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BOC-A-2022-006-83.
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El artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos u organismos del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus secretarías generales técnicas u órgano equivalente, deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma.
En el plazo indicado en el apartado anterior, deberán publicar también en el Boletín Oficial de Canarias, los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.
En cumplimiento de los fundamentos jurídicos citados y con la finalidad de facilitar el público conocimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la actividad convencional del sector público autonómico,
RESUELVO:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio Marco de Cooperación entre la Federación Canaria de Municipios y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes por el que se establecen las fórmulas generales para la gestión y financiación compartida de las escuelas de educación infantil de titularidad municipal autorizadas que imparten el primer ciclo de educación infantil.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de diciembre de 2021.- El Secretario General Técnico, Manuel Peinado Bosch.
ANEXO
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS Y LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS FÓRMULAS GENERALES PARA LA GESTIÓN Y FINANCIACIÓN COMPARTIDA DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE TITULARIDAD MUNICIPAL AUTORIZADAS QUE IMPARTEN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
En Canarias, a 23 de diciembre de 2021.
REUNIDOS
De una parte, la Sra. Dña. Manuela de Armas Rodríguez, Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en su nombre y representación, y en uso de las facultades que le confieren los artículos 16 y 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y el
artículo 6.f) del Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
De otra parte, Dña. María Concepción Brito Núñez, Presidenta de la Federación Canaria de Municipios (en adelante, la FECAM), en virtud del acuerdo de la Asamblea General de 1 de octubre de 2019, actúa en nombre y representación de la FECAM en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 31.1.a), en relación con el artículo 8.1.f) de sus Estatutos.
Ambas comparecientes se reconocen, de manera recíproca, plena capacidad jurídica y de obrar, así como la representación que ostentan para suscribir el presente Convenio y a tal fin,
EXPONEN
Primero.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), al regular los principios generales de la educación infantil, dispone, con carácter básico, en su artículo 12.5 que “La programación, la gestión y el desarrollo de la educación infantil atenderán, en todo caso, a la compensación de los efectos que las desigualdades de origen cultural, social y económico tienen en el aprendizaje y evolución infantil, así como a la detección precoz y atención temprana de necesidades específicas de apoyo educativo.”
Por otro lado, en el apartado 1 del artículo 14 del mismo texto legal, se dispone que la etapa de educación infantil se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los tres años, y el segundo, desde los tres a los seis años de edad. A este respecto, señala el
apartado 2 del citado precepto que, el carácter educativo de uno y otro ciclo será recogido en una propuesta pedagógica por todos los centros que impartan educación infantil.
Con carácter básico, al igual que los anteriores, el apartado 7 del artículo 14 establece que el Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, determinará los contenidos educativos del primer ciclo de la educación infantil de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo. Asimismo, regulará los requisitos de titulación de sus profesionales y los que hayan de cumplir los centros que impartan dicho ciclo, relativos, en todo caso, a la relación numérica alumno-profesor, a las instalaciones y al número de puestos escolares.
Al hilo de lo anterior, el artículo 15.1 de la LOE -también de carácter básico- dispone que “Las Administraciones públicas incrementarán progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo con el fin de atender todas las solicitudes de escolarización de la población infantil de cero a tres años. Asimismo, coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro. Todos los centros habrán de estar autorizados por la Administración educativa correspondiente y supervisados por ella.”
A nivel autonómico, es preciso señalar que el Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) dispone en su artículo 133.1.a) que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de enseñanza no universitaria, con relación a las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un título académico o profesional con validez en todo el Estado y a las enseñanzas de educación infantil, dejando a salvo lo dispuesto en los artículos 27 y 149.1.30ª de la Constitución. Dicha competencia incluye, en todo caso, la determinación de los contenidos educativos del primer ciclo de la educación infantil y la regulación de los centros en los que se imparta dicho ciclo, así como la definición de sus plantillas de profesorado y las titulaciones y especializaciones del personal restante. A su vez, el apartado 3 del mencionado precepto dispone -en relación con las enseñanzas a que refiere el apartado 1, lo que incluye a la educación infantil de primer ciclo- que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución, que incluye, en todo caso, entre otras: El establecimiento y la regulación de los criterios de acceso a la educación, de admisión y de escolarización del alumnado en los centros docentes; El régimen de sostenimiento, con fondos públicos, de las enseñanzas del sistema educativo y de los centros que las imparten; Los requisitos y condiciones de los centros docentes y educativos y el control de la gestión de los centros docentes públicos y de los privados sostenidos con fondos públicos o concertados.
De otro lado, el artículo 21.1 del EAC, relativo a los derechos en el ámbito de la educación, establece que “todas las personas tienen derecho a una educación pública, gratuita, aconfesional y de calidad, prestando especial atención a la educación infantil, en los términos de la ley”.
En desarrollo de la expresada competencia en materia de educación, la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (en adelante LCEnU), señala en su artículo 15.1 que el “Gobierno de Canarias y las corporaciones locales coordinarán sus actuaciones, cada una en el ámbito de sus competencias, para lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines establecidos en esta ley”. Este precepto establece, así mismo, la posibilidad de recurrir a la suscripción de protocolos, convenios o acuerdos de colaboración, entre las administraciones locales y la consejería competente en materia de educación.
En cuanto a la educación infantil, artículo 29 de la LCEnU atribuye a la Consejería la competencia para la planificación y gestión de la oferta educativa del primer ciclo. Así mismo, dispone que el Gobierno de Canarias debe determinar el currículo de la educación infantil, permitiendo un amplio margen de autonomía pedagógica a los centros educativos, así como establecer las características de los centros que imparten esta etapa educativa, los requisitos exigibles a las instalaciones de los centros y la capacitación que debe acreditar el personal educador que trabaje con ellos.
En línea con lo anterior, el apartado 8 del mencionado artículo 29 de la LCEnU recoge, en términos similares a los previstos en la LOE, el siguiente mandato: “Las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo. Asimismo, coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras administraciones y entidades privadas sin ánimo de lucro.”
Del contenido de los precitados artículos se desprende que al incluir la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación con entidades sin ánimo de lucro, debe inferirse que ello incluye con carácter primordial a la FECAM como entidad representativa de los intereses de los municipios que la integran, siendo la misma, por tanto, una interlocutora relevante en la determinación de la cooperación con los municipios tal como se indica en el expositivo quinto del presente Convenio.
Segundo.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.1 de la LOE así como en el artículo 29.8 de la LCEnU, anteriormente mencionados en cuanto a la determinación de las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro, a fin de promover el incremento progresivo de plazas en el primer ciclo de educación infantil así como asegurar la oferta educativa en dicho ciclo, por el Gobierno de Canarias se aprobó el Decreto ley 22/2020, de 23 de diciembre, de garantía de las Escuelas Infantiles de titularidad municipal (convalidado por Resolución de 27 de enero de 2021). El referido Decreto ley 22/2020, en el apartado primero de su artículo único dispone que “Los ayuntamientos canarios podrán proponer la creación de escuelas infantiles municipales, así como mantener y gestionar las escuelas de su titularidad, ya sea mediante gestión directa o mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación de contratos del sector público.” A este respecto dispone, en su apartado 3, que: “El ejercicio de las funciones citadas en el apartado 1 del presente artículo no requerirá, en ningún caso, los informes previos que establece el artículo 7.4 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local”. A su vez, el
apartado 4 del citado artículo establece que: “En el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la presente norma, la Consejería competente en materia de educación aprobará un instrumento de cooperación con los ayuntamientos canarios para el primer ciclo de educación infantil, en el que se concreten las fórmulas adecuadas para su gestión y financiación compartida.”
De esta forma, el presente Convenio marco resulta ser el mecanismo idóneo para dar cumplimiento al mandato establecido en el expresado apartado 4 del artículo único del Decreto ley 22/2020, por lo que en el mismo se contemplan las fórmulas de gestión y financiación compartida que se estima conveniente adoptar a fin de garantizar no solo la oferta educativa de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil, sino, a su vez, su progresivo aumento. Y, dado que no todos los ayuntamientos que cuentan con escuelas de educación infantil de primer ciclo autorizadas emplean la misma modalidad de gestión, pudiendo todos ellos crear, mantener y gestionar las escuelas infantiles de su titularidad, se estima oportuno suscribir el presente Convenio marco con la FECAM estableciendo en el mismo las líneas generales de los compromisos de gestión y financiación que deberán, posteriormente, ser concretadas a través de la suscripción de los correspondientes convenios específicos con cada corporación local adherida, atendiendo en cada caso sus concretas características de gestión, para así pormenorizar las expresada fórmulas generales de gestión y financiación compartida establecidas en el presente instrumento de cooperación ajustándose, en todo caso, a sus límites y contenido.
Tercero.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL), señala en su artículo 7 que las competencias de las entidades locales son propias o atribuidas por delegación. A su vez, dispone que las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las anteriores cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. Para ello, se establece que serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. No obstante, el apartado 3 del
artículo único del repetido Decreto ley 22/2020, establece que el ejercicio por los ayuntamientos de las funciones citadas en su apartado 1 no requerirá, en ningún caso, los informes previos que establece el artículo 7.4 de la LRBRL, de tal forma que las entidades locales han podido continuar con la gestión y financiación de sus escuelas de educación infantil de primer ciclo debidamente autorizadas. Así, el presente instrumento de cooperación, no solo da cumplimiento lo dispuesto en el ya mencionado apartado 4 del señalado artículo único del Decreto ley 22/2020, sino que, establece las fórmulas de gestión y financiación compartida que permitirá dar continuidad al funcionamiento de las escuelas municipales que imparten el primer ciclo de educación infantil, y al progresivo incremento de la oferta de plazas en el mencionado ciclo educativo.
La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, establece en su artículo 10 que los municipios podrán ejercer, ademas de las competencias propios y las delegadas, aquellas otras que cumpliendo con los requisitos legales, promuevan actividades y servicios que contribuyan a satisfacer necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Así mismo, el artículo 11 señala que los municipios canarios asumirán, en todo caso, las competencias que les asignen como propias, las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias, entre otras, en materia de educación. De esta forma, la referida LCENU atribuye competencias a los municipios en materia educativa conforme se desprende de sus
artículos 2, 5, 6, 11 y 15, ello sin olvidar lo dispuesto en la Disposición transitoria segunda de la citada Ley 7/2015, de 1 de abril.
Cuarto.- La Consejería ostenta la competencia en materia de enseñanza no universitaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías.
Quinto.- La Federación Canaria de Municipios es una asociación sin ánimo de lucro integrada por todos los municipios de Canarias, con personalidad jurídica plena, constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones Canarias, según las previsiones de la Disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL). La FECAM está debidamente inscrita en el registro de asociaciones canarias, tal como exige la normativa vigente.
La FECAM es una asociación creada para la protección y promoción de los intereses comunes de todos los municipios canarios, con respeto y observancia de la autonomía local de todos ellos, tal como dispone el artículo 2 de sus Estatutos. Tiene entre sus fines, apoyar, dentro de sus competencias, toda clase de iniciativas públicas y privadas que tengan la finalidad de mejorar los servicios públicos municipales, la elevación del nivel y calidad de vida de los canarios y canarias, el fomento de nuestro acervo autóctono y la defensa de la cultura, costumbres y tradiciones, de Canarias en su conjunto.
La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, reconoce a la FECAM la representación institucional de los municipios en sus relaciones con la Administración Pública de Comunidad Autónoma Canaria. Asimismo, el artículo 8.1.f) de sus Estatutos le reconoce en cumplimiento de sus fines la competencia para “colaborar y convenir, lealmente y en materia de interés mutuo, con las Administraciones Públicas que así lo requieran, y siempre y cuando no se invadan o suplanten las competencias estrictamente municipales”.
Sexto.- El régimen jurídico de los Convenios que se celebren se encuentra recogido, con carácter general, en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, norma estatal de carácter básico, que los define en su artículo 47 como acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las administraciones públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público, vinculadas o dependientes, entre sí o con sujetos privados para un fin común.
Asimismo, resulta de aplicación el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Por cuanto antecede, las Administraciones Públicas intervinientes se reconocen mutuamente capacidad legal y acuerdan suscribir el presente Convenio de Cooperación con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.
