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BOC Nº 100. Martes 20 de Mayo de 2008 - 2008

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo, Industria y Comercio

2008 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 5 de mayo de 2008, que notifica la Resolución del Viceconsejero de Industria y Energía de 30 de enero de 2008, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por Dña. Cristina Bermúdez Cabrera, en representación de las entidades Espacio Industrial Bermúdez, S.L.U., Fabrecar, S.A., y Tamicar, S.L., frente a la Resolución de la extinta Dirección General de Industria y Energía, de 23 de enero de 2007, relativa a la reclamación de reintegro de los costes de primera instalación y mantenimiento de la red de energía eléctrica ejecutada en el Polígono Este Altavista II.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Viceconsejería de Industria y Energía sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la entidad Espacio Industrial Bermúdez, S.L.U., la Resolución de 30 de enero de 2008 (libro 01, nº reg. 14, folio 33-40), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por Dña. Cristina Bermúdez Cabrera, en representación de las entidades Espacio Industrial Bermúdez, S.L.U., Fabrecar, S.A., y Tamicar, S.L., frente a la Resolución de la extinta Dirección General de Industria y Energía, de fecha 23 de enero de 2007, recaída en el expediente DE 06/009, relativa a la reclamación de reintegro de los costes de primera instalación y mantenimiento de la red de energía eléctrica ejecutada en el Polígono Este Altavista II.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de 2008.- La Secretaria General Técnica, Cristina de León Marrero.

A N E X O

Resolución de la Viceconsejería de Industria y Energía de 30 de enero de 2008, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por Dña. Cristina Bermúdez Cabrera, en representación de las entidades Espacio Industrial Bermúdez, S.L.U., Fabrecar, S.A., y Tamicar, S.L., frente a la Resolución de la extinta Dirección General de Industria y Energía, de fecha 23 de enero de 2007, relativa a la reclamación de reintegro de los costes de primera instalación y mantenimiento de la red de energía eléctrica ejecutada en el Polígono Este Altavista II.

Visto el recurso de alzada interpuesto por Dña. Cristina Bermúdez Cabrera, en representación de las entidades Espacio Industrial Bermúdez, S.L.U., Fabrecar, S.A., y Tamicar, S.L., frente a la Resolución de la extinta Dirección General de Industria y Energía, de fecha 23 de enero de 2007, recaída en el expediente DE 06/009, relativa a la reclamación de reintegro de los costes de primera instalación y mantenimiento de la red de energía eléctrica ejecutada en el Polígono Este Altavista II, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 17 de enero de 2006 Dña. Cristina Bermúdez Cabrera, en representación de la entidad Espacio Industrial Bermúdez, S.L.U., y Dña. Lidia María Gómez Fábregas, en representación de Fabrecar, S.A., y Tamicar, S.L., presentan escrito de reclamación en el cual viene a manifestar lo siguiente:

1. Que habiendo remitido carta a la entidad distribuidora eléctrica Unelco-Endesa requiriéndole para el pago de 719.581,09 euros, en concepto de reintegro de los costes de primera instalación y mantenimiento de la red de energía eléctrica ejecutada en el Polígono Este Altavista II, en la isla de Lanzarote, en base al Plan Parcial promovido por nuestras representadas, en virtud del artº. 99.2 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en siglas TR-LOTENCÕ00), dicha empresa distribuidora no ha contestado a la misma.

2. Que las citadas empresas hoy reclamantes basan su pretensión en el artículo 99.2 del TR-LOTENC y en el artículo 59 del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 3.288/1978, 122 del TR-LSOU'76 y 39 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias preceptos que otorgan a los propietarios un derecho de reintegro sobre los gastos de primera instalación y mantenimiento de varios servicios, entre ellos el de energía eléctrica. Y, por tanto, le corresponde a la entidad distribuidora Unelco-Endesa reintegrar a las empresas promotoras del Plan Parcial Polígono Este Altavista II, de los costes de primera instalación de las infraestructuras eléctricas ejecutadas en dicho Polígono.

En este sentido, las empresas promotoras aportan un Dictamen Jurídico Moreno, Pérez & Asociados donde se razona la procedencia del derecho al mencionado reintegro.

3. La cantidad indicada en concepto de gastos a reintegrar 719.581,09 euros (119.728.219 pesetas), es el resultado de restarle a la totalidad de la inversión, las cuotas que deberían repercutirse a los usuarios finales de la instalación en concepto de derechos de extensión, a tenor de lo dispuesto en los correspondientes textos normativos urbanísticos y del sector eléctrico.

4. Asimismo, el derecho de reintegro ha sido expresamente reconocido por la propia Administración, cuando, en desarrollo del "Sistema de Concierto" elegido se procedió a la firma del Convenio Urbanístico para la ejecución del Plan Parcial que nos ocupa y en cuya cláusula sexta se acuerda que: "A la terminación de cada una de las unidades de obras o servicios de la urbanización, la Administración actuante procederá a la recepción, con el objeto simultáneo de asunción de los compromisos de mantenimiento y conservación y procediendo las promotoras, a reclamar de las empresas concesionarias o suministradoras los gastos de primera instalación de los servicios de energía eléctrica, abastecimiento de agua, saneamiento y telecomunicaciones, de acuerdo con lo establecido en el artº. 99.2 "in fine" del TRLOTENCÕ00, artº. 122.1.a) del TRLS de 1976 y artº. 59.2 del Reglamento de Gestión Urbanística".

5. Finalmente, las empresas reclamantes hacen mención a la Resolución de la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías, de 23 de junio de 2005, desestimatoria de los recursos de alzada deducidos en los expedientes AT 03LZ08 y AT 03/F01, porque entienden que en ella se comparten las consideraciones expuestas en el precitado Dictamen Jurídico.

Segundo.- Con fecha 15 de febrero de 2006, la empresa distribuidora remite escrito de contestación mediante el cual viene a decir lo siguiente:

1. En cuanto al dictamen jurídico aportado, la entidad distribuidora muestra su disconformidad con la interpretación que el referido dictamen realiza sobre el reintegro de los costes de primera instalación.

2. La empresa distribuidora considera pertinente mantener la aplicación del artículo 45.3 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, y por tanto, corresponde al urbanizador o promotor dotar la parcela de la infraestructura eléctrica necesaria para atender el suministro eléctrico incluido el refuerzo de la red exterior.

Tercero.- Mediante Resolución de fecha 23 de enero de 2007, la Dirección General de Industria y Energía, dicta resolución por la cual desestima la reclamación de las empresas Espacio Industrial Bermúdez, S.L.U., Fabrecar, S.A. y Timacar, S.L., relativa a la solicitud de reintegro de los costes de primera instalación y mantenimiento de la red de energía eléctrica ejecutada en el polígono Este Altavista II, en la isla de Lanzarote.

Cuarto.- Con fecha 28 de febrero de 2007 Dña. Cristina Bermúdez Cabrera, en representación de las entidades Espacio Industrial Bermúdez, S.L.U., Fabrecar, S.A., y Tamicar, S.L., interpuso recurso de alzada frente a la Resolución de fecha 23 de enero de 2007, en base a las siguientes alegaciones:

1º) La recurrente entiende que con la desestimación de la reclamación del reintegro de los costes de primera instalación y mantenimiento de la red eléctrica, en el Polígono Este Altavista II, la Administración inobserva sus propios actos, frustrando en consecuencia la confianza legítima depositada en la Administración Pública, pues según la recurrente, en este caso ha manifestado en reiteradas ocasiones su opinión favorable al reintegro de dichos costes en cuestión. Estas conclusiones se extraen de la siguiente versión de los hechos:

En un primer momento, el Ayuntamiento de Arrecife suscribió con estas entidades, un convenio de gestión concertada, donde se indicaba que una vez finalizadas las obras, las entidades promotoras requerirían a las empresas distribuidoras para el reintegro de costes de primera instalación y mantenimiento de las redes, actuación que fue seguida por las entidades representadas enviando a Unelco, el 7 de julio de 2005, una carta donde se requería el reintegro de los precitados costes, y comoquiera que esta carta fue desatendida, presentaron reclamación ante este Departamento que derivó en la resolución desestimatoria impugnada.

Por su parte, la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías mostró su opinión favorable al pretendido reintegro de costes en cuanto a la red eléctrica en la Resolución del recurso de alzada presentado por Unelco contra la Resolución del Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas, de fecha 11 de junio de 2003, que se refería al reparto de costes de la instalación eléctrica del Polígono Este Altavista II (expediente AT 03LZ08).

2º) Considera que la denegación del reintegro total de los costes de instalación de dichas redes conllevaría un claro enriquecimiento injusto de la entidad distribuidora, totalmente prohibido en nuestro derecho, según ha establecido la jurisprudencia en reiteradas ocasiones, en cuanto a que las empresas distribuidoras obtendrían gratuitamente las instalaciones eléctricas sin más coste que el inherente a la propiedad cual es la conservación de las mismas, infraestructura que sirve igualmente para dotar de energía a otras zonas colindantes que también habrán de ceder gratuitamente sus infraestructuras, máxime cuando no existe ni siquiera en este caso convenio de resarcimiento de terceros suscrito por ninguna de las entidades implicadas.

3º) Asimismo esta denegación de los costes de instalación supone una clara vulneración del principio de equidistribución de beneficios y cargas consagrado en el artículo 4 del TR-LOTENC'00. Y este es el sentido del artículo 99.2 in fine del TRLOTENCÕ00 y del artº. 39 del Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, que disponen la repercusión a las entidades o empresas concesionarias o suministradoras, de los gastos de primera instalación y mantenimiento de los servicios de energía eléctrica.

4º) Por consiguiente, sin negar el carácter básico de la normativa eléctrica, no se puede obviar que en el ámbito urbanístico se determina el régimen de equidistribución de beneficios y cargas derivados de la actuación urbanística, velando por el perfecto equilibrio económico el proceso urbanizador que evidentemente se quiebra si se cercena el derecho de reintegro referido, enriqueciendo injustamente a las entidades suministradoras de energía.

En este sentido, considera la recurrente que el referido derecho de reintegro resulta procedente en el ámbito que nos ocupa, y por lo tanto solicita la anulación de la resolución impugnada que niega el ejercicio del citado derecho, permitiendo el enriquecimiento injusto de la empresa distribuidora, e inobservando las normas que han de regir el proceso urbanístico, en cuanto a la justa distribución de beneficios y cargas derivadas del planeamiento.

5º) En cuanto a la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2002 que se pronuncia sobre la legalidad del Real Decreto 1.955/2000, y en concreto del mismo artículo 45 que aplica la Administración para entender denegada la solicitud de reintegro, se debe indicar que dicha Sentencia no resuelve la aplicación del referido precepto a ningún asunto concreto, sino que lo analiza en abstracto a los estrictos términos de determinar su conformidad con la legislación, con lo cual entiende que no puede servir de motivación para la denegación de la solicitud de reintegro formulada por los recurrentes.

6º) Aunque es cierto que en la interpretación dada por el Tribunal Supremo en la referida Sentencia de 25 de noviembre de 2002 se señala que la normativa sectorial eléctrica ha de aplicarse teniendo en cuenta la legislación urbanística y ésta obliga al promotor del suelo urbanizable a costear y ejecutar la urbanización en su totalidad - artº. 18 de la Ley 6/1998, de Régimen del Suelo y artículo 71 del TR-LOTENC'00, no es posible obviar que la misma legislación establece el derecho de los promotores de reintegrarse a cargo de las empresas suministradoras en los costes de los servicios urbanísticos que sirvan a dichas entidades para lucrarse prestando un determinado servicio; interpretación totalmente razonable y lógica que comulga con el respeto al principio de justa equidistribución de beneficios y cargas derivadas del planeamiento.

Quinto.- En orden a la resolución del recurso de alzada objeto de estudio, el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas, adscrito a la Dirección General de Industria y Energía, emite informe motivado y desfavorable a la estimación del mismo, de fecha 28 de marzo de 2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso de alzada, no hay que realizar objeción alguna por cuanto el recurso ha sido presentado dentro del plazo de un mes, según lo previsto en el artículo 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en siglas, LRJPAC), la entidad recurrente está legitimada para interponer el presente recurso de alzada, y el órgano competente para su resolución es la Viceconsejería de Industria y Energía, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- La Resolución objeto de la presente vía de impugnación tiene su fundamentación en el artículo 45, apartado tercero, del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1.454/2005, de 1 de diciembre, que establece que el propietario, o en su defecto el solicitante, deberá ejecutar a su costa, de acuerdo con las condiciones técnicas y de seguridad así como con las establecidas por la empresa distribuidora y aprobadas por la Administración competente, la infraestructura eléctrica necesaria, incluyendo la red exterior de alimentación y los refuerzos necesarios limitados a la instalación a la que se conecta la nueva instalación. Este criterio ha sido defendido por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 25 de noviembre de 2002 (RJ 2002\10512) desestimatoria del recurso contencioso-administrativo nº 157/2001, que se interpuso por la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo contra el Real Decreto antedicho, en el cual solicitaba, en especial, la anulación de los artículos 44 y 45 de la referida disposición reglamentaria.

Tercero.- Por lo que se refiere a los alegatos de oposición a la Resolución impugnada, formulados por la parte recurrente, cabe oponer los siguientes razonamientos:

1º) En respuesta al primer alegato sobre la conculcación del principio de confianza legítima por entender que esta Administración ha contradicho sus propios actos en la resolución impugnada, en concreto en relación a la tesis mantenida en el expediente AT 03LZ08 sobre legalización de las instalaciones eléctricas en cuestión, entendemos que es improcedente, por cuanto en aquel caso se trata de una intervención administrativa, diferente a la pretendida, legitimada en caso de discrepancias sobre el reparto de costes derivados de la exigencia de una sobredimensión de la red por parte de la empresa distribuidora al peticionario del suministro, superior a la necesaria para atender la demanda de potencia solicitada, en cuyo caso el mismo artículo 45, apartado cuarto, del Real Decreto 1.955/2000, dispone que la empresa distribuidora deberá costear dicha superior dimensión.

2º) Efectivamente, en el supuesto que nos ocupa el artículo 45, apartado tercero, del Real Decreto 1.955/2000, aplicado por este Departamento en el ejercicio de las competencias atribuidas en el expediente DE 06/009, parte de otro presupuesto fáctico distinto al precedente, en el cual este Departamento no puede satisfacer las pretensiones de la recurrente al versar sobre un suministro solicitado en suelo urbanizable, en el cual el precitado artículo 45, apartado tercero, de la misma disposición reglamentaria prevé la ejecución, a costa del propietario, de la infraestructura eléctrica necesaria, incluyendo la red exterior de alimentación y refuerzos necesarios, limitados a la instalación a la que se conecta la nueva instalación.

3º) Por otro lado, es preciso tener en cuenta el hecho de que en la fecha en que fue presentada la reclamación que dio inicio al expediente de denuncia DE 06/009, ya había entrado en vigor el Real Decreto 1.454/2005, de 2 de diciembre, cuyo artículo segundo venía a modificar los apartados números 1, 3 y 6 del artículo 45 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, resultando de dicha actualización, en lo que respecta al apartado tercero invocado, la supresión del último párrafo ("No obstante, las empresas distribuidoras podrán participar en el coste de la infraestructura eléctrica a que se refieren los párrafos anteriores"), y de la coletilla final del primer párrafo ("aplicándose, en su caso, lo establecido en el apartado primero"), términos en los que residenciaban los promotores la reclamación dirigida a esta Consejería para que mediasen en el reintegro de los costes de primera instalación y mantenimiento de la red de energía eléctrica.

Y a este respecto, debemos aclarar que el referido precepto en su versión primitiva (en concreto el artº. 45.3 "in fine" del Real Decreto 1.955/2000), tampoco disponía una intervención expresa de este Departamento que legitimara por nuestra parte la exigencia a la empresa distribuidora para que participase en el coste de infraestructura eléctrica, a diferencia de lo establecido en el mismo artº. 45.4 de la precitada disposición reglamentaria, en base al cual este Departamento intervino en el reparto de costes derivados de la sobredimensión de la red eléctrica exigida al peticionario del suministro (expediente AT 03LZ08), por cuanto esta intervención administrativa, si está prevista de modo expreso en el precepto de aplicación (artº. 45.4 Real Decreto 1.955/2000).

4º) En respuesta al segundo alegato recogido en el antecedente fáctico cuarto del presente acto, hemos de aclarar que el sentido desestimatorio de la reclamación del reintegro de los costes de primera instalación, en base a lo expuesto en los párrafos precedentes, no se refiere a la denegación del derecho en sí, según los postulados de la normativa urbanística invocada, sino a la negativa de la mediación solicitada por los reclamantes ante la empresa distribuidora para exigirle el reintegro de dichos costes por cuanto este Departamento, por los motivos expuestos, no está legitimada para ejercer dicha intervención por tal concepto, si bien sí lo estaba para hacerlo en el caso de los costes que supuso la sobredimensión exigida a los mismos reclamantes por la entidad distribuidora en el expediente AT 03LZ08, en el cual esta Consejería medió en el reparto de costes de las instalaciones eléctricas, determinando que a los peticionarios sólo le correspondería cargar con el 28,87% de los costes derivados de la ejecución material de las instalaciones autorizadas en función de la potencia solicitada, mientras que a la entidad distribuidora correspondería el 71,13% en base a lo previsto en el apartado cuarto, del artículo 45 Real Decreto 1.955/2000, y con el fin de evitar el enriquecimiento injusto ahora invocado por los mismos peticionarios y por las mismas instalaciones, fundamentándonos precisamente en la doctrina jurisprudencial ahora invocada por el recurrente. Y en este sentido, en respuesta a la denuncia sobre la cesión gratuita de las instalaciones con motivo de la denegación del reintegro total de los costes de instalación y el consiguiente enriquecimiento injusto alegado por este motivo, debemos señalar que dicho alegato es totalmente improcedente, pues cabe recordar que la Resolución de la extinta Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías, de fecha 23 de junio de 2005, recaída en los expedientes acumulados AT 03LZ08 y AT 03/F01, vino a establecer en el fundamento jurídico tercero, apartado nº 6, la condición de que para que dicha cesión fuera autorizada en los términos previstos en los artículos 133 y 134 del Real Decreto 1.955/2000, debía cumplir con su deber de costear dicha sobredimensión, según lo previsto en el artículo 45.4 de la misma disposición reglamentaria.

Por lo que respecta a la inexistencia del convenio de resarcimiento de terceros, como se deduce de los términos previstos del artículo 45, apartado sexto, del Real Decreto 1.955/2000, tanto en su versión primitiva como en la actual operada por la modificación de dicho apartado por el Real Decreto 1.454/2005, de 2 de diciembre, la suscripción del convenio de resarcimiento de los costes frente a terceros, se contempla como una opción del titular de las instalaciones como posibilidad de compensar los gastos derivados de la ejecución material de la instalación eléctrica, con la repercusión de los costes a los terceros beneficiarios de la nueva infraestructura abierta al uso de los mismos.

5º) Por lo que se refiere al argumento sobre la vulneración del principio de equidistribución de beneficios y cargas y de repercusión de los costes de primera instalación y mantenimiento de los servicios de energía eléctrica, consagrados en los artículos 4 y 99 in fine del TR-LOTENC'00, volvemos a señalar que la resolución impugnada, desestimatoria de la pretensión de los reclamantes, obedece a la aplicación del artículo 45.3 del Real Decreto 1.955/2000, precepto en el cual lejos de contemplar el reembolso de este tipo de costes a favor del propietario de las instalaciones, viene a establecer de modo genérico la ejecución de la infraestructura eléctrica necesaria a su costa, y por consiguiente debe abstenerse de pronunciarse sobre la decisión interesada por los reclamantes, en lo que concierne a la aplicación de los preceptos de la normativa urbanística autonómica invocados.

En efecto, este Departamento no tiene competencias para la interpretación de los referidos preceptos urbanísticos, debiendo limitarse a la aplicación de los criterios de imputación de costes de las instalaciones eléctricas establecidos en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, criterios que por otro lado, y de acuerdo con la controvertida Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 25 de noviembre de 2002, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 157/2001, no parecen contradecir la vigente Ley 6/1998, de 13 de abril, del Suelo (fundamento jurídico quinto. II de la precitada sentencia referente al conflicto suscitado entre la contradicción de los artículos 44 y 45 del Real Decreto 1.955/2000 y la Ley del Suelo precitada), ni tampoco las normas autonómicas en cuestión, por cuanto entre ordenamientos jurídicos distintos (esto es, el estatal y el autonómico) no opera el principio de jerarquía normativa sino de competencia (como así se precisa en el mismo fundamento quinto, apartado I, C de la sentencia aludida), determina cuál es el derecho aplicable y que admite qué normas reglamentarias estatales formen parte de las bases que las Comunidades Autónomas han de respetar, cuando legislen en una materia en la que corresponde al Estado establecerlas, siendo este un principio consagrado por el artículo 150 de la Constitución Española, y en este caso no debemos olvidar el carácter de normativa básica otorgado a la normativa eléctrica en cuestión, con lo cual se deriva que la normativa autonómica que se establezca no debe contradecir dichas bases estatales establecidas en el sector eléctrico.

VISTOS

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de transferencia a la Junta de Canarias de competencias, funciones y servicios en materia de industria, energía y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre, sobre adaptación de los servicios transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de industria, energía y minas; el Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias; el Decreto 405/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio; el Decreto 206/2007, de 13 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y Energía, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Dña. Cristina Bermúdez Cabrera, en representación de las entidades Espacio Industrial Bermúdez, S.L.U., Fabrecar, S.A., y Tamicar, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, de fecha 23 de enero de 2007, recaída en el expediente de denuncia DE 06/009, relativa a la reclamación de reintegro de los costes de primera instalación y mantenimiento de la red de energía eléctrica ejecutada en el Polígono Este Altavista II.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pedro Sánchez Rodríguez.

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