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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Viceconsejería de Industria y Energía sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
1º) Notificar a Dña. Carmen Vázquez Novo, la Resolución de 28 de diciembre de 2007 (libro 01, nº reg. 277, folio 1100-1106), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvieron los recursos de alzada interpuestos por D. Ángel Román Martín y Dña. Carmen Vázquez Novo frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, DGIE-25, de fecha 3 de enero de 2007, recaída en el expediente de referencia VBT 06/192, relativa a las reclamaciones contra Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., por los daños ocasionados por la suspensión del suministro eléctrico derivados de la tormenta tropical Delta.
2º) Remitir al Ayuntamiento de El Rosario la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de 2008.- La Secretaria General Técnica, Cristina de León Marrero.
A N E X O
Resolución de la Viceconsejería de Industria y Energía de 28 de diciembre de 2007, por la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos por D. Ángel Román Martín y Dña. Carmen Vázquez Novo frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, DGIE-25, de fecha 3 de enero de 2007, recaída en el expediente de referencia VBT 06/192, relativa a las reclamaciones contra Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., por los daños ocasionados por la suspensión del suministro eléctrico derivados de la tormenta tropical Delta.
Vistos los recursos de alzada interpuestos por D. Ángel Román Martín y Dña. Carmen Vázquez Novo frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, DGIE-25, de fecha 3 de enero de 2007, recaída en el expediente de referencia VBT 06/192, relativa a las reclamaciones contra Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., por los daños ocasionados por la suspensión del suministro eléctrico derivados de la tormenta tropical Delta, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fechas 28 y 29 de noviembre de 2005 pasó por la isla de Tenerife la tormenta tropical denominada Delta, ocasionando cuantiosos daños, afectando a las instalaciones eléctricas de la isla originando el corte de suministro eléctrico generalizado en la isla, durante los días señalados.
Segundo.- Con fecha 30 de diciembre de 2005 Dña. Carmen Vázquez Novo presentó solicitud de incoación del procedimiento de responsabilidad patrimonial por las lesiones causadas en los bienes y derechos de los particulares afectados por el apagón acaecido en las fechas señaladas, entendiendo que la causa realmente no fue la tormenta tropical sino las deficiencias en la calidad del servicio de suministro eléctrico y en definitiva a la falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, por lo cual solicita una indemnización por los daños ocasionados por este incumplimiento de la calidad del servicio, o bien admitiendo la aplicación de descuentos en la facturación del suministro, contemplada en la normativa reguladora del sector eléctrico.
Tercero.- Con fecha 24 de octubre de 2006 fue dirigida a las dependencias de la Dirección General de Industria y Energía la reclamación formulada por D. Ángel Román Martín ante la OMIC del Ayuntamiento de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife contra Unelco, por los daños ocasionados en un equipo informático de su propiedad y alimentos perecederos debido a la sobretensión generada por la reposición del suministro eléctrico. En acreditación de los daños reclamados aporta resguardo de entrega del equipo informático en Atlántico Nuevas Tecnologías, S.L., en el que se indica que el equipo marca: ANT, modelo: Atlantis, número serie: desconocido, aparentemente tiene la fuente de alimentación y la placa base quemada, y el equipo no enciende.
Cuarto.- En respuesta a éstas y otras reclamaciones derivadas del corte de suministro en la isla de Tenerife en las fechas indicadas (28 y 29 de noviembre de 2005), así como en días sucesivos a la citada tormenta tropical Delta, la empresa distribuidora informa que los días 29 y 30 de noviembre de 2005 tuvo lugar una formación ciclónica de características insólitas, considerando los acontecimientos como circunstancias de fuerza mayor. Y a este respecto, con el fin de justificar la condición de fuerza mayor adjunta un informe elaborado por el Instituto Nacional de Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente, y el Real Decreto-Ley 14/2005, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por la tormenta Delta en el Archipiélago.
En el informe del Instituto Nacional de Meteorología se alude a una "perturbación singular" y la denominación de tormenta y depresión tropical, donde las velocidades del viento se califican de huracanadas.
Quinto.- A la vista de la documentación aportada que conforma el expediente de referencia VBT 06/192, la Dirección General de Industria y Energía acuerda, mediante Resolución DGIE-25, de 3 de enero de 2007, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
"1. Existe en el presente caso una causa de fuerza mayor, como consecuencia de la tormenta tropical Delta, y en su consecuencia, no se consideran incumplimiento de calidad las interrupciones del suministro eléctrico producidas los días 28 y 29 de noviembre del año 2005.
2. La Dirección General de Industria y Energía carece de competencias para conocer las indemnizaciones por daños y perjuicios solicitadas por los hoy reclamantes, siendo esta cuestión competencia de la jurisdicción civil."
Sexto.- Frente a la resolución precedente, D. Ángel Román Martín, interpone recurso de alzada, con fecha 15 de marzo de 2007, en el cual viene a manifestar lo siguiente:
1ª) Que los daños ocasionados en su domicilio no lo fueron por causas de fuerza mayor, al ser derribadas las torres de tendido eléctrico con motivo del huracán Delta.
2ª) Que cuando en un principio del temporal se quedó sin suministro eléctrico desconectó todos los aparatos eléctricos a excepción del ordenador, y cuando la compañía eléctrica, pasados dos o tres días suministró de nuevo la energía, llegó en un principio con una tensión muy elevada, quemando su ordenador, no ocurriendo lo mismo con el resto de los aparatos que encendió pasadas unas horas.
3ª) Por lo expuesto, solicita la revocación de la resolución adoptada, toda vez que entiende que lo ocurrido se debe a negligencia de Unelco al suministrar una tensión eléctrica inadecuada que le causó daños por un valor de 500 euros, y que obligue a la empresa eléctrica al pago de los daños ocasionados en su propiedad.
Séptimo.- Con fecha 30 de marzo de 2007 Dña. Carmen Vázquez Novo interpuso recurso de alzada frente a la misma Resolución DGIE-25, de 3 de enero de 2007, en base a las siguientes alegaciones:
1ª) Ha sido público y notorio que la ínfima calidad y precariedad de las instalaciones de suministro de energía eléctrica, dependientes de Unelco-Endesa ha contribuido con creces a que los residentes de Tenerife sufrieran las consecuencias de un apagón que en su caso duró más de tres días, derivándose en daños y perjuicios contra sus intereses de salubridad, seguridad, económicos y sociales. A este respecto insiste en la intervención de esta Administración, en base a la aplicación de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, en concreto, de los artículos 3, 10.1, 41.1.a), 45.1.g), 48, 60, 61, 63 y Disposición Adicional Primera, y en los artículos 99, 105, 106.1 y 109 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, en los que se alude en definitiva al deber de velar por el mantenimiento adecuado de las instalaciones eléctricas y de la calidad del suministro, en las condiciones reglamentarias fijadas por el Gobierno. Y en base a esta normativa vuelve a reiterar su solicitud de aplicación de descuentos en la facturación, previstos para el caso de constatarse que la calidad del servicio individual prestado por la empresa es inferior a la reglamentaria exigible.
2ª) Reitera la solicitud de incoación del procedimiento de responsabilidad patrimonial regulado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por las lesiones causadas en los bienes y derechos de los particulares a causa del apagón sufrido en Canarias, el 28 de noviembre y que duró varios días, amparándose igualmente en la Ley General para la Defensa de los consumidores y usuarios, nº 26/1984, de 19 de julio, y en el artículo 106 de la Constitución que consagra el principio de responsabilidad patrimonial extracontractual de las Administraciones Públicas por las lesiones que sufran los particulares siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Octavo.- Con el fin de proceder a la resolución del presente recurso de alzada el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas de Santa Cruz de Tenerife da traslado de copias de los expedientes en cuestión, acompañadas de informes desfavorables sobre las alegaciones contenidas en los citados recursos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad de los recursos en cuestión no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario, por cuanto fueron interpuestos dentro del plazo de un mes previsto en el artº. 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, referida como LRJPAC), las partes recurrentes ostentan plena legitimación activa para promover el presente recurso y el órgano competente para su resolución es el Viceconsejero de Industria y Energía, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica.
Segundo.- La prestación del servicio de suministro en condiciones de regularidad y calidad determinadas de forma reglamentaria, es un deber de la empresa suministradora, de cobertura legal además de reglamentaria, recogido en los artículos 16.a) de la Ley 11/1997, de regulación del Sector Eléctrico Canario y artículos 41 y 45, apartado 1.g) de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico Nacional, estableciéndose de forma reglamentaria, por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, en su artículo 104, los índices objetivos de calidad del servicio referentes al número de horas de interrupción del suministro no programado y del mantenimiento de la tensión de alimentación a los consumidores finales como de la frecuencia nominal de la tensión suministrada dentro de unos límites máximos de variación, de los cuales deberán responder la entidad distribuidora.
Y a este respecto, tal como se precisó en la resolución impugnada la propia entidad distribuidora ha accedido, por propia iniciativa, a aplicar los descuentos en la facturación del suministro a los afectados, en función de la duración de las interrupciones imprevistas del suministro eléctrico, en aplicación del procedimiento previsto en los artículos 104.2 y 105 del mismo Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre. Y en este sentido, la Administración sí está legitimada para intervenir en caso de discrepancias de los reclamantes con los descuentos aplicados en la facturación por la empresa eléctrica, por aplicación de la normativa habilitante, en lo que respecta a la superación de las horas de interrupción o en definitiva en la determinación de un incumplimiento de la calidad del suministro, cuando se sobrepasan los límites de variación de la tensión en cuyo caso corresponderá la valoración de los daños y perjuicios causados a la jurisdicción civil ordinaria (según lo prevé el artículo 105, apartado nº 7 de la reiterada disposición reglamentaria) o bien al valorar la existencia de causa de fuerza mayor o causas ajenas, en los términos previstos en el mismo artículo 105, apartado nº 8 del Real Decreto 1.955/2000, en cuyo caso el mismo apartado dispone que no se considerarán incumplimientos de calidad del servicio las consecuencias provocadas por esta causa de fuerza mayor o acciones de terceros.
En orden a la constatación de la mediación de fuerza mayor, la Orden ECO/797/2002, por la que se aprueba el procedimiento de medida y control de la continuidad del suministro, en su punto 14.6, establece la documentación acreditativa necesaria para determinar que una interrupción de suministro ha sido causada por fenómenos atmosféricos inusuales, que superan los límites establecidos en el Reglamento de Riesgos Extraordinarios según el cual se define el carácter extraordinario de dichos fenómenos, siendo necesario para probar dicha circunstancia adjuntar los partes meteorológicos del momento de la incidencia. Y en este sentido, todas las afecciones acaecidas durante dicha perturbación (incluyendo fluctuaciones de tensión, reposiciones con subidas de tensión) serán consideradas causadas por un evento de fuerza mayor.
Tercero.- Por lo que se refiere al recurso de alzada deducido por D. Ángel Román Martín, estimamos que los argumentos esgrimidos no desvirtúan, en modo alguno los antecedentes fácticos y jurídicos de la resolución impugnada, por los siguientes motivos:
1º) En aplicación de los preceptos señalados en el apartado precedente que definen los índices objetivos de calidad del servicio eléctrico, la empresa suministradora debe responder en la medida en que quede acreditado el incumplimiento de la calidad del servicio individual o zonal, en base a los parámetros dispuestos en la normativa reglamentaria aplicable, y en concreto en el presente caso ha sido declarada la causa de fuerza mayor en base a los documentos acreditativos previstos en la Orden ECO/797/2002, punto 14.6, y tal declaración no ha sido rebatida por el reclamante mediante aportación de prueba en contrario, con lo cual no es aceptable la afirmación del recurrente que rechaza la existencia de fuerza mayor en base al derribo de las torres de tendido eléctrico, que según términos del propio recurrente (1er alegato del recurso) fueron derribadas "con motivo del huracán delta" que en base a la orden señalada y acreditada por el parte meteorológico se consideró de carácter extraordinario.
2º) En respuesta al segundo alegato, en el que se señala que "pasados dos o tres días" (entendemos desde la tormenta, que deducimos podría referirse a los días 1, 2 ó 3 de diciembre) se repuso el suministro ocasionando la quema de su equipo informático que no había desconectado de la electricidad, a diferencia del resto de equipos eléctricos que no sufrieron daños al conectarse pasadas unas horas, no podemos tomar en consideración las fechas señaladas al apreciar cierta imprecisión e incoherencia en las mismas con respecto a la indicada en la reclamación inicial del recurrente en la que precisa como fecha a la que remite los daños originados en su ordenador el día 9 de diciembre de 2005, y por consiguiente dada la ambigüedad de las fechas que expone el interesado, este departamento no puede establecer una relación de causalidad entre la reconexión y unos supuestos daños ocasionados, a diferencia de lo que ha podido establecerse en el caso de otros reclamantes afectados por la misma tormenta tropical.
Cuarto.- Con respecto a las alegaciones de la recurrente Dña. Carmen Vázquez Novo, tampoco pueden prosperar en base a las siguientes consideraciones:
1º) En respuesta a la manifestación de la parte recurrente donde se cuestiona que los daños provocados a los reclamantes derivan de la ínfima calidad y precariedad de las instalaciones de suministro eléctrico, hemos de señalar que tal declaración por si sola, tampoco puede contradecir la valoración realizada en la resolución impugnada que resuelve el expediente VBT 06/192, en el cual se resuelve entre otras la reclamación de esta parte que solicitaba la indemnización de daños y perjuicios por los perjuicios reclamados, resolución en la cual se acordó la existencia de fuerza mayor en consideración de los informes meteorológicos decisivos en la acreditación del carácter extraordinario del fenómeno meteorológico que debió afectar de forma decisiva y generalizada a las instalaciones eléctricas de la isla, y por consiguiente la determinación de la presencia de este factor de fuerza mayor y la consecuencia por la que no debe considerarse incumplimiento de calidad en el servicio, las interrupciones del suministro y los daños ocasionados por este motivo, durante la tormenta en cuestión, debe considerarse acertada por cuanto así lo prevé el artículo 105, apartado octavo, del Real Decreto 1.955/2000, con independencia de los expedientes informativos o sancionadores que hayan podido incoarse en orden a la posible constatación del incumplimiento en la calidad del servicio por otros extremos, que no corresponde valorar en este procedimiento.
No obstante, y como ya se expresó en el texto resolutorio impugnado, por lo que se refiere a la aplicación de descuentos en la facturación solicitada por esta reclamante la entidad distribuidora ya se comprometió a su práctica, y en caso de discrepancia con el resultado de los descuentos aplicados en cumplimiento del procedimiento indicado en los artículos 104 y 105 del Real Decreto 1.955/2000, podrá formular la correspondiente reclamación ante este Departamento, competente en la aplicación de esta normativa específica en el sector eléctrico.
2º) En contestación a la solicitud reiterada de incoación de expediente de responsabilidad patrimonial, hemos de rechazarla por no concurrir los presupuestos fácticos señalados en la normativa invocada (en especial en el artº. 139 LRJPAC) que coincide en que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
En efecto, tal como se establece en la exposición de motivos de la Ley 54/1997, reguladora del Sector Eléctrico el suministro de energía eléctrica dejó de ser servicio público para pasar a calificarse de servicio esencial, y por consiguiente no procede la intervención de este Departamento en otros términos que en los previstos en la normativa reguladora del servicio.
VISTOS
El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de transferencia a la Junta de Canarias de competencias, funciones y servicios en materia de industria, energía y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre, sobre adaptación de los servicios transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de industria, energía y minas; el Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias; el Decreto 101/2006, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la extinta Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías vigente de conformidad con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 172/2007 mencionado; el Decreto 206/2007, de 13 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.
Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y Energía, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
Desestimar los recursos de alzada interpuestos por D. Ángel Román Martín y Dña. Carmen Vázquez Novo frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, DGIE-25, de fecha 3 de enero de 2007, recaída en el expediente de referencia VBT 06/192, relativa a las reclamaciones contra Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., por los daños ocasionados por la suspensión del suministro eléctrico derivados de la tormenta tropical Delta, manteniendo la misma en todos sus términos.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Industria y Energía, Juan Pedro Sánchez Rodríguez.
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