determinación de los hechos infractores y la responsabilidad en la comisión de los mismos por la entidad mercantil recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 209 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en consecuencia, no se observa, como argumenta la entidad mercantil recurrente ninguna merma al principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, que exige, ante todo, una prueba fehaciente y cumplida de los hechos cuya realización por el infractor sirven de base a la imposición de la sanción, recogido igualmente en el artículo 137.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que dispone que los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario; exigiendo la doctrina jurídica y la jurisprudencia de los Tribunales que la válida imposición de una sanción administrativa haya sido ineludiblemente precedida de la prueba concluyente e inequívoca de los elementos de hecho antijurídicos sobre los que se asienta, sin que la Administración pueda prevalerse en este campo de la presunción de legalidad de los actos administrativos, entendiéndose por tal una exoneración en la realización de las necesarias probanzas.

Considerando: teniendo en cuenta que, análogamente al orden penal, la eficacia de las pruebas está en función de la medida en que el juzgador ha quedado convencido de los hechos y que no ha sido presentada ninguna prueba indubitada por la entidad mercantil interesada que desacredite los hechos infractores, no hay, pues, en el procedimiento que nos ocupa ninguna circunstancia que ponga de manifiesto cualquier irregularidad, aunque se disienta de la resolución dictada, y en el bien entendido de que caso de existir esa irregularidad, sólo sería relevante en cuanto ocasionaría indefensión al recurrente, lo que no ocurre en este caso, por cuanto el actor ha estado siempre presente en el expediente administrativo, recibiendo notificaciones de las resoluciones de iniciación y sancionadora e interponiendo el pliego de alegaciones en descargo y el correspondiente recurso de alzada.

Considerando: constituyendo el hecho denunciado una infracción grave a la normativa de transportes vigente, debidamente tipificada en el artículo 141.24.2 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 198.24.2 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, correspondiendo una sanción que asciende a mil un (1.001) euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 143.1.e) de la citada Ley y 201.1.e) de su Reglamento, habiéndose ponderado, al imponer esa sanción, los distintos bienes jurídicos en conflicto y atendido a los criterios de graduación establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad, también, con la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de diciembre de 1987; al haberse impuesto la cuantía de sanción mínima de las previstas para ese tipo infractor dentro de los límites fijados por el artículo 143.1.e) de la citada Ley de transporte; y 201.1.e) de su Reglamento; al tratarse de una infracción donde se han vulnerado condiciones reglamentarias del transporte de mercancías peligrosas tasadas en el A.D.R., dado el riesgo que entrañan a la salud, medio ambiente y materiales de diversa consideración. Teniendo en cuenta que la potestad sancionadora de la Administración es del tipo reglada, de aplicación del tipo legal al hecho infractor, así, en la graduación de la sanción que se impone a cada tipo, el órgano administrativo debe, dentro de los criterios de graduación que concreta el legislador en las normas sancionadoras (artículo 143 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 201.1 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres), buscar, en atención a las circunstancias que operan en cada caso, de entre las sanciones posibles, la más proporcionada al desvalor antijurídico del comportamiento cometido.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por la entidad mercantil Insular Express, S.L. confirmando la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad Seguridad, de fecha 7 de septiembre de 2007, que determinó la imposición de una sanción de mil un (1.001) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de junio de 2008.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.

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