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BOC Nº 151. Martes 29 de Julio de 2008 - 2982

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2982 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15 de julio de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. José Rijo Bermúdez, de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente I.U. 65/91.

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No habiéndose podido practicar la notificación a D. José Rijo Bermúdez de la Propuesta de Resolución de fecha 30 de junio de 2008, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. José Rijo Bermúdez la Propuesta de Resolución de fecha 30 de junio de 2008, recaída en el expediente instruido en esta Agencia por infracción de la legalidad urbanística con referencia IU 65/91, y que dice textualmente:

"Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador de referencia, el Instructor emite la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES

I

Por Resolución nº 880, de 27 de marzo de 2008, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (notificada mediante anuncio en el B.O.C. nº 98, de 16.5.08), se incoó expediente sancionador frente a D. José Rijo Bermúdez, como presunto responsable en calidad de promotor, de infracción consistente en la ejecución de obras de ampliación de vivienda en 20 m2 y construcción de garaje de 24 m2, en el lugar denominado "La Cueva", en el término municipal de San Bartolomé de Lanzarote, en suelo rústico de protección de valor paisajístico, incluido en espacio natural protegido (Paisaje Protegido de La Geria), sin contar con los preceptivos títulos legitimantes (calificación territorial y licencia urbanística), tipificada y clasificada de muy grave en el artº. 213 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTC y ENC, en lo sucesivo), en relación con el artº. 202.4.a) del mismo texto legal, y sancionada en el citado artº. 213 con multa.

Asimismo se advertía al interesado de que en el citado proceso, se adoptaría conforme a lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del TRLOTC y ENC, y en particular el 179, la pertinente medida de restablecimiento del orden jurídico perturbado (legalización y/o demolición), respecto a las citadas obras de ampliación de vivienda en 20 m2 y construcción de garaje de 24 m2, y respecto a las también mencionadas en el cuerpo de la resolución, obras de construcción de vivienda de 82 m2, aljibe, corral y amurallamiento ubicadas en el mismo lugar.

II

Por escrito con registro de entrada en esta Agencia el día 9 de junio de 2008, D. José Rijo Bermúdez, formula las alegaciones que pasan a reproducirse:

"Primera.- Que al amparo de licencia otorgada por acuerdo adoptado por la entonces denominada Comisión Municipal del Ayuntamiento de San Bartolomé en sesión celebrada el día 7 de mayo de 1991, se construyó en la porción de suelo con referencia catastral 35019ª004003750000AY, parcela 375, del polígono 4, lo que hoy es salón-cocina debajo del cual se ubica el aljibe igualmente autorizado, que aunque la licencia es de fecha 7 de mayo de 1991, se trataba de una legalización, debido a que la obra se encontraba terminada con anterioridad a la fecha de otorgamiento de la indicada licencia municipal por tanto, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, a la entrada en vigor de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias y a la entrada en vigor del Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote aprobado por Decreto 63/1991, de 9 de abril (B.O.C. nº 80, de 17.6.91) que conforme al artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, su entrada en vigor se produjo a los quince días de la publicación íntegra de su normativa. Se acompaña como anexo nº 1 copia de la citada licencia municipal. Segunda.- El resto de la edificación cuya distribución se refleja en el plano de distribución que se acompaña como anexo nº 2, así como el corral que se sitúa a escasos diez metros de la edificación cuya referencia catastral es 00901300FT30G0001ZM, se encuentran terminados en septiembre de 1994, tal y como se reconoce en el párrafo segundo del fundamento de derecho II de la resolución objeto de este escrito de alegaciones, por consiguiente, ha prescrito la infracción por haber transcurrido con creces el plazo de cuatro años de prescripción de la infracción establecido en la normativa urbanística de aplicación al tiempo de la infracción, esto es, la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial. Se acompañan como anexos nº 2 certificación técnica acreditativa de la antigüedad de las obras, plano de situación, plano de distribución. Tercera.- Que tanto la edificación construida al amparo de la indicada licencia municipal, como la ampliación que se terminó con anterioridad al año 1995 (según se reconoce en el párrafo segundo del fundamento de derecho II de la resolución objeto de este escrito de alegaciones la vivienda se encuentra terminada desde septiembre de 1994 e incluida en el citado censo con una superficie construida de 82 m2) se encuentran incluidas en el censo de edificaciones no amparadas por licencia creado en aplicación del Decreto 11/1997, de 9 de junio, que tenía por objeto la confección de un censo de edificaciones sin licencia municipal que estuviesen terminadas con anterioridad al 24 de mayo de 1996. Se acompaña como anexo nº 3 copia de la resolución nº 28, de fecha 12 de enero de 1998, dictada por el Sr. Director de Disciplina Urbanística y Medioambiental por la que se resuelve incluir la citada edificación en el mencionado censo. Cuarta.- En la resolución que se remite al Ayuntamiento se hace referencia, concretamente en su fundamento de derecho II, a obras de construcción de vivienda de 82 m2, aljibe, corral y amurallamiento, mientras que en el apartado resolutivo primero se hace constar que el procedimiento sancionador se inicia por la ejecución de obras de ampliación y construcción de garaje, toda vez que ha prescrito la infracción respecto a las obras de vivienda de 82 m2, construcción de aljibe, corral y obras de amurallamiento. Quinta.- Del análisis de la resolución objeto de este recurso se aprecia un claro y notable error en la identificación de las obras, pues en la porción de suelo de mi propiedad con referencia catastral 000901300FT30G000ZM no se han ejecutado obras de amurallamiento alguno, existiendo desde tiempos inmemoriales los típicos abrigos y zocos de piedra natural del lugar que hacen de abrigo de la vid. Sexta.- Asimismo, la edificación sita en la citada parcela catastral no ha sido objeto de ampliación a partir de septiembre de 1994, fechas ésta en la que la resolución por la que se inicia el procedimiento sancionador reconoce la existencia en estado terminado de las obras de construcción de vivienda de 82 m2 (según certificación técnica y certificación del Ayuntamiento la superficie construida es de 85 m2, y según documento catastral de 94 m2), obras de construcción de aljibe, obras de construcción de corral y obras de amurallamiento, y acertadamente respecto a las mismas se declara prescrita la infracción y la no procedencia de exigir responsabilidad sancionadora. Según documento catastral que se acompaña como anexo nº 4, la edificación tiene una superficie de 94 m2 que se distribuyen en vivienda de 76 m2 y almacén de 18 m2. Séptima.- En consecuencia dentro de los 82 m2 de superficie construida (según certificación técnica y del Ayuntamiento 85 m2 y según catastro 94 m2) a los que se hace referencia en el fundamento de derecho II de la resolución objeto de este escrito de alegaciones y que la administración que inicia el procedimiento sancionador reconoce haber prescrito, y por consiguiente, exentos de responsabilidad sancionadora, se encuentra incluida la totalidad de la edificación que conforme a la certificación técnica de fecha 17 de febrero de 2003 su antigüedad es anterior al año 1995 (en el párrafo tercero de la resolución objeto de alegación se señala que la vivienda se encuentra incluida en el censo de edificaciones no amparadas por licencia con una superficie de 82 m2 y que según informe técnico de 16 de septiembre de 1994 se encuentran terminadas desde septiembre de 1994) y tiene una superficie construida de 85 m2 según dicha certificación y la expedida por el Ayuntamiento, distribuyéndose dicha edificación en dos dormitorios, un baño, un almacén pequeño, un salón cocina, un almacén mayor, por lo que las inspecciones a las que se alude en el fundamento de derecho II de la resolución objeto de este escrito de alegaciones que fueron efectuadas en agosto de 2003 y febrero de 2007 han de referirse a otra vivienda y no a la de mi propiedad, ya que, tal y como se declara en la resolución objeto de esta alegación, las obras se encuentran terminadas desde septiembre de 1994, aspecto éste que se aprecia en las ortofoto correspondiente al año 1998 en donde la edificación tiene una superficie construida de 85 m2, que coinciden con los que cuenta en la actualidad, tal y como se aprecia en las ortofotos correspondientes al año 2004-2005 con las establecidas en el censo de edificaciones no amparadas en licencia en el que se especifica que la superficie construida de la vivienda es de 82 m2, tal y como reconoce la resolución que inicia el procedimiento sancionador, en la certificación técnica de 17 de febrero de 2003 en la que se acredita una superficie construida de 85 m2 terminados con anterioridad al año 1995 y con la establecida en la certificación de 1 de abril de 2003 expedida por el Ayuntamiento en la que también se acredita como superficie construida de la edificación la de 85 m2. Se acompaña como anexo nº 5 certificación expedida por el Ayuntamiento y como anexo nº 6 ortofotos. Por tanto, la resolución por la que se incoa procedimiento sancionador adolece de error, debido a que considera que se han ejecutado obras de construcción de garaje de anexo a la edificación, que me genera indefensión, además de infringir el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada, por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que señala que sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos, aun a título de simple observancia, mientras que respecto a las obras de ampliación y manteniendo el criterio, y a que no tiene en cuenta que no existen tales obras de ampliación de la vivienda, salvo las realizadas en su día y cuya fecha de terminación data de septiembre de 1994 como reconoce la resolución objeto de esta alegación. En efecto, al estar incluidas las obras de ampliación dentro de los 85 m2 de la vivienda (según la resolución que inicia el expediente sancionador 82 m2, según certificación técnica y del Ayuntamiento 85 m2 y según catastro 94 m2) que la administración autora de la resolución declara prescritas y sobre las que no procede exigir la responsabilidad administrativa, y que si se observan las otorfotos del año 1996 y se comparan con las de los años 2004 y 2005 no se aprecia en ese período de tiempo ampliación alguna, por lo que ya existían con anterioridad al año 1996, de lo que se deduce que a partir de septiembre de 1994 la edificación no ha sido objeto de ampliación, estamos ante una infracción prescrita y ante un acto de contenido imposible que acarrea la nulidad de pleno derecho conforme determina el artículo 62.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, procediendo el archivo de las actuaciones. En su virtud, solicito a VS, que tenga por formalizadas las alegaciones contenidas en el cuerpo principal de este escrito y en base a las mismas, se sirva acordar el archivo de las actuaciones, y en caso de no haber lugar a ello, se me remita copia autenticada de los documentos que contiene el expediente, todo ello por ser procedente en derecho ..."

Se adjunta a escrito de alegaciones la siguiente documentación:

1.- Copia simple de notificación de acuerdo municipal de 7 de mayo de 1991, por el que se concede a D. José Rijo Bermúdez, licencia de obra para la construcción de una habitación y un aljibe en Las Cuevas, sin superar los dos metros de altura y forrado en piedra.

2.- Copia simple de certificado de 17 de febrero de 2003, emitido por el Arquitecto Técnico D. Julio González González-Jaraba, visado por el correspondiente colegio con fecha 8 de febrero de 2003, en el que se certifica "Que ha girado visita de inspección a la construcción situada en la calle Lagar, s/n, Polígono 4, parcela 375, término municipal de San Bartolomé, Lanzarote, con una superficie construida de 85,00 m2. Dicha construcción consta de: * Planta baja, compuesta por 2 dormitorios, 1 baño, 1 almacén pequeño, 1 salón-cocina, 1 almacén mayor, con terraza exterior, según plano adjunto. Resultando de dicha inspección, que la mencionada construcción reúne las condiciones de seguridad, solidez y antigüedad (construido anterior al año 1995), propiedad de D. José Rijo Bermúdez, con D.N.I. nº 42.917.562-E. Y para que conste a efectos oportunos, expido el correspondiente certificado".

3.- Copia compulsada de plano de situación a escala 1/5000.

4.- Copia compulsada de plano de situación a escala 1/1000.

5.- Copia compulsada de plano de superficie.

6.- Copia compulsada de plano planta y alzado a escala 1/100.

7.- Copia compulsada de fotos (2).

8.- Copia compulsada de plano planta y alzado a escala 1/100.

9.- Copia compulsada de plano de situación a escala 1/1000.

10.- Copia simple de resolución de 12 de enero de 1998 del Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, de inscripción en el censo de edificaciones no amparadas por licencia, de edificación sita en La Cueva, del término municipal de San Bartolomé de Lanzarote, con el nº 14683.

11.- Certificado catastral telemático de inmueble con referencia catastral 000901300FT30G0001ZM, localización: calle Lagar, 68, Montaña Blanca, San Bartolomé de Lanzarote, 35550-Las Palmas de Gran Canaria, clase: urbano, superficie: 94 m2, coeficiente de participación: 100,00 %, uso: residencial, año construcción local principal: 1995.

12.- Copia compulsada de certificado de 1 de abril de 2003, emitido por el Secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé (Lanzarote), en el que se certifica "que de los datos obrantes en esta Secretaría de mi cargo, D. José Rijo Bermúdez, provisto del D.N.I. nº 78.454.172-E, es propietario de la edificación sita en donde denominan "Las Cuevas" concretamente en la calle El Lagar, de este término municipal, ubicada en la parcela 375 del polígono 4, con una superficie construida de 85 m2.

13.- Fotografía aérea se reseña a mano 1998.

14.- Fotografía aérea se reseña a mano 2001.

15.- Fotografía aérea se reseña a mano 2002.

16.- Fotografía aérea se reseña a mano 2004-2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para resolver el presente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 229 del TRLOTC y ENC, en relación con el artículo 19 de los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, aprobados por Decreto 189/2001, de 15 de octubre.

II

Respecto a las alegaciones aducidas por el expedientado y documentación aportada por el mismo, ha de reseñarse, que no desvirtúan los hechos imputados, constatados por funcionarios, ni las consecuencias jurídicas que de los mismos se derivan, reseñadas en el acuerdo de incoación del presente proceso.

