Con el fin de evitar la aparición y/o existencia o persistencia de este tipo de conductas en el seno de la empresa, juega un papel fundamental el desarrollo e implantación de protocolos de actuación que permitan su detección, prevención y/o reiteración, incluso la denuncia y sanción de estas situaciones que tan perjudiciales pueden llegar a ser para la salud psicosocial, mediante el establecimiento de una serie de normas propias y adaptadas a las características de cada entidad. Consisten básicamente en un análisis de tipo reactivo, mediante el estudio e investigación de posibles situaciones de acoso laboral, del que debe derivarse la aplicación de medidas de eliminación o correctoras, si se concluye que hay exposición a algún tipo de riesgo. El INSST (NTP 891) resalta la importancia de elaborar procedimientos integrales que permitan realizar un diagnóstico preventivo y avanzar en la gestión del riesgo.
En el ámbito específico de la violencia sexual la necesidad de elaborar este tipo de protocolos constituye una obligación legal, exigible en virtud de la Ley Orgánica de Igualdad (art. 48), Real Decreto 901/2020 (art. 2) y la reciente Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual (art. 12).
No existe una metodología estándar, aunque sí existen guías para su elaboración e implantación, de las que se han recopilado algunas en este apartado.
Además en este espacio se han incorporado los protocolos elaborados y aprobados por algunas de las Administraciones Públicas más importantes de nuestra Comunidad Autónoma, que ya acumulan experiencia en su aplicación, y que han autorizado su publicación en esta web, permitiéndonos amablemente compartir su experiencia.
Los protocolos de las Administraciones Públicas: