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BOC Nº 052. Lunes 17 de Marzo de 2003 - 1151

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

1151 - Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 25 de febrero de 2003, que notifica Resolución de esta Viceconsejería de 20 de enero de 2003, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Juan José Cabrera Medina, en representación de la entidad Unión Eléctrica de Canarias I, S.A. (Unelco, S.A.), frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 4 de junio de 2001, recaída en el expediente de referencia AT: 99/127, relativo a la autorización de las instalaciones de redes domiciliarias de baja tensión y alumbrado público que suministran a la urbanización de viviendas sociales, sitas en El Doctoral, en Avenida del Atlántico, Texeda y Moralito.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por esta Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59 apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la entidad Anera Construcciones, S.L., la Resolución de 20 de enero de 2003 (libro 01, nº reg. 17/03, folio 51), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto la entidad Unión Eléctrica de Canarias I, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de industria y Energía de 4 de junio de 2001, por la que se autoriza la puesta en servicio de instalaciones de redes domiciliarias y alumbrado público que suministran a la urbanización de viviendas sociales.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de febrero de 2003.- El viceconsejero de desarrollo industrial e Innovación tecnológica, Wenceslao Berriel Martínez.

A N E X O

Resolución del viceconsejero de desarrollo industrial e innovación tecnológica por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Juan José Cabrera Medina, en representación de la entidad Unión eléctrica de Canarias i, s.a. (unelco, s.a.), frente a la resolución de la dirección general de industria y energía de fecha 4 de junio de 2001, recaída en el expediente de referencia at: 99/127, relativo a la autorización de las instalaciones de redes domiciliarias de baja tensión y alumbrado público que suministran a la urbanización de viviendas sociales, sitas en el doctoral, en avenida del atlántico, texeda y moralito.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. José Juan Cabrera Medina, en representación de la entidad mercantil Unión Eléctrica de Canarias I, S.A. (Unelco, S.A.), frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, de fecha 4 de junio de 2001, recaída en el expediente de referencia AT: 99/127, por la que se autoriza la puesta en servicio de las instalaciones de redes domiciliarias y Alumbrado Público que suministran a la urbanización de viviendas sociales, sitas en el Doctoral, en Avenida del Atlántico, Texeda y Moralito, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 29 de abril de 1999 la entidad Anera Construcciones, S.L., solicita ante la Consejería de Industria y Comercio la realización de los trámites oportunos en orden a la autorización y aprobación del proyecto de ejecución presentado, relativo a la red de media tensión y centro de transformación para la electrificación de la urbanización de las viviendas sociales del Doctoral, sitas en Avenida Atlántico, Texeda y Moralito, en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana. A esta solicitud se le asigna el número de expediente administrativo AT: 99/127.

En la misma fecha de 29 de abril de 1999 la misma entidad peticionaria Anera Construcciones, S.L., presenta ante el mismo Departamento el proyecto de la instalación de redes domiciliarias y Alumbrado Público para la electrificación de la misma urbanización de viviendas sociales, cuya ubicación se detalla en el párrafo precedente, instando asimismo la tramitación del procedimiento oportuno en orden a la autorización de dichas instalaciones y aprobación del proyecto de ejecución correspondiente. A este procedimiento se le asigna el número de expediente administrativo AT: 99/128.

Segundo.- Mediante escritos, con fechas de salida de 18 de mayo de 1999, la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas requiere al peticionario para que subsane las deficiencias detectadas en los proyectos de tramitación paralela, de referencias AT: 99/127 y AT: 99/128. Estos requerimientos son reiterados mediante escritos (independientes para cada procedimiento), con fechas de salida de 11 de junio y 23 de septiembre de 1999, esta vez bajo apercibimiento de la caducidad de los expedientes en tramitación y archivo de las actuaciones, en concordancia con lo previsto en el artículo 92 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Con fecha 15 de julio de 1999, la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas da traslado a Anera Construcciones, S.L., de los siguientes condicionados establecidos al proyecto de referencia AT: 99/128 por el Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana:

Los terrenos del suelo afectado están calificados como urbanos con uso residencial, constituyen la denominada Unidad de Actuación 10 con ordenación aprobada, y si bien no afecta a ninguna instalación de titularidad municipal ni parecen afectadas terceras personas, establece como condicionado la tramitación del oportuno expediente de Estación transformadora y de Red de Media Tensión conforme al apartado 1.6 del proyecto.

Cuarto.- Con fecha 23 de agosto de 1999 el Jefe de Sección de Alta Tensión da traslado al peticionario de los condicionados establecidos por Unelco, S.A., en el procedimiento de referencia AT: 99/127, al objeto de que formule los reparos que estime procedentes. En el escrito dirigido por esa entidad se expresa la conformidad a la ejecución de proyecto acorde con las normativas técnicas de aplicación.

Quinto.- Con fecha 14 de enero de 2000 la entidad peticionaria insta la continuación de los trámites del expediente en cuestión al presentar un anexo en el que se da respuesta a los reparos expuestos al proyecto de referencia AT: 99/127 (se aporta el comunicado de Unelco, S.A. sobre el punto de enganche, plano de situación y emplazamiento sobre la posición del C.T. y trazado de la línea de M.T., detalles de la canalización de la línea de M.T. y datos complementarios para la interpretación del proyecto adjunto).

Sexto.- Con fecha 19 de enero de 2000 la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas declara la caducidad del expediente AT: 99/128 y el archivo de las actuaciones.

Séptimo.- En contestación al requerimiento de la Dirección Territorial de Industria y Energía de las Palmas, en relación al expediente AT: 99/127, el Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana informa, con fecha 11 de febrero de 2000, sobre las siguientes cuestiones:

1. Usos y calificación del suelo afectado.- El suelo está calificado por la ordenanza dos como residencial, comercial y con tolerancia industrial en planta baja.

2. Existe Plan de Ordenación urbana aprobado que afecta a la obra que nos ocupa, regido por las Normas Subsidiarias de Planeamiento por la ordenanza dos anteriormente citada.

3. La obra no afecta a instalaciones propiedad del Ayuntamiento y se desconoce sobre la afección a terceras personas.

4. No opone condicionado alguno al proyecto.

Del citado informe se da traslado a la entidad peticionaria Anera Construcciones, S.L., con fecha 21 de febrero de 2000.

Octavo.- Con fechas 19 y 21 de junio de 2000 se abre el período de información pública referente al procedimiento AT: 99/127 en tramitación, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el Boletín Oficial de Canarias, respectivamente.

Noveno.- Cumplidos los trámites reglamentarios señalados en el Decreto 2.617/1966, la Dirección General de Industria y Energía, con fecha 20 de septiembre de 2000, acuerda autorizar las instalaciones eléctricas de media tensión y C.T. para la electrificación de las viviendas sociales El Doctoral, de referencia AT: 99/127, descritas en el acto resolutorio, así como la aprobación del proyecto de ejecución en los términos reglamentarios señalados. En el citado acto resolutorio se excluye expresamente de la autorización las instalaciones de baja tensión y alumbrado público.

Décimo.- Con fecha 19 de febrero de 2001 D. José A. Castro Hernández, en calidad de Presidente de la Cooperativa de Viviendas denominada "Viviendas El Doctoral, Sociedad Cooperativa Limitada", solicita la reanudación de los trámites hasta la total aprobación de los expedientes de media y baja tensión tramitados hasta ese momento a nombre de la empresa constructora Anera Construcciones, S.L., comunicando la subrogación de la nueva entidad representada Viviendas El Doctoral, S.C.L. en los derechos y obligaciones de los citados expedientes, por problemas de incumplimiento de contratos de ejecución, gestión y de obras de la urbanización por parte de la empresa constructora, a pesar de haberse procedido al pago correspondiente como así lo acredita la entidad afectada mediante certificación que adjunta, expedida por el arquitecto director de las obras del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana con fecha 15 de febrero de 2001.

Undécimo.- Con fecha 29 de mayo de 2001 la entidad Viviendas El Doctoral, S.C.L. solicita la puesta en marcha de las instalaciones de redes domiciliarias y Alumbrado Público para la electrificación de las viviendas sociales sitas en el Doctoral, realizadas de acuerdo con el proyecto de referencia AT: 99/127, adjuntando los boletines eléctricos y Certificación Técnica de Dirección de Obra sobre la ejecución de la obra de conformidad con el proyecto y la reglamentación técnica aplicable.

Duodécimo.- Reconocidas las instalaciones eléctricas referidas en el apartado precedente, el inspector actuante adscrito a la Dirección General de Industria y Energía, levanta acta de inspección de fecha 31 de mayo de 2001, en el que se da constancia de los siguientes hechos comprobados:

RED DE BAJA TENSIÓN:

Coincide en lo sustancial con anexo al proyecto.

Red subterránea con origen en C-103.433.

Existen 5 circuitos (más 11 de reserva).

Secciones 185,150 mm2 Al.

Los cambios de sección están protegidos.

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO:

Red subterránea con origen en cuadro A.P. (anexo a C-103.433).

2 circuitos (más 2 de reserva).

Sección 16 mm2 A1.

Dispone circuito corrido de electrodo de tierra: 0,5, 0,7 ½.

Protegido con fusible c/circuito y protección diferencial en cabecera.

Nº de ptos. 54,150 w. de sodio; columnas metálicas 8 m.

Mantenimiento: Electrimet.

Decimotercero.- En base al acta de inspección de fecha 31 de mayo de 2001 y propuesta del Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas de Las Palmas, la Dirección General de Industria y Energía acuerda, mediante acto resolutorio de fecha 4 de junio de 2001, de referencia AT: 99/127, autorizar la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas que nos ocupa, en los términos señalados en el mismo.

Decimocuarto.- Frente al acto resolutorio precedente la entidad Unelco, S.A., interpone recurso de alzada con fecha 19 de junio de 2001, en base a las siguientes alegaciones:

1.- El expediente AT-99/128 no fue presentado ante esa empresa para el trámite de alegaciones según lo previsto en el entonces vigente Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre. Tampoco le fue presentado el anexo al proyecto AT-99/127 para el referido trámite, se desconoce la fecha de su presentación, si es de aplicación el citado Decreto o si por el contrario es de aplicación el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, entendiendo que ha sido presentado con anterioridad a la entrada en vigor el Real Decreto 1.955/2000 al haber sido anexado a un expediente en curso regulado por el Decreto 2.617/1966. Todo ello ha impedido que Unelco pudiese establecer los condicionantes a las instalaciones proyectadas.

2.- Las instalaciones ejecutadas no reúnen las condiciones reglamentarias para ser puestas en servicio, al infringir lo preceptuado en los artículos 3.3.1, 3.2.3, 3.1.4 y 3.5.2.3 de las Normas Particulares para las instalaciones de enlace (Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de fecha 21 de octubre de 1996). De conformidad con lo previsto en el apartado 4.4 de la ITC MIE BT 041 las empresas suministradoras de la energía podrán exigir para la conexión de las instalaciones a sus redes de distribución que aquéllas se hayan realizado de acuerdo con las Normas particulares a las que hace referencia el artículo 18 del REBT referentes a la construcción y montaje de acometidas, líneas repartidoras, instalaciones de contadores y derivaciones individuales.

3.- Solicita la adopción de alguna de las siguientes opciones:

a) La corrección de las deficiencias técnicas detectadas así como la suspensión de la ejecución del acto impugnado fundamentada en el apartado 2.b) del artículo 111 de la LRJ-PAC, con el fin de evitar la interrupción del suministro eléctrico a las viviendas para la corrección de tales deficiencias, lo cual implicaría que se tuviese que practicar descuentos a los consumidores en caso de sobrepasar los límites exigidos en el artículo 104 Real Decreto 1.955/20001.

b) La corrección de las deficiencias técnicas en un plazo señalado, permitiendo que durante el tiempo de corrección de las citadas deficiencias las instalaciones se puedan poner en servicio sin que ello suponga que Unelco tenga que practicar el descuento en las facturas de los consumidores en el caso de sobrepasarse los límites exigidos en el artículo 104 Real Decreto 1.955/2000.

Decimoquinto.- En contestación al requerimiento de informe técnico sobre las deficiencias señaladas, el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas informa con fecha 26 de julio, en los siguientes términos:

"Respecto a las alegaciones de la empresa distribuidora cabe decir que nada tienen que ver con el proyecto tramitado ya que las mismas especifican condiciones referentes a sus Normas Particulares para Instalaciones de Enlace (Orden Departamental de 21 de octubre de 1996), mientras que en el proyecto AT: 99/127 lo que se definen son las instalaciones de Alta Tensión, redes de distribución de Baja Tensión y red de Alumbrado Público, y que para nada incluye elementos de las instalaciones de enlace de acuerdo con las normas particulares citadas, siendo por tanto únicamente de aplicación el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Esta confusión intencionada de la empresa Unelco, S.A. respecto a las redes de Baja Tensión y las instalaciones de enlace, no resulta nueva pues ya en otras ocasiones ha pretendido aplicar dicha Norma Particular fuera del ámbito de aplicación definido por la Orden de 21 de octubre de 1996, lo que ha obligado a esta Administración a apercibir de expediente sancionador a dicha empresa.

También resulta curioso que, como es habitual, estuviera presente en el momento de la inspección un ingeniero perteneciente a la plantilla de Unelco, S.A., y no manifestara ningún comentario o alegación al respecto."

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario por cuanto el recurso de alzada se ha interpuesto dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante, LRJ-PAC), la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el presente recurso y el órgano competente para su resolución es el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- El acto resolutorio impugnado tiene su fundamentación fáctica y jurídica en la eficacia probatoria y presunción de veracidad que ampara el contenido del acta de inspección levantada por el funcionario actuante, de fecha 31 de mayo de 2001, en la que se da constancia del cumplimiento de las condiciones técnicas reglamentarias de aplicación a las instalaciones de baja tensión y alumbrado público reconocidas por el inspector actuante, así como de la adecuación en lo sustancial al anexo del proyecto de referencia AT:99/127, relativo a las instalaciones de redes domiciliarias de baja tensión y de alumbrado público de la urbanización social de El Doctoral, presentado con fecha 15 de mayo de 2001 y debidamente visado con el nº 992011 con fecha 25 de abril de 2001 por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la provincia de Las Palmas, cuya autorización y puesta en servicio fue concedida por la Dirección General de Industria y Energía, a propuesta del Jefe de Servicio de Instalaciones Eléctricas, una vez presentado el oportuno certificado técnico de dirección de obra y los boletines eléctricos correspondientes, debidamente suscritos y sellados por el instalador autorizado que realizó el montaje y conformados por el Departamento competente, en cumplimiento estricto tanto de las prescripciones procedimentales como técnicas previstas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de 1973 (en siglas REBT) e Instrucciones Técnicas Complementarias, en el Real Decreto 2.135/1980, de 26 de septiembre, sobre liberalización industrial, en la Orden de 19 de diciembre de 1980 de desarrollo de este Real Decreto 2.135/1980, que remite a su vez al capítulo VIII del REBT en lo referido a la autorización de la puesta en servicio de este tipo de instalaciones, que quedan expresamente excluidas del régimen de autorización previsto en el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, para las instalaciones eléctricas de producción, transporte y distribución, en virtud de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 111 del citado Real Decreto 1.955/2000, disposición reglamentaria que deroga a su vez el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas.

Tercero.- Los alegatos formulados por el recurrente en esta vía de impugnación no pueden ser estimados, y ello por mor de los siguientes razonamientos:

1.- El proyecto de redes domiciliarias de baja tensión y alumbrado público de la Urbanización de Viviendas Sociales El Doctoral fue presentado con fecha 15 de mayo de 2001, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1.955/2000, que tuvo lugar en enero de 2001, que viene a sustituir el régimen de autorización administrativa de las instalaciones eléctricas establecido por el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, en virtud de lo previsto en su disposición derogatoria Única, y cuyo artículo 111, apartado 6, se pronuncia sobre la exclusión o liberalización de las instalaciones de baja tensión del seguimiento de los procedimientos establecidos en el Título VII del citado Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, en orden a la autorización de las instalaciones de producción, transporte y distribución de electricidad, lo cual quiere decir que para este tipo de instalaciones cuyo régimen diferenciado ya se contemplaba en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, en su artículo 2.1 (que remitía a su vez al artículo 90 del RVE para la autorización y puesta en servicio de las redes de distribución en baja tensión), y en el título II del Decreto 26/1996, de 9 de febrero, aplicable a las instalaciones eléctricas en el ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma, debía entenderse excluidos de este tipo de procedimientos en los que si era preceptivo y continúa siéndolo el trámite de información pública y consiguiente trámite de audiencia a los organismos afectados por las solicitudes de autorización administrativa y puesta en servicio de las instalaciones de alta y media tensión, con la modificación del régimen de autorización previsto en el anterior Decreto 2.617/1966, por el vigente Real Decreto 1.955/2000.

2.- En concordancia con el razonamiento precedente, no puede prosperar el alegato sobre la aplicación del procedimiento de autorización previsto en el Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, a la tramitación y resolución del procedimiento de autorización y puesta en servicio de las instalaciones de baja tensión y alumbrado público presentados con fecha 15 de mayo de 2001, por el simple hecho de su tramitación como anexo al expediente de referencia AT: 99/127, cuya iniciación tuvo lugar con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1.955/2000, con la solicitud de la autorización de las instalaciones de media y alta tensión para la electrificación de la misma urbanización de viviendas sociales del Doctoral, al tratarse de instalaciones técnicas independientes aunque complementarias (a ello se debe la práctica hasta fechas recientes de la asignación de una misma referencia al expediente) que reciben una tramitación procedimental separada para el otorgamiento de la autorización y aprobación de los proyectos de ejecución presentados, debido a la distinta reglamentación técnica y procedimental aplicable en cada caso, procedimientos que si bien han sido tramitados por su complementariedad bajo un mismo expediente de referencia vienen a concluir con actos resolutorios diferentes. De ahí que en las resoluciones de autorización y aprobación de ejecución del proyecto de Media tensión y C.T. de la urbanización social del Doctoral de fechas 20 de septiembre de 2000, excluyan de forma expresa las instalaciones complementarias de baja tensión y de alumbrado público destinadas a la electrificación de la misma urbanización social, cuya autorización y puesta en servicio de conformidad al proyecto presentado con anexo al mismo expediente de referencia fue concedida mediante acto resolutorio de 4 de junio de 2001, con independencia de la autorización de puesta en servicio de las instalaciones de media y alta tensión concedidas mediante actos resolutorios de la misma fecha.

3.- Las condiciones técnicas y procedimentales exigidas en la tramitación de este expediente, en orden a la autorización y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de baja tensión y alumbrado público de la urbanización de tipo social del Doctoral, son las previstas fundamentalmente en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, al que remite a su vez el capítulo II del Real Decreto 2.135/1980 y la Orden de desarrollo de este Real Decreto en su tramitación procedimental, que vienen a coincidir en definitiva con las mismas exigencias contempladas en el Título II del Decreto 26/1996, de 9 de febrero, modificado por el Decreto 196/2000, de 16 de octubre, y en la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias sobre la guía administrativa de aplicación para la autorización y puesta en servicio de instalaciones de baja tensión, en este marco de simplificación y actualización del procedimiento autorización y puesta en servicio de este tipo de instalaciones, en el que se omite el trámite de alegaciones invocado por la entidad recurrente.

4.- A este respecto, y examinada la normativa de aplicación vigente puede afirmarse que la tramitación procedimental realizada para la autorización de las instalaciones objeto de estudio ha sido la correcta, al presentarse el proyecto correspondiente, suscrito por técnico facultativo, colegiado nº 337, encargado de la redacción y dirección de obras, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Las Palmas, incluyendo tal proyecto toda la documentación técnica preceptiva y presupuesto detallado, habiéndose presentado para la autorización de la puesta en servicio la certificación técnica expedida por la Dirección de obra y los boletines eléctricos correspondientes sellados y conformados por esta Consejería. Por consiguiente y en lo que respecta a la ejecución reglamentaria de las instalaciones en cuestión de conformidad al proyecto, éstos son extremos que han sido debidamente certificados por el propio Director de Obra responsable de la redacción del proyecto y de la dirección técnica y facultativa de su ejecución, además de constatados por el personal técnico adscrito a la Dirección General de Industria y Energía antes de proceder a la autorización de su puesta en servicio, con motivo de la visita de inspección realizada con fecha 31 de mayo de 2001, fruto de la cual se levantó la oportuna acta de inspección que refleja los hechos comprobados por el funcionario actuante, cuya eficacia probatoria y presunción de veracidad en los términos previstos en el artículo 137.3 de la LRJ-PAC y en una doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo (STS 01-10-1996, RJ 1996\7172; 24-09-1996, RJ 1996\6795; 23-07-1996, RJ 1996\6225), no ha sido desvirtuada mediante prueba acreditativa en contrario. A este respecto conviene recordar que en concordancia con la doctrina jurisprudencial aludida, esta presunción "iuris tantum" de certeza alcanza tanto a los hechos que por su objetividad sean susceptibles de percepción directa por el inspector, como a cualquier afirmación o apreciación que el funcionario actuante haga constar en el acta bajo su fe siempre que ello sea expresión de su convicción directa y comprobación personal "in situ".

5.- Por lo que se refiere al alegato sobre el incumplimiento de las normas particulares de enlace aprobadas por la Orden de la Consejería de Industria y Comercio de fecha 21 de octubre de 1996, esta Viceconsejería da por reproducida aquí la línea argumental empleada en el informe técnico emitido por el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas de fecha 26 de julio de 2002, para rechazar dicho alegato, y por consiguiente para no tomar en consideración las opciones propuestas por la entidad recurrente en orden a la corrección de las deficiencias alegadas, teniendo presente además que dicho informe fue emitido por el mismo funcionario actuante que realizó la visita de inspección a las instalaciones en cuestión, que viene a confirmar en definitiva el cumplimiento satisfactorio de la normativa técnica aplicable por las instalaciones autorizadas, informe que por otra parte refiere como dato curioso y significativo la circunstancia de que dicha inspección fue realizada en presencia de personal facultativo de la entidad recurrente, que por su parte, no manifestó oposición o alegación alguna al respecto.

Cuarto.- Esta Viceconsejería es el órgano competente en la resolución del presente recurso, como órgano superior jerárquico inmediato a la Dirección General de Industria y Energía, y por razón de la materia, según el artículo 39, apartado 2.B).h) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, en la dirección de las funciones de control y vigilancia del cumplimiento de las condiciones establecidas para el servicio de electricidad y la resolución de las discrepancias surgidas entre usuarios y entidades suministradoras.

VISTOS

El Real Decreto 2.135/1980, de 26 de septiembre, sobre liberalización industrial; la Orden de 19 de diciembre de 1980, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 2.135/1980; el Decreto 2.413/1973, de 20 de septiembre, que aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (B.O.E. de 9 de octubre de 1973) e Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por Orden Ministerial de fecha 31 de octubre de 1993 y posteriores modificaciones; el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. nº 310, de 27.12.00); el Decreto 26/1996, de 9 de febrero, por el que se simplifican los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas (B.O.C. nº 28, de 4.3.96) y posterior modificación por el Decreto 196/2000, de 16 de octubre (B.O.C. nº 145, de 3.11.00); la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 18 de febrero de 1999 por la que se aprueba la Guía administrativa de aplicación para la autorización y puesta en servicio de instalaciones de baja tensión (B.O.C. nº 55, de 5.5.99); las Normas UNE e Instrucciones para el montaje de Alumbrado Público; el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; el Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto 232/1998, de 18 de diciembre (B.O.C. nº 5, de 11.1.99); el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica (B.O.C. nº 64, de 25.5.01); la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso interpuesto por D. José Juan Cabrera Medina, en representación de la entidad mercantil Unión Eléctrica de Canarias, S.A. (Unelco, S.A.), frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía, de fecha 4 de junio de 2001, recaída en el expediente de referencia AT:99/127, por la que se autoriza la puesta en servicio de las instalaciones de redes domiciliarias y Alumbrado Público que suministran a la urbanización de viviendas sociales, sitas en el Doctoral, en Avenida del Atlántico, Texeda y Moralito, manteniendo la misma en todos sus términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, Wenceslao Berriel Martínez.

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