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BOC Nº 066. Martes 5 de Abril de 2005 - 1143

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Gran Canaria

1143 - ANUNCIO de 14 de marzo de 2005, por el que se notifica Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto por Ofitra, S.L., contra Resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres.- GC-102862-O-03.

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Intentada la notificación personal al interesado y no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se inserta anuncio relativo a notificación de la Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por la entidad OFITRA, S.L., con fecha 16 de septiembre de 2004.

Rfa. procedimiento sancionador nº: GC-102862-O-03.

Por medio del presente anuncio se le comunica que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 3 de febrero de 2005, ha resuelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador antes referenciado, con el siguiente tenor literal:

"Examinados el procedimiento y el recurso de reposición, se han apreciado los siguientes

HECHOS

Primero.- El interesado ha interpuesto recurso de reposición, presentado a través del Servicio de Correos y Telégrafos con fecha 16 de septiembre de 2004, contra la Resolución del Consejero de Turismo y Transportes de fecha 3 de junio de 2004, que resuelve el procedimiento sancionador antes referenciado, por la que se le sanciona por infracción grave en materia de transporte terrestre.

Segundo.- El recurrente fundamenta su pretensión anulatoria de la resolución recurrida manifestando, en síntesis, que se ha vulnerado su derecho de defensa, por no haberse observado los trámites y plazos legalmente establecidos; en particular, no haber tenido en cuenta sus alegaciones en las que propuso la práctica de pruebas; que se ha producido la caducidad del procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La materia objeto de recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.

Segundo.- Artículos 54.1.b) y 113 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Examinados los requisitos de admisibilidad del recurso, relativos a la legitimación, forma y plazo para su interposición, se aprecia su cumplimiento.

Cuarto.- Las cuestiones planteadas por el recurrente se examinan a continuación:

1ª) Procede contestar en primer lugar sobre la caducidad del procedimiento que plantea el recurrente.

Al respecto, hay que partir de la consideración jurídica de que con fecha 29 de octubre de 2003 entró en vigor la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).

Asimismo, hay que considerar la cuestión fáctica de que el procedimiento sancionador objeto de recurso se inició por acuerdo del órgano competente con fecha 5 de marzo de 2004 y, por ello, es de aplicación la referida reforma legal, aun cuando la denuncia haya sido formulada en fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley, por cuanto los aspectos procedimentales regulados en dicha norma han de aplicarse, según la regla general, a los procedimientos que se inicien desde su entrada en vigor.

Considerando, por ello, aplicables tales normas, resulta que el régimen de caducidad del procedimiento previsto en el art º. 146 de la Ley 29/2003 es el siguiente:

El plazo máximo en que debe notificarle la resolución del procedimiento sancionador será de un año, contado desde la fecha de iniciación del procedimiento (artº. 146.2.3er párrafo). De conformidad con el párrafo 4º del artº. 146.2 de la LOTT, la iniciación del procedimiento se produce de oficio con el acuerdo del órgano competente.

En el presente caso, el inicio del cómputo del plazo de caducidad es el 5 de marzo de 2004, y ha de considerarse que la resolución que finaliza el procedimiento le fue notificada mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 100, de 16 de agosto de 2004, tras intentarse y no haber podido practicarse la notificación por correo; de lo cual cabe concluir que entre ambas fechas no transcurrió el plazo de caducidad señalado.

2ª) En cuanto a las manifestaciones del recurrente que refieren defectos en la tramitación del procedimiento, precisarle que del examen del expediente se desprende el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (ROTT); así como de las establecidas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para la práctica de la notificación de las actuaciones del procedimiento, pues tanto el acuerdo de incoación como la resolución se intentaron notificar a través del Servicio de Correos y resultaron devueltas con dos indicaciones de "ausente" y "caducado no reclamado en lista", tras lo cual se procedió a publicar sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de 7 de mayo de 2004 (el acuerdo de incoación) y de 16 de agosto de 2004 (la resolución).

3ª) En relación a las pruebas que dice propuso en sus alegaciones al Pliego de Cargos, que consta presentaron a través del Registro de la Delegación del Gobierno en Canarias con fecha 28 de mayo de 2004 -después de expirado el plazo conferido para formular alegaciones, pero antes de formularse la propuesta de resolución-, por haberse recibido en el Registro General de esta Corporación con fecha 4 de junio de 2004 (unidas a las alegaciones de otro expediente sancionador del mismo titular), esto es, después de formulada la Resolución, tales alegaciones no fueron tenidas en cuenta en dicha Resolución y por ello, en virtud del artº. 112.3 de la LRJAP-PAC han de ser tenidas en cuenta al resolver el recurso.

4ª) Del examen de tales alegaciones se observa que el imputado manifestó que tenía autorización de transportes, proponiendo al efecto como medios de prueba la documental consistente en el traslado de la copia de la denuncia y el informe del Agente denunciante sobre las circunstancias que la motivaron, lugar en que se encontraba el vehículo, si estaba circulando o parado al margen de la vía, y sobre si la mercancía transportada era propia de la empresa para el desarrollo de su trabajo.

En relación a la prueba de los hechos, aun no habiéndose recibido sus alegaciones al formular la Propuesta de Resolución, en la instrucción del procedimiento se ha consultado el Archivo del Servicio de Transportes, en el que no consta que el vehículo sancionado (matrícula 9344-BNX) tuviera autorización de transportes, ni que la hubiera solicitado en algún momento, lo cual constituye prueba suficiente para imputarle la infracción por realizar un transporte privado complementario de mercancías sin autorización administrativa.

Asimismo, vistas tales alegaciones a la luz de la prueba de los hechos expuesta, se concluye la improcedencia e irrelevancia de los medios de prueba que propuso en sus alegaciones, pues, en cuanto al traslado de la copia de la denuncia, procede significarle que ésta fue entregada al conductor en el momento en que fue objeto de control; además, en el traslado de cargos que le efectuó el Instructor del procedimiento consta de forma literal el hecho denunciado y las demás circunstancias sobre el lugar, hora; datos del vehículo, de su titular y del conductor.

Lo mismo cabe decir en cuanto a la petición de informe de ratificación del Agente denunciante, por cuanto en el relato de los hechos el Agente se limita a una mera descripción de la mercancía transportada, sin contenido propio de su apreciación subjetiva, que hubieran hecho procedente solicitar su precisión; y porque los elementos sobre los que el imputado solicita dicha ratificación van referidos a aspectos que no alterarían a su favor la calificación de la infracción efectuada.

Cabe concluir, por ello, que las manifestaciones del recurrente aduciendo vulneración de su derecho de defensa son carentes de fundamento.

En su virtud, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l), en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y con el artº. 73.A) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000,

ACUERDA:

Desestimar la pretensión formulada en el recurso de reposición interpuesto por Ofitra, S.L., presentado a través del Servicio de Correos y Telégrafos con fecha 16 de septiembre de 2004, contra la resolución del procedimiento sancionador nº GC-102862-O-03, confirmando y manteniendo la resolución del Consejero de Turismo y Transportes, que impone una sanción de 150 euros."

Contra esta Resolución, que es firme en vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de marzo de 2005.- El Vicesecretario General, Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular (Decreto nº 9, de 15.3.04), Sergio Ramírez Rivero.

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