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BOC Nº 066. Martes 5 de Abril de 2005 - 1144

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Gran Canaria

1144 - ANUNCIO de 14 de marzo de 2005, por el que se notifica Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto por la entidad Camiones Salinetas, S.L., contra Resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres.- GC-103390-O-03.

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Intentada la notificación personal al interesado y no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se inserta anuncio relativo a notificación de la Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por la entidad Camiones Salinetas, S.L., con fecha 5 de octubre de 2004.

Rfa. procedimiento sancionador nº: GC-103390-O-03.

Por medio del presente anuncio se le comunica que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 3 de febrero de 2005 ha resuelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador antes referenciado, con el siguiente tenor literal:

"Examinados el procedimiento y los recursos interpuestos, se han apreciado los siguientes

HECHOS

Primero.- El interesado ha interpuesto recurso de reposición y recurso extraordinario de revisión, presentados a través del Registro General de esta Corporación con fechas 5 de octubre y 18 de noviembre de 2004, respectivamente, contra la Resolución del Consejero de Turismo y Transportes de fecha 12 de agosto de 2004, que resuelve el procedimiento sancionador antes referenciado, por la que se le sanciona por infracción muy grave en materia de transporte terrestre.

Segundo.- El recurrente fundamenta su pretensión manifestando, en síntesis, que en el año 2000 solicitó autorización para el vehículo sancionado; que dicha solicitud se encontraba a la espera de que se tramitaran dos solicitudes de transmisión de los vehículos GC-6026-AP y GC-2320-BU, con las que se iniciaba en la actividad de transportes, procedentes del Cabildo de La Palma, y que tales solicitudes no fueron tramitadas hasta fechas recientes, en la que se solicitó Informe al Cabildo de La Palma sobre tales autorizaciones por transmisión, resultando finalmente negativo el informe recabado, por lo que inmediatamente solicitaron de nuevo las autorizaciones. Que el retraso en la revisión de los expedientes no le es imputable, y que por ello se deben sobreseer los expedientes sancionadores de los vehículos afectados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La materia objeto de recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.

Segundo.- Artículos 54.1.b) y 113 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Examinados los requisitos de admisibilidad del Recurso, relativos a la legitimación, forma y plazo para su interposición, se aprecia su cumplimiento.

Cuarto.- Las cuestiones planteadas por el recurrente se examinan a continuación:

1ª) El recurrente, que no presentó alegaciones cuando le fue notificado el Pliego de Cargos con fecha 21 de junio de 2004 (según acuse de recibo obrante en el expediente), con sus alegaciones manifestadas en el recurso no desvirtúa los hechos imputados, por cuanto la prueba de los mismos consta en los Archivos del Servicio de Transportes.

Por lo cual, dado el carácter revisor del recurso, al que no cabe atribuirle funciones continuadoras del procedimiento cuya resolución es objeto de revisión, sólo procede resolver sobre las cuestiones planteadas, en cuanto a la verificación de la constancia de las pruebas que sustentan la resolución.

2ª) A la vista de las alegaciones del recurrente en las que expone las vicisitudes habidas en la tramitación de la solicitud de autorización para el vehículo sancionado, así como las ocurridas en dos solicitudes anteriores a ésta, con las que pretendía iniciarse en la actividad de transportes; examinado el expediente de solicitud de autorización del vehículo sancionado y, por conexión, de los vehículos a los que se refiere el recurrente que solicitó con anterioridad la autorización para iniciarse en la actividad de transportes, se constata que, tras recibir las resoluciones denegatorias de las autorizaciones solicitadas, nuevamente volvieron a solicitarlas con fecha 16 de julio de 2004.

Teniendo en cuenta que a la fecha de la denuncia (11 de diciembre de 2003) es de aplicación la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres (LOTT); que en el artº. 142.8 de dicha Ley se establecen las condiciones para la calificación leve de la infracción por realizar un transporte público de mercancías sin autorización administrativa, cuales son solicitar la autorización, acreditando el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para su otorgamiento, dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación del inicio del expediente sancionador; que la solicitud en base a la cual ha obtenido la autorización para el vehículo sancionado es de fecha posterior a los quince días mencionados, no procede la recalificación de la infracción como leve, pues no se cumplen las condiciones para dicha calificación, exigidas en el mentado artículo.

Finalmente habida cuenta que a la fecha de la denuncia su solicitud de autorización de fecha anterior (5 de abril de 2000) no había sido resuelta, se ha considerado que sobre dicha solicitud finalmente recayó resolución denegatoria de la autorización, con fecha 8 de junio de 2004.

3ª) En cuanto al recurso extraordinario de revisión formulado, sobre el que por razones de economía procesal procede resolver en el mismo acto, en el expediente sancionador revisado, por los fundamentos expuestos anteriormente, no se aprecia la concurrencia de los motivos señalados en el artº. 118.1 de la LRJAP-PAC para la procedencia en la interposición de dicho recurso de carácter excepcional, pues las alegaciones en las que se funda no constituyen error de hecho.

En consecuencia, procede confirmar la resolución recurrida, por ser conforme a Derecho.

En su virtud, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l), en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y con el artº. 73.a) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000.

ACUERDA:

Desestimar las pretensiones formuladas en los recursos de reposición y extraordinario de revisión, interpuestos por Dña. Ángela Ortega Medina, Gestor Administrativo, en representación de la entidad Camiones Salinetas, S.L., con fechas 5 de octubre y 18 de noviembre de 2004, respectivamente, contra la resolución del procedimiento sancionador nº GC-103390-O-03, confirmando y manteniendo la resolución del Consejero de Turismo y Transportes, que impone una sanción de 4.601 euros."

Contra esta Resolución, que es firme en vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de marzo de 2005.- El Vicesecretario General, Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular (Decreto nº 9, de 15.3.04), Sergio Ramírez Rivero.

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