En primer lugar, debe significarse, que ninguna de las obras tratadas, de construcción de vivienda de unos 82 m2, ampliación de la misma en 20 m2 y garaje de 24 m2, corral, aljibe y amurallamiento, han contado con título administrativo que las ampare. Las mismas se han ejecutado sin contar con los preceptivos títulos legitimantes, consistentes, antes de la entrada en vigor del TRLOTC y ENC, en autorización previa en suelo rústico de la Dirección General de Urbanismo, y licencia municipal, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley Territorial 5/1987, de 7 de abril, de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias (artº. 9 y siguientes), disposición ésta, vigente y aplicable en el momento en que se inicia la ejecución de las obras que nos abordan, en abril de 1991 (conforme denuncia obrante en el expediente, de 7 de mayo de 1991). Al igual que en contra de lo alegado por el afectado, se encontraba en vigor, la Ley Territorial 7/1990, de Disciplina Urbanística y Territorial (del 90 y las obras en el 91), y el suelo afectado era rústico y declarado espacio natural protegido, Parque Natural de La Geria, por la Ley 12/1987, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, conforme denuncia en informes obrantes en el expediente (denuncias de 7 de mayo de 1991; 17 de julio de 1991; informe de 16 de septiembre de 1994), que posteriormente con la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, se categoriza como Paisaje Protegido de La Geria (conforme informe de 29 de noviembre de 1996, que obra en el expediente). Y después de la entrada en vigor del citado TRLOTC y ENC (que refunde la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias y Ley 12/2994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias) se precisa calificación territorial y licencia urbanística (conforme artículos 27, 166 y 170 del citado TRLOTC y ENC).

La licencia concedida por el Ayuntamiento en 1991 (sin que conste autorización previa en suelo rústico, exigida por la citada Ley Territorial 5/1987), no ampara las obras ejecutadas. Conforme informe técnico de 11 de septiembre de 2003, obrante en el expediente "solicitada información telefónica al Ayuntamiento de San Bartolomé, la oficina técnica nos remite solicitud presentada por el promotor en la que consta que el proyecto a construir es un aljibe de 12 m2 de superficie y un almacén de 32 m2 de superficie, que no coincide con estado actual ...", por tanto, en ningún caso han amparado edificación residencial alguna. Desde luego cualquier cuerpo edificatorio inicial ha quedado subsumido y desvirtuado por las obras actualmente existentes, consistentes en una vivienda que conforme el citado informe técnico, tiene en fecha de inspección realizada el 11 de agosto de 2003, una superficie de 102 m2. Se estima oportuno a estos efectos resaltar que de acuerdo con licencia aportada, la obra no podía tener una altura superior a 2 m, conforme planos de alzado aportados por el propio interesado, en una parte, la edificación mide 2,10 m, y en otra, 3,60 m. Según informe técnico de septiembre de 1994, la altura aproximada sobre rasante natural es de unos 2,50 m, hasta el trasdós de la cubierta plana. Nada de lo actualmente existente puede identificarse con lo autorizado en aquella licencia, que aun de haberse realizado conforme a la misma, que conforme el citado informe técnico de septiembre de 1994, no ha sido así, pero aun en ese caso, habría quedado subsumido y sustituido por lo actualmente existente. A mayor abundamiento, debe significarse que obra en expediente, nota de régimen interior suscrita por aparejador, en la que se reseña que realizada visita de inspección el día 12 de julio de 1991, se ha podido comprobar, que en el lugar denunciado existen dos almacenes (uno reciente) no uno como se autorizaba en aquella licencia, así como obra oficio de la Alcaldía de 1 de julio de 1991, en el que en respuesta a solicitud de información formulada por el Gobierno de Canarias sobre obra que se venía ejecutando en La Cueva, por D. José Rijo Bermúdez, tratada en el expediente que nos aborda IU 65/91, tiene a bien informar que dicha obra es ilegal y clandestina, y como consecuencia de ello se le remitió en su día un decreto de paralización de obra.

