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No habiéndose podido notificar a D. José Oriol Rodríguez Taño en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 351/02-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. José Oriol Rodríguez Taño la Resolución nº 936, de fecha 1 de abril de 2008, recaída en el expediente con referencia 351/02-U, y que dice textualmente:
"ANTECEDENTES
1º) Con motivo de denuncia formulada por Agente de Medio Ambiente de fecha 9 de enero de 2002 contra D. José Oriol Rodríguez Taño, por extracción de áridos (picón) en unos 100 m2 de unos 4.000 m3, sin que conste título habilitante, en el lugar conocido por San Mauro, término municipal de Puntagorda, en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural se abrió el expediente administrativo de referencia 351/02-U.
2º) Mediante Resolución de fecha 14 de marzo de 2002 se acordó la suspensión de las citadas obras, de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. Dicha Resolución se notificó a la interesada el día 25 de marzo de 2005.
3º) Examinada la documentación obrante en el expediente consta la paralización de dicha extracción, desde la fecha del precinto, efectuado el día 15 de mayo de 2002.
4º) En el informe emitido por el Servicio Técnico con fecha 12 de julio de 2006 constan los siguientes extremos:
- La actuación denunciada no continuó después de la fecha del precinto.
- La actividad denunciada se ejecutó fuera de Espacio Natural Protegido o Área de Sensibilidad Ecológica y dada las dimensiones de la extracción no precisaría someterse a la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia.
Segunda.- Que el expediente ha sido tramitado observando todas las formalidades legales y reglamentarias.
Tercera.- De conformidad con lo previsto en el artículo 205.1, en relación con el artículo 201.1 del Texto Refundido las infracciones graves prescriben a los dos años.
En consecuencia, examinada la documentación obrante en el expediente en la que consta el cese de la actividad desde la fecha del precinto, 15 de mayo de 2002, y a efectos de los mencionados artículos, opera en este sentido la prescripción de la sanción y no procede en este caso la restauración, una vez transcurrido el plazo de cuatro años desde el cese de la actividad, de conformidad con el artículo 180, apartado primero del TRLoTENC.
Cuarta.- En aplicación de los artículos 177 y 180 del Texto Refundido, ha de exigirse la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, incluso mediante los sistemas de ejecución forzosa previstos en la legislación de procedimiento administrativo, con el fin de restaurar el orden infringido dentro de los cuatro años siguientes a la completa y total terminación de las obras o el cese en el uso.
En atención a lo expuesto, y a la vista de lo informado por el técnico competente en la materia con fecha 12 de julio de 2006, en el sentido de que la actuación objeto del presente expediente no necesita la adopción de medida de restauración alguna, procediendo el archivo de las actuaciones practicadas en el expediente de referencia.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar la prescripción de la presunta infracción cometida que motivó la apertura del expediente administrativo nº 351/02-U, procediendo al archivo de las actuaciones practicadas en el mismo.
Segundo.- Notificar la presente Resolución al interesado y al Ayuntamiento.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto o directamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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