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BOC Nº 131. Miércoles 2 de Julio de 2008 - 2595

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

2595 - ANUNCIO de 23 de junio de 2008, relativo a notificación del Decreto de 3 de abril de 2008, por el que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41168-O-2007.

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Providencia de 23 de junio de 2008, del Jefe de Servicio de Transportes, del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41168-O-2007.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 3 de abril de 2008, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41168-O-2007.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por Dña. Eulogia Tacoronte Suárez, en nombre y representación de la entidad mercantil Transportes y Logística Trébol, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 13 de noviembre de 2007 recaída en el expediente de referencia, y

Resultando: que con fecha y hora 22 de febrero de 2007, 18,15, por Agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el conjunto articulado formado por la cabeza tractora matrícula TF-4265-AF y el semirremolque matrícula R-8997-BBN, del que es titular Transportes Méndez Prieto y Transportes y Logística Trébol, S.L., respectivamente, por realizar transporte de mortero y hormigón en un contenedor desde Santa Cruz de Tenerife hasta El Chorrillo, 20.000 kg según carta de porte, con un documento de control donde no son exactos los datos de la empresa transportista, figura otra empresa distinta. En el documento de control figura Transtrébol, S.L. se diligencia documento de control con referencia 7B NO838.

Resultando: que el día 8 de octubre de 2007 se notificó al interesado la citada denuncia y la resolución de incoación del expediente sancionador nº TF-41168-O-2007.

Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 13 de noviembre de 2007 que venía a sancionar Transportes y Logística Trébol, S.L. con multa que ascendía a 4.601,00 euros, y precintado del vehículo por un período de seis meses, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 140.1.9 LOTT y artº. 197.1.9 ROTT; artículos 47 y 90 LOTT y artículos 41 y 109 ROTT y en base al artículo 143.1.i), 143.2 LOTT y artº. 201.1.i) ROTT.

Notificándose la citada resolución en fecha 26 de noviembre de 2007.

Resultando: que con fecha 24 de diciembre de 2007, Dña. Eulogia Tacoronte Suárez, en nombre y representación de Transportes y Logística Trébol, S.L., interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que consideran a la situación objeto de este expediente incorrecta, pues el transporte se realizaba con el vehículo matrícula TF-4265-AF, a nombre de Transportes Méndez Prieto, con su tarjeta acreditativa y sus documentos en regla. Teniendo en cuenta que la administradora de dicha empresa (Dña. María de los Ángeles Méndez Prieto) y el Administrador de Transportes y Logística Trébol (D. Antonio Castillo Sánchez) son esposos en régimen de gananciales, no fue su intención en ningún momento el cometer ningún tipo de infracción, pues no hubo mala fe, ni abuso al hacerlo ya que las dos empresas vinculadas entre sí no tienen ni desean estar fuera de la ley, de hecho, debido a esa situación, el vehículo ha sido cedido a Transportes y Logística Trébol, aportando copias simples de la siguiente documentación: de permiso de circulación del vehículo denunciado, TF-4265-AF; de la solicitud de la autorización de transporte público discrecional de mercancías para vehículo pesado adscrita a ese vehículo, dirigida al Área de Transportes del Cabildo Insular de Tenerife el 17 de agosto de 2007, por la entidad mercantil Transportes y Logística Trébol, S.L. de escrituras públicas de constitución de las dos entidades mercantiles interesadas Transportes y Logística Trébol, S.L. y Transportes Méndez Prieto, S.L., donde se comprueba que los Administradores Únicos de las mismas (D. Juan Antonio Castillo Sánchez y Dña. María de los Ángeles Méndez Prieto, respectivamente) están casados en régimen de gananciales y de Auto del Juzgado Mercantil nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 18 de septiembre de 2007, mediante el que se declara a la empresa Transportes y Logística Trébol, S.L. en situación de concurso voluntario ordinario.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: estableciendo los artículos 1 y 2 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia, la obligación de contar con una autorización administrativa a cada persona que pretenda llevar a cabo el transporte privado complementario de mercancías, obligación que viene confirmada por los artículos 47 y 90 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 41, 109 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; recogiéndose los requisitos para la novación subjetiva de las autorizaciones de transporte privado complementario de mercancías de ámbito autonómico en el artículo 25 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías; constituyendo el supuesto de la realización de un transporte público discrecional de mercancías para vehículo pesado careciendo de autorización administrativa una infracción muy grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en el artículo 140.1.9 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 197.1.9 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a la que corresponde una sanción económica que asciende a cuatro mil seiscientos un (4.601) euros y precintado del vehículo por un período de seis meses, en virtud de lo dispuesto en el artículo 143.1.i) y 143.2, quinto párrafo, de la Ley 29/2003, de 8 de octubre; sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y en los artículos 201.1.i) y 201.2, quinto párrafo, del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo TF-4265-AF, titular de Transportes Méndez Prieto, S.L., transportaba mortero y hormigón en un contenedor, desde Santa Cruz de Tenerife hasta El Chorrillo, siendo el organizador del transporte distinto del titular de la autorización, estando amparado el citado servicio en la autorización administrativa de transportes público de mercancías nº 10649247, a nombre del mismo titular del vehículo; sin embargo, el vehículo portaba mercancías amparadas por documento de control referido a la entidad mercantil Transportes y Logística Trébol, S.L., empresa a la que, a mayor abundamiento, pertenecía el conductor del vehículo denunciado, a tenor del informe emitido el 28 de junio de 2007 por la Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife de la Tesorería General de la Seguridad Social, que se incorpora documentalmente al expediente sancionador referido. Sin que lo expuesto por la entidad mercantil recurrente constituya causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, prevista en el artículo 194.2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, R.O.T.T., habida cuenta que tanto el recurrente como la entidad mercantil Comercial Jesumán, S.L., son dos personas jurídicas distintas, sujetos de obligaciones fiscales, sociales, laborales y de transporte, distintas, y que no conviene confundir, dado los múltiples problemas que se generarían, residiendo el límite de la culpa, como presupuesto para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, en el deber de informarse según las obligaciones de cada profesión y habida cuenta que la estimación minuciosa de la culpabilidad choca frontalmente con las exigencias de celeridad que demanda el procedimiento administrativo sancionador.

En virtud, asimismo, de los hechos consignadas en el boletín de denuncia formulado por Agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico a los que la jurisprudencia y la ley (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 76 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que establece que "las denuncias efectuadas por los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado"), atribuyen la presunción de legalidad y veracidad "iuris tantum" que, como tal, cede cuando frente a ella se alce suficiente y eficaz prueba en contrario, y, en el caso que nos ocupa, el agente actuante no sólo era competente para formular la denuncia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32.2 y 3 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 15 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, sino que por el sancionado no se han presentado durante la instrucción del expediente, ni en fase de recurso pruebas fehacientes que desvirtúen los términos de dicha denuncia, residiendo el límite de la culpa, como presupuesto para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, en el deber de informarse según las obligaciones de cada profesión y la diligencia debida en su actuación.

Considerando: no obstante lo expuesto anteriormente, habida cuenta las pruebas documentales aportadas por la entidad mercantil interesada en anexos al recurso de alzada interpuesto, escrituras públicas de constitución de las dos entidades mercantiles interesadas: Transportes y Logística Trébol, S.L. y Transportes Méndez Prieto, S.L., donde se comprueba que los Administradores Únicos de las mismas (D. Juan Antonio Castillo Sánchez y Dña. María de los Ángeles Méndez Prieto, respectivamente) están casados en régimen de gananciales, se acredita fehacientemente la vinculación entre las dos entidades mercantiles interesadas; en consecuencia, procede rebajar la cuantía de la sanción impuesta a dos mil (2.000) euros en base a lo dispuesto en el artículo 143.1.K) en relación con el 143.1.F) de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 201.1.K), en relación con el 201.1.F) del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; rebajando igualmente la gravedad de la infracción cometida en base a lo determinado en los artículos 140.1.6, en relación con el 141.31 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 197.1.6, en relación con el 198.31 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; al tener en cuenta que no se trataba de un transporte público de mercancías en sentido estricto, estando vinculadas las dos empresas implicadas en esta infracción, tal como se acreditó anteriormente; no realizando, en consecuencia, actividad que pudiera constituir competencia desleal en el transporte público de mercancías; resultando, por tanto, de escasa incidencia en el sistema general de transportes, motivo por el que, en virtud del artículo 143 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en atención a las circunstancias que operan en cada caso, de entre las sanciones posibles, se ha dispuesto la más proporcionada al desvalor antijurídico del comportamiento cometido, señalando, por demás, que la proporcionalidad es principio informador y de aplicación general a la actividad administrativa, como así es reconocido en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.l.R)y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en estimar en parte el recurso de alzada interpuesto por Dña. Eulogia Tacoronte Suárez, en nombre y representación de la entidad mercantil Transportes y Logística Trébol, S.L. modificando la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad, de fecha 13 de noviembre de 2007, en el sentido de rebajar la cuantía de la sanción impuesta a dos mil (2.000) euros, revocando la sanción accesoria consistente en el precintado del vehículo por un período de seis meses.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de junio de 2008.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.

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