Reseña el afectado en su escrito de alegaciones, que en 1991, hizo unas obras al amparo de la mencionada licencia "lo que hoy es salón-cocina debajo del cual se ubica el aljibe igualmente autorizado" manifesta, y que con posterioridad se amplió, alcanzando la edificación una superficie de 82 m2 (aunque resalta que según certificación técnica y municipal tiene 85 m2 y según catastro 94 m2), terminando tales obras en septiembre de 1994 (tal y como se reconoce incluso, en acuerdo de incoación del presente proceso), después de esa fecha no se ha realizado obra alguna. A lo que debe objetarse, que en informe técnico de fecha 11 de septiembre de 2003, obrante en el expediente, emitido por funcionario inspector adscrito a esta Agencia, se hace constar "que en informe técnico de la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental de fecha 16 de septiembre de 1994, se describe una obra de planta irregular, que coincide con la edificación inscrita en el censo de edificaciones no amparadas por licencia con el nº 14683 con una superficie de 82 m2 y que en visita de inspección efectuada el 11 de agosto de 2003, se ha comprobado que las obras han variado con respecto al estado edificatorio que mostraba en las fotografías obrantes en el citado censo, teniendo una superficie de 102 m2. Se adjunta fotografía aérea con la variación de la superficie coloreada en rojo ...". Tales hechos han sido constatados por funcionarios, y gozan de presunción de veracidad y certeza, dada la imparcialidad y objetividad que se presume de aquéllos en su actuar, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC, en lo sucesivo), y reiterada jurisprudencia que por conocida es ocioso mencionar (tal presunción constituye una garantía de la eficacia de la actividad de las Administraciones Públicas), y no ha sido destruida esa presunción en el presente caso con prueba suficiente en contrario, el certificado municipal aportado es de 1 de abril de 2003, es anterior a la citada inspección de agosto de 2003, además de que lo que certifica no es que girada visita de inspección se ha constatado existencia de obra de 85 m2, sino que según datos obrantes en el Ayuntamiento D. José Rijo Bermúdez es propietario de edificación de 85 m2. Por otra parte, el certificado técnico aportado, emitido por arquitecto técnico, es de abril de 2003, anterior a la fecha de inspección del funcionario inspector adscrito a la Agencia, de agosto de 2003, además no terminaría de destruir la presunción de veracidad de la que gozan los hechos constatados por éste, que son además acreditados con documentación fotográfica y gráfica adjunta.

Por tanto, conforme documentación obrante en el expediente, se inician unas obras en abril de 1991, sin amparo en título administrativo alguno, conforme denuncia de 7 de mayo de 1991, en 1994, tenemos un almacén y vivienda adosada de unos 82 m2, aljibe, corral y vallado, que aparenta estar terminada y en uso, de acuerdo con informe técnico de septiembre de 1994, no amparada en títulos. La vivienda se inscribe en el censo de edificaciones no amparadas por licencia de 1997, con una superficie de 82 m2, y en 2003 se observa ampliación hasta alcanzar los 102 m2 de superficie.

Estos son por tanto los hechos que constan en expediente, y de lo que resulta lo fijado, acuerdo de incoación. Que la infracción que constituye la construcción de vivienda de unos 82 m2, aljibe, corral y muro está prescrita, no procediendo exigir por tanto responsabilidad sancionadora por la misma, al haber transcurrido más de cuatro años desde su comisión, ello de acuerdo con las normas aplicables a la misma, la vigente en el momento de su comisión (de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 128 de la LRJAP y PAC, sin que proceda retrotraer actual régimen, por no ser más favorable). Tal normativa viene dada por el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril (TRLSÕ76), modificado por Real Decreto-Ley 16/1981, en cuyo artº. 230 se fijaba plazo de prescripción de las infracciones como la tratada, de cuatro años desde su comisión. Sin embargo por la infracción que constituyen las obras de ampliación de edificación, constatada en agosto de 2003, sí que procede exigir responsabilidad sancionadora, dado que conforme el TRLOTC y ENC, tal tipo de infracciones [tipificada y clasificada de muy grave en el artº. 213, en relación con el artº. 202.4.a), ambos del TRLOTC y ENC], prescribe transcurridos cuatro años desde la total terminación de las obras. Y no consta total terminación de esas obras hace cuatro años, extremos que ha de probar el afectado, dado que de acuerdo con reiterada jurisprudencia la carga de la prueba de la prescripción, de los elementos precisos para su apreciación, por tanto de la terminación de obras y del transcurso del pertinente plazo, corresponde al infractor que la alega (STS 27.5.98; 24.12.96; 8.7.96). Señala la citada jurisprudencia que la carga de la prueba de la prescripción la soporta no la administración sino el administrado que la invoca, que voluntariamente se ha colocado en una situación de clandestinidad en la realización de las obras, y que por tanto ha creado dificultad de conocimiento del "dies a quo" del plazo que se examina, y que por ello el principio de buen fe plenamente operativo en el plano procesal impide que el que se ha aprovechado de la clandestinidad pueda obtener ventaja de las dificultades probatorias derivadas de esa ilegalidad.

No puede sostenerse que sea infracción continuada y proceda exigir responsabilidad sancionadora por la totalidad de las obras de acuerdo con reiterada jurisprudencia, conforme a la cual, en el caso de infracciones continuadas el plazo de prescripción comienza a computar a partir de la culminación de la infracción o del último acto ilícito, dado que entre la comisión de una y la otra, ha transcurrido el pertinente plazo prescriptivo.

Sin embargo y sin perjuicio de lo anterior, procede ordenar demolición de la totalidad de las obras tratadas, dado que el ejercicio de la pertinente acción administrativa dirigida al restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada a su estado originario, en suelo tratado (suelo rústico de protección de valor paisajístico, incluido en espacio natural protegido, Paisaje Protegido de La Geria), no está sujeto a limitación temporal alguna, conforme a la distinta normativa que se ha ido sucediendo desde el inicio de las obras. Véase así lo dispuesto en el artº. 28 de la Ley Territorial 7/1990, de 14 de abril, de Disciplina Urbanística y Territorial, conforme al cual, la adopción de medidas de restablecimiento respecto a las obras incluidas en espacio natural protegido, no se sujeta a plazo alguno, y artº. 180.2.b).1 del TRLOTC y ENC, conforme al cual, no rige limitación temporal alguna para el ejercicio de la potestad de protección de legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado respecto a los actos de construcción sin licencia en suelo rústico precisado de protección ambiental por sus valores naturales y/o culturales, como sería el de protección paisajística [artº. 55.b) del TRLOTC y ENC].

Se estima oportuno resaltar con respecto a la superficie de la vivienda inicial, que según informes obrantes en el expediente es de unos 82 m2, según certificación municipal aportada, el afectado conforme datos obrantes en el Ayuntamiento, es propietario de vivienda de unos 85 m2, según informe técnico de aparejador, también aportado por el afectado, la vivienda medía 85 m2, y según catastro tiene 94 m2. En primer lugar, destacar que los datos del catastro, no tienen más efectos que aquellos para cuyo fin sirven, el catastro es un registro administrativo a efectos fiscales, y sin perjuicio de los indicios que pueden aportar sobre propiedades y la propiedad, no son prueba alguna a efectos civiles, ni a los que aquí nos abordan, independientemente de poder instarse la rectificación de los datos contenidos en el mismo, a efectos de una adecuada tributación. La discrepancia entre los 82 y 85 m2, de informes de funcionarios inspectores adscritos a la Agencia y de técnico particular aportado por el afectado, en primer lugar significar, que no modificarían el contendido de la presente resolución, puesto que la sanción (multa) que procede imponer, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, por la ampliación de esa vivienda inicial, que pasa de unos 82 m2 a unos 102 m2, no variaría por esa diferencia de 3 m2 (que tendría de menos la ampliación de incluirse en la vivienda inicial) y la demolición procede de toda la edificación, de acuerdo con lo ya reseñado, y como justificaremos en el fundamento de derecho correspondiente, con el objeto de guardar una adecuada sistemática. Pero en cualquier caso, la discrepancia debía resolverse a favor de los datos contenidos en informes obrantes en expediente, en tanto han sido constatados por funcionarios y gozan de la presunción de veracidad y certeza antes señaladas. No obstante, tales informes señalan siempre que la vivienda tiene "unos" 82 m2, no exactamente 82 m2, y no hay que olvidar que el afectado, cuando inscribe su vivienda en el censo de edificaciones no amparadas por licencia de 1997, declara que tiene 82 m2.

También se estima oportuno significar, que la inscripción de la vivienda en el censo de edificaciones no amparadas por licencia, regulado por Decreto 11/1997, de 31 de enero, modificado por Decretos 94 y 171 de 1997, no modifica las conclusiones expuestas. Los efectos de inscripción de edificación en el citado censo, de suspensión de ejecutoriedad de las órdenes de demolición dictadas o que procediese dictar, en cualquier caso, han desaparecido de acuerdo con las determinaciones del propio Decreto 11/1997 (artº. 9). Sí es cierto, que en el caso de edificaciones censadas, efectivamente desde la fecha de la inscripción de la edificación en el censo, la administración tiene conocimiento de la infracción (en este caso de la vivienda de 82 m2), pero ello no afecta a lo expuesto, dado que se ha considerado la comisión de la infracción con anterioridad incluso, a fecha de inscripción en censo de 1997, se ha considerado comisión desde 1991, 1994 conforme denuncias e informes obrantes en el expediente, lo que ha provocado que se estime la infracción prescrita, aunque no caducada la acción administrativa para exigir restablecimiento mediante legalización o demolición, todo ello de acuerdo con la reseñada normativa.

De la documentación obrante en el expediente se identifica a persona, Dña. Julia Martín Cabrera, cuyos derechos (de propiedad) pueden verse afectados por la resolución que en el presente proceso se adopte, en tanto en ésta como ya hemos apuntado y como más adelante continuaremos ahondando, y de conformidad con lo dispuesto en el artº. 179 del TRLOTC y ENC, se ordenará la demolición de todas las obras aquí tratadas, y la mencionada señora Dña. Julia Martín Cabrera, conforme copia simple de escritura pública obrante en el expediente, escritura nº 612, de 21 de marzo de 1991, es propietaria junto con el expedientado de los terrenos donde se hallan ubicadas aquéllas. Por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 84 de la LRJAP y PAC, ha de comunicársele la tramitación del presente proceso y darle audiencia para que pueda formular las alegaciones, y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, respecto a las medidas de restablecimiento a adoptar en este proceso, es decir, respecto a la demolición.

III

De la documentación obrante en el presente expediente administrativo, se derivan los siguientes hechos probados constitutivos de infracción sancionable:

1.- Ejecución de obras de ampliación de vivienda en 20 m2 y construcción de garaje de 24 m2, en el lugar denominado "La Cueva", en el término municipal de San Bartolomé de Lanzarote, en suelo rústico de protección de valor paisajístico, incluido en espacio natural protegido (Paisaje Protegido de La Geria), sin contar con los preceptivos títulos legitimantes (calificación territorial y licencia urbanística).

Resulta responsable de tales hechos, en calidad de promotor, D. José Rijo Bermúdez, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 189 del TRLOTC y ENC.

IV

Los indicados hechos probados son constitutivos de infracción tipificada y clasificada como muy grave en el artº. 213 del TRLOTC y ENC, en relación con el artº. 202.4.a) del mismo texto legal.

El citado artº. 213 dispone que la referida infracción será sancionada con multa del 100 al 200 por ciento del valor del suelo afectado o de las obras ejecutadas, si éste fuera mayor.

V

Se aprecian en el presente caso la concurrencia de las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad sancionadora:

- La circunstancia atenuante prevista en el artº. 198.a) del TRLOTC y ENC, consistente en "La ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados afectados".

- La circunstancia mixta que dadas las circunstancias que concurren, atenúan la responsabilidad sancionadora, prevista en el artº. 199.a) del TRLOTC y ENC; consistente en "El grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia por razón de oficio, profesión o actividad habitual", dado que no consta especial conocimiento de la normativa vulnerada por razón de oficio, profesión o actividad habitual.

- La circunstancia mixta que dadas las circunstancias que concurren atenúan la responsabilidad sancionadora prevista en el artº. 199.b) del TRLOTC y ENC; consistente en "El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la realización de ésta sin consideración alguna del posible beneficio económico", dado que por el valor de las obras no se estima haya sido considerado de forma especial el beneficio económico a obtener.

VI

Ponderando la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 196 del TRLOTC y ENC, y en virtud del principio de proporcionalidad, procede imponer a D. José Rijo Bermúdez una multa de trece mil quinientos veintiún euros con cincuenta y cuatro céntimos (13.521,54 euros).

Se ha de destacar aquí, que se detecta error aritmético en el acuerdo de incoación, cuando se determina que el importe de 7.511,96 euros, responde al ciento cincuenta por ciento del valor de las obras que son objeto de sanción, conforme criterios y coeficientes de valoración fijados en informe técnico de fecha 7 de febrero de 2007, obrante en el expediente, ya que dicha cantidad (7.511,96 euros), conforme a los mencionados criterios y coeficientes, en realidad se corresponden con el cincuenta por ciento del valor de las mencionadas obras.

VII

Conforme con lo hasta aquí expuesto, y de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 179 del TRLOTC y ENC, procede ordenar demolición de todas las obras aquí tratadas, edificación destinada a vivienda de unos 82 m2, ampliada en 20 m2 y garaje de 24 m2, aljibe, corral y amurallamiento, sitas en el lugar denominado "La Cueva", en el término municipal de San Bartolomé de Lanzarote, en suelo rústico de protección de valor paisajístico, incluido en espacio natural protegido, Paisaje Protegido de La Geria, dado que se ubican en suelo rústico, es necesaria calificación territorial y carecen de la misma, se han formulado varios requerimientos para que se inste legalización, sin que conste se haya instado. Debe resaltarse que se ha requerido al afectado para que inste legalización de todas las obras que nos ocupan, a excepción de las de ampliación de vivienda en 20 m2 y garaje que aquí se sancionan, pero se ubican en suelo rústico, es necesaria calificación territorial y se carece de la misma, y la demolición del resto de las obras arrastraría la de éstas, por lo procede también ordenar su demolición.

A tales efectos ha de requerirse al interesado para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndose de que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar, a que esta Agencia ejecutara subsidiariamente la orden de demolición, de restablecimiento, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De acuerdo con lo dispuesto en el artº. 188.2 del TRLOTC y ENC, en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción.

VIII

De conformidad con el apartado 1 del artículo 182 del TRLOTC y ENC, se advierte al interesado de que si repone los terrenos por sí mismo a su estado anterior, en los términos dispuestos por la Administración, tendrá derecho a la reducción en un noventa por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación.

Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación y, habiéndose observado todas las prescripciones legales,

SE PROPONE:

Primero.- Imponer a D. José Rijo Bermúdez, multa de trece mil quinientos veintiún euros con cincuenta y cuatro céntimos (13.521,54 euros), como responsable directo en calidad de promotor, de infracción consistente en ejecución de obras de ampliación de vivienda en 20 m2 y construcción de garaje de 24 m2, en el lugar denominado "La Cueva", en el término municipal de San Bartolomé de Lanzarote, en suelo rústico de protección de valor paisajístico, incluido en espacio natural protegido (Paisaje Protegido de La Geria), sin contar con los preceptivos títulos legitimantes (calificación territorial y licencia urbanística), tipificada y clasificada de muy grave en el artº. 213 del TRLOTC y ENC, en relación con el artº. 202.4.a) del mismo texto legal y sancionada en el citado artº. 213.

Segundo.- Ordenar a D. José Rijo Bermúdez, la demolición de la totalidad de las obras tratadas en el presente proceso, de edificación destinada a vivienda de unos 82 m2, ampliada en 20 m2 y garaje de 24 m2, aljibe, corral y amurallamiento, sitas en el lugar denominado "La Cueva", en el término municipal de San Bartolomé de Lanzarote, en suelo rústico de protección de valor paisajístico, incluido en espacio natural protegido (Paisaje Protegido de La Geria), requiriéndose a tal efecto al interesado para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndose de que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar, a que esta Agencia ejecutará subsidiariamente la orden de demolición, de restablecimiento, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Advertir al interesado de que si repone los terrenos por sí mismo a su estado originario, en los términos dispuestos por la Administración, tendrá derecho a la reducción en un noventa por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación.

Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución al interesado, poniendo en su conocimiento, de conformidad con el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, lo siguiente:

a) Que frente a esta Propuesta de Resolución puede presentar alegaciones, documentos e informaciones, en el plazo de quince días, durante los cuales queda de manifiesto el expediente.

b) A esta notificación se acompaña una relación de los documentos obrantes en el expediente, a fin de que pueda obtener copia de los que estime convenientes.

c) Una vez evacuado este trámite, y vistas las alegaciones, informaciones y pruebas aportadas, se elevará todo lo actuado al Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para que resuelva lo que proceda.

Quinto.- Comunicar a Dña. Julia Martín Cabrera, la tramitación del presente proceso, y darle trámite de audiencia, para que en el plazo de quince días pueda formular las alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime pertinentes, en lo que a las medidas de restablecimiento se refiere, es decir en cuanto a la demolición reseñada en el segundo resuelvo.

A los efectos del artículo 19 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, se le informa de que los documentos obrantes en el expediente sancionador iniciado contra usted son los indicados con una X en la siguiente relación:

x Denuncia de 7 de mayo de 1991.

x Solicitud de información al Ayuntamiento sobre la presunta infracción que constituyen obras denunciadas, con RS 7 de junio de 1991.

x Denuncia de 17 de julio de 1991.

x Oficio de Alcaldía de respuesta a solicitud de información con RE 9 de julio de 1991.

x Informe técnico de 16 de septiembre de 1994.

x Requerimiento al Ayuntamiento con RS 3 de octubre de 1994.

x Resolución nº 193, de 19 de febrero de 1996, del Ilmo. Sr. Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, requiriendo al afectado para que inste legalización de obras de aljibe, corral y muros.

x Requerimiento al afectado con RS 5 de marzo de 1996, relativo a edificación.

x Alegaciones con RE en Consejería el 22 de noviembre de 1996.

x Informe técnico de 29 de noviembre de 1996.

x Comunicación a interesado relativo a escrito de alegaciones con RE 22 de noviembre de 1996, con RS 16 de diciembre de 1996.

x Recibís de notificaciones practicadas por el Ayuntamiento con RE 19 de diciembre de 1996.

x Alegaciones con RE en la Consejería el 17 de diciembre de 1996.

x Requerimiento al afectado para que inste legalización de edificación con RS 16 de mayo de 2007.

x Requerimiento al Ayuntamiento de información sobre medidas adoptadas respecto a las obras de construcción de aljibe, corral y amurallamiento, con RS 16 de mayo de 1997.

x Comunicación a interesado de solicitud de información al Ayuntamiento con RS 16 de mayo de 1997.

x Informe técnico de 11 de septiembre de 2003.

x Informe técnico de 7 de febrero de 2007.

x Resolución nº 880, de 27 de marzo de 2008, de incoación de expediente sancionador.

x Resolución nº 1304, de 5 de mayo de 2008, de notificación de Resolución de incoación mediante anuncio.

x Alegaciones con RE de 9 de junio de 2008.

x Propuesta de Resolución.

Remitir la presente resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

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