El presente Convenio marco tiene por objeto regular la cooperación entre la Consejería y la FECAM, como entidad representativa de los intereses municipales, con el fin de establecer las condiciones generales para la gestión y financiación compartida del primer ciclo de educación infantil (0-3 años) en las escuelas de educación infantil de titularidad municipal debidamente autorizadas, resultando de aplicación a aquellos ayuntamientos titulares de las mismas que se adhieran a través de la suscripción de los correspondientes convenios específicos; siendo la finalidad última del mismo garantizar la actual red de escuelas infantiles de titularidad municipal, su incremento, así como la ampliación o mejora de las existentes.
Segunda.- Compromisos generales de las partes:
1. La FECAM se compromete a:
a) Remitir directamente a los ayuntamientos canarios el presente Convenio así como dar difusión de su contenido a través de su web corporativa pudiendo hacer uso, a su vez, de sus redes sociales incorporando, en todo caso, el número o números de teléfono habilitados para las consultas que puedan efectuarse.
b) Servir de interlocutor entre los Ayuntamientos y la Consejería.
c) Prestar asistencia a los ayuntamientos respecto de las cuestiones relativas al objeto del presente Convenio.
d) Recabar las solicitudes de los ayuntamientos para la formalización de los correspondientes convenios específicos de adhesión y remitirlas a la Consejería a través de su sede electrónica en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a su recepción.
e) Suscribir con la Consejería el correspondiente convenio de colaboración a que se refiere el artículo 16.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para la entrega y distribución de los fondos conforme a las fórmulas de financiación compartida acordadas en el presente Convenio y las que, dentro de los límites acordados, se establezcan en cada caso con los ayuntamientos adheridos.
f) Recabar de las entidades locales que se adhieran al presente Convenio toda la documentación relativa a la gestión y la financiación de las escuelas de educación infantil de primer ciclo, conforme se establezca en los correspondientes convenios específicos de adhesión.
g) Cualquier otra que se le encomiende por acuerdo de la Comisión de Seguimiento regulada en la cláusula séptima.
2. La Consejería se compromete a:
a) Facilitar a la FECAM, a través de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, toda la información o documentación que resulte necesaria para la cumplimentación de los objetivos del presente Convenio, así como realizar los trámites precisos para la consecución de lo previsto en el presente Convenio.
b) Celebrar reuniones periódicas de coordinación y seguimiento del Convenio con la FECAM, a través de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula sexta del presente Convenio.
Tercera.- Compromisos de gestión compartida aplicables a las escuelas de educación infantil de titularidad municipal autorizadas que impartan el primer ciclo de educación infantil (0-3 años).
1. La Consejería se compromete a:
a) Respetar la autonomía de las corporaciones locales para la gestión de sus Escuelas Infantiles en todos aquellos aspectos que no afecten a su marco competencial como administración educativa.
b) Proporcionar a cada escuela de educación infantil municipal el acceso a la aplicación informática “Pincel Ekade” de la Consejería para su uso como herramienta de gestión administrativa y académica.
c) Proporcionar, previa autorización de las personas que integran la correspondiente lista de empleo de personal docente, un listado de las mismas con indicación de su titulación, para su utilización al objeto de efectuar posibles contrataciones.
d) Prestar asesoramiento técnico en relación con las prescripciones que debe seguir el Ayuntamiento para la ejecución de las obras que resulten necesarias en las escuelas municipales, a los efectos de cumplir con los requisitos exigibles a los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil en el ámbito autónomico de acuerdo con lo dispuesto en la Orden departamental de 3 de febrero de 2009, por la que se establece la adecuación de los requisitos para la creación o autorización de centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la determinación del régimen transitorio regulado en el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre; así como con relación a la elaboración o modificación del plan de autoprotección del centro, sobre el material educativo y didáctico idóneo para el alumnado matriculado y sobre la normativa educativa aplicable, en particular, en lo relativo a los aspectos pedagógicos.
e) Dar soporte y orientación al personal de la Escuela de Educación Infantil sobre la atención a niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello se podrá implicar al equipo de orientación educativa y psicopedagógico que desarrolle estas funciones en otros niveles educativos de la zona o, en su caso, al equipo de orientación educativa y psicopedagógico específico que corresponda.
f) Impulsar la formación inicial y permanente del personal docente y no docente de las escuelas de educación infantil.
