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BOC Nº 052. Lunes 17 de Marzo de 2003 - 1149

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

1149 - Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de febrero de 2003, que notifica Orden del Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, de 13 de diciembre de 2002, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. José Manuel Barahona Velázquez, en representación de la Compañía Insular del Gas, S.L., contra Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de 22 de mayo de 2002, recaída en el expediente sancionador, con referencia: ES-SIETFE-001/02.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por esta Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la entidad Compañía Insular del Gas, S.L., la Orden de 13 de diciembre de 2002 (libro 01, Orden nº 238-I), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto contra Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 22 de mayo de 2002, recaída en el expediente sancionador, con referencia: ES-SIETFE-001/02.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de febrero de 2003.- El Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, Wenceslao Berriel Martínez.

A N E X O

Orden del Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. José Manuel Barahona Velázquez, en representación de la Compañía Insular del Gas, S.L., contra Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 22 de mayo de 2002, recaída en el expediente sancionador, con referencia: ES-SIETFE-001/02.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. José Manuel Barahona Velázquez, en representación de la Compañía Insular del Gas, S.L., contra la Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 22 de mayo de 2002, relativa a expediente sancionador, con referencia ES-SIETFE 001/02, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 3 de diciembre de 2001, tiene entrada en la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, escrito de Dña. María Concepción Martín Méndez, en el que manifiesta que el día 24 de octubre de 2001, se personó en su vivienda un señor que dijo ser revisor del gas, procediendo con coacciones y amenazas a realizar los trabajos, lo cual conllevó una factura por importe de 25.485 pesetas, y cree que el trabajo que le hicieron no cumple con la normativa vigente, haciéndole entrega de un certificado de revisión incorrecto porque estaba firmado por un señor que nunca estuvo en su casa. Se adjunta presupuesto por importe de 25.485 pesetas, así como factura nº 28332, de fecha 24 de octubre de 2001, firmada por el operario D. Diego Bonnet, y certificado de revisión periódica nº 23611 suscrito por D. Guillermo Alonso Álvarez.

Segundo.- Con fecha 11 de diciembre de 2001, el técnico facultativo de la Dirección General de Industria y Energía, D. Joaquín Nicanor González Vega, gira visita de inspección al domicilio de la reclamante, levantando Acta en la que se hace constar que el local de la cocina no dispone de entrada directa de aire, ya que, aun cuando existe rejilla de ventilación que comunica el local de cocina con una solana cerrada, dicha rejilla está obstruida por el mobiliario de cocina, no disponiendo tampoco la solana de entrada directa de aire desde el exterior en su zona baja. También hace constar que el calentador, ubicado en la solana cerrada, no dispone de sistema de evacuación de los productos de la combustión. Por otra parte, la compareciente (Dña. Concepción Martín Méndez) manifiesta que se ratifica en todo lo expuesto en la denuncia presentada.

Tercero.- El Jefe de Sección de Instalaciones de Combustibles y otras energías, vista la reclamación presentada y el Acta de Inspección correspondiente, con fecha 21 de enero de 2002, emite Informe por el que pone en conocimiento de la Dirección General de Industria y Energía los hechos acontecidos, a los efectos de que si lo estima oportuno inicie expediente sancionador, dado el grave riesgo que para los bienes y las personas comporta, de efectivamente ser ciertos los hechos relatados respecto a la Compañía Insular del Gas, S.L.

Cuarto.- El 23 de enero de 2002, el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica acuerda la apertura de expediente sancionador a la Compañía Insular del Gas, S.L., por los siguientes motivos:

1) Respecto a la realización y firma del certificado de revisión periódica nº 23611: A) Emitir un certificado de revisión de instalaciones de gas por persona que no ha realizado la revisión de la instalación de gas de la vivienda de la reclamante. Se califica como infracción grave, de conformidad con el artículo 31.2.e) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. B) Realizar una operación de revisión de una instalación de gas por persona que no tiene acreditada la condición de instalador autorizado de gas. Se califica como infracción grave, de conformidad con lo previsto en el artículo 40.2.h) e i) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo, en relación con el artículo 19 de dicha norma.

2) El hecho de que la Compañía Insular del Gas, S.L. certificara que en la instalación individual de gas de la vivienda de la denunciante, no existía ningún defecto mayor ni menor, cuando el Acta de Inspección suscrita por técnico facultativo competente comprueba que existían tres defectos menores. Se califica como infracción grave, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 21/1992, de 16 de julio.

Quinto.- Notificado en debida forma el Acuerdo de iniciación de expediente sancionador a la Compañía Insular del Gas, S.L., y sin que la misma presentara alegaciones ni documentos o pruebas dentro del plazo concedido, el 4 de marzo de 2002, el Instructor del expediente sancionador formula Propuesta de Resolución al mismo, por la cual viene a proponer una resolución que imponga a la Compañía Insular del Gas, S.L. las siguientes sanciones:

- Una sanción de multa de 24.000 euros por la infracción de emitir certificado por persona distinta de la que en realidad realizó la revisión de la instalación.

- Una sanción de multa de 30.000 euros por la grave negligencia que supone y el elevado riesgo para las personas y bienes el que las operaciones de revisiones de gas las efectúe personal no autorizado, y por tanto, técnicamente incapacitado para realizar dichos trabajos.

- Una sanción de 30.000 euros por la infracción de emitir un certificado con ausencia de defectos en la instalación, cuando la misma tenía tres defectos.

Sexto.- Con fecha 4 de marzo de 2002, la expedientada presentó en oficina de Correos, escrito de alegaciones a la propuesta de resolución del Instructor, en el que, en síntesis, viene a manifestar que:

1) En cuanto a la infracción consistente en haber emitido una revisión por persona no autorizada, alega que la persona que efectuó la revisión y emitió el correspondiente certificado fue D. Guillermo Alonso Álvarez, tal y como se desprende del propio certificado, en el que consta su firma. No existe prueba alguna que demuestre que fuera otra persona diferente al Instalador quien emitiese el correspondiente certificado, pues tampoco el Acta de Inspección lo demuestra. Con ello se vulnera el derecho a la presunción de inocencia.

2) En cuanto a la infracción consistente en que la revisión la efectuó persona diferente al Instalador, se manifiesta que el único que efectuó la revisión fue quien emitió el certificado de revisión, esto es, el Instalador Sr. Alonso Álvarez.

La labor que efectuó el operario D. Diego Gonnet fue la realización de los trabajos consistentes en cambiar 2 llaves, 1 tubo flexible, 1 regulador, 1 boquilla y 1 cobre, siempre bajo la supervisión del Instalador. Esta actividad de apoyo la Instalador está prevista en la reglamentación del gas. Obra en el expediente cómo el operario D. Diego Gonnet es quien firma la factura, pero no quien emite el certificado ni efectuó la revisión de la instalación.

3) En cuanto al último hecho imputado, la fecha en que se efectúan los trabajos y se emite el certificado de revisión es de 24 de octubre de 2001, y aquella en la que se efectúa el Acta de Inspección es de 11 de diciembre de 2001. Entre ambas fechas hay un intervalo de tiempo más que suficiente para deducir que el usuario ha efectuado una modificación en la instalación.

Séptimo.- Con fecha 22 de mayo de 2002, el Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica dicta Resolución al expediente sancionador incoado a la Compañía Insular del Gas, S.L., por la que se viene a imponer a la citada empresa las siguientes sanciones:

- Una sanción de multa de 24.000 euros por la infracción de emitir certificado de revisión de instalaciones de gas por persona distinta de la que en realidad realizó la revisión de la instalación.

- Una sanción de multa de 30.000 euros por la infracción de realizar la revisión de la instalación de gas persona incapacitada legalmente para realizar dichos trabajos, por no estar en posesión del título de instalador autorizado.

- Una sanción de 30.000 euros por la infracción de emitir un certificado de revisión de instalaciones de gas con ausencia de defectos en la instalación, cuando la misma tenía tres defectos menores.

Octavo.- Con fecha 11 de julio de 2002, D. José Manuel Barahona Velázquez, en representación de la entidad Compañía Insular del Gas, S.L., interpone recurso de alzada contra la Resolución precedente, alegando básicamente que:

1) La resolución manifiesta que quien efectuó la revisión de la instalación fue D. Diego Gonnet, sin ser instalador autorizado. Sin embargo, lo cierto es que el único que ha efectuado la revisión de la instalación de gas ha sido D. Guillermo Alonso Álvarez, el cual es instalador de la empresa, y quien emitió el correspondiente certificado de revisión. Es intrascendente que se rellenase el certificado por el propio instalador u otro operario a su cargo, dado que lo importante es la revisión misma y la emisión del correspondiente certificado, extremos efectuados por el instalador. El operario a cargo del instalador realiza un trabajo de apoyo, rellenando el certificado que le va indicando el instalador una vez que este mismo ha revisado la instalación, y una vez se hace, el instalador firma y entrega el certificado al usuario.

2) La fecha en la que se efectúan los trabajos y se certifica la instalación (24 de octubre de 2001) es distante a la de la comprobación por la Administración (11 de diciembre de 2001), en cuyo intervalo de tiempo el usuario puede modificar la instalación o, en este caso, cubrir las rejillas con muebles.

Noveno.- El Jefe del Servicio de Instalaciones Energéticas de la Dirección General de Industria y Energía, emite Informe de fecha 29 de julio de 2002, en el que, esencialmente, señala que no puede admitirse el recurso de alzada al ser presentado fuera del plazo establecido al efecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso, no se formula ningún pronunciamiento en contrario, por cuanto el mismo se ha interpuesto dentro del plazo de un mes establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el recurso, y el órgano competente para su resolución es el Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, de conformidad con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 12 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Por problemas planteados en la recepción de documentos por parte de la Compañía Insular del Gas, S.L. en otros expedientes, la Resolución por la que se resuelve el expediente sancionador, ahora objeto de impugnación, fue enviada, simultáneamente, a la dirección de su sede en Santa Cruz de Tenerife y a la de Las Palmas de Gran Canaria, siendo recibidas por la expedientada, según consta en los Acuses de Recibo que obran en el expediente, el 7 de junio de 2002 y el 11 de junio de 2002, respectivamente, siendo admitido el recurso de alzada, al haberse interpuesto (el 11 de julio de 2002) dentro del plazo previsto respecto a la notificación recibida en la sede de la empresa de Las Palmas de Gran Canaria el 11 de junio de 2002.

Segundo.- El acto resolutorio objeto de impugnación tiene su fundamentación jurídica en el artículo 31.2.e) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; Instrucciones 2.1.3 y 9.5 del anexo B de la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 17 de diciembre de 1985; artículo 39.e), artículo 9 y artículo 40.2.h) e i) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo.

Tercero.- Respecto a las alegaciones realizadas por el recurrente, cabe señalar lo siguiente:

a) Que, de acuerdo con la reclamación presentada por Dña. María Concepción Martín Méndez, a su vivienda sólo accedió el señor que firmó la factura, es decir, D. Diego Gonnet, afirmación que se ratifica ante el funcionario facultativo que realizó la inspección de las instalaciones. El operario citado, D. Diego Gonnet, no posee el título de instalador autorizado, según los archivos y registros que obran en este Departamento, y por consiguiente, no puede realizar este tipo de trabajos u operaciones. Esto supone la comisión de una infracción tipificada en el artículo 39.e) del Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, en relación con el artículo 19 de la citada norma, además de suponer un grave riesgo para las personas y bienes, ya que no se dispone de los conocimientos mínimos necesarios y obligatorios para realizar con garantías de seguridad los trabajos correspondientes, negligencia que viene tipificada en el artículo 40.2.h) e i) del Real Decreto 1.085/1992, como infracción administrativa.

Es la propia expedientada la que cae en contradicción cuando, hasta el momento de la interposición del recurso de alzada mantenía que: "La labor que efectuó el operario D. Diego Gonnet fue la realización de los trabajos consistentes en cambiar 2 llaves V-82, 1 tubo flexible, 1 regulador, 1 boquilla y un cobre, siempre bajo la supervisión del instalador"; y sin embargo, en el recurso se manifiesta que "El operario que se encuentra a cargo del instalador realiza un trabajo de apoyo a este mismo, ... rellenando el certificado que le va indicando el instalador ..."

b) Teniendo en cuenta que sólo una persona es la que accedió a la vivienda para efectuar la revisión de la instalación de gas (D. Diego Gonnet), no puede afirmarse que la citada revisión la efectuara el instalador autorizado Sr. Alonso Álvarez, alegando para ello que el certificado de revisión llevaba su firma. Al respecto, cabe argumentar además que, tanto por la similitud de los hechos como por las manifestaciones realizadas en otro expediente sancionador incoado a la misma Compañía, se manifestó por su parte que: "Efectivamente, los operarios tenían uno o varios certificados firmados por el instalador en blanco ... como parte de la metodología de cualquier trabajo ...", de lo cual se desprende, claramente, que es norma habitual de la empresa, el que los operarios empleen, cuando realizan su trabajo, certificados previamente firmados en blanco por el instalador autorizado, lo cual se encuentra recogido como infracción administrativa tipificada en el artículo 31.2.e) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

c) Por último, y en relación con las alegaciones de que, entre la fecha de la revisión y la del Acta de Inspección, hay un intervalo más que suficiente para deducir que el usuario ha efectuado una modificación de la instalación, cabe señalar que, si bien es aventurado hacer esta afirmación sin presentar prueba alguna, lo cierto es que la Compañía Insular del Gas, S.L. revisó y efectuó trabajos en la instalación de gas de la vivienda de la reclamante, y que según el Acta de Inspección del Técnico de esta Consejería, la instalación presentaba defectos que no se recogieron en el certificado de revisión emitido por la empresa instaladora. En las alegaciones vertidas por la expedientada, se manifestaba que cuando se efectuó la revisión, la rejilla inferior (de la cocina) se encontraba descubierta y no cerrada por ningún mueble, pero nada alega respecto a los dos otros defectos menores que constan en el Acta de Inspección correspondiente, es decir, a que la solana no disponía de entrada directa de aire en la zona baja, y a que el calentador no disponía de sistema de evacuación de los productos de combustión. Ello supone la comisión de una infracción tipificada en el artículo 31.2.e) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, al no ajustarse el certificado de revisión periódica a la realidad de los hechos.

Cuarto.- Esta Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica es el órgano competente en la resolución del presente recurso, al amparo de lo previsto en el artículo 12 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, y por razón de la materia al tratarse de una competencia funcional de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, la dirección de las funciones de control y vigilancia del cumplimiento de las condiciones establecidas para el servicio de gas, electricidad e hidrocarburos, y en concreto, el resolver las discrepancias entre usuarios y entidades suministradoras de energía eléctrica, gas e hidrocarburos, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, apartado 2.13.1.h) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica.

VISTOS

El Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora; el Real Decreto 1.085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo; Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica; Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo lo cual, el Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, en el ejercicio de las competencias que legalmente tiene atribuidas,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. José Manuel Barahona Velázquez, en representación de la empresa Compañía Insular del Gas, S.L., contra la Resolución del Viceconsejero de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica, de fecha 22 de mayo de 2002, relativa a expediente sancionador por la comisión de tres infracciones administrativas graves, manteniendo la misma en todos sus términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, Julio Bonis Álvarez.

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