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BOC Nº 142. Miércoles 16 de Julio de 2008 - 2787

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2787 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2 de julio de 2008, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Carmen Dóniz Dóniz, interesada en el expediente nº 854/03-U.

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No habiéndose podido notificar a Dña. Carmen Dóniz Dóniz en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Propuesta de Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 854/03-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Carmen Dóniz Dóniz la Propuesta de fecha 20 de mayo de 2008, recaída en el expediente con referencia 854/03-U, y que dice textualmente:

"Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia seguido frente a Dña. Carmen Dóniz Dóniz por realizar obras en suelo rústico, consistentes en la construcción de una edificación de dos plantas de altura y una superficie total construida de 140 m2 aproximadamente sin contar con la preceptiva licencia urbanística ni la previa calificación territorial, en el lugar denominado calle El Orégano, 1, Benijos, en el término municipal de La Orotava, en la isla de Tenerife.

Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Centro Directivo, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado calle El Orégano, 1, Benijos, en suelo clasificado como rústico, en el término municipal de La Orotava, se realizaron obras consistentes en la construcción de una edificación de dos plantas de altura y una superficie total construida de 140 m2 aproximadamente, promovidas por Dña. Carmen Dóniz Dóniz, sin contar con los títulos legitimantes (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).

Segundo.- Con fecha 21 de octubre de 2003, por Resolución nº 1500 se ordenó la suspensión de las obras habiendo sido notificado el siguiente día 5 de noviembre de 2003.

Tercero.- Con fecha 25 de noviembre de 2003 se procedió a realizar la diligencia de precinto realizándose un primer seguimiento del precinto el pasado día 18 de febrero de 2004 y un segundo seguimiento el siguiente día 6 de abril de 2004, comprobándose en ambos que las obras no habían continuado encontrándose paralizadas y en el mismo estado que presentaban cuando la Agencia de Protección del Medio Urbano y natural efectuó su precinto.

Cuarto.- Con fecha 23 de septiembre de 2005 se realizó informe por la Oficina Técnica de la Agencia en donde se valoraron las obras en un estado constructivo del 45% en la cantidad total de treinta mil ochocientos sesenta y seis euros con cuarenta y siete céntimos (30.866,47 euros).

Quinto.- Con fecha 14 de marzo de 2008 se dictó la Resolución nº 821 por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente procedimiento sancionador contra Dña. Carmen Dóniz Dóniz, promotora de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del TRLOTENC y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.

Dicha Resolución fue notificada el pasado día 24 de abril de 2008.

Sexto.- La interesada presentó con fecha 8 de mayo de 2008 escrito de alegaciones en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural en el que sucintamente expone:

- Que en la fecha en que se efectuó la denuncia, la vivienda se encontraba construida en fechas anteriores al año 1999, o sea que estaba realizada cuatro años antes de la denuncia, por lo que dicha obra habría ganado prescripción de infracciones urbanísticas. De hecho la única obra que se realizaba en ese momento era la apertura de un pozo ciego, pero ninguna obra en la edificación. Por otro lado, dicha vivienda está construida sobre un terreno de la titularidad de su padre D. Leocadio Dóniz Lorenzo. Para verificar lo anterior, aporta nuevamente como documento número dos la póliza suscrita con la entidad Canaragua desde el año 1999 habiéndose venido abonando los suministros de agua tal y como acredita con los documentos números tres y cuatro. Por otro lado también desde esa fecha se viene abonando la tasa por recogida de basura como acredita con el número cinco.

- Que la construcción es de anterioridad al año 1999 es un hecho irrefutable, y en todo caso corresponde a esa Administración demostrar que no lo es, especialmente ante un hecho tan evidente como lo es el pago del suministro de agua potable expedido por el Ayuntamiento de La Orotava a través de la entidad concesionaria del suministro de agua.

- Que la citada edificación viene siendo ocupada por la interesada, su esposo y sus hijos menores de edad interrumpidamente desde el año 1999, procediéndose incluso en mayo de 2004 al rodado del precinto para que la vivienda pudiera volver a ser ocupada por dicha familia atendiendo al uso residencial preexistente que poseía la misma, lo que acredita con la copia número seis de los documentos.

- Que la única obra que puede ser objeto de sanción es la del pozo ciego pero de ningún modo la de una edificación que contaba con más de cuatro años de terminación en la forma en que se halla antes de la denuncia, razón por la que no procede la legalización de clase alguna toda vez que ha ganado la prescripción urbanística y porque tampoco la compareciente ni su familia posee recursos para ello, ya que dicha vivienda se ha realizado a duras penas y en los años anteriores a 1999, siendo el único domicilio donde pueden habitar.

- Que se ha caducado la potestad para sancionar, procediendo el archivo del expediente respecto a la edificación, sobrepasándose los plazos previstos en el artº. 20 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

- Que le es de aplicación la Disposición Transitoria 12ª del TRLOTENC, según modificación operada por la Ley 4/2006, de 22 de mayo. El Ayuntamiento de La Orotava está llevando a cabo la revisión del Plan General de Ordenación vigente a fin de adecuar la realidad edificatoria de la zona donde se ubica la vivienda denunciada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLoTENC).

II

En cuanto a las alegaciones aducidas por el interesado hay que señalar:

Que las mismas en modo alguno pueden ser estimadas toda vez que no desvirtúan el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente expediente, cual es, la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras de las que trae causa el presente procedimiento, no pudiendo obviarse que la mera solicitud de legalización de las obras no autorizan su construcción, toda vez que es requisito imprescindible la obtención de las correspondientes autorizaciones con anterioridad a la ejecución de la referida obra.

En cuanto a la primera de las alegaciones se ha de decir que en modo alguno puede entenderse la obra de la que trae causa el presente procedimiento prescrita por cuanto ha quedado totalmente constatado que las citadas obras consistentes en la ejecución de una edificación de dos plantas de altura y una superficie total construida de 140 m2 aproximadamente se encontraban al 45% de su estado constructivo el pasado día 23 de septiembre de 2005, fecha en que se realizó el informe técnico y valoración obrante en el expediente. A mayor abundamiento constan las fotografías tomadas con ocasión de los seguimientos de precinto en donde se refleja el estado inacabado de las referidas obras. Igualmente y en relación con la documentación aportada de adverso consistente en la póliza de abono suscrita con Canaragua, documentos de pago del suministro de agua así como de la basura, se ha de decir que los mismos ya constan en el expediente al haberlas aportado la denunciada en el recurso de reposición contra la resolución de suspensión de obras que fue desestimado por Resolución nº 3650, de fecha 18 de noviembre de 2004.

A este respecto consta informe técnico de fecha 17 de junio de 2004 en el que el técnico que lo suscribe afirma "que consultada la ortofoto del vuelo realizado en el año 1998, la edificación denunciada no existe. La edificación se encuentra sin terminar, tal y como se puede comprobar en las fotos aportadas en la diligencia del segundo seguimiento de precinto de fecha 6 de abril de 2004".

Sentado lo anterior queda claro que en modo alguno puede ser cierta la aseveración efectuada de adverso relativa a que la vivienda objeto del presente procedimiento se encuentra ejecutada desde fechas anteriores al año 1999, siendo del todo irrefutable la fotografía que se aporta de la construcción por el Seprona anexa a la denuncia de fecha 9 de agosto de 2003, en donde se aprecia claramente que la vivienda se encuentra sin terminar.

Relativo al argumento esgrimido de adverso sobre la caducidad del procedimiento se ha de decir que en modo alguno ha operado la misma por cuanto el artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, establece un plazo de seis meses para resolver el procedimiento sancionador desde el inicio del mismo que tiene lugar con la Resolución de incoación de fecha 14 de marzo de 2008, por lo que dicho plazo aún no ha transcurrido.

En relación con el precinto de la obra se ha de establecer que el mismo es el acto material de la resolución de suspensión de obras, siendo irrelevante lo argumentado de adverso respecto a su rodamiento en el presente procedimiento sancionador, puesto que el mismo no desvirtúa la naturaleza jurídica de la orden de suspensión ni la del presente procedimiento sancionador cuyo objeto es la realización de unas obras sin las coberturas legales preceptivas.

Por último y en cuanto a que le es de aplicación lo dispuesto en la Disposición Transitoria 12.6º del TRLOTENC, se ha de decir que no ha lugar a ello, por cuanto en el presente supuesto no concurren los requisitos establecidos en el mismo.

Al respecto se ha de hacer mención al informe técnico de fecha 23 de septiembre de 2005 obrante en el expediente, el suelo donde se ubica la vivienda se clasifica como Suelo Rústico de Protección Agraria en el Plan General de Ordenación de La Orotava aprobado definitivamente en la C.O.T.M.A.C. el pasado día 23 de diciembre de 2003.

III

Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3 del citado Decreto Legislativo 1/2000 y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente. Al objeto de graduar la correspondiente sanción, el artículo 196.1 del Texto Refundido establece que la multa deberá fijarse ponderando las circunstancias concurrentes en la valoración global de la infracción. En el presente caso concurre la circunstancia atenuante del artº. 198.c) del TRLOTENC, al haber respetado la interesada la orden de suspensión de obras. Asimismo, el informe emitido por el Servicio Técnico de esta Agencia con fecha 23 de septiembre de 2005, valora las obras no autorizadas en la cantidad de 30.886,47 euros. Examinada dicha valoración de las obras, así como las circunstancias concurrentes y todo ello en relación con el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, procede imponer una multa por una cuantía dentro de la mitad inferior de la correspondiente escala por lo que se propone la imposición de una multa de 20.000 euros.

IV

En virtud del artículo 179.1 del TRLoTENC las Propuestas de Resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando, instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y, de la instrucción del procedimiento, resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado, con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

V

Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En virtud de lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer una multa de veinte mil (20.000) euros a Dña. Carmen Dóniz Dóniz, en calidad de promotora de las obras descritas en los antecedentes de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido y sancionada en el artº. 203.1.b) del mismo.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las obras consistentes en la construcción de una edificación de dos plantas de altura y una superficie total construida de 140 m2 aproximadamente, y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria, advirtiéndole de que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%), en virtud de la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del TRLoTENC (Ley 4/2006).

Tercero.- Advertir al interesado de que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.

Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite.

Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución a la interesada.

De todo lo cual se da traslado al interesado, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del día en que se le notifique la presente Resolución, para que pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBRANTES

EN EL EXPEDIENTE Nº 854/03-U

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección General de Tributos en su Resolución de 10 de enero de 2007, por la que se informa sobre el importe actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2007.

- Boletín de denuncia registro entrada 18 de agosto de 2003.

- Boletín de denuncia registro entrada 18 de agosto de 2003.

- Resolución por la que se acuerda suspender obra, a.r.

- Oficio al Ayuntamiento de La Orotava, a.r.

- Oficio de Unelco Endesa, registro entrada 21 de noviembre de 2003.

- Diligencia de precinto.

- Oficio del Ayuntamiento de La Orotava, registro entrada 19 de noviembre de 2003.

- Recurso de reposición presentado por la interesada registro entrada 17 de diciembre de 2003.

- Diligencia de seguimiento de precinto.

- Diligencia de segundo seguimiento de precinto.

- Instancia de interesada, solicitando se le tenga por presentado el recurso registro entrada 29 de abril de 2004.

- Remisión de Cubierta de fax, al Ayuntamiento de La Orotava.

- Oficio al Ayuntamiento de La Orotava, a.r. Solicitando información.

- Informe Técnico de 17 de junio de 2004.

- Resolución nº 3650 por la que se resuelve recurso de reposición frente a orden de suspensión, a.r.

- Devolución por correo de la notificación a interesado de Resolución nº 3650 por la que se resuelve recurso de reposición.

- Oficio al Ilmo. Ayuntamiento de La Orotava, remitiendo comunicación de Resolución nº 3650 con el ruego de que se haga llegar al interesado, a.r.

- Oficio del Ayuntamiento de La Orotava, remitiendo la notificación de la Resolución nº 3650 por la que se resuelve recurso de reposición frente a orden de suspensión.

- Informe Técnico de 23 de septiembre de 2005.

- Resolución nº 821 por la que se acuerda incoar expediente sancionador, a.r.

- Devolución por correo de la notificación de la Resolución nº 821 a interesada.

- Acta de notificación de 21 de abril de 2008.

- Acta de notificación de 24 de abril de 2008.

- Escrito de alegaciones de interesada de registro de entrada 8 de mayo de 2008."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de julio de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

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