g) Garantizar y supervisar la adecuada atención educativa del alumnado de las Escuelas Infantiles a través de las facultades que tiene encomendadas la Inspección de Educación.
h) Proporcionar a los ayuntamientos que se adhieran al presente Convenio, la señalización exterior identificativa que permita, tanto a las personas usuarias de las escuelas municipales como a la ciudadanía en general, conocer qué escuelas de educación infantil se están gestionando de forma compartida por la Consejería y el ayuntamiento que ostente su titularidad.
i) Impartir las instrucciones relativas a interpretación de las condiciones o requisitos establecidos en el presente Convenio, que no se encuentren atribuidas a la Comisión de Seguimiento.
2. Los ayuntamientos que se adhieran al presente Convenio, asumirán los siguientes compromisos:
a) Mantener durante todo el tiempo de vigencia del Convenio las plazas escolares del primer ciclo de educación infantil autorizadas por la Consejería.
b) Remitir semestralmente certificación del número de plazas escolares ocupadas en cada una de las Escuelas de Educación Infantil que tenga autorizadas, y cuanta otra documentación le sea requerida por la Consejería en relación con las obligaciones que de forma específica se puedan establecer en el correspondiente convenio específico de adhesión.
c) Impulsar la participación y cooperación efectiva entre la escuela y las familias.
d) Contribuir al establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración entre las administraciones públicas a nivel autonómico, insular, local e intersectorial (educación, sanidad, asuntos sociales, justicia).
e) Contribuir al establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración con los centros que imparten el segundo ciclo de educación infantil de titularidad pública.
f) Aportar el personal docente y no docente para el funcionamiento de la escuela infantil.
g) Elaborar una propuesta pedagógica y cumplir con lo establecido en la normativa vigente en relación a los contenidos educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación.
h) Utilizar la aplicación informática “Pincel Ekade” de la Consejería como herramienta para la gestión administrativa y académica.
i) Colocar en la fachada de las escuelas de educación infantil la señalización identificativa
a que se refiere la letra h) del apartado anterior.
Cuarta.- Compromisos de financiación compartida respecto de las escuelas de educación infantil de titularidad municipal autorizadas que impartan el primer ciclo de educación infantil (0-3 años).
1. Las cuotas de las plazas públicas del primer ciclo de educación infantil se financiarán de forma compartida entre la Consejería, la Entidad Local titular de la escuela de educación infantil y las familias de acuerdo con la distribución que figura en la tabla siguiente:
Ver anexo en la página 720 del documento Descargar
2. La Consejería se compromete a:
a) Cofinanciar los conceptos de cuota general y comedor de cada una de las plazas escolares autorizadas en las escuelas municipales, hasta el límite de los porcentajes máximos de financiación que se indican en la tabla anterior, partiendo de la estimación del coste de referencia de cada plaza escolar hasta un máximo de 300 euros.
b) En función de las disposiciones presupuestarias se podrá actualizar anualmente el importe a financiar por la Consejería.
3. Los ayuntamientos se comprometen a:
a) Asumir el coste del mantenimiento y la reposición del equipamiento y del material didáctico necesarios para el correcto funcionamiento de cada escuela infantil, según las prescripciones técnicas establecidas por la Consejería. Asimismo, el Ayuntamiento correrá con todos los gastos de funcionamiento del centro como pueden ser suministro de agua, luz o teléfono, y material fungible.
b) Realizar la baremación de las rentas familiares del alumnado escolarizado, a fin de determinar en cada caso los porcentajes de financiación de las plazas de las partes. Repercutir en las cuotas que abonan las familias el porcentaje sufragado por la Consejería.
4. Tramos de financiación:
La distribución de la financiación se efectúa considerando los niveles de renta de la unidad familiar en tramos, de tal manera que para el cálculo de la renta de la unidad familiar, y tomando como valor de referencia el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) 2020, se establecen cinco tramos de renta de la unidad familiar:
A) Alumnado cuya renta familiar anual supere tres veces y medio el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en familias de uno a cuatro miembros computables.
B) Alumnado cuya renta familiar anual se encuentre entre tres veces y medio y tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente. A partir del cuarto miembro este límite se incrementará en 1.600,00 euros por cada miembro computable.
