Gobierno de Canarias

Comunidad Autónoma de Canarias

Boletín Oficial de Canarias

Estás en:

BOC Nº 058. Sábado 22 de Marzo de 2008 - 1098

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

1098 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de marzo de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Wilhelmina Posy Copley-Smith, de la Resolución recaída en el expediente de I.U. 1387/07.

Descargar en formato pdf

No habiéndose podido practicar la notificación a Dña. Wilhelmina Posy Copley-Smith, de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 372, de fecha 18 de febrero de 2008, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Wilhelmina Posy Copley-Smith, la Resolución nº 372, de fecha 18 de febrero de 2008, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, con referencia I.U. 1387/07, y cuya parte dispositiva dice textualmente:

"Examinado el expediente sancionador de referencia I.U. 1387/07, tramitado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural contra Dña. Wilhelmina Posy Copley-Smith y, atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2867, de fecha 5 de septiembre de 2007, se acordó el inicio de procedimiento sancionador a Dña. Wilhelmina Posy Copley-Smith, en calidad de promotora, por la presunta comisión de una infracción administrativa (contra la ordenación territorial) tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante, TRLOTENC), y sancionada, conforme preceptúa el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal, con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente; siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de multa de setenta y dos mil (72.000) euros. Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias de fecha 11 de octubre de 2007, al no haberse podido practicar su notificación en los términos del artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.- Con fecha 12 de noviembre de 2007, el Instructor formula Propuesta de Resolución proponiendo: 1.- La imposición al expedientado de una sanción de cincuenta y un mil quinientos (51.500) euros por la comisión de la referida infracción, 2.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido adoptando como medidas la demolición de las obras y la reposición de las cosas al estado anterior a la presunta infracción. Dicha propuesta se publicó en el Boletín Oficial de Canarias de 12 de diciembre de 2007, quedando abierto a partir de entonces el trámite de audiencia por un período de quince días, sin que la interesada se haya personado o presentado alegación alguna dentro del plazo conferido al efecto.

Tercero.- Consta en el expediente que en el año 1996 fue solicitada y concedida a la interesada autorización en el expediente S.R. 989/96 para la construcción de establo de 221,58 m2. Asimismo, en el año 1999 se autoriza la ampliación de dicho establo, en el expediente S.R. 193/99, ambos tramitados en la extinta Dirección General de Urbanismo. Finalmente consta licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Tías, en el expediente 53-N/98, a Dña. Wilhelmina Posy Copley-Smith, que autoriza la construcción y su ampliación en los términos que se reflejan en los expedientes de autorización en suelo rústico indicados.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.c).2 y 229 del precitado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en lo sucesivo TRLOTENC), en relación con el artículo 19 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

El procedimiento sancionador se ha iniciado como consecuencia del informe-denuncia formulada por los Agentes de Medio Ambiente de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de fecha 11 de abril de 2005, por la construcción de seis apartamentos agrupados en una edificación aislada de dos plantas de 260 m2 de superficie aproximada en suelo rústico potencialmente productivo agrícola de vegas, sin estar en posesión de la licencia municipal de obras y la autorización de calificación territorial. Mediante informe técnico de fecha 2 de agosto de 2007 se realiza valoración económica de las obras denunciadas, en concreto: de una edificación aislada de 296,5 m2, una edificación de unos 84 m2 construida bajo rasante, muros de contención y de jardinería diversos, así como del acondicionamiento de patio mediante el pavimentado de 267 m2.

III

Conforme a la documentación que obra en el expediente administrativo, ninguna de las actuaciones denunciadas cuenta con las preceptivas autorizaciones, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 164 del TRLOTCENC que condiciona la legitimidad de los actos de transformación del suelo a la vigencia de la ordenación idónea conforme al Texto Refundido para legitimar la actividad de ejecución. Asimismo, el artículo 166, en relación con el 170 del TRLOTCENC, establece que cualquier alteración o transformación del suelo rústico exige la previa obtención de la preceptiva calificación territorial y licencia urbanística de obras, suponiendo la carencia de ambos títulos, la comisión de una infracción al citado texto legal.

