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BOC Nº 195. Lunes 29 de Septiembre de 2008 - 3773

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo, Industria y Comercio

3773 - Dirección General de Energía.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16 de septiembre de 2008, sobre reclamación que formula Endlebury Rock, S.L., contra Endesa Distribución Eléctrica, S.L., relativa a extensión de red.- Expte. DE: 07/194.

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Habiéndose intentado sin éxito la notificación de la Resolución sobre reclamación que formula Dña. Tomasa Casares Santos en nombre y representación de Endlebury Rock, S.L., contra Endesa Distribución Eléctrica, S.L., y de acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Director General de Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Notificar a Dña. Tomasa Casares Santos actuando en nombre y representación de Endlebury Rock, S.L. la Resolución que se acompaña como anexo mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

2.- Remitir la presente Resolución al Iltre. Ayuntamiento de Tinajo para su inserción en el tablón de edictos del citado municipio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Mendoza Grimón.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA SOBRE LA RECLAMACIÓN QUE FORMULA ENDLEBURY ROCK, S.L. CONTRA ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., RELATIVA A EXTENSIÓN DE RED (EXPEDIENTE DE: 07/194).

Examinado el expediente administrativo DE: 07/194 promovido por Endlebury Rock, S.L y referente a extensión de red.

Resultando que, con fecha 21 de septiembre de 2007, Dña. Tomasa Casares Santos presentó, en nombre y representación de Endlebury Rock, S.L., escrito de reclamación mediante el cual reclama la conexión urgente a la red eléctrica de la parcela nº 127 de la Urbanización Montaña Roja de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, Lanzarote. Denuncia además el intento por parte de la empresa distribuidora de suministro eléctrico de cobrar el refuerzo de la infraestructura eléctrica para una solicitud de suministro de 93,08 kW en una parcela con la condición de solar en la que se ubican doce viviendas.

En escrito adjunto a la reclamación se detalla la misma y se informa de que Endlebury Rock, S.L. realizó una solicitud de suministro por una potencia de 93,08 kW para la parcela 127 de la Urbanización Montaña Roja en Playa Blanca (Yaiza) a la que la empresa suministradora Unelco Endesa dio respuesta el 14 de agosto de 2007 con la referencia de solicitud 0140225. Se adjunta dicha comunicación.

Unelco-Endesa comunicaba que el punto de conexión deberá ser el cuadro de baja tensión de la estación transformadora C300695 "Lanzarote Plots", previa adaptación del mismo para tal fin. Indicaba igualmente que todos los costes tanto de las instalaciones de extensión como del refuerzo de la infraestructura eléctrica necesaria debían correr por cuenta del solicitante.

Por todo ello condicionan la atención del suministro solicitado al refuerzo necesario y en las condiciones que la empresa determina, y así afirman que "... este punto de conexión queda condicionado a la puesta en servicio de la solución integral para el refuerzo de la infraestructura eléctrica general de alimentación a la Urbanización Montaña Roja de conformidad con el proyecto que a tal fin se redacte ..."

Sin embargo esta decisión no es conforme con el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, ya que la parcela 127 de la Urbanización Montaña Roja en Playa Blanca (Yaiza) tiene condición de solar y es por tanto obligación de la empresa suministradora el realizar los refuerzos adecuados de la infraestructura eléctrica que considere necesaria para garantizar el suministro solicitado sin cargo alguno al solicitante.

Se entrega con este escrito el certificado del Ayuntamiento de Yaiza, junto con el informe del técnico municipal en el que se constata que el sector 127 del Plan Parcial Montaña Roja tiene en la actualidad condición de solar.

Por tanto, afirma el denunciante, en aplicación del artículo 45.1 del precitado Real Decreto 1.955/2000, al realizar un suministro de 93,08 kW. Superior a los 50 kW el peticionario deber realizar a su costa la instalación de extensión necesaria, pero no determina que los refuerzos necesarios deban ser a su costa, sino que el mantenimiento y desarrollo de la red de distribución es una obligación de la empresa distribuidora.

Como apoyo del punto anterior se entrega con este escrito el "Informe sobre las consultas planteadas por Endesa Red, S.A. sobre conflictos en algunos territorios de la Comunidad Autónoma de Canarias" realizado por el CNE, Comisión Nacional de Energía, con fecha 11 de mayo de 2006.

En este informe, que la propia empresa suministradora solicita del CNE, en un gesto de reconocimiento de su capacidad y calificación para el arbitraje, ante la cuestión planteada en el punto 4 sobre quién es el agente que debe soportar el coste de las instalaciones de extensión necesarias y suficientes para nuevos suministros en suelo urbano con condición de solar y potencia suministrada mayor de 50 kW en BT y 250 kW en A T de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 6/1998 y en el Real Decreto 1.955/2000, se contesta:

"En base a lo establecido en el artículo 45 del citado Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, cabe señalar que en suministros en suelo urbano con la condición de solar, si la potencia solicitada para un suministro supera el límite de 50 kW en baja tensión, o de 250 kW en alta tensión, la empresa suministradora no queda obligada a ejecutar a su cargo las instalaciones de extensión. Asimismo, cabe destacar que en dichos casos en que la obligación de la ejecución de las instalaciones de extensión no recaiga en la empresa suministradora ésta no puede cobrar los llamados "derecho de extensión ya que los mismos sólo pueden aplicarse en los casos en que la empresa suministradora ejecute a su costa las citadas instalaciones de extensión.

No obstante, cabe destacar que si el suministro solicitado está ubicado en suelo urbano con la condición de solar, en dicha categoría del suelo debería existir una infraestructura eléctrica que posibilitara la atención de dicho suministro, dado que una de las obligaciones de las empresas distribuidoras es el desarrollo de la red de distribución y por ello se les retribuye".

Se deduce de todo ello que si bien el peticionario en el caso que se presenta debe aceptar realizar las instalaciones de extensión a su cargo, es obligación de la empresa suministradora Unelco Endesa el realizar los refuerzos de la red que ésta considerase oportunos a su cargo.

Por todo lo expuesto en su reclamación Endlebury Rock, S.L. solicita que se de trámite a la presente denuncia y se resuelva obligar, conforme a la Ley vigente, a la empresa suministradora Unelco Endesa a atender la petición del suministro de 93,08 kW en las condiciones que dispone la ley sin condicionantes sobre el posible refuerzo de la infraestructura eléctrica general de alimentación, y de ser necesario este refuerzo que la empresa suministradora lo realice con la mayor prontitud y a su cargo.

Resultando que, con fecha 24 de septiembre de 2007, la Dirección General de Industria y Energía da traslado de la reclamación a la empresa distribuidora con el objeto de que informe sobre el particular en el plazo de diez días.

Resultando que, con fecha 5 de octubre de 2007, la empresa distribuidora remite escrito de contestación mediante el cual informa en los siguientes términos:

· Con fecha 29 de junio de 2007 mediante nuestro escrito de referencia 0140225, del cual se adjunta copia, se contestó a Endlebury Rock, S.L. sobre el punto de conexión y condiciones del mismo para atender el suministro solicitado para la parcela 127 de la Urbanización Montaña Roja por 93,08 kW.

· El punto de conexión facilitado para este suministro es el cuadro de BT del CT C300695 "Lanzarote Plots" tal y como se prevé en el proyecto de reordenación para la Urbanización Montaña Roja con expediente AT-07LZ09. Por otro lado, le informaron de que actualmente existe una acometida subterránea para esta parcela con conductor de 150 mm2 ejecutada por el promotor de la misma, de la cual desconocen el estado de legalización, y que en el futuro se conectará en el cuadro de BT que han dado como punto de conexión.

· En cualquier caso y atendiendo al artº. 45 del Real Decreto 1.955/2000, cuando se trate de suministros en BT superiores a 50 kW y, se trate de suelo urbano con o sin condición de solar, le corresponde al solicitante realizar a su costa la instalación de extensión necesaria, de acuerdo tanto con la condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, como con las establecidas por la empresa distribuidora y aprobadas por la Administración competente.

· Independientemente de lo anterior, para poder atender actualmente las nuevas solicitudes de suministro o ampliaciones de potencia dentro de esta urbanización, será necesario que se ejecute y se pongan en servicio los refuerzos de la red de alimentación de dicha urbanización, con capacidad adecuada tanto para las necesidades que actualmente se están presentando como para las previstas en el futuro y que están contempladas en el proyecto de reordenación de la infraestructura eléctrica a la Urbanización Montaña Roja anteriormente mencionado, con expediente AT-07LZ09.

· Que, efectivamente, el punto de conexión para esta solicitud está condicionado al desarrollo de esta solución integral para el refuerzo de línea acometida a la Urbanización Montaña Roja, dada la saturación actual de la línea acometida general "Montaña Roja" que alimenta a dicha urbanización.

· Que en ningún momento se le ha imputado al reclamante Endlenbury Rock, S.L. costo alguno o responsabilidad sobre este refuerzo de red necesario para la urbanización; de hecho el urbanizador ha contemplado en el expediente de reordenación de la Urbanización Montaña Roja (AT-07LZ09), los refuerzos necesarios, sabiendo que la línea de acometida actual a la urbanización está saturada, que hagan posible continuar dotando de suministro eléctrico a las parcelas de reciente construcción, independientemente a la fase de la urbanización a la que pertenezcan.

· Como quiera que este proyecto de reordenación esta aún en fase de autorización por la Consejería de Industria y según el plazo de puesta en marcha tiene un desarrollo a medio-largo plazo (cinco años), y con la problemática de saturación de la línea actual y el volumen de solicitudes de suministros de parcelas a corto plazo, se han visto en la obligación de condicionar estas solicitudes y las que en un futuro pudiesen surgir a la puesta en servicio de estos necesarios refuerzos de red de acometida general a la urbanización Montaña Roja, con el objeto principal que se proceda al desarrollo y ejecución urgente de la primera fase de dichos refuerzos.

Resultando que, con fecha 25 de octubre de 2007, esta Dirección General solicita a Dña. Tomasa Casares Santos que acredite su representación legal de la empresa Endlebury Rock, S.L. en el plazo de diez días.

Resultando que, con fecha 8 de noviembre de 2007, la denunciante aporta documentación complementaria entre la que se encuentra poder notarial otorgado por el administrador de la empresa Endlebury Rock, S.L. a su favor.

Resultando que, con fecha 20 de noviembre de 2007, esta Dirección General solicita a la denunciante que aporte diversos datos de la instalación para la cual se ha cursado la solicitud de suministro eléctrico, entre ellos la referencia del expediente bajo el que se tramitó el proyecto eléctrico de las instalaciones, la descripción de la edificación y uso correspondiente, cálculo de la potencia prevista en la instalación y características de la acometida eléctrica, así como los datos del proyectista.

Resultando que, con fecha 22 de noviembre de 2007, Dña. Tomasa Casares Santos presenta escrito de contestación ante esta Dirección General mediante el cual aporta la documentación solicitada y, en concreto:

- Copia de la carátula del proyecto titulado Red eléctrica en B.T. para doce viviendas unifamiliares en el Sector 127 del PP Montaña Roja, visado el 4 de septiembre de 2003 con número de visado 043235 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias, en la cual se puede observar cómo se ha estampado sello y referencia de expediente asignada por esta Dirección General (ref. LBT 03/305) en fecha 17 de septiembre de 2007. Proyecto redactado por D. Antonio Lorenzo Tejera, Colegiado nº 573 del Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de Canarias.

- Copia de la solicitud de trámite del proyecto, presentada ante esta Dirección General en fecha 17 de septiembre de 2003, expediente LBT 03/305.

- Copia del documento de liquidación de las tasas correspondientes a la solicitud de trámite de proyecto.

La denunciante aporta además escrito en el que trata de aclarar los siguientes puntos:

- Respecto al expediente bajo el que se tramitó el proyecto eléctrico se ha obtenido de la carátula del proyecto y los documentos fotocopiados del expediente L BT 03/305, con número de visado del COICC 43235 de fecha 4 de septiembre de 2003, es decir, se realizó de acuerdo al antiguo REBT. Este proyecto engloba la red de baja tensión exterior a la parcela, la red interior de la parcela la electrificación de las viviendas y la red de alumbrado público de la propia parcela.

- La solicitud de suministro se realiza para una potencia total de 93,08 Kw y el uso correspondiente al suelo es residencial dentro de una urbanización totalmente consolidada.

- La previsión de potencia realizada en el proyecto de referencia es de 73 Kw, estimándose 1 Kw para las necesidades del alumbrado público de la parcela y 72 Kw para las 12 viviendas de la parcela, teniendo en cuenta un grado de electrificación elevada.

La electrificación preveía 8 Kw por vivienda y aplicando los coeficientes de corrección correspondientes salen los 72 Kw estimados en el proyecto.

- La acometida eléctrica a la parcela se diseña en el mismo proyecto de referencia anterior y se proyecta en cable tipo RV 0,6/1 kV de 3,5 x 150 mm2 de sección, con una longitud de 148 m partiendo desde el CT C300695.

El presupuesto total de la partida de acometida a la parcela según el proyecto de referencia es de 10.788,85 euros, teniendo en cuenta la obra civil necesaria (zanjas, tubos y arquetas) y un armario de distribución colocado a la entrada de la parcela para realizar un cambio de sección, ya que en el proyecto se cablea el interior con cable de 50 mm2 de sección.

Resultando que, con fecha 16 de noviembre de 2007, el Servicio Canario de la Salud aportó a requerimiento de esta Administración diversa documentación complementaria sobre el mismo tema, destacando en ella los antecedentes administrativos de las instalaciones existentes, la descripción de las obras y una certificación municipal sobre la calificación urbanística del suelo.

Vista la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario; la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio; el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, modificado por el Real Decreto 1.454/2005, de 2 de diciembre; el derogado Decreto 2.413/1973, de 20 de septiembre, por el que se aprobaba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como el vigente Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión; el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y demás disposiciones de general aplicación.

Considerando que según el párrafo primero del artículo 46 del Real Decreto 1.955/2000 el punto de entrega y las características del suministro serán acordados entre la empresa distribuidora y el solicitante teniendo en cuenta un desarrollo racional y óptimo de la red, con el menor coste y garantizando la calidad del suministro. En caso de discrepancia resolverá el órgano competente de la Administración.

Considerando que en el subapartado d) del apartado 3 del artículo 3 de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007, se establece que entre las competencias de las Comunidades Autónomas está el impartir instrucciones relativas a la ampliación, mejora y adaptación de las redes e instalaciones eléctricas de transporte o distribución de su competencia y supervisar el cumplimiento de las mismas, así como determinar en qué casos la extensión de las redes se considera una extensión natural de la red de distribución o se trata de una línea directa o una acometida en aplicación de los criterios que establezca el Gobierno.

Considerando que las cuestiones planteadas en esta reclamación trascienden en cierta medida el ámbito concreto que reclama el denunciante, pues se dan varios hechos simultáneos cuya naturaleza urbanística y de uso del suelo hacen necesaria su ordenación con objeto de clarificar la toma de decisiones sobre este asunto, dada la repercusión que tendrá no solo en este suministro reclamado sino en otros en similares circunstancias de la zona indicada. Es por ello que hay que considerar:

a) Que existe un número de usuarios que necesitan la energía eléctrica para dotar a sus edificios y/o locales comerciales de suministro eléctrico, acogiéndose a sus derechos básicos.

b) Que resulta evidente que se trata de una zona sometida a un proceso urbanístico planificado que dura varias décadas y que aún no ha culminado, lo que implica la construcción de varias edificaciones cuyo uso principal es el turístico, si bien incorpora otros usos como el comercial y el residencial.

c) Que en este proceso temporal de consolidación del suelo parte del mismo se ha transformado de urbanizable a urbano, y a su vez de urbano a solar, según acredita el Ayuntamiento de Yaiza mediante certificado, como es el caso de las 12 parcelas del sector 127 y de otros suministros en la misma zona, tal y como consta en otros expedientes similares abiertos y que también tienen reclamaciones pendientes de resolución.

d) Que, al mismo tiempo, el urbanizador Club Lanzarote, S.A. tiene en trámite ante esta Administración un proyecto de infraestructura eléctrica para otras áreas de la urbanización que engloba una serie de parcelas pendientes de desarrollo. En la actualidad dicho expediente no ha culminado su procedimiento de autorización (Expediente AT 07/LZ09).

