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BOC Nº 5. Miércoles 9 de Enero de 2019 - 98

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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria

98 EDICTO de 12 de diciembre de 2018, relativo al fallo de la sentencia dictada en los autos de procedimiento de familia. Divorcio contencioso nº 0001341/2017.

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BOC-A-2019-005-98. Firma electrónica - Descargar

D./Dña. María Luisa de la Puente Arrate, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado se ha dictado sentencia en los autos que luego se dirá, cuyo encabezamiento y fallo tienen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de julio de 2018.

Vistos y examinados por Dña. María Cristina Caja Moya, Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia nº Tres de esta Localidad y su Partido, los autos de Divorcio Contencioso, seguidos con el nº de orden 1341/17 promovidos a instancia de Dña. Lidia Esther Santana Bonilla, representada por el/la Procurador/a Sr. Ojeda Delgado y asistida de el/la Letrado/a Sr. Capote Campoy contra D. Kamal Boubli Azuay, en rebeldía, estando presente el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que estimando en parte la demanda formulada por la representación procesal de Dña. Lidia Esther Santana Bonilla contra D. Kamal Boubli Azuay:

1. Se atribuye el ejercicio exclusivo de la patria potestad a la madre, de tal manera que esta pueda ejercitar derechos y deberes de forma exclusiva sin necesidad de contar con el padre, dada la actitud de despreocupación total y absoluta y constante en el tiempo, que ha manifestado el progenitor no custodio, sin ni siquiera manifestar su paradero.

La Audiencia Provincial de Cantabria (Sección Segunda) en sentencia de 9 de septiembre de 2015, manifiesta: "En el presente caso, es patente el poco esfuerzo probatorio desplegado por la demandante en aras a acreditar los hechos alegados en la demanda y en los que insiste en su recurso, debiendo recordarse que la rebeldía del demandado no constituye sin más una admisión de los hechos ni puede ser considerada como una allanamiento.

No obstante, teniendo en cuenta la facilidad probatoria de que disponía el demandado para aportar pruebas contradictorias con los hechos alegados en la demanda y que por su naturaleza negativa resulta de más difícil prueba para la parte actora, ha de aceptarse lo expuesto en la sentencia de instancia acerca de la pasividad e incumplimiento por parte del demandado de sus deberes paterno-filiales para con su hijo menor, tanto a nivel económico por el impago de los alimentos, como personal por la falta de cumplimiento del régimen de visitas en su día fijado judicialmente; pero abundando en lo que ya se razona en la recurrida no se acredita un incumplimiento de tal entidad y gravedad que justifique la privación de la patria potestad, ni puede afirmarse que ello sea beneficioso para el menor o necesario para evitarle algún mal o perjuicio, lo que no se justifica.

No obstante, la conducta de incumplimiento y pasividad a que alude la sentencia de instancia no se cohonesta con la atribución del ejercicio conjunto de la patria potestad por ambos progenitores acordado en la sentencia de 16 de noviembre de 2011 que se trata de modificar, al punto de que puede entorpecer indudablemente el ejercicio de la misma por doña Paloma; pero la solución ha de venir en este caso, como la propia recurrente admite en su escrito de recurso, no por la privación al padre de la titularidad misma de la patria potestad, sino por la atribución en exclusiva de su ejercicio a la madre en aplicación de lo dispuesto en el artículo 156.4 Código Civil puesto que el menor convive en exclusiva con doña Paloma, ya que se ha dejado en suspenso en la sentencia de instancia -en pronunciamiento no combatido y que resulta adecuado dadas las circunstancias-, el régimen de visitas que venía establecido entre el menor y su padre: lo que supone, en definitiva, la suspensión del ejercicio por parte de don Higinio de la patria potestad, sin perjuicio de su posible recuperación si se modificasen las circunstancias y en interés del menor."

2. En cuanto a la guarda y custodia, procede su atribución a la madre, progenitora con la que conviven las menores, sin que exista ninguna circunstancia que permita presumir que por esta no se desempeñen adecuadamente las funciones de guarda.

3. En lo referente a las comunicaciones y estancias de las menores con su padre, debe recordarse que el régimen de vistas ha de ser considerado como una continuación o reanudación de la relación paterno-filial que trata de evitar la ruptura por falta de convivencia de los lazos de afecto que deben mediar entre padres e hijos (STS 9 de octubre de 1992), en cuanto deben ser conciliados distintos intereses protegibles, como son el del relativo al mantenimiento de la relación materno o paterno-filial (que se acrecienta y desarrolla a través del mutuo contacto), el derecho al desarrollo integral de los menores (que se enriquece con dicho contacto), y el derecho de ese progenitor no conviviente a que no se ponga en peligro esa relación debido a ingerencias nacidas de las irreconciliables posturas de enfrentamiento que surgen entre aquellos como consecuencia de su separación táctica.

