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BOC Nº 043. Viernes 6 de Abril de 2001 - 1209

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

1209 - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 5 de marzo de 2001, relativo a notificación de Resolución por la que se resuelve el expediente sancionador incoado por este Centro Directivo a D. José V. Simón Mederos, titular de la empresa operadora nº 226, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 32/2000.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 32/2000, incoado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación a D. José V. Simón Mederos, titular de la empresa operadora nº 226, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su publicación.

Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación por la que se declara la caducidad del expediente sancionador nº 32/2000, incoado a Jose V. Simón Mederos, como titular de la empresa operadora nº 226, por infracción a la normativa sobre el juego.

Examinado el expediente nº 32/2000 tramitado por la Sección de Instrucción de Expedientes Sancionadores de esta Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, incoado a la empresa operadora nº 226, José V. Simón Mederos, por infringir la normativa sobre el juego.

Vista la propuesta del Jefe de Servicio de Gestión del Juego.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 17 de febrero de 2000, fue levantada acta de infracción por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de la Consejería de Presidencia, dando cuenta que en el establecimiento Bar El Tanque, sito en Geneto, La Laguna, Carretera General, nº 41, se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo B, TF-B-16.058, propiedad de la empresa operadora nº 226, José Vicente Simón Mederos, careciendo de los distintivos acreditativos del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondiente al año 1999. Asimismo, el establecimiento carece del Libro de Reclamaciones y de la copia del Reglamento de Juego. El compareciente manifiesta que los libros no los tienen porque la empresa operadora nunca se los proporcionó.

2º) Por el Centro Directivo instructor se solicitó, con fecha 25 de febrero de 2000, informe de la Consejería de Economía y Hacienda sobre los ingresos de la Tasa Fiscal sobre el Juego del citado permiso de explotación, informando con fecha 10 de marzo de 2000 (R/E de 15.3.00) que "el permiso de explotación TF-B-16.058, número de guía 1270556, es propiedad de la empresa operadora José Vicente Simón Mederos, permiso que ha causado baja definitiva con fecha 5 de enero de 1998".

3º) Consultados los archivos obrantes en el Negociado de Máquinas Recreativas y de Azar dependiente de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, se constatan los siguientes hechos:

a) Mediante Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 28 de noviembre de 1996, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 65, de 23 de mayo de 1997, se revocaron varias autorizaciones de explotación de máquinas recreativas cuya titularidad ostentaba D. José Vicente Simón Mederos, entre las que se encontraba la TF-B-16.058, debiendo la citada empresa operadora titular de la misma, hacer entrega en estas dependencias de los dos ejemplares de la Guía de Circulación, el correspondiente Boletín de Instalación y la Placa de Identidad de dicha máquina.

b) Por Resolución del Viceconsejero de Administración Pública de fecha 12 de septiembre de 1997, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 2, del día 5 de enero de 1998, se desestimó el recurso ordinario interpuesto por D. José Vicente Simón Mederos, como titular de las máquinas, contra la Resolución antedicha de revocación de autorizaciones de explotación de varias máquinas recreativas, confirmando dicho acto en todos sus extremos, debiendo cesar en su consecuencia la explotación de dichas máquinas recreativas.

c) Mediante Auto de fecha 28 de octubre de 1998, dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el recurso 376/98, promovido por D. José Vicente Simón Mederos, contra la Resolución de 5 de enero de 1998 desestimando el recurso ordinario contra orden de cese en explotación de diversas máquinas recreativas, se declara la caducidad de dicho recurso.

4º) A la vista de los hechos, mediante Providencia dictada por el Director General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 30 de marzo de 2000, se acordó el inicio del correspondiente expediente sancionador por presunta infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado. Asimismo, en la citada Providencia se ordenó como medida cautelar con carácter de urgencia el precinto de la máquina recreativa TF-B-16.058, instalada en el Bar El Tanque, todo ello a resultas de la resolución que en definitiva sea dictada, al apreciarse la presunta comisión de una falta muy grave tipificada en el artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo.

5º) Con fecha 15 de abril de 2000, fue levantada acta de constatación de hechos por funcionario adscrito al Servicio de Inspección del Juego en el establecimiento Bar El Tanque, dejando constancia de la imposibilidad de llevar a efecto la medida cautelar adoptada toda vez que la máquina recreativa en cuestión no se encuentra en el citado establecimiento el día de la fecha.

6º) Intentada la notificación de la Providencia y el Pliego de Cargos en el domicilio de la persona expedientada mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 5 de junio de 2000; no presentándose alegaciones en el plazo concedido al efecto.

7º) Con fecha 8 de agosto de 2000, fue formulada por el Instructor del expediente la correspondiente Propuesta de Resolución, proponiendo que por el Gobierno de Canarias se impusiera a la empresa operadora expedientada por la comisión de una falta muy grave, la sanción de diez millones una (10.000.001) pesetas de multa, así como la sanción adicional de decomiso, y cuando la sanción sea firme, la destrucción de los materiales con que se haya cometido la infracción, a tenor de lo preceptuado en el artículo 29.1.a) y 5.c) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y las Apuestas, por la comisión de los hechos descritos, constitutivos de infracción a lo dispuesto en el artículo 26.a) de la citada Ley 6/1999, esto es, la organización o explotación de juegos o apuestas no catalogados, o sin poseer las correspondiente autorizaciones administrativas, así como la celebración o práctica de los mismos fuera de los establecimientos autorizados.

8º) Intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio de la empresa operadora expedientada mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 4 de septiembre de 2000; no presentándose alegaciones en el plazo conferido al efecto, que vencía el pasado 14 de septiembre de 2000.

9º) Iniciado el expediente con fecha 30 de marzo de 2000, se observa que el mismo está incurso en caducidad al haberse superado el plazo de seis meses para resolver el procedimiento y notificar la resolución expresa.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El procedimiento seguido en la tramitación de este expediente, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90), 235/1997, de 30 de septiembre (B.O.C. nº 131, de 10.10.97), y 260/1999, de 31 de agosto (B.O.C. nº 124, de 13.9.99). Sin embargo este artículo no establece el plazo que tiene la Administración para dictar resolución expresa en estos procedimientos.

Segunda.- Por lo que concierne a este aspecto, procede la aplicación del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos en la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), cuyo artículo 5.1 establece que, salvo disposición expresa en contrario, el plazo de resolución de los procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables a los ciudadanos será de seis meses en los procedimientos sancionadores.

Tercera.- Asimismo, el artículo 44 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), dispone que "En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

... 2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la declaración que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previsto en el artículo 92".

Cuarta.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2.F.c) del Decreto 278/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia (B.O.C. nº 142, de 27.10.99), la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación es competente para la incoación e instrucción en materia de casinos, juegos y apuestas.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado mediante acuerdo de fecha 30 de marzo de 2000, en el expediente sancionador 32/2000, contra la empresa operadora José V. Simón Mederos, como titular de la empresa operadora nº 226, archivando las actuaciones practicadas con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La presente declaración de caducidad se realiza sin perjuicio del derecho de esta Administración a iniciar nuevo expediente sancionador por la misma o distinta causa, si resultare procedente.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada, ante el Viceconsejero de Administración Pública, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente anuncio, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de 2000.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de marