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BOC Nº 066. Martes 5 de Abril de 2005 - 1145

IV. ANUNCIOS - Otras Administraciones - Juzgado de Primera Instancia nº 4 (antes Juzgado nº 5) de Granadilla de Abona

1145 - EDICTO de 17 de marzo de 2005, relativo a la resolución dictada en el juicio ejecución judicial nº 0000093/2003.

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JUZGADO DE: Primera Instancia nº 4 (antes Juzgado nº 5) de Granadilla de Abona.

JUICIO: ejecución judicial 0000093/2003.

PARTE DEMANDANTE: D./Dña. Jon Andoni Barrenechea Villalonga.

PARTE DEMANDADA: D./Dña. Sebastiana Ana Martín Linares, Tomás Linares Hernández, María Teresa Martina García y desconocidas personas que ocupen los inmuebles obj.

SOBRE:ejecución de título judicial.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente que abajo se dispone.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia del señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de Canarias para llevar a efecto la diligencia de notificar auto de 30 de julio de 2004 a la parte demandada "Desconocidas personas ocupantes del inmueble".

En Granadilla de Abona, a 17 de marzo de 2005.- El/la Secretario Judicial.

DILIGENCIA.- En Granadilla de Abona, a 17 de marzo de 2005.

AUTO

En Granadilla de Abona, a 30 de julio de 2004.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el procedimiento menor cuantía nº 82/94 se ejercitó una acción de división de cosa común y se dictó sentencia en fecha 13 de julio de 2001 en la que se estimaba parcialmente la demanda, y concretamente se ordenaba entre otras cuestiones: "... 2º.- Haber lugar a la venta en pública subasta con admisión de licitadores extraños para distribuir entre los partícipes el resultado de la misma en proporción a sus respectivos intereses en la copropiedad de las fincas registrales números 5.086-N y 27.964 de Arona ...".

Segundo.- En la certificación del Registro de la Propiedad de Arona de fecha 9 de febrero de 2002, que obra en las actuaciones desde fecha anterior a la fecha de celebración de la subasta, se hace constar que la finca nº 27.964 se encuentra actualmente inscrita a favor de la entidad Friman Playa, S.L., entidad totalmente distinta a las partes del procedimiento, ajena por tanto al presente procedimiento.

Tercero.- El día 9 de octubre de 2002, se celebró la pertinente subasta de ambas fincas, la finca nº 27.964 se le adjudica a D. Manuel Ramos Nieto por la cantidad de 46.500 euros.

Cuarto.- El valor de tasación del inmueble es de 54.692,10 euros, conforme a la diligencia de liquidación de cargas practicada por el juzgado en fecha 8 de marzo de 2002.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El derecho constitucional a una tutela judicial efectiva incluye el derecho a una ejecución específica recogido en el artículo 118 de la Constitución Española que previene que: "Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto".

En relación con lo anterior el artículo 18.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante L.O.P.J.), establece que la ejecución debe ser de forma específica dice "... las sentencias se ejecutarán en sus propios términos ..."; ahora bien, este precepto también admite la posibilidad de reglas especiales por las cuales la ejecución específica se sustituya por la ejecución genérica, así recoge que: "... Si la ejecución resultare imposible, el Juez o Tribunal adoptará las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, y fijará en todo caso la indemnización que sea procedente en la parte en que aquélla no pueda ser objeto de cumplimiento pleno ..."; lo cual significa que la ejecución genérica, es decir, la sustitución de la ejecución específica, se admitirá sólo en casos de imposibilidad natural o jurídica. Siguiendo la doctrina de Montero Aroca, existe una imposibilidad natural cuando por la naturaleza de las cosas la ejecución específica se ha convertido en físicamente imposible, como es el caso de pérdida o destrucción del bien determinado que debía ser entregado; y una imposibilidad jurídica cuando aun siendo físicamente posible, la imposibilidad puede derivar de la interrelación del ordenamiento jurídico, y así si la cosa determinada a entregar existe, pero está legalmente en poder de una tercera persona, el condenado en la sentencia no podrá entregarla, ni aunque quisiera hacerlo.

Segundo.- En el presente caso la propia sentencia del procedimiento declarativo ordenaba la venta en pública subasta de una finca (nº 27.964) que no era propiedad del demandado/ejecutado, resultando ser el titular de la misma un tercero ajeno al procedimiento. Este extremo recogido en la certificación del Registro de la Propiedad de Arona, obrante en autos y por tanto a disposición de cualquier persona interesada en la subasta, como el adjudicatario D. Manuel Ramos Nieto, no fue observado por el mismo, el cual llegó a abonar la cantidad de 46.500 euros por la adjudicación de la finca.

A lo largo del proceso de ejecución se ha pretendido la nulidad de la subasta, extremo que esta juzgadora, manteniendo el criterio de la anterior, no ha accedido a la misma, por las circunstancias y motivos que constan en las respectivas resoluciones dictadas al respecto.

Sin embargo, esta juzgadora entiende que la ejecución de la referida sentencia en la forma específica no puede pretenderse al encontrarnos ante un supuesto de verdadera imposibilidad jurídica, esto es, no se puede llevar a cabo la venta en pública subasta de una finca cuyo propietario nada tiene que ver con el declarativo ni con la presente ejecución.

Por todo ello y al amparo de lo previsto en el artículo 18.2 de la L.O.P.J., nos encontramos en el supuesto en el que la ejecución específica debe ser sustituida por una ejecución genérica.

Tercero.- Una vez determinada la necesidad de sustituir la ejecución específica por una ejecución genérica, lo siguiente es determinar una prestación que resulte equivalente a lo exigido en la sentencia, que necesariamente esa prestación será una cantidad de dinero.

Esta juzgadora entiende que la cantidad de dinero que equivale a lo ordenado en sentencia (siempre respecto de la finca nº 27.964), debe ser el valor de la tasación del inmueble determinado en la diligencia de liquidación de cargas, de fecha 8 de marzo de 2002, que obra en las actuaciones y que la valora en la cantidad de 54.692,10 euros.

PARTE DISPOSITIVA

Se declara la imposibilidad de la ejecución específica de la sentencia de fecha 13 de julio de 2001, del procedimiento menor cuantía 82/94, en lo referente a la finca nº 27.964, y se sustituye mediante la presente resolución por una ejecución genérica consistente en el pago a la parte ejecutante de la cantidad de 54.692,10 euros por parte de los ejecutados.

Mediante la presente resolución se ordena la devolución a D. Manuel Ramos Nieto de la cantidad de 46.500 euros, consignada en autos.

Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de que contra la misma y de acuerdo con lo previsto en el artículo 455 de la L.E.C. cabe recurso de apelación.

Así lo acuerda, manda y firma Dña. Sara Rodríguez Huertas, Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº Cuatro de esta ciudad. Doy fe.

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