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BOC Nº 131. Miércoles 2 de Julio de 2008 - 2593

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

2593 - ANUNCIO de 23 de junio de 2008, relativo a notificación del Decreto de 24 de marzo de 2008, por el que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40180-O-2007.

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Providencia de 23 de junio de 2008, del Jefe de Servicio de Transportes, del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40180-O-2007.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 24 de marzo de 2008, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40180-O-2007.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por D. Alexander Kuznetsov, en nombre y representación de la entidad mercantil Tina Trading, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 11 de septiembre de 2007 recaída en el expediente de referencia, y

Resultando: que con fecha y hora 1 de marzo de 2007, 8,30, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el vehículo matrícula 4236-CTZ, del que es titular Tina Trading, S.L. por circular transportando cinco pasajeros más su conductor realizando un servicio de alquiler jeep safari, formando caravana con seis vehículos más entre distintos puntos de la isla, careciendo en el vehículo de un extintor de incendio de capacidad igual o superior a 8 kg de polvo seco. Vehículos que forman la caravana 4071-CTZ, 4236-CTZ, 4107-CTZ, 4263-CTZ, 4133-CZT y 4206-CTZ.

Resultando: que el día 12 de julio de 2007 se publicó la Resolución de iniciación del expediente sancionador de transportes nº TF-40180-O-2007 en el Boletín Oficial de Canarias nº 139/2007.

Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 11 de septiembre de 2007 que venía a sancionar a Tina Trading, S.L. con multa que ascendía a 401,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 141.29 LOTT, artº. 200 ROTT; artículos 5 y 15 Decreto 125/1995, de 11 de mayo (B.O.C. nº 76, de 19 de junio) y en base al artículo 143.1.D) LOTT.

Resultando: que el día 14 de noviembre de 2007 se publicó la resolución sancionadora del expediente sancionador de transportes nº TF-40180-O-2007 en el Boletín Oficial de Canarias nº 288.

Resultando: que con fecha 14 de diciembre de 2007, D. Alexander Kuznetsov, en nombre y representación de Tina Trading, S.L. interpuso recurso de alzada; en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: el expediente se ha tramitado de forma correcta, cumpliéndose los trámites recogidos en el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que regula, dada su especificidad, el procedimiento sancionador que ha de seguirse en la substanciación de las infracciones a la normativa de transportes por carretera, habiéndose procedido, de conformidad con lo preceptuado en su artículo 210, a la vista de la documentación obrante en el referido expediente y en el Registro de Salida de esta Administración insular, a intentar notificar a la entidad mercantil interesada la denuncia que originó el inicio del expediente, así como la Resolución de incoación del presente expediente sancionador, donde se contenía el hecho infractor de "realizar arrendamiento con conductor de vehículos todo terreno que circulen formando caravana, incumpliendo las condiciones esenciales de la autorización, al carecer de los extintores reglamentarios" comunicándole, a su vez, la tipificación de la infracción en los artículos reseñados, que recogen las infracciones graves, la sanción que, en su caso, habría de serle impuesta y la identidad de la Instructora del procedimiento, del órgano competente para resolver el procedimiento sancionador y la norma que atribuya tal competencia, advirtiéndole de que disponía de quince días para manifestar lo que a su derecho convenga, aportando o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intente valerse, constando documentalmente en el presente expediente que intentada dicha notificación mediante 2 cartas certificadas, por medio del Servicio de Correos, dirigida a la misma dirección social que fue comunicada por la entidad mercantil interesada, sin embargo, fueron devueltos los correspondientes acuses de recibo con las indicaciones de: "ausente reparto de 4 de junio de 2007 y 7 de junio de 2007", procediéndose, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a practicar dos intentos de notificaciones domiciliarias al interesado, de la incoación del expediente, y de conformidad con lo que establece el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 139, de 12 de julio de 2007, de providencia del Instructor de los expedientes sancionadores en materia de transportes sobre notificación de Resoluciones de iniciación de procedimiento sancionador a interesados, cuando una vez intentada la notificación, no se hubiera podido practicar.

Contrariamente a lo manifestado por la entidad mercantil recurrente, entre esas fechas (inicio del expediente, intento de notificación y publicación de la Resolución de iniciación) no ha sido superado el plazo de dos meses establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Igualmente ocurrió con la comunicación de la resolución sancionadora impugnada, siendo intentada dicha notificación mediante 2 cartas certificadas, por medio del Servicio de Correos, dirigida a la misma dirección ya citada, sin embargo, fueron devueltos los correspondientes acuses de recibo con las indicaciones de: "ausente reparto de 17 de septiembre de 2007 y 18 de septiembre de 2007", procediéndose, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a practicar dos intentos de notificaciones domiciliarias al interesado, y de conformidad con lo que establece el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 288, de 14 de noviembre de 2007.

Sin que tales actos adolezcan de defecto formal determinante de su anulabilidad, en el sentido previsto en el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no causándose indefensión alguna a la entidad ahora recurrente, que pudo hacer uso de los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico para hacer valer sus intereses y formular cuantas alegaciones estimase pertinentes, prueba de ello lo constituye la propia interposición en plazo del presente recurso de alzada.

En consecuencia, esta Administración ha impuesto la sanción impugnada, previa instrucción del correspondiente procedimiento, que se ha tramitado con rigor, sin olvidar los trámites esenciales de los mismos y, en todo momento, inspirado por el cumplimiento de los principios constitucionales que informan el iter procedimental y a cuya salvaguarda está dirigida toda la regulación establecida al respecto; principios que no son otros que el de presunción de inocencia y el consecuente derecho de defensa.

Resultando: resulta de improcedente admisión la afirmación de la dicente sobre la falta de motivación de la resolución sancionadora impugnada, dado que en la misma se ha cumplido con la obligación genérica consignada en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al determinar el hecho infractor, la persona jurídica responsable, la infracción cometida y la sanción que se impone; cumpliendo con el concepto legal de motivación del acto, al contar con una estructura de hechos y fundamentos de derecho determinantes de la decisión administrativa como unidad de sentido o significado; así como con el punto de vista formal: al resultar una exteriorización de los fundamentos por cuya virtud se dicta el acto administrativo, constituyendo así, una garantía para el administrado, que puede, como se hizo en el presente caso, impugnar el acto administrativo si considera que el mismo ha discurrido fuera de los márgenes legales y jurídicos, con posibilidad de criticar las bases en que se funda.

Considerando: determinando el artículo 146.2, 3er párrafo, de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres que "El plazo máximo en que deberá notificarse la resolución del procedimiento sancionador será de un año, contado desde la fecha de iniciación del procedimiento" siendo de aplicación, si se sobrepasase dicho plazo, lo previsto en el punto 2 del artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuanto que la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92; figurando técnicamente comprendido dicho espacio temporal entre la fecha de la Resolución de iniciación del procedimiento sancionador de transportes y la fecha de notificación de la Resolución sancionadora que lo finaliza.

Considerando: que el expediente que analizamos, según constancia documental en el mismo, se inició en fecha 18 de mayo de 2007, siendo publicada la resolución sancionadora dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad en fecha 14 de noviembre de 2007, habiendo sido tramitado reglamentariamente el expediente sancionador por el Servicio de Transportes de esta Corporación Insular, no ha sido superado, en consecuencia, el plazo citado, a los efectos de entender el procedimiento sancionador caducado.

Considerando: en desarrollo de lo previsto en el artículo 135.2 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, "para el otorgamiento de las correspondientes autorizaciones (de arrendamiento de vehículos) será necesario que la empresa arrendadora cumpla los requisitos establecidos en el artículo 48, así como las relativas a número mínimo y características de los vehículos, disposición de locales u oficinas, u otros precisos que, en su caso, se exijan para procurar la adecuada realización de la actividad y el interés y seguridad de los usuarios".

Estableciendo el artículo 48.1 del mismo cuerpo normativo: "Para el otorgamiento de los títulos administrativos habilitantes para la prestación de los servicios de transporte público, o para la realización de actividades auxiliares y complementarias del mismo será necesario, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, el cumplimiento de los siguientes requisitos: c) cumplir, en su caso, aquellas condiciones específicas necesarias para la adecuada prestación del servicio o realización de la actividad, que expresamente se establezcan en relación con las distintas clases o tipos de títulos habilitantes".

Así, la propia Orden de 30 de julio de 1998, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, establece en su Disposición Adicional Tercera que las Comunidades Autónomas de Canarias y Baleares podrán dictar, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley Orgánica 5/1987, normas de desarrollo o ejecución de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, siendo de aplicación supletoria respecto de tales normas autonómicas las contenidas en esa Orden.

Considerando: en este sentido, dispone el Decreto Territorial 125/1995, de 11 de mayo, regulador de la actividad y régimen de autorizaciones de arrendamiento con conductor de vehículos todo terreno que circulen formando caravanas; la especificidad de esta concreta actividad de arrendamiento se funda en las características de los vehículos, los fines perseguidos, eminentemente turísticos y de ocio y la incidencia de su desarrollo en el medio ambiente; en consecuencia, ya en su artículo 1, cuando establece su objeto, dispone que "la actividad de arrendamiento con fines turísticos, recreativos o culturales, que se desarrollen en el ámbito territorial de Canarias, de vehículos todo terreno contratados para circular agrupadamente formando caravanas de más de dos unidades, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Decreto". Estableciendo, el artículo 15 del mismo, como equipamiento obligatorio de los vehículos, el estar provistos de un extintor de incendio con capacidad igual o superior a 8 kg de polvo seco.

Considerando: cuyo incumplimiento constituye una infracción grave a la normativa de transportes vigente, debidamente tipificada en los artículos 141.29 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 198.29 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, al prever como tal "el incumplimiento de las condiciones establecidas en ... la autorización ...". A la que corresponde una sanción que asciende a cuatrocientos un (401) euros de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143.1.D) del mismo cuerpo legal y 201.1.D) de su Reglamento.

Considerando: en virtud de los hechos consignadas en el boletín de denuncia formulado por Agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico a los que la jurisprudencia y la ley (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 76 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que establece que "las denuncias efectuadas por los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico harán fe, salvo prueba en contrario, respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado"), atribuyen la presunción de legalidad y veracidad "iuris tantum" que, como tal, cede cuando frente a ella se alce suficiente y eficaz prueba en contrario, y, en el caso que nos ocupa, el agente actuante no sólo era competente para formular la denuncia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32.2 y 3 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 15 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, se constata que la entidad mercantil Tina Trading, S.L. realizaba un servicio de arrendamiento con conductor de vehículos todo terreno, con los vehículos matrículas 4071-CTZ, 4236-CTZ, 4107-CTZ, 4263-CTZ, 4133-CZT y 4206-CTZ, incumpliendo las condiciones esenciales de la autorización administrativa, al ir circulando el vehículo matrícula 4236-CTZ sin ir provisto de extintores de incendio de capacidad igual o superior a 8 kg de polvo seco, tal como se exige reglamentariamente en el artículo 15 del Decreto 125/1995, de 11 de mayo, regulador de la actividad y régimen de autorizaciones de arrendamiento con conductor de vehículos todo terreno que circulen formando caravana.

Sin que por el sancionado se hubieran presentado durante la instrucción del expediente, ni en fase de recurso pruebas fehacientes que desvirtúen los términos de dicha denuncia, ni constituya causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada consignadas en el artículo 194.2 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. dado que el límite de la culpa como presupuesto para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, reside en el deber de informarse según las obligaciones de cada profesión y en la diligencia debida en su actuación.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Alexander Kuznetsov, en nombre y representación de la entidad mercantil Tina Trading, S.L., confirmando la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 11 de septiembre de 2007, que determinó la imposición de una sanción de cuatrocientos un (401,00) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de junio de 2008.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.

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