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BOC Nº 052. Lunes 17 de Marzo de 2003 - 1150

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

1150 - Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 25 de febrero 2003, que notifica Orden del Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, de 3 de septiembre de 2002, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Jesús López Montesdeoca, en representación de la Compañía Insular del Gas, S.L., contra Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de 7 de marzo de 2002, recaída en el expediente sancionador con referencia ES-SIETFE-002/01.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por esta Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59 apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la Compañía Insular del Gas, S.L., la Orden de 3 de septiembre de 2003 (libro 01, Orden nº 150-I), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 7 de marzo de 2002, recaída en el expediente sancionador con referencia ES-SIETFE-002/01.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de febrero de 2003.- El Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, Wenceslao Berriel Martínez.

A N E X O

Orden del Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Jesús López Montesdeoca, en representación de la Compañía Insular del Gas, S.L., contra Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 7 de marzo de 2002, recaída en el expediente sancionador con referencia ES-SIETFE-002/01.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Jesús López Montesdeoca, en representación de la Compañía Insular del Gas, S.L., contra la Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 7 de marzo de 2002, relativa a expediente sancionador con referencia ES-SIETFE-002/01, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 10 de mayo de 2001, tiene entrada en la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, escrito de la Concejal de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Adeje (Tenerife), por el cual remite reclamación-denuncia efectuada a través de agentes de la Policía Local del citado Ayuntamiento, en relación a irregularidades observadas en los servicios prestados a los usuarios por la empresa denominada Compañía Insular del Gas, S.L., encontrándose, entre las deficiencias evidenciadas la existencia de operarios con identificación dudosa que les acredite como empleados de la empresa instaladora de gas, así como operarios sin ningún tipo de identificación. Además, la autorización como empresa instaladora de gas, emitida por el Gobierno de Canarias, viene referida a la empresa denominada Tubogas, S.L. Se adjunta Informe del Jefe Accidental de la Policía Local del Ayuntamiento de Adeje; Informe de los dos agentes de policía actuantes; escrito de la Dirección Territorial de Industria y Energía, de fecha 21 de octubre de 1999, por el que se renueva, hasta el 15 de octubre de 2000, la autorización temporal como empresa autorizada de gas a la Compañía Insular del Gas, S.L.; escrito de la Compañía Insular del Gas, S.L., de fecha de registro de entrada en la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de 12 de marzo de 2001, por el que entiende que al no dictarse resolución, en el plazo máximo, para la renovación de la autorización temporal, la empresa Tubogas, S.L. se encuentra habilitada para ejercer sus funciones de empresa instaladora de gas desde el 11 de enero de 2001 y por el plazo de un año; tarifas de precios de la Compañía Insular del Gas, S.L.; recibo-liquidación 1999-2000 de la citada empresa, para la póliza colectiva de responsabilidad civil, por 20 operarios; modelo de certificado de servicios y garantía de instalaciones de gas, en blanco y sellado por la empresa; modelo de certificado de revisión periódica de instalaciones individuales de gas, domésticas y comerciales, en blanco, igualmente sellado por la mencionada empresa, y firmado; carnet de la Compañía Insular del Gas, S.L. y carnet de conducir, a favor de Rafaello Coppini, y D.N.I. de Gerard Capdevila Martín.

Segundo.- El día 25 de julio de 2001, el Jefe de Sección de Instalaciones de Combustibles y otras Energías, de la Dirección General de Industria y Energía, emitió Informe sobre el escrito de denuncia, en el que estimó la existencia de indicios suficientes para afirmar que la Compañía Insular del Gas, S.L. efectúa revisiones con operarios sin la correspondiente habilitación profesional, y sin contar con la presencia de instalador autorizado, por lo que se incurre en la comisión de infracción normativa, suponiendo grave riesgo para los bienes y las personas que los hechos relatados.

Tercero.- Con fecha 26 de octubre de 2001, se procede a solicitar de la Policía Local del Ayuntamiento de Adeje una serie de Informes sobre los hechos ocurridos, así como la aportación de documentos y testimonios que se considerasen oportunos, al objeto de determinar la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción.

Cuarto.- Con fecha 5 de noviembre de 2001, el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica acuerda la apertura de expediente sancionador a la Compañía Insular del Gas, S.L., por ejercer la actividad inherente a su condición de empresa instaladora de gas con operarios que carecen de la condición de instaladores autorizados de gas, y sin que se encontrara presente ningún instalador autorizado, lo que supone la comisión de una infracción tipificada en el artículo 39 apartado e) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo, en relación con el artículo 19 de la citada norma; infracción que se calificó como grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.2 letras h) e i) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, ya que supone un grave riesgo para las personas y bienes. La sanción a imponer consiste en una multa pecuniaria con cuantía comprendida entre 500.001 pesetas y 10.000.000 de pesetas, pudiendo dar lugar a la revocación o suspensión de la autorización administrativa vinculada con la actividad.

Quinto.- El 15 de noviembre de 2001, se requiere a la Compañía Insular del Gas, S.L. a los efectos de presentar la siguiente documentación: certificados de revisión periódica de instalaciones individuales de gas, domésticas y comerciales extendidos por la empresa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2001; los contratos de trabajo en vigor durante el mes de marzo de 2001, de todos los empleados, excepto los que desarrollen su trabajo, exclusivamente, en las oficinas de la empresa, así como los que, a esa fecha, se encontraran trabajando para esa Compañía, y los documentos de cotización a la Seguridad Social, TC1 y TC2 de los meses de febrero, marzo, septiembre y octubre de 2001.

Sexto.- Con fecha 22 de noviembre de 2001, se recibe Informe de la Policía Local de la Villa de Adeje, en el que, en síntesis, se viene a manifestar que:

1) La fecha en que se efectuó la denuncia telefónica y la fecha en que se realizó la actuación policial es la misma: 26 de marzo de 2001.

2) Se procede a relatar la visita a distintos vecinos del Edificio Victoria y del barrio de Tijoco-Bajo, que se vieron afectados por la visita de unos señores que se identificaban como técnicos del gas.

3) Los agentes no recuerdan si alguno de los operarios mencionó o interrogó acerca del porqué los certificados de revisión periódica de instalaciones de gas estaban firmados.

4) No se puede informar sobre si las revisiones efectuadas lo fueron, exclusivamente, por algunos de los operarios que se personaron en las dependencias policiales, pues no se dispone de certificados de revisiones firmadas por los mismos.

5) El instalador autorizado, que había firmado los certificados de revisión periódica sin cumplimentar, no acompañaba al operario (en el momento de las actuaciones policiales), porque según éste último, aquél se encontraba en otra zona, y tuvo que avisarlo telefónicamente para su personación en las dependencias en donde se procedió a las actuaciones policiales.

Se adjunta fotocopias de: facturas nº 27319 y nº 2411, de la Compañía Insular del Gas, S.L., de fechas 6 de septiembre de 2001 y 14 de marzo de 2000, respectivamente, con sus presupuestos correspondientes; certificado de revisión periódica nº 022409, cumplimentado y firmado por las dos partes; certificado de servicios y garantía de instalaciones de gas nº 1577, de la Compañía C & I Servicios del Gas, S.L. Además, se adjunta, nuevamente, fotocopias de la documentación aportada inicialmente con la denuncia presentada.

Séptimo.- Con fecha 10 de diciembre de 2001, el Instructor del expediente sancionador requiere a D. Antonio Seoane Cobas para que, en el plazo de 10 días, conteste, por escrito, a determinadas cuestiones, sin que se presentara contestación alguna.

Octavo.- El día 11 de febrero de 2002, el Instructor del expediente sancionador formula Propuesta de Resolución, por la que se propone imponer a la empresa Compañía Insular del Gas, S.L. una sanción de 30.000 euros.

Noveno.- Con fecha 26 de febrero de 2002, el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica dicta Resolución nº 107/02 del expediente sancionador, en la que se impone a la Compañía Insular del Gas, S.L. una sanción de 30.000 euros, por la comisión de la infracción administrativa consistente en realizar operaciones de revisión de una instalación de gas con personas que no tienen acreditadas la condición de instaladores autorizados de gas, tipificado en el artículo 39.e) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, en relación con el artículo 19 de la citada norma, comportando un grave riesgo para las personas y los bienes, que de conformidad con el artículo 40.2.h) e i) del Real Decreto 1.085/1992, se califica de infracción administrativa grave.

Décimo.- Con fecha de registro de entrada, 4 de marzo de 2002, D. Jesús López Montesdeoca, en representación de la entidad Compañía Insular del Gas, S.L., presenta, dentro del plazo concedido, las alegaciones a la Propuesta de Resolución del expediente sancionador, que en síntesis fueron las siguientes:

1. Violación del artículo 134 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.- No es dable que el órgano que instruya un expediente sancionador tenga competencia para resolverlo. El órgano que incoó el expediente sancionador fue el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica. El órgano que instruye el expediente sancionador es la Viceconsejería, es decir, el mismo que incoa y resuelve el expediente. Esto conlleva a la nulidad conforme al artículo 62.1.b) de la LPA.

2. La Propuesta de Resolución es contraria a la presunción de inocencia, consagrada en el artículo 137 de la LPA. Se determina la responsabilidad de la empresa en que: a) los operarios de la empresa estaban operando en distintas viviendas realizando revisiones, sin ser instaladores autorizados, cuando no se desprende, a lo largo del expediente, que algún operario de la empresa hubiera efectuado revisión, ni siquiera se refieren a ninguna instalación en concreto sobre la cual haya de atribuirse los hechos denunciados. b) las revisiones efectuadas por operarios que no son instaladores, implica que se haya generado un grave riesgo para las personas y bienes, cuando no aparece en el expediente que algún operario no instalador hubiese efectuado alguna revisión, ni siquiera que se hubiese efectuado trabajo alguno, por lo que es difícil argumentar que se haya actuado con negligencia grave y se haya comprometido la seguridad de los bienes y la integridad de las personas.

3. La presencia de unos operarios en una determinada zona desarrollando su trabajo con la supervisión del instalador, no supone ninguna infracción de ley, toda vez que la Orden de 17 de diciembre de 1985 establece que cada instalador autorizado puede estar ayudado por una serie de operarios. Lo contrario es violar el principio de tipicidad. En ningún momento del Informe de la Policía, ni en ningún otro, se afirma que los operarios de la empresa estuvieran ejecutando trabajos de revisión; sólo se deduce la existencia de unos operarios de la Compañía, los cuales portaban determinada documentación de la empresa, destacando unos certificados de revisión en blanco con la firma del instalador, sin que ello constituya infracción administrativa.

4. Efectivamente, los operarios tenían uno o varios certificados firmados por el instalador en blanco, pero deducir de ello que carezca de sentido alguno la firma a priori del certificado, salvo para cometer una infracción de "expedición de certificaciones cuyo contenido no se ajusta a la realidad de los hechos", es una conclusión excesiva. No se desprende la utilización efectiva de esos certificados por personas ajenas al instalador.

5. No puede mantenerse la idea de que se haya generado un riesgo grave para las personas o bienes, ya que no queda acreditado que los operarios hubiesen efectuado el trabajo propio del instalador, y además, tampoco se ha concretado en qué supuestas viviendas se han efectuado las presuntas revisiones por personal no autorizado.

Undécimo.- Con fecha 5 de marzo de 2002, el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica dicta Resolución por la que se acuerda revocar la Resolución nº 107/02, del expediente sancionador con referencia ES-SIETFE-002/01, incoado a la empresa Compañía Insular del Gas, S.L., retrotrayendo el expediente al momento de la presentación de alegaciones por parte de la expedientada a la Propuesta de Resolución.

Duodécimo.- El día 7 de marzo de 2002, el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica dicta Resolución nº 142/02, al expediente sancionador ES-SIETFE-002/01, por la que resuelve imponer a la Compañía Insular del Gas, S.L. una sanción de 30.000 euros de multa, por la comisión de una infracción administrativa, consistente en realizar operaciones de revisión de una instalación de gas con personas que no tienen acreditada la condición de instaladores autorizados de gas, de conformidad con el artículo 39.e) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, en relación con el artículo 19 de la citada norma, comportando un grave riesgo para las personas y los bienes el que las revisiones las realicen personas no autorizadas, y de acuerdo con el artículo 40.2.h) e i) del Real Decreto 1.085/1992 constituye una infracción administrativa grave.

Decimotercero.- Con fecha 3 de abril de 2002, D. Jesús López Montesdeoca, en representación de la empresa Compañía Insular del Gas, S.L., interpone recurso de alzada contra la Resolución precedente, alegando:

1. En cuanto a la Resolución dictada el 26 de febrero de 2002:

a) Nulidad de la resolución al prescindir del procedimiento legalmente establecido.- Ante la Propuesta de Resolución, notificada el día 15 de febrero de 2002, se disponía de 15 días para formular alegaciones y presentar documentos, dictándose la resolución del procedimiento, sin tomar en cuenta las alegaciones presentadas; por ello es contraria con lo establecido en el artículo 89 LPA, al no decidir sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados, y también contraria a los artículos 138, 84, 134 y 135 de la misma norma. El derecho de defensa implica el derecho no sólo de presentar alegaciones dentro del procedimiento, sino de tomarlas en cuenta antes de dictar la correspondiente resolución, valorándolas de una u otra forma.

b) La Resolución es contraria a la presunción de inocencia consagrada en el artículo 137 LPA.- Este principio no ha sido respetado en la resolución, ya que se determina la responsabilidad de la empresa en realizar operaciones de revisión de una instalación de gas por personas que no tienen acreditada la condición de tal, y además, que las revisiones efectuadas por operarios que no son instaladores implica que se haya generado un grave riesgo para las personas y los bienes. Ni de la denuncia de la Policía Local de Adeje, ni de los documentos obrantes aparece la responsabilidad de la empresa. Habría que acreditar que las revisiones efectuadas en las instalaciones de los usuarios se hubieran llevado a cabo por operarios que no tuvieran la condición de instaladores autorizados, lo que no se ha podido determinar.

2. En cuanto a la Resolución de fecha 7 de marzo de 2002:

a) Nulidad de pleno derecho de la resolución, conforme al artículo 62.e) LPA, y subsidiariamente su anulabilidad, artículo 63 LPA.- No tiene cabida que en un mismo procedimiento puedan existir dos resoluciones definitivas, lo que provoca inseguridad jurídica e indefensión. La Administración sancionadora, en modo alguno ha revocado la primera de las resoluciones, que como mínimo, procedería para poder dictar otra posterior, como exigiría el artículo 105 LPA, al tratarse de actos de gravamen o desfavorables.

b) Esta Resolución, al igual que la anterior, conculca el artículo 137 LPA, en cuanto al derecho a la presunción de inocencia, remitiéndose a lo expuesto sobre el mismo particular.

Decimocuarto.- El Ingeniero Industrial de la Dirección General de Industria y Energía, D. Antonio Carlier Millán, emite Informe de fecha 6 de junio de 2002, en el que, esencialmente, señala que los argumentos reseñados por el recurrente son contrarios a las normas jurídicas y técnicas aplicables a este supuesto, y no existen nuevos argumentos que hagan cambiar el sentido de la Resolución recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso, no se formula ningún pronunciamiento en contrario, por cuanto el mismo se ha interpuesto dentro del plazo de un mes establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el recurso, y el órgano competente para su resolución es el Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, de conformidad con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 12 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- Respecto a las alegaciones realizadas por el recurrente, cabe señalar lo siguiente:

a) El 26 de febrero de 2002, el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, procedió a resolver el expediente sancionador nº ES-SIETFE-002/01, mediante Resolución nº 107/02, expediente instruido a la empresa Compañía Insular del Gas, S.L., por la comisión de infracción administrativa calificada de grave, la cual fue notificada a la parte interesada el 5 de marzo de 2002. En la citada Resolución se hizo constar que la expedientada no habrá formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución remitida en su momento, cuando, en realidad, dentro del plazo concedido sí que se presentaron las alegaciones pertinentes por el interesado, según consta en el expediente, mediante escrito con número de registro de entrada 80.643, de 4 de marzo de 2002.

b) Advertido el error, al no haberse considerado las alegaciones del interesado, y de conformidad con lo establecido en el articulo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual: "Las Administraciones Públicas podrán revocar, en cualquier momento, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico", se procedió a revocar la Resolución nº 107/02, mediante nueva Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 5 de marzo de 2002, retrotrayendo el expediente al momento de la presentación de alegaciones por parte de la expedientada a la Propuesta de Resolución. La Resolución de revocación y retroacción fue notificada a la parte interesada, tras dos intentos de notificación, el día 24 de abril de 2002, según consta en el correspondiente acuse de recibo, debidamente firmado. Por lo tanto, la facultad de revocación viene amparada por la norma, y la Administración, una vez advertido el error, ha actuado de conformidad con lo legalmente establecido, atendiendo a las alegaciones presentadas frente a la Propuesta de Resolución, por la Compañía Insular del Gas, S.L., y resolviendo en consecuencia. No se ha producido indefensión a la expedientada, por cuanto, como se ha manifestado, ha presentado las alegaciones y recursos que ha considerado convenientes para la mejor defensa de sus derechos, siendo tenidos en cuenta en el momento de dictar la Resolución. Se ha respetado los procedimientos y reglas procedimentales, subsanándose, adecuadamente, el error cometido en la primera de las resoluciones, revocándola y retrotrayendo el expediente al momento en que se cometió el vicio, sin que haya existido, en contra de lo manifestado por el recurrente, violación a los artículos 138, 89, 84, 134 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

c) En cuanto a las actuaciones practicadas por la Policía Local de Adeje, se comprueba, sin ningún género de duda, los hechos objeto de infracción reseñados en la resolución recurrida, ya que existen diversos testimonios que acreditan la veracidad de los hechos. En efecto, en el Informe emitido por la Policía Local de Adeje, recibido en esta Consejería, el día 22 de noviembre de 2001, en contestación a la solicitud de información complementaria, se comprueba que los operarios de la Compañía Insular del Gas, S.L. estaban realizando revisiones de gas en el Edificio Victoria y que el instalador oficial que firmó en blanco los certificados no se encontraba presente. Además, según manifestaciones del Sr. Capdevilla Martín (operario que intentó revisar la vivienda del denunciante, y que acompañó a los Agentes actuantes a las dependencias policiales) el instalador autorizado se encontraba en otra zona. De todo ello se desprende que no se ha violado el principio de presunción de inocencia, tal como mantiene el recurrente, ya que ha quedado acreditada la responsabilidad de la Compañía Insular de Gas, S.L. en los hechos acontecidos, a través de las pruebas que fueron recopiladas y que constan en el expediente.

Tercero.- Esta Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica es el órgano competente en la resolución del presente recurso, al amparo de lo previsto en el artículo 12 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, y por razón de la materia al tratarse de una competencia funcional de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, la dirección de las funciones de control y vigilancia del cumplimiento de las condiciones establecidas para el servicio de gas, electricidad e hidrocarburos, y en concreto, el resolver las discrepancias entre usuarios y entidades suministradoras de energía eléctrica, gas e hidrocarburos, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, apartado 2.8.1.h) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica.

VISTOS

El Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora; el Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo; Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica; Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo lo cual, en el ejercicio de las competencias que legalmente tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Jesús López Montesdeoca, en representación de la empresa Compañía Insular del Gas, S.L., contra la Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 7 de marzo de 2002, relativa a expediente sancionador con referencia ES-SIETFE-002/01 por la comisión de una infracción administrativa grave, manteniendo la misma en todos sus términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, a interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de la Presidencia e Innovación Tecnológica, Julio Bonis Álvarez.

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