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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por esta Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
1º) Notificar a la Asociación para la Defensa del Valle de Güímar, la Resolución de 20 de enero de 2003 (libro 01, nº reg. 18/2003, folio 51), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto frente a la Dirección General de Industria y Energía de fecha 29 de julio de 2002, por la que se concede a la entidad Áridos Atlántico, S.L. autorización de explotación como recursos de la sección A) -áridos- de los terrenos comprendidos en los límites de la cantera denominada El Llano II, en el término municipal de Güímar, en la isla de Tenerife.
2º) Remitir al Ayuntamiento de Güímar la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de febrero de 2003.- El Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, Wenceslao Berriel Martínez.
A N E X O
Resolución de la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 20 de enero de 2003, por la que se resuelven los recursos de alzada interpuestos por D. Hipólito Morales Martín, en representación de la entidad Organización Morales, y por Dña. Pilar Díaz Román, en representación de la Asociación para la Defensa del Valle de Güímar, frente a la Resolución del Director General de Industria y Energía de 29 de julio de 2002, por la que se concede a la entidad Áridos Atlántico, S.L. autorización de explotación como recursos de la sección A) -áridos- de los terrenos comprendidos en los límites de la cantera denominada El llano II, en el término municipal de Güímar, en la isla de Tenerife.
Vistos los recursos de alzada interpuestos por D. Hipólito Morales Martín, en representación de la entidad Organización Morales, y por Dña. Pilar Díaz Román, en representación de la Asociación para la Defensa del Valle de Güímar, frente a la Resolución del Director General de Industria y Energía de 29 de julio de 2002, por la que se concede a la entidad Áridos Atlántico, S.L. autorización de explotación como recursos de la Sección A) -áridos- de los terrenos comprendidos en los límites de la cantera denominada El Llano II, en el término municipal de Güímar, en la isla de Tenerife, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 28 de julio de 1998, D. Miguel Reyes Rodríguez, en representación de la entidad Áridos Atlántico, S.L., presentó solicitud de autorización de explotación para el aprovechamiento de recursos de la Sección A) -áridos- en el paraje denominado El Llano, en el término municipal de Güímar, en la isla de Tenerife.
Segundo.- Con fecha 23 de octubre de 2001, la entidad Áridos Atlántico, S.L., solicitó la declaración de impacto favorable por silencio administrativo positivo.
Tercero.- Con fecha 31 de octubre de 2001, la Viceconsejería de Medio Ambiente notificó a la Dirección General de Industria y Energía el acuerdo adoptado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 31 de julio de 2001 relativo a la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental de la cantera de áridos Llano II, la cual resultó ser poco significativa, desfavorable y vinculante.
Cuarto.- Con fecha 3 de julio de 2002, a requerimiento de la Dirección General de Industria y Energía, el Jefe de Servicio de Régimen Jurídico de la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica emitió informe en el cual pone de manifiesto que la notificación con fecha 31 de octubre de 2001 del acuerdo de la C.O.T.M.A.C. acerca del estudio de impacto ambiental del proyecto en cuestión a la Dirección General de Industria y Energía (órgano competente para la autorización del proyecto) ha de entenderse realizada fuera de plazo, por lo que cabría entenderse la misma en sentido favorable, en aplicación del silencio positivo que opera en base a lo previsto en el citado artículo 30.3 de la Ley 11/1990, de 13 de julio.
Quinto.- Una vez tramitado el expediente de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, la Dirección General de Industria y Energía, mediante acto resolutorio de 29 de julio de 2002, otorgó autorización a la entidad Áridos Atlántico, S.L. para la explotación de recursos de la sección A) en el paraje denominado El Llano, término municipal de Güímar, en una superficie de 85.262 m2.
Sexto.- Con fecha 31 de agosto de 2002, D. Hipólito Morales Martín, en calidad de Administrador de la entidad mercantil Organización Morales, presentó recurso de alzada por medio del cual viene a manifestar lo siguiente:
1. Que la entidad recurrente es propietaria de los terrenos colindantes con la referida cantera. Dichos terrenos han sido afectados por la explotación de la cantera El Llano, ahora pretendida legalizar como Llano II. Como consecuencia de ello por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se ha dictado sentencia confirmatoria de la dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº Uno de Güímar en los Autos de Menor Cuantía 491/96 contra las empresas Áridos Atlántico, S.L. y Jurocasa, condenando a las mismas a pagar una suma de 28.031,08 euros, y a construir un muro de hormigón o relleno del hoyo, así como paralizar los trabajos de explotación y extracción de áridos, además se deberá de abstener de seguir excavando. Por tanto, una resolución favorable a la autorización podría implicar que esta Administración incurriera en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
2. La realidad física no concuerda con la que se presenta en los documentos existentes en el expediente, ya que en año 1996 se aproximaban a cotas superiores en algunos puntos a los 86 metros de profundidad, además de sobrepasar las exiguas servidumbres de protección. Ello sin duda generará peligro para las propiedades colindantes, pues si no se han conservado las servidumbres de protección, y tampoco los taludes y espacio para dar consistencia a la cabeza de corte, cuando se profundice más, la pendiente incrementará proporcionalmente poniendo en concreto peligro las propiedades públicas y privadas.
3. La entidad recurrente arguye el importante trato discriminatorio que la resolución implica, y ello por cuanto, estando situada en la zona del plan especial de barrancos de Güímar la cantera en cuestión, no se suspende la tramitación de la autorización, cosa que si se ha hecho con la empresa recurrente, pese a que son terrenos sin explotar y cuyos proyectos se adaptaban a lo previsto en el avance de dicho plan. Por el contrario, el plan de explotación y restauración Llano II no sólo es que no se adapta a las previsiones contenidas en los avances del mismo, sino que introduce un modelo de restauración que es contrario o perpendicular para el previsto para el resto del barranco.
4. Por todo ello, la entidad recurrente solicita que se anule la resolución recurrida, por no cumplir con los requisitos legales exigibles, causar grave daño al interés público y particulares.
Séptimo.- Con fecha 31 de agosto de 2002, Dña. Pilar Díaz Román, en representación de la Asociación para la Defensa del Valle de Güímar, presentó recurso de alzada por medio del cual viene a manifestar lo siguiente:
1. La Asociación recurrente arguye que en su momento se instó la declaración de caducidad de los derechos mineros de las entidades mercantiles Áridos del Atlántico, S.L. y Jurocasa, por silencio positivo, si bien fue denegada las misma de forma extemporánea. Dicha resolución desfavorable fue recurrida en alzada, y al mismo tiempo se ha presentado queja a la Inspección General de Servicios del Gobierno de Canarias por las irregularidades en la tramitación de dicho expediente. A continuación, la citada Asociación hace una descripción de los trámites seguidos en relación con la solicitud de caducidad minera.
2. En relación con la situación legal de la cantera, la Asociación recurrente manifiesta que se pretende convalidar, por la empresa solicitante, una situación absolutamente ilegal, en la que una cantera (El Llano I), una vez agotados sus recursos, continúa siendo explotada, esta vez extendiéndose a los terrenos de lo que es hoy El Llano II. Dicha cantera ha sido, y sigue siendo explotada por los titulares de las autorizaciones mineras de El Llano I, autorizaciones que se hallan caducadas, no sólo por lo expuesto por esta Asociación, sino también por lo recogido en la declaración de impacto ambiental desfavorable obrante en el expediente. Actualmente, la cantera cuya autorización se pretende está ya en explotación, habiendo surgido en principio como un satélite de la cantera El Llano I, puesto que la misma se agotó, y se continuó con los mismos terrenos profundizando y omitiendo la servidumbre de protección con las lindes vecinas, hasta formar El Llano II.
3. La empresa solicitante quiere tener una explotación de recursos de la sección A) para justificar su solicitud de conversión en aprovechamiento de recursos de la sección C), y proveerse de los terrenos que no compró a costa de todo. Si no hay recursos de la sección A), no puede haber recursos C), luego tampoco cabría entonces pedir la expropiación de los aprovechamientos mineros de los propietarios colindantes.
4. La Asociación recurrente alega también que se está elaborando un Plan Territorial de Ordenación Especial en la zona conocida como los Barrancos, en el término municipal de Güímar, y en virtud de este Plan la Dirección General de Industria y Energía ha venido resolviendo la suspensión de la tramitación de los expedientes relativos a solicitud de explotación de los recursos de la sección A) incoados por otros propietarios de la zona, en la que también se halla enclavada la cantera cuya autorización se pretende ahora. A juicio de la Asociación recurrente, le resulta sorprendente que se tramite la autorización de esta cantera, cuando se encuentra suspendida la tramitación de otros expedientes similares.
5. En relación con los terrenos que se pretende explotar, la Asociación recurrente considera que se incluye en los propios planos terrenos que pertenecen a fincas de propietarios colindantes. Y en este sentido, se cita el juicio de menor cuantía 491/96 donde queda acreditada la titularidad dominical de D. Hipólito Morales, que fue quien promovió dicho procedimiento judicial.
6. La Asociación recurrente también cita la condena judicial a las entidades Áridos Atlántico, S.L. y Jurocasa a pagar una suma de 28.031,08 euros, y a construir un muro de hormigón o relleno del hoyo, así como paralizar los trabajos de explotación y extracción de áridos colindantes. A este respecto, la Asociación recurrente aduce que una resolución favorable a la autorización podría implicar que esta Administración incurriera en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
7. La realidad física no concuerda con la que se presenta en los documentos existentes en el expediente, ya que en año 1996 se aproximaban a cotas superiores en algunos puntos a los 86 metros de profundidad, además de sobrepasar las exiguas servidumbres de protección. Ello sin duda generará peligro para las propiedades colindantes, pues si no se han conservado las servidumbres de protección, y tampoco los taludes y espacio para dar consistencia a la cabeza de corte, cuando se profundice más, la pendiente incrementará proporcionalmente poniendo en concreto peligro las propiedades públicas y privadas.
8. La entidad recurrente arguye el importante trato discriminatorio que la resolución implica, y ello por cuanto, estando situada en la zona del plan especial de barrancos de Güímar la cantera en cuestión, no se suspende la tramitación de la autorización, cosa que si se ha hecho con la empresa recurrente, pese a que son terrenos sin explotar y cuyos proyectos se adaptaban a lo previsto en el avance de dicho plan. Por el contrario, el plan de explotación y restauración Llano II no sólo es que no se adapta a las previsiones contenidas en los avances del mismo, sino que introduce un modelo de restauración que es contrario o perpendicular para el previsto para el resto del barranco.
Octavo.- Con fecha 25 de octubre de 2002, la Dirección General de Industria y Energía remitió a Áridos Atlántico, S.L. una copia de los recurso de alzada a fin de que pudiera alegar lo que estimara conveniente.
Noveno.- Por escrito de 20 de noviembre de 2002, D. Miguel Reyes Rodríguez, en representación de la entidad Áridos Atlántico, S.L., presentó las alegaciones que estimó conveniente en su defensa. En dicho escrito de alegaciones manifiesta que física y cronológicamente el lindero como puede constatarse fue ejecutada desde hace mucho tiempo por parte de Áridos Atlántico, S.L. con un bancal, como única posibilidad de restauración para impedir el futuro corrimiento, además de realizar el pago de la indemnización ejecutado, según sentencia del procedimiento 491/96 del Juzgado de 1a Instancia n¡ 1 de Güímar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En relación con los requisitos de admisibilidad de los recursos de alzada, no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario por cuanto los recursos han sido interpuestos dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, las partes recurrentes tienen plena legitimación activa para promover dichos recursos, en su condición de interesados, y el órgano competente para resolver los recursos es la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Segundo.- En relación con el recurso de alzada presentado por la Organización Morales, hay que señalar los siguientes razonamientos:
1. Por lo que se refiere a la existencia de una condena judicial de paralización de los trabajos de explotación contra Áridos Atlántico, S.L., por invadir terrenos de la parte recurrente, hay que señalar que en el presente caso la autorización otorgada recae sobre una superficie de 85.262 m2, propiedad de la entidad peticionaria. No obstante, hay que añadir que las autorizaciones otorgadas al amparo de la vigente Ley de Minas se conceden dejando a salvo otros derechos, como los de propiedad. En este caso, la autorización minera no habilita a la entidad Áridos Atlántico, S.L. a explotar fuera de la superficie permitida, ni invadir fincas colindantes, ni mucho menos transgredir una resolución judicial.
2. En cuanto al alegato de que la cantera está profundizando a cotas superiores a los 86 metros, sobrepasando las exiguas servidumbre de protección, hay que señalar que los trabajos de explotación deben garantizar la integridad de las propiedades ajenas, y en este caso, la entidad Áridos Atlántico, S.L., aparte de dar cumplimiento a lo prevenido en la sentencia judicial en lo relativo de construir una barrera de hormigón para evitar corrimientos que causen daños a la finca colindante, debe instalar las bermas correspondientes si sobrepasa la altura permitida por el Reglamento que aprueba las normas básicas de seguridad minera aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril (ITC MIE SM 07.1.03, relativa a trabajos a cielo abierto).
3. Por lo que se refiere al alegato del trato discriminatorio en relación con el resto de las explotaciones, las cuales han sido suspendida la tramitación de las autorizaciones de la A), hasta la aprobación del Plan Especial del Barranco de Güímar, hay que señalar que dichas suspensiones se produjeron en cumplimiento de una proposición no de ley aprobada por el Parlamento de Canarias en noviembre de 1999, sobre elaboración de un Plan Territorial de Ordenación Especial para el área de los barrancos, en Güímar, si bien la presentación de la solicitud de autorización de la sección A) por parte de Áridos Atlántico, S.L. se realizó el 28 de julio de 1998, con anterioridad a la aprobación de la proposición no de ley, la cual no debe tener carácter retroactivo si nos atenemos al principio de irretroactividad de las normas que rige en nuestro ordenamiento jurídico positivo.
Tercero.- En relación con el recurso de alzada presentado por la Asociación para la Defensa del Valle de Güímar, hay que decir lo siguiente:
1. En cuanto al alegato de que los derechos mineros de las entidades Áridos Atlántico, S.L. y Jurocasa se entienden caducados, por silencio positivo, hay que señalar que ya la Dirección General de Industria y Energía, mediante acto resolutorio de 25 de febrero de 2002, se pronunció sobre el particular, rechazando de plano el planteamiento de la Asociación para la Defensa del Valle de Güímar, y entendiendo que no procede aplicar el silencio administrativo positivo cuando estamos en presencia de un acto de gravamen que limita derechos de terceros (caducidad de una autorización minera) que debe ser dictado dentro de un procedimiento iniciado de oficio. Por su parte, esta Viceconsejería desestimó con fecha 18 de junio de 2002 el recurso de alzada interpuesto por dicha Asociación frente a la citada resolución de 25 de febrero de 2002.
2. Por lo que se refiere al alegato de que la cantera Llano II es una continuación de la cantera Llano I, la cual debe entenderse caducada, por agotamiento de los recursos, hay que señalar que el acta de inspección levantada por el Servicio de Minas en la cantera con fecha 28 de noviembre de 2002 pone de manifiesto lo siguiente: "Examinados los planos aportados al expediente como Proyecto de Explotación, y el estado actual de los terrenos donde se ubica los terrenos, -se realiza un reportaje fotográfico que se adjunta al acta- se constata la existencia de recursos geológicos susceptibles de ser explotados en diversas zonas de la cantera afectados por la resolución citada anteriormente." A la vista del acta de inspección, y del reportaje fotográfico que se acompaña al acta, procede rechazar el alegato de la Asociación recurrente de que no hay recursos geológicos susceptibles de explotación.
3. En cuanto al alegato de la Asociación recurrente de que el titular de la autorización pretende convertir la misma en una concesión de la C con el fin de adquirir las fincas colindantes, a través de la expropiación, esta Viceconsejería entiende que este argumento no tiene ninguna relevancia por cuanto la mera presentación de la solicitud no implica su estimación automática, por cuanto habrá que determinar si se cumple con los requisitos marcados por el ordenamiento minero para que se pueda reclasificar el recurso de la sección A) en un recurso de la sección C).
4. En cuanto al alegato de la Asociación de que existe un trato discriminatorio por cuanto no se ha suspendido la tramitación de la autorización de la sección A), esta Viceconsejería se reitera en la razones expuestas en el fundamento jurídico precedente, apartado tercero, para evitar repeticiones innecesarias.
5. En cuanto a que la superficie de la explotación que consta en los planos pertenecen a fincas de propietarios colindantes, hay que señalar que de la documentación aportada por la entidad Áridos del Atlántico se infiere que la propiedad de la superficie de explotación otorgada corresponde a dicha entidad. Dicha apariencia de buen derecho se predica sin perjuicio de los posibles conflictos de dominio que se pueden plantear entre las fincas colindantes, cuyo conocimiento compete exclusivamente a la jurisdicción civil.
6. Por lo que se refiere a la condena judicial contra el titular de la autorización, y al empleo de cotas superiores a 86 metros, con peligro para las fincas colindantes debemos remitirnos de nuevo al fundamento jurídico segundo, apartados 1 y 3, para evitar repeticiones innecesarias.
VISTOS
El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de transferencia a la Junta de Canarias de competencias, funciones y servicios en materia de industria, energía y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre, sobre adaptación de los servicios transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de industria, energía y minas; el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; el Decreto 10/2001, de 29 de enero, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías; el Decreto 12/2001, de 30 de enero, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.
Por todo ello, esta Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
Desestimar los recursos de alzada interpuestos por D. Hipólito Morales Martín, en representación de la entidad Organización Morales, y por Dña. Pilar Díaz Román, en representación de la Asociación para la Defensa del Valle de Güímar, frente a la Resolución del Director General de Industria y Energía de 29 de julio de 2002, por la que se concede a la entidad Áridos Atlántico, S.L. autorización de explotación como recursos de la Sección A) -áridos- de los terrenos comprendidos en los límites de la cantera denominada El Llano II, en el término municipal de Güímar, en la isla de Tenerife, manteniendo la misma en todos sus términos.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contado a partir del siguiente a la de la notificación de la resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, Wenceslao Berriel Martínez.
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