El denominado "derecho de visitas", es configurado como un derecho-deber cuyo adecuado cumplimiento no tiene por finalidad satisfacer los derechos o deseos de los progenitores, sino principalmente, y casi exclusivamente, cubrir las necesidades afectivas y educacionales de los hijos en aras a su desarrollo armónico y equilibrado. A tenor de los artículos 94 y 154 del Código Civil la regla general es la de que todo progenitor que no tenga la guarda y custodia del menor se le establezca un derecho de visita, salvo que por excepción se limita o suspenda si se acredita cumplidamente la existencia de graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial, de lo que cabe inferir que tales supuestos deben ser objeto de una interpretación restrictiva.

Cabe reseñar finalmente que en esta materia el interés del menor es el principio esencial que debe atenderse, básicamente en aplicación de los artículos 39.3 de la Constitución Española y 92, 93, 103, 154 y 170 del Código Civil.

En el caso enjuiciado, tal y como quedó probado en la vista a través del interrogatorio de la actora, la relación de las menores con su padre es inexistente.

Siendo esto así y en consonancia con lo interesado por la actora en el juicio y el Ministerio Fiscal, no se establece un régimen de visitas del padre con sus hijas sin perjuicio de que el mismo, solicite una modificación de medidas si reanuda el contacto con sus hijas.

4. Resta por determinar el importe de la prestación alimenticia a satisfacer por el demandado, en cuyo concepto se solicita la suma de 300 euros mensuales (150 euros por cada hija), más 50% de los gastos extraordinarios.

A este respecto es preciso recordar que la obligación de dar alimentos cuando afecta a los menores es una de las obligaciones de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico, alcanzando rango constitucional como taxativamente establece el artículo 39 de la Constitución Española. Tal obligación resulta por modo inmediato de la generación y es uno de los contenidos ineludibles de la Patria Potestad (artº. 154 del C. Civil), habiendo señalado el Tribunal Supremo que la posible precariedad económica del alimentante, no le exime del cumplimiento de dicha obligación inherente al hecho de la generación, sin que la obligación de prestar alimentos resulte afectada "por las limitaciones propias del régimen legal de alimentos entre parientes (Sentencia Tribunal Supremo Sala 1ª, S 24.10.2008).

Partiendo de dicha consideración, teniendo en cuenta que la madre manifestó en la prueba de interrogatorio que desconoce los ingresos del demandado; atendiendo también a la ausencia de recursos de la madre, y a las necesidades de las menores, procede señalar por el concepto indicado y con cargo al demandado la suma de 300 euros mensuales (150 euros por cada menor), suma que habrá de ser ingresada dentro de los cinco primeros días de mes en la cuenta corriente que designe la actora, y que es el mínimo exigible para poder subvenir con cierto rigor a las necesidades de las hijas.

Los gastos extraordinarios que se produzcan en la vida de las menores, entendiendo por tales los que tengan carácter excepcional y no sean previsibles, como gastos de enfermedad, prótesis ópticas o dentales, o cualquier otro gasto sanitario no cubierto por el Sistema Público de Salud de la Seguridad Social, serán sufragados por ambos progenitores por mitad siempre que medie previa consulta (salvo supuestos excepcionales urgentes en que ello no sea posible) al progenitor no custodio sobre la procedencia del gasto y acuerdo de ambos, o en su defecto, autorización judicial.

- Respecto a la solicitud de la parte actora de que se prohíba la salida del territorio nacional de las menores; se prohíba la expedición del pasaporte a las mismas y se someta a autorización judicial previa cualquier cambio de domicilio de las menores, no se acuerdan ninguna de las mencionadas medidas pues se atribuye el ejercicio de la patria potestad a la madre, por lo que será la madre la única que decida si expide o no el pasaporte a sus hijas; si salen del territorio nacional o cambian de domicilio, sin necesidad de contar con el consentimiento paterno.

Una vez firme esta sentencia, remítase testimonio de la misma al Encargado del Registro Civil del lugar donde esté inscrito el matrimonio y el nacimiento de los hijos.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de Apelación, el cual deberá ser presentado en el plazo de veinte días.

Expídase y únase certificado de esta sentencia a las actuaciones, llevando el original al Libro de Sentencias.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: leída y publicada fue la anterior sentencia por el Juez que la ha dictado, estando constituido en Audiencia Pública en el mismo día de su fecha, ante mí la Secretario Judicial. Las Palmas, fecha ut supra.- Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D./Dña. Kamal Boubli Azuay, expido y libro el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de diciembre de 2018.- El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

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