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Habiéndose intentado sin éxito la notificación de la Resolución sobre reclamación que formulan Dña. María Auxiliadora Díaz Velázquez y D. Domingo Norberto Vega Artiles, y de acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Director General de Energía, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
1.- Notificar a Dña. María Auxiliadora Díaz Velázquez y a D. Domingo Norberto Vega Artiles, la Resolución que se acompaña como anexo mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
2.- Remitir la presente Resolución al Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Agüimes para su inserción en el tablón de edictos del citado municipio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre de 2008.- El Director General de Energía, Adrián Mendoza Grimón.
A N E X O
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA SOBRE LA RECLAMACIÓN QUE FORMULAN DÑA. MARÍA AUXILIADORA DÍAZ VELÁZQUEZ Y D. DOMINGO NORBERTO VEGA ARTILES CONTRA ELECTRIMEGA MONTAJES E INSTALACIONES, S.L. RELATIVA A FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (EXPEDIENTE DE: 06/238).
Examinado el expediente administrativo DE: 06/238 promovido por Dña. María Auxiliadora Díaz Velázquez y D. Domingo Norberto Vega Artiles y referente a finalización de instalación eléctrica.
Resultando que, con fecha 16 de octubre de 2006, Dña. María Auxiliadora Díaz Álvarez y D. Domingo Norberto Vega Artiles presentaron escrito de reclamación contra la empresa instaladora Electrimega Montajes e Instalaciones, S.L. ante la Dirección General de Industria y Energía mediante el cual vienen a decir que son propietarios de una vivienda unifamiliar sita en la calle Sargo, 58, Playa de Arinaga, término municipal de Agüimes. Dicha construcción fue realizada por la empresa Alfa 2000 Obras y Construcciones, S.L., con C.I.F. B35614346 y domicilio social en la calle Triana, 27, Las Palmas de Gran Canaria, la cual se encuentra en procedimiento concursal ante los Juzgados de lo Mercantil de esa ciudad, según afirman los reclamantes.
Los trabajos de instalación de agua y electricidad fueron encomendados por la constructora a la empresa Electrimega Montajes e Instalaciones, S.L., con domicilio en la calle Simón Cananeo, 4, Las Palmas de Gran Canaria.
Los reclamantes realizaron la totalidad de los pagos referentes a dichas instalaciones a la empresa Alfa 2000 Obras y Construcciones, S.L., tal y como se acredita con las fotocopias de las certificaciones que acompañan como documento nº 1; la empresa instaladora ha sido requerida en numerosas ocasiones de forma verbal, respondiendo que sí se le pagaban las cantidades debidas por Alfa 2000 Obras y Construcciones, S.L. o la diferencia de lo que le va a abonar su seguro, es decir, la entidad aseguradora les abonaría un 80% de lo debido, según manifestó el Sr. Medina, y el resto, pretendían que se lo abonaran los reclamantes, cuando ya lo habían pagado a la constructora, que según les dijo ascendía a unas 300.000 pesetas, entonces ellos procederían a expedir los boletines correspondientes. Ante ese enriquecimiento injusto pretendido por la contraparte, no aceptaron dicho trato.
Por todo ello en fecha de 28 de septiembre de 2006 procedieron a enviar un burofax apercibiéndoles del ejercicio de las acciones penales y civiles que pudieran corresponder si no resolvían el problema, y en fecha de 11 de octubre del presente recibieron contestación diciéndoles que los trabajos no estaban terminados y que faltaban los que se relacionan en el burofax enviado, copia del cual adjuntan a la presente reclamación.
Puestos de nuevo en contacto telefónico con el Sr. Emilio Medina García se les dijo que los trabajos que faltan ascienden a la cantidad de 300.000 pesetas aproximadamente, a pesar de decirle que los mecanismos de la obra ya los habían terminado los reclamantes; qué casualidad, opinan los reclamantes, que sea esa, según conversación telefónica anterior al burofax enviado, la cantidad de tales trabajos, coincidente con el 20% de lo que no le cubre su seguro.
Ante esta situación abusiva, se pusieron en contacto con otros instaladores, entre ellos el representante de la Asociación de Instaladores, para que les presupuestaran tales trabajos y éstos les dijeron que, descontando los mecanismos de obra, saldrían dichos trabajos por unos 300 euros en una obra muy complicada, que no es el caso, ya que es una vivienda unifamiliar. Por otra parte el Sr. Emilio Medina les manifestó telefónicamente que si un tercero les hacía tales trabajos los denunciarían ante la Dirección General de Industria y Energía.
Por otra parte los reclamantes manifiestan ignorar para que es necesario un enganche de división horizontal si se trata de una vivienda unifamiliar según planos.
Todo esto se complica, si atendemos a que los reclamantes tienen dos niños menores de edad, de 3 años y de once meses, por lo que atendiendo a la función social solicitan se les expidan los correspondientes boletines.
Por tanto, y ante estas presuntas coacciones y enriquecimiento injusto pretendido por la instaladora, se ven en la necesidad de acudir a este órgano administrativo a fin de que se le presupuesten ajustados a derecho los trabajos que faltan en su obra y así cumplir con sus obligaciones ante la Administración y ante la empresa distribuidora de energía.
Por todo ello y sin perjuicio de las acciones penales y civiles que se reservan contra dicha entidad, solicitan se resuelva el presente procedimiento y tras los trámites oportunos se proceda a permitir que un tercero autorizado expida el correspondiente boletín.
Resultando que, con fecha 7 de noviembre de 2006, la Dirección General de Industria y Energía da traslado de la reclamación a la empresa Electrimega Montajes e Instalaciones, S.L. con el objeto de que informe sobre el particular en el plazo de diez días.
Resultando que, con fecha 21 de noviembre de 2006, Electrimega Montajes e Instalaciones, S.L. remite escrito de contestación en el que informa de que, dados los términos de la denuncia de la que, entre otros aspectos, se deduce que los trabajos efectuados por esta parte han podido ser manipulados por terceros (mecanismos), como quiera que esta parte contrató dichos trabajos con la constructora Alfa 2000 Obras y Construcciones, S.L., el dicente no pone objeción alguna a la renuncia de la titularidad de dicha instalación y facultando por ello a industria a que autorice el cambio de instalador a fin de que concluya la misma y expida los correspondientes boletines, eximiendo a esta parte de responsabilidad alguna de dicha instalación, consintiendo así a lo solicitado por la denunciante.
Asimismo y en cumplimiento del requerimiento instado se acompaña al presente el presupuesto de dicha obra formalizado en su día con la constructora.
Por todo ello solicita que se autorice a los denunciantes para la designación de un tercer instalador a fin de revisar los trabajos y expedir en su caso los boletines conforme se solicita.
Visto el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, modificado por el Real Decreto 1.454/2005, de 2 de diciembre; el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión; la Orden de 13 de octubre de 2004 por la que se aprueban las normas particulares para las instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y demás disposiciones de general aplicación.
Considerando que de las alegaciones formuladas por ambas partes se deduce que las obras no están terminadas.
Considerando que el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, establece en su artículo 18 el siguiente procedimiento de ejecución y puesta en servicio de las instalaciones:
1. Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y utilización de las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:
a) Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las características de la instalación y que, en función de sus características, según determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica.
b) La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra en su caso, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma.
c) Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de una inspección inicial, por un organismo de control.
d) A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación, emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido con relación a lo previsto en dicha documentación.
e) El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el de inspección inicial, deberá depositarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de suministro de energía. Las Administraciones competentes deberán facilitar que estas documentaciones puedan ser presentadas y registradas por procedimientos informáticos o telemáticos.
2. Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por instaladores autorizados.
3. La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribución si no se le entrega la copia correspondiente del certificado de instalación debidamente diligenciado por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma.
4. No obstante lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas por las cuales sea preciso contar con suministro de energía eléctrica antes de poder culminar la tramitación administrativa de las instalaciones, dichas circunstancias, debidamente justificadas y acompañadas de las garantías para el mantenimiento de la seguridad de las personas y bienes y de la no perturbación de otras instalaciones o equipos, deberán ser expuestas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, la cual podrá autorizar, mediante resolución motivada, el suministro provisional para atender estrictamente aquellas necesidades.
Considerando que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su sentencia nº 704, de 15 de octubre de 1993, considera ajustada a derecho la resolución de la Dirección General de Industria y Energía de fecha 17 de octubre de 1991 en virtud de la cual se autoriza a otro instalador eléctrico a que finalice la instalación eléctrica de cincuenta bungalows en una urbanización sita en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, ya que el primer instalador eléctrico contratado por la empresa constructora se negó a finalizar las obras por desavenencias económicas con dicha empresa; dicho Tribunal entiende que el artº. 25 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión no es una norma que regule relaciones de derecho privado.
Considerando que de todo lo expuesto en el presente expediente se deduce la existencia de un conflicto de tipo económico entre promotor e instalador, que por pertenecer a la esfera de las relaciones privadas excede de las atribuciones de esta Administración.
Considerando que las partes deberán ejercitar las correspondientes acciones ante los tribunales de justicia al tratarse de cuestiones que competen a la jurisdicción ordinaria.
Considerando que la empresa denunciada manifiesta en su escrito de alegaciones no tener inconveniente en renunciar a la titularidad de la instalación eléctrica, dejando así vía libre al cambio de instalador.
Por todo ello, esta Dirección General de Industria y Energía, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
1.- Estimar la reclamación formulada por Dña. María Auxiliadora Díaz Velázquez y D. Domingo Norberto Vega Artiles.
2.- Autorizar a Dña. María Auxiliadora Díaz Velázquez y D. Domingo Norberto Vega Artiles a contratar los servicios de un nuevo instalador eléctrico autorizado que tendrá que revisar, terminar y verificar la instalación en los términos establecidos en el artº. 18 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
3.- Instar al Director de Obra a que refleje en el Libro de Órdenes de la obra la circunstancia de que la obra ha sido realizada mediante la intervención de dos instaladores, reflejando en el mismo el porcentaje de ejecución de obra de cada uno de ellos.
4.- Que esta Dirección General de Industria y Energía no tiene competencias para conocer de los conflictos económicos o contractuales que pueda haber entre las partes, debiendo éstas solicitar mediante demanda la intervención de los tribunales de justicia.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías en el plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- El Director General de Industria y Energía, p.d.f., el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas de Las Palmas (Resolución del Director General de Industria, de 21.11.01), Juan Antonio León Robaina.
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