Considerando que los actuales titulares de las edificaciones o locales afectados, son víctimas de una situación no provocada por ellos, y que necesitan del suministro eléctrico para el desarrollo de su legítima actividad. Ha de recordarse que el suministro de energía eléctrica esta declarado servicio esencial, según recoge el artículo 2, apartado 2 de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, de Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio), y además la legislación actual sobre defensa de los derechos del consumidor lo cataloga de "bien de uso común generalizado", según establece el Real Decreto 1.507/2000, de 1 de septiembre, por el que se actualizan los catálogos de productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado.

Por lo tanto lo esencial en este momento es dotar de energía eléctrica a los nuevos usuarios y determinar quien debe asumir el coste económico de tales infraestructuras eléctricas.

Considerando que, según el artículo 41.1.i) del Real Decreto 1.955/2000, será obligación de la empresa distribuidora atender en condiciones de igualdad las demandas de nuevos suministros eléctricos y la ampliación de los existentes, con independencia de que se trate de suministros a tarifa o de acceso a las redes, en las zonas en las que operen, sin perjuicio de lo que resulte de aplicación del régimen de acometidas establecido en el presente Real Decreto. En el mismo sentido se manifiesta el artículo 41.1.e) de la Ley 54/1997 al enumerar entre las obligaciones de la empresa distribuidora la de atender en condiciones de igualdad las solicitudes de acceso y conexión a sus redes y formalizar los contratos de acceso de acuerdo con lo establecido por la Administración.

El mismo artículo de la Ley 54/1997, en su apartado b), establece que será obligación de la empresa distribuidora proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro eléctrico, sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del régimen que reglamentariamente se establezca para las acometidas eléctricas.

Considerando que el artº. 45 del Real Decreto 1.955/2000 determina que la empresa distribuidora que haya de atender un nuevo suministro o la ampliación de uno ya existente, estará obligada a la realización de las infraestructuras eléctricas necesarias cuando dicho suministro se ubique en suelo urbano que tenga la condición de solar, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Cuando se trate de suministros en baja tensión, la instalación de extensión cubrirá una potencia máxima solicitada de 50 kW.

b) Cuando se trate de suministros en alta tensión, la instalación de extensión cubrirá una potencia máxima solicitada de 250 kW.

Cuando la instalación de extensión supere los límites de potencia anteriormente señalados, el solicitante realizará a su costa la instalación de extensión necesaria, de acuerdo tanto con las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, como con las establecidas por la empresa distribuidora y aprobadas por la Administración competente.

Considerando que según certificado del Ayuntamiento de Yaiza de fecha 1 de agosto de 2007 la calificación urbanística del sector 127 es la de suelo urbano con la condición de solar.

Esta Administración viene constatando en esta y otras reclamaciones presentadas de similar naturaleza que la empresa distribuidora, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., actúa como si desconociese la realidad urbanística de la zona en cuestión, considerando que los terrenos tienen una calificación urbanística distinta a la legalmente reconocida por la corporación municipal correspondiente, en un intento premeditado de favorecer sus intereses que se sitúa al margen de la legalidad vigente. Se deriva de este modo de actuar una actitud irresponsable por su parte puesto que el desconocimiento, deliberado o no, de los planes de ordenación y desarrollo del territorio de los distintos municipios acarrearía la nefasta consecuencia de no poder planificar las infraestructuras energéticas en función de las necesidades urbanísticas, lo cual se agrava al considerar que dicha información es pública y fácilmente accesible por diversos medios.

Considerando que, a tenor del anexo 1.3.2 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, es suelo urbano con la condición de solar aquella parcela ya dotada con los servicios que determine la Ordenación Territorial y Urbanística y como mínimo dispondrá de:

1. Acceso con vía pavimentada, debiendo estar abierta al uso público, en condiciones adecuadas todas las vías que lo circunden.

2. Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficiente para la edificación, construcción o instalación prevista.

3. Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o a un sistema de tratamiento con suficiente capacidad de servicio.

4. Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en al menos una de las vías que lo circunden.

Considerando que la empresa distribuidora afirma que no puede concederse la conexión de las instalaciones de referencia hasta que se acometan refuerzos de la infraestructura eléctrica general que alimenta a la Urbanización Montaña Roja, complementarios de los que habrá de ejecutarse en la red de distribución.

En este punto esta Dirección General de Energía, siguiendo el criterio mantenido en otras actuaciones similares, concluye que la pretendida falta de capacidad de la red de 20 kV argumentada por la distribuidora para denegar la solicitud de Endlebury Rock, S.L. es de carácter estructural y denota una falta de previsión por parte de Unelco-Endesa que ha permitido, sea por las razones que sean, llegar a la saturación de la actual red de la zona, saturación que, como se ha visto, no sólo pone en peligro la adecuada atención a los nuevos suministros sino a los actuales. Esta Dirección General entiende que la falta de previsión aquí apuntada no puede ser esgrimida por la empresa distribuidora para denegar la conexión cuestionada ya que se llegaría, llevada al límite, a una situación de permanente denegación del acceso a las redes, y por otro lado iría en contra de lo establecido en el artículo 42 del citado Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, que determina que las redes de distribución deberán ser dimensionadas con capacidad suficiente para atender la demanda teniendo en cuenta las previsiones de su crecimiento en la zona.

Considerando que la solicitud de suministro formalizada por el interesado es para una demanda de potencia de 93.08 kW y por tanto, atendiendo al citado artº. 45 del Real Decreto 1.955/2000, cuando se trate de suministros en BT que demanden potencias superiores a 50 kW, se trate de suelo urbano con o sin condición de solar, le corresponde al solicitante realizar a su costa la instalación de extensión de red de distribución necesaria, de acuerdo tanto con la condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, como con las establecidas por la empresa distribuidora y aprobadas por la administración competente. Debe recordarse que si el suministro eléctrico solicitado está ubicado en suelo urbano con la condición de solar debe existir infraestructura eléctrica que posibilite la atención del nuevo suministro porque la empresa distribuidora, según el párrafo segundo del artículo 42 del Real Decreto 1.955/2000, tiene la obligación de ampliar y desarrollar la red a su costa dimensionándola con capacidad suficiente para atender la demanda teniendo en cuenta las previsiones de su crecimiento en la zona. Es por tanto responsabilidad de la empresa distribuidora evitar que el grado de saturación de las infraestructuras eléctricas ponga en riesgo la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, tanto a los actuales abonados como a los nuevos solicitantes.

Considerando que esta Administración ha constatado en los últimos años que la empresa distribuidora, apoyándose en su situación de monopolio de hecho, ha adoptado la estrategia de transferir parte de sus responsabilidades al solicitante de un nuevo suministro, en la seguridad de que la necesidad vital de energía eléctrica facilita su objetivo, que no es otro que maximizar sus beneficios a costa de disminuir las inversiones. Últimamente dichas prácticas van más allá de financiar la red de distribución y también se exigen parte de la infraestructura de transporte. Esta política empresarial ha conducido, en la práctica, a que los usuarios asuman una parte importante de la financiación de la red de distribución e incluso de la red de transporte, pues en caso contrario su única alternativa es iniciar complejos y largos procesos administrativos o judiciales y, en consecuencia, retrasar el acceso al suministro eléctrico.

En nuestro caso, la argumentación de la empresa distribuidora se basa en considerar que el suelo es urbanizable y en consecuencia exigirle toda la infraestructura y reforzamiento estimado, cuando realmente está tergiversando la realidad urbanística, ya analizada, lo cual por otro lado es coherente con la política empresarial ya comentada.

La generalización de esta práctica por parte de Unelco-Endesa lleva a esta Administración a asegurar sin lugar a dudas que existen muchos otros casos similares y, como muestra de ello, en nuestros archivos custodiamos numerosos casos, muchos de ellos aún abiertos, pues son sistemáticamente recurridos o elevados al contencioso por decisión de la citada empresa, lo que obliga al solicitante del suministro a sufragar a priori toda la infraestructura exigida por la distribuidora y, en el mejor de los casos, reclamar posteriormente.

Considerando que esta Dirección General dictó Resolución, en fecha 24 de octubre de 2007, sobre reclamación formulada por el mismo motivo que la que nos ocupa y en la misma zona. Se trata de la resolución nº 325, por la que se resuelve la reclamación formulada por la entidad mercantil Construcciones Isla de Lobos, S.L. contra la empresa distribuidora de energía eléctrica Endesa Distribución Eléctrica, S.L., Expediente Administrativo DE 07/088 relativo a la negativa de la empresa distribuidora a contratar suministro para unos locales comerciales en el sector 170 del Plan Parcial Montaña Roja (Playa Blanca) Lanzarote, zona urbana con la condición de solar, según certificación urbanística, emitida por el Ayuntamiento de Yaiza en fecha diez de julio de dos mil siete.

En ese caso la empresa distribuidora formula prácticamente los mismos argumentos y exige igualmente el reforzamiento de la infraestructura eléctrica existente, pero en su resolución se estima la reclamación formulada por el interesado y se da instrucciones a la empresa distribuidora para que tramite ante esta Administración, en el plazo máximo de tres meses, el expediente del refuerzo de la infraestructura eléctrica general de alimentación a la urbanización.

Por todo ello, esta Dirección General de Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

1.- Estimar la reclamación formulada por Endlebury Rock, S.L. en el sentido de reconocer su derecho a obtener la ampliación del suministro eléctrico y la inexistencia de la obligación de dotar o realizar el reforzamiento de la infraestructura eléctrica general que alimenta a la Urbanización Montaña Roja.

2.- Que la empresa Endlebury Rock, S.L. deberá realizar a su costa la instalación de extensión necesaria para conectar su instalación con el punto de conexión facilitado por la empresa distribuidora, en este caso con el centro de transformación C300695, de acuerdo tanto con la condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias como con las establecidas por la empresa distribuidora y aprobadas por la administración competente. Estas instalaciones de extensión de red serán cedidas a la empresa distribuidora, sin que proceda el cobro de cuota alguna en concepto de extensión establecido en el artº. 47 de Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre.

3.- La empresa distribuidora, Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., es la responsable de dotar de suministro a la interesada desde el momento en que ésta haya finalizado y formalizado la instalación de extensión de red de distribución necesaria hasta el mencionado punto de conexión (cuadro de BT del CT C300695 "Lanzarote Plots"). Por lo tanto, una vez finalizadas las referidas instalaciones, deberá formalizar contrato de suministro inmediatamente a las instalaciones afectadas y a todas aquellas que pudieran estar en iguales circunstancias.

4.- Que, con objeto de garantizar el suministro eléctrico en toda la zona urbana de Playa Blanca, término municipal de Yaiza, la empresa distribuidora deberá ejecutar a su cargo la necesaria dotación de nueva infraestructura o refuerzo de la red en media y baja tensión que garantice, en condiciones de seguridad, regularidad y calidad, el servicio eléctrico a los suministros existentes y futuros de dicha zona. Para ello deberá tramitar y solicitar autorización administrativa del correspondiente proyecto de refuerzo de la infraestructura eléctrica general de alimentación a la zona, y, una vez autorizado, se ejecutará en el más breve plazo posible y no más tarde de un año. En dicho período será responsabilidad de dicha empresa adoptar las medidas complementarias necesarias para garantizar el suministro.

5.- Que los incumplimientos de los plazos cometidos por la empresa distribuidora sean tenidos en cuenta en la evaluación de los índices de calidad individual y zonal, en los términos establecidos por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, y en la Orden de desarrollo ECO 797/2002, de 22 de marzo.

6.- Que, dado que las actuaciones de la empresa Unelco-Endesa Distribución, S.L.U., están tipificadas como infracción muy grave por el artículo 60.a).7 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, se propone su traslado al órgano competente para la incoación de expediente sancionador.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Industria y Energía en el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- El Director General de Energía, Adrián Mendoza Grimón.

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