C) Alumnado cuya renta familiar anual se encuentre entre tres veces y dos y medio el indicador público de renta de efectos múltiples vigente. A partir del cuarto miembro este límite se incrementará en 1.600,00 euros por cada miembro computable.
D) Alumnado cuya renta familiar anual se encuentre entre dos veces y medio y uno y medio del indicador público de renta de efectos múltiples vigente. A partir del cuarto miembro este límite se incrementará en 1.600,00 euros por cada miembro computable.
E) Alumnado cuya renta familiar anual no supere uno y medio el indicador público de renta de efectos múltiples vigente. A partir del cuarto miembro este límite se incrementará en 1.600,00 euros por cada miembro computable.
Son miembros computables de la unidad familiar a los efectos del presente Convenio:
A) El/La alumno/a matriculado/a en la escuela de educación infantil.
B) El padre y la madre, el tutor/a o persona encargada de la guarda y protección del menor, en su caso.
C) En el caso de divorcio o separación legal de los progenitores, no se considerará miembro computable aquel que no conviva con el/la menor escolarizado/a, sino en su caso el/la nuevo/a cónyuge o persona unida por análoga relación, cuyas rentas se incluirán dentro del computo.
D) No se aplicará lo previsto en el párrafo anterior cuando la persona solicitante se encuentre en situación de custodia compartida, integrando en este supuesto la unidad familiar las personas relacionadas en el apartado B, con independencia de la no convivencia de ambas en el mismo domicilio.
Quinta.- Requisitos de la entidades locales que deseen adherirse al presente Convenio mediante la suscripción de convenios específicos.
1. Podrán adherirse al presente Convenio las entidades locales titulares de Escuelas de Educación Infantil debidamente autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, y en la Orden de 3 de febrero de 2009, por la que se establece la adecuación de los requisitos para la creación o autorización de centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como la determinación del régimen transitorio regulado en el Decreto 201/2008, de 30 de septiembre.
2. Procedimiento de adhesión:
Aquellos ayuntamientos que cumplan con los requisitos previstos en el apartado anterior, deberán remitir a la FECAM, a través de su sede electrónica, la solicitud de adhesión al presente Convenio conforme al modelo que figura en el anexo y esta, en el plazo de
10 días desde su recepción, la remitirá a la Consejería que, a través de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa llevará a cabo los trámites pertinentes para la suscripción de los convenios específicos de adhesión.
Sexta.- Comisión de Seguimiento.
1. Se creará una Comisión paritaria de Seguimiento cuyas funciones serán las de resolver cuantas cuestiones pueda plantear la interpretación y el cumplimiento del presente Convenio.
2. El quórum necesario para la válida constitución de la Comisión será el de mayoría de sus miembros, adoptándose sus acuerdos por mayoría de votos.
La Comisión se podrá constituir, convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. En las sesiones que se celebren a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se empleen medios electrónicos que aseguren la identidad de los miembros. La suplencia de alguna de las personas integrantes de la Comisión deberá comunicarse, mediante documento suscrito por titular y suplente, a través de su Presidencia con una antelación mínima de
3 días a la fecha de la convocatoria. La suplencia de la Presidencia se comunicará en el mismo acto por quien vaya a ejercerla, debiendo aportar la citada documentación.
3. La Comisión de Seguimiento estará formada por cuatro (4) vocales, con voz y voto:
- Dos (2) vocales, en representación de la Consejería.
- Dos (2) vocales, en representación de la FECAM.
La Presidencia corresponderá a uno de los representantes de la Consejería.
A las reuniones podrán asistir, como asesores, los técnicos que se juzgue conveniente, de acuerdo con la naturaleza de los asuntos a tratar.
4. Le corresponde a la Comisión de Seguimiento el conocimiento de las incidencias que puedan surgir durante el periodo de vigencia del Acuerdo, de las circunstancias que concurran en la ejecución de los compromisos adoptados.
Asimismo, le corresponde el dictado de instrucciones necesarias para asegurar su adecuada realización, así como informar a las partes signatarias de las incidencias acaecidas durante su ejecución y la propuesta razonada de su modificación.
5. El funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo siguiente:
- Secretaría y actas: actuará como Secretario de la Comisión un Técnico de Administración General, Rama Jurídica, perteneciente a la Consejería, que no será considerado como vocal de la Comisión de Seguimiento.
- Lugar de celebración: las sesiones de la Comisión se celebrarán presencialmente en el lugar que en cada caso designe la Presidencia, sin perjuicio de la posibilidad de su celebración a distancia por medios electrónicos.
- Periodicidad de las sesiones: la Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, por convocatoria de su Presidente, y, al menos, una vez durante la vigencia del presente Convenio.
Asimismo, se reunirá como mínimo una vez al año, y cuantas veces sea necesario para evaluar el desarrollo de los objetivos del presente Convenio.
La asistencia de estas sesiones, por parte de los vocales en representación de la Consejería, se dispondrá entre las acciones propias del desempeño de su trabajo, y no conllevarán el cobro de indemnizaciones establecidas en el artículo 3 del Decreto 251/1997, de 30 de septiembre.
- Régimen jurídico: la Comisión Mixta de Seguimiento se regulará, en cuanto a su funcionamiento, régimen de acuerdos y sesiones, por las previsiones anteriores y, supletoriamente, por las disposiciones contenidas en la normativa administrativa común para el funcionamiento de los órganos colegiados.
Séptima.- Vigencia y prórroga.
El presente Acuerdo Marco, que será publicado en el Boletín Oficial de Canarias, entrará en vigor el día 1 de enero de 2022 y su duración será de 4 años, salvo denuncia expresa de incumplimiento o resolución formulada por cualquiera de las partes.
En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, la partes podrán acordar unánimemente su prórroga, cuya duración deberá ajustarse al límite establecido en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Una vez publicado en el Boletín Oficial de Canarias, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de la citada publicación, se inscribirá en el Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Octava.- Modificación.
El presente Acuerdo Marco se podrá modificar a instancias de cualquiera de las partes firmantes, previo acuerdo unánime de estas, al objeto de regular aquellas cuestiones no incorporadas al presente o para corregir aquellas determinaciones que dificulten la consecución de las actuaciones convenidas, mediante la suscripción de la correspondiente adenda, previo cumplimiento de todos los trámites y requisitos que resulten preceptivos.
Novena.- Causas de extinción.
El presente Acuerdo Marco se extinguirá por cumplimiento de su objeto o si concurre cualquiera de las causas de resolución previstas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La resolución dará lugar a los siguientes efectos:
a) Cuando la resolución obedezca a mutuo acuerdo, las partes, previo informe de la Comisión de Seguimiento, suscribirán acuerdo específico en el que se detalle el modo de terminación de las actuaciones en curso.
b) Cuando la resolución se deba al incumplimiento total de las obligaciones por parte de cualquiera de los firmantes o en aquellos incumplimientos parciales de aquellas actuaciones que, a juicio de la Comisión de Seguimiento mediante informe motivado, resulten esenciales o indispensables para la correcta y completa ejecución del Convenio.
Décima.- Protección de datos de carácter personal.
Las instituciones firmantes, deberán respetar las prescripciones del Reglamento
(UE) 2016/679, del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y a la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con los datos que se obtengan con motivo de la ejecución de las actuaciones previstas en el presente Convenio.
Undécima.- Naturaleza y régimen jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y, por consiguiente, se estará a los principios de Derecho Administrativo, siendo el régimen aplicable el dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, en el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la citada norma, siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de esta ley y del resto del ordenamiento jurídico administrativo, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse en relación con la interpretación y aplicación del Convenio.
Duodécima.- Jurisdicción.
Las partes acuerdan expresamente someter las cuestiones que pudieran suscitarse como consecuencia de la vigencia, cumplimiento o extinción del presente Acuerdo Marco a la Jurisdicción de los Jueces y Tribunales del Orden de lo Contencioso-Administrativo sitos en Santa Cruz de Tenerife.
Y las partes, en prueba de conformidad con lo pactado en el presente Convenio, que se extiende por duplicado ejemplar y a un solo efecto, lo firman a continuación en el lugar y fecha indicados en el encabezado.- La Excma. Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas Rodríguez.- La Presidenta de la FECAM, María Concepción Brito Núñez.
Ver anexo en la página 726 del documento Descargar
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