IV

De la documentación obrante en el presente expediente administrativo así como de las pruebas practicadas, en su caso, se derivan los siguientes hechos probados:

1.- Se ha cometido una infracción a la ordenación territorial consistente en obras de construcción de seis apartamentos agrupados en una edificación aislada de dos plantas, una edificación construida bajo rasante, muros de contención y de jardinería diversos, así como del acondicionamiento de patio, sitas en el lugar denominado "Carretera Conil-Las Vegas", del término municipal de Tías, en suelo clasificado y categorizado como suelo rústico de protección agraria, sin los preceptivos títulos legitimantes para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 24 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

2.- De la mencionada infracción se considera responsable directa a título de promotora, a Dña. Wilhelmina Posy Copley-Smith, en base a lo estipulado en el artículo 189 del mencionado TRLOTCENC.

3.- Las obras han sido valoradas en doscientos cincuenta y seis mil doscientos setenta euros con un céntimo (256.270,01 euros).

4.- Las obras carecen de la preceptiva calificación territorial.

V

Los indicados hechos probados son constitutivos de una infracción a la ordenación territorial tipificada como grave en el artículo 202.3.b) del TRLOTCENC, en cuanto supone la realización de actos y actividades de transformación de suelo mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de la o las aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias u órdenes de ejecución preceptivas o contraviniendo las condiciones de las otorgadas (...).

El artículo 203.1.b) del citado Texto Refundido, dispone que la referida infracción sea sancionada con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros.

VI

Al objeto de graduar la correspondiente sanción, se aprecian en el presente caso las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad:

- La circunstancia atenuante prevista en el artículo 198.a) del TRLOTENC relativa a la ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos afectados,

- La circunstancia mixta en su consideración de atenuante prevista en el artículo 199.a) del TRLOTENC relativa al grado de conocimiento de la normativa legal, así como

- La circunstancia mixta en su consideración de agravante prevista en el artículo 199.b) del citado Texto legal relativa al beneficio económico obtenido de la infracción.

Ponderando la incidencia de las circunstancias citadas y de la entidad global de la infracción, de conformidad con el artículo 196 del TRLOTCENC, y en virtud del principio de proporcionalidad, es ajustado a derecho imponer a Dña. Wilhelmina Posy Copley-Smith una sanción económica por cuantía de cincuenta y un mil quinientos (51.500) euros.

VII

De conformidad con lo previsto en el artículo 188.2, en relación con el artículo 179 del citado Texto Legal, en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición, la cual procederá en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

En consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 179 del TRLOTCENC, procede ordenar el restablecimiento del orden físico perturbado mediante la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción al tratarse de unas actuaciones realizadas en suelo rústico sin la preceptiva calificación territorial.

VIII

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182.1 del TRLOTENC, en redacción dada por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del TRLOTCENC, si los responsables de la alteración de la realidad física repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción del noventa por ciento (90%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.

Asimismo dispone el apartado segundo del artículo 182 del TRLOTENC, que si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.

IX

Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a Dña. Wilhelmina Posy Copley-Smith una multa de cincuenta y un mil quinientos (51.500) euros como responsable en calidad de promotora de una infracción administrativa grave consistente en las obras de construcción de una edificación aislada de 296,5 m2 de superficie construida, una edificación construida bajo rasante de 84 m2 de superficie estimada construida, muros de contención y de jardinería y acondicionamiento de patio mediante pavimentado, ubicadas en suelo clasificado como rústico de protección agraria, en el lugar denominado "Carretera Conil-Las Vegas", del término municipal de Tías, sin los títulos legitimantes necesarios para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), tipificada en el artículo 202.3.b) del TRLOTCENC y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido adoptando como medidas la demolición de las obras y la reposición de las cosas al estado anterior a la presunta infracción y, a tal efecto, requerir a la expedientada para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole de que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar, a que la Administración ejecutará subsidiariamente la orden de reposición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a Dña. Wilhelmina Posy Copley-Smith, a Dña. Susan Thain, al Ayuntamiento de Tías y demás interesados.

El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la presente Resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer potestativamente, recurso de reposición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en Derecho o, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de marzo de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

© Gobierno de Canarias