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No habiéndose podido practicar la notificación a D. Ángel Figueroa Hernández, la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1748, de fecha 4 de junio de 2008, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Ángel Figueroa Hernández, la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1748, de fecha 4 de junio de 2008, recaída en el procedimiento instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por infracción a la Ordenación Territorial, de referencia IU 613/00, y cuyo texto es el siguiente:
"Examinado el expediente sancionador IU 613/00 tramitado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural contra D. Ángel Figueroa Hernández y, atendiendo a los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Por Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 482 de fecha 22 de febrero de 2008, se acordó el inicio de procedimiento sancionador a D. Ángel Figueroa Hernández en calidad de promotor, por la presunta comisión de una infracción administrativa contra la ordenación territorial, consistente en obras de construcción de garaje-almacén y ampliación de edificación preexistente mediante cerramiento de un porche, sita en el lugar denominado La Geria del término municipal de Yaiza (Lanzarote), en suelo clasificado y categorizado como suelo rústico de protección paisajística, dentro de los límites de un Espacio Natural Protegido, denominado Paisaje Protegido de La Geria (L-10), sin los preceptivos títulos legitimantes para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), tipificada y calificada de muy grave en el artículo 202.4.a), en relación con el apartado 3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y para la que se prevé una sanción, conforme preceptúa el artículo 213 del mismo cuerpo legal, de multa del 100 al 200 por ciento del valor del suelo afectado o de las obras ejecutadas, si fuera mayor, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente; siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de cuarenta y cuatro mil (44.000) euros, la cual es notificada al interesado mediante carta certificada con acuse de recibo efectuada el 5 de marzo de 2008.
Segundo.- Mediante Resolución nº 1525, de 24 de agosto de 2000, del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, se ordena la suspensión y el precinto de las referidas obras y se requiere al afectado para que en el plazo de tres meses inste la correspondiente legalización, habiéndose llevado a cabo el precinto acordado con fecha 13 de diciembre de 2001.
Tercero.- Con fechas 27 de diciembre de 2002 y 26 de abril de 2007, en diligencias de seguimiento del precinto se comprueba que las obras no presentan variación respecto del día en que se ejecutó aquél, acompañándose en ambos casos reportaje gráfico.
Cuarto.- Formuladas, con fecha de entrada en esta Agencia, de 27 de marzo de 2008 alegaciones por el interesado al acuerdo de iniciación del procedimiento, con fecha 4 de abril de 2008 siguiente, el Instructor formula Propuesta de Resolución proponiendo: 1.- La imposición a D. Ángel Figueroa Hernández de una multa de 24.360 euros por la comisión de una infracción administrativa contra la ordenación territorial muy grave, consistente en obras de construcción de garaje-almacén en el lugar denominado La Geria del término municipal de Yaiza (Lanzarote), en suelo clasificado y categorizado como suelo rústico de protección paisajística, dentro de los límites de un Espacio Natural Protegido, denominado Paisaje Protegido de La Geria (L-10), sin los preceptivos títulos legitimantes para su ejecución. 2.- Declarar transcurrido el plazo legalmente previsto para el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de la infracción derivada de la ejecución de las obras consistentes en ampliación de edificación preexistente mediante cerramiento de un porche en el mismo lugar y tipo de suelo citado. 3.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido mediante la adopción de las medidas de reposición de la realidad física alterada y de demolición de la obra sancionada relativa a la de construcción de garaje-almacén, así como la relativa a la de la ampliación de edificación preexistente mediante cerramiento de un porche.
Quinto.- Dicha propuesta se notificó al interesado mediante carta certificada con acuse de recibo efectuada el 16 de abril de 2008, otorgándole un plazo de 15 días como trámite de audiencia, a fin de que formule cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime convenientes, quedando el expediente de manifiesto durante durante dicho plazo, y sin que, transcurrido el mismo conste hiciera uso del derecho en cuestión.
Sexto.- Con fecha de registro de entrada en las Oficinas de Correos y Telégrafos de 12 de mayo de 2008 y entrada en esta Agencia el 15 de mayo siguiente, D. Ángel Figueroa Hernández formula frente a la citada Propuesta de Resolución sucintamente las siguientes alegaciones:
1. Tras una resumida exposición de los hechos y consideraciones jurídicas contenidas en la propuesta impugnada, manifiesta el interesado, la antigüedad de la edificación concreta del porche de hace más de 20 años, la cual asimismo, a la fecha del precinto por esta Agencia (31 de diciembre de 2001) se encontraba totalmente terminada, por lo que en relación la acción de restablecimiento del orden jurídico infringido que ha sido propuesta, debe quedar sin efectos, correspondiendo en caso contrario probar a la Administración la fecha concreta de la construcción.
2. Respecto al garaje-almacén, la obra se encuentra a su juicio totalmente terminada, porque a pesar de no estar interiormente enfoscada y que carezca de puerta, no fue nunca su intención terminar con tales concretas actuaciones, toda vez que, según manifiesta respecto del uso que da al mismo, en cuanto sirve de cobijo de los camiones de su propiedad, haría inviable dicha ejecución, por lo que para el interesado las obras se encuentran completamente concluidas.
3. Vulneración de los principios de que informa la potestad sancionadora, tipicidad y proporcionalidad.
4. Termina solicitando se declare la prescripción de la infracción relativa al garaje-almacén, así como caducidad de las acciones de restablecimiento propuestas, respecto a ambas actuaciones y subsidiariamente se reduzca la cuantían final de la sanción.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I
El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.c).2 y 229 del precitado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en lo sucesivo TRLOTENC), en relación con el artículo 19 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II
En cuanto a las alegaciones formuladas por el interesado, si bien sobradamente presentadas fuera del plazo otorgado para ello, pues el mismo había concluido el 2 de mayo, procede, dada la naturaleza del procedimiento de que se trata y las consecuencias derivadas del mismo, a fin de evitar indefensión a la parte, entrar en el debate de cada una de las cuestiones planteadas.
Por lo que se refiere al motivo de alegación señalado como 1, sucintamente expuesto en el antecedente sexto de este acto, y relativo a la antigüedad de la construcción respecto del porche, la cual según el interesado es de más de 20 años, pretendiendo dejar sin efecto la acción de restablecimiento propuesta, no puede ser acogida favorablemente. La actividad probatoria sobre el hecho en cuestión que ha sido desarrollada por esta Administración, pone de manifiesto cómo se estaba ejecutando la edificación del porche en el momento de la denuncia, aunque la misma estuviera completamente terminada a la fecha del precinto posterior. Baste acudir al reportaje fotográfico incorporado a la citada denuncia para que, de acuerdo a lo allí relatado, en concordancia con el citado reportaje, fácilmente se observe el estado de ejecución de las obras en que aquélla se encontraba, así se detecta no solamente, por los puntales que soportan la cubierta, sino además cómo se iniciaban trabajos de pintura, observándose pintada sólo un pequeña franja por la parte izquierda superior de la fachada, así como numeroso material de construcción en el entorno de la edificación, que avalan el desarrollo de las actuaciones denunciadas. Por tanto, no solo, por los hechos probados por esta Administración frente a la ausencia de prueba en contrario que no ha sido aportada por la parte, sino además por el hecho, como ha sido fundamentado en la Propuesta de Resolución, de que tratándose de edificaciones en suelo clasificado del tipo establecido en el artículo 55.a) del TRLOTENC, concretamente el presente caso, de protección paisajística, la acción de restablecimiento en cuestión no caduca, procediendo en consecuencia a la desestimación del motivo en cuestión.
III
El mismo pronunciamiento desestimatorio de la pretensión merece la alegación señalada como ordinal 2, referente al garaje-almacén. No es el juicio del interesado o el uso pretendido por éste el que determina el hecho de cuando una edificación se encuentra completamente terminada, a los efectos de determinar el día "a quo" en que se inicia el cómputo de la prescripción de la infracción. El término inicial en cuestión viene expresamente establecido por el TRLOTENC (artículo 201 en relación con el 205). Como asimismo también fue razonado en la Propuesta de Resolución, se exige de la total terminación de la obra para que éste comience a operar, por lo que si atendemos a la interpretación jurisprudencial sobre el concepto de "total terminación de la obra" Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC de fecha 24 de febrero de 2006, según la cual: "(...), el enfoscado, a falta de pintura, supone que se trata de obras no terminadas, con independencia de que su antigüedad sean diez, quince o más años, y con independencia de que la realidad social, a la que parece que apela el perito, sea una u otra. Se trata de una situación que no elimina la potestad administrativa para el ejercicio de la potestad sancionadora", por lo que habiendo quedado probado que la misma, al menos a la fecha de 26 de abril de 2007, en la cual se efectuó una inspección del estado de las obras, de acuerdo con el informe resultante emitido y el reportaje fotográfico obrante, todos ellos en el expediente, el garaje-almacén siguen en el mismo estado edificatorio desde la fecha del precinto, no puede estimarse siquiera el comienzo del cómputo del plazo prescriptivo de la infracción en cuestión.
IV
Finalmente, invoca la recurrente la vulneración de los principios de tipicidad y proporcionalidad (motivo enumerado como 3 en el antecedente segundo de este acto).
Por lo que se refiere a la falta de tipicidad, teniendo en cuenta que los hechos han sido calificados de muy graves en el artículo 202.4.a), en relación con el apartado 3.b) del TRLOTENC y al que le es de aplicación por tratarse de Espacio Natural Protegido, el artículo 213 del mismo cuerpo legal, según el cual, constituye infracción muy grave, entre otras "a) Las tipificadas como graves en el número anterior, cuando afecten a terrenos declarados como Espacio Natural Protegido, suelo rústico protegido por razones ambientales ..." resultando asimismo que el número anterior, el concreto apartado 3.b) del artículo 202 tipifica como infracción grave "b) La realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de la o las aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias u órdenes de ejecución preceptivas o contraviniendo las condiciones de las otorgadas ..." en el presente caso, quedó plenamente acreditado que la obra se realizaba sin la calificación territorial y sin licencia urbanística, y en un Espacio Natural Protegido denominado Paisaje Protegido de La Geria (L-10), categorizado de protección paisajística, se puede concluir que los hechos todos ellos, se subsumen plenamente en el tipo infractor de muy grave que ha sido imputado, por lo que el motivo en cuestión debe ser rechazado.
En lo que respecta a la pretendida vulneración del principio de proporcionalidad, con la multa propuesta se ha de decir que en modo alguno se ha infringido tal principio. La cuantía en cuestión, se encuentra dentro de los baremos fijados para las infracciones muy graves en el artículo 213 del TRLOTENC que prevé una multa del 100 al 200 por ciento del valor del suelo afectado o de las obras ejecutadas, si fuera mayor, por tratarse de Espacio Natural Protegido y siendo que, precisamente para que exista una correspondencia entre la multa propuesta y la infracción cometida, se han tomado, a fin de adecuar la misma, las circunstancias todas ellas atenuantes que se consignan en el acto frente al que se formulan alegaciones, quedando fijada finalmente la propuesta en un importe de 24.360 euros, cuantía ésta que resulta sustancialmente inferior a la cuantía inicialmente acordada en el acuerdo de incoación, respetándose los requisitos intrínsicos de idoneidad (la medida sancionadora ha de mostrarse capaz de conseguir los fines perseguidos con su adopción), necesidad (la adopción de la medida ha de ser necesaria para alcanzar sus objetivos) y proporcionalidad (adecuación entre la entidad de la medida sancionadora y la magnitud o dañosidad del comportamiento infractor), no procede en consecuencia acoger favorablemente el motivo formulado.
V
Por todo lo expuesto, las alegaciones formuladas por el interesado frente a la Propuesta de Resolución, la cual se da por reproducida en todos sus términos, no desvirtúan los hechos ni la fundamentación jurídica allí contenida y que conforme a la documentación que obra en el expediente administrativo ha quedado acreditado que las obras objeto del mismo se han ejecutado en suelo rústico de protección paisajística, dentro de los límites de un Espacio Natural Protegido, denominado Paisaje Protegido de La Geria (L-10) no contando las actuaciones denunciadas con las preceptivas autorizaciones (calificación territorial y licencia urbanística), resultando en consecuencia de aplicación lo dispuesto en el artículo 164 del TRLOTCENC, conforme al cual la legitimidad de actos de transformación del suelo queda subordinada a la vigencia de una ordenación idónea de acuerdo al Texto Refundido para legitimar la actividad de ejecución, así como en el artículo 166 del mismo cuerpo legal que en relación con el 170 dispone, que cualquier alteración o transformación del suelo rústico exige la previa obtención de la preceptiva calificación territorial y licencia urbanística de obras, suponiendo la carencia de ambos títulos, la comisión de una infracción al citado texto legal, en concreto, la infracción a la ordenación territorial tipificada y calificada como muy grave en su artículo 202.4.a), en relación con su apartado 3.b).
VI
De la documentación obrante en el presente expediente administrativo, así como de las pruebas practicadas en su caso, se derivan los siguientes hechos probados:
1.- Se ha cometido una infracción a la ordenación territorial consistente en obras de construcción de garaje-almacén, en el lugar denominado La Geria del término municipal de Yaiza (Lanzarote), en suelo clasificado y categorizado como suelo rústico de protección paisajística, dentro de los límites de un Espacio Natural Protegido, denominado Paisaje Protegido de La Geria (L-10), sin los preceptivos títulos legitimantes para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
2.- De la mencionada infracción se considera responsable directo a título de promotor, a D. Ángel Figueroa Hernández, conforme a lo establecido en el artículo 189.1.a).1 del TRLOTC y ENC.
3.- La obra ha sido valorada en la cantidad de veintitrés mil doscientos sesenta y seis euros con treinta céntimos (23.266,30 euros).
4.- Ha transcurrido el plazo legalmente previsto para el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de la infracción cometida por D. Ángel Figueroa Hernández derivada de la ejecución de las obras consistentes en ampliación de edificación preexistente mediante cerramiento de un porche en el mismo lugar y tipo de suelo antes citado.
5.- Todas las obras carecen de la preceptiva calificación territorial.
VII
Los indicados hechos probados son constitutivos de una infracción a la ordenación territorial tipificada como muy grave en el artículo 202.4.a), en relación con el apartado 3.b) del TRLOTCENC, en cuanto supone la realización en suelo rústico de protección paisajística, dentro de los límites de un Espacio Natural Protegido de actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de la o las aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias u órdenes de ejecución preceptivas o contraviniendo las condiciones de las otorgadas.
El artículo 213 del citado Texto Refundido, dispone que la referida infracción sea sancionada con multa del 100 al 200 por ciento del valor del suelo afectado o de las obras ejecutadas, si fuera mayor.
VIII
Al objeto de graduar la correspondiente sanción, se aprecian en el presente caso las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad:
- La circunstancia atenuante prevista en el artículo 198.a) del TRLOTENC relativa a la ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos afectados,
- La circunstancia mixta en su consideración de atenuante prevista en el artículo 199.a) del TRLOTENC relativa al grado de conocimiento de la normativa legal, así como
- La circunstancia mixta en su consideración de atenuante prevista en el artículo 199.b) del citado Texto legal relativa al beneficio económico obtenido de la infracción.
Ponderando la incidencia de las circunstancias citadas y de la entidad global de la infracción, de conformidad con el artículo 196 del TRLOTCENC, y en virtud del principio de proporcionalidad, procede imponer a D. Ángel Figueroa Hernández multa sancionadora de veinticuatro mil trescientos (24.300) euros.
IX
De conformidad con lo previsto en el artículo 188.2, en relación con el artículo 179 del citado Texto Legal, en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición, la cual procederá en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
En consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 179 del TRLOTCENC, procede ordenar el restablecimiento del orden físico perturbado mediante la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción al tratarse de unas actuaciones realizadas en suelo rústico sin la preceptiva calificación territorial.
X
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182.1 del TRLOTENC, en redacción dada por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del TRLOTCENC, si los responsables de la alteración de la realidad física repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción del noventa por ciento (90%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
Asimismo, dispone el apartado segundo del artículo 182 del TRLOTENC, que si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.
XI
Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En virtud de lo expuesto,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer a D. Ángel Figueroa Hernández una multa de veinticuatro mil trescientos (24.300) euros, como responsable en calidad de promotor de una infracción administrativa muy grave consistente en obras de contrucción de garaje-almacén, ubicadas en suelo clasificado y categorizado como suelo rústico de protección paisajística, dentro de los límites de un Espacio Natural Protegido, denominado Paisaje Protegido de La Geria (L-10), en el lugar denominado La Geria, del término municipal de Yaiza (Lanzarote), sin los títulos legitimantes necesarios para su ejecución, calificación territorial y licencia urbanística, tipificada en el artículo 202.4.a), en relación con el apartado 3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTCENC) y sancionada en el artículo 213 del mismo cuerpo legal.
Segundo.- Declarar transcurrido el plazo legalmente previsto para el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de la infracción cometida por D. Ángel Figueroa Hernández, derivada de la ejecución de las obras consistentes en ampliación de edificación preexistente mediante cerramiento de un porche en el mismo lugar y tipo de suelo al que se refiere el resuelvo anterior.
Tercero.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido mediante la adopción de las medidas de reposición de la realidad física alterada y de demolición de las obras relativas, a la de construcción de garaje-almacén, así como la relativa a la de la ampliación de edificación preexistente mediante cerramiento de un porche y a tal efecto, requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndole de que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.- Advertir al interesado de que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 182 del referido Texto Refundido.
Quinto.- Notificar la presente Resolución a D. Ángel Figueroa Hernández, al Ayuntamiento de Yaiza y demás interesados.
El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la presente Resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer potestativamente, recurso de reposición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en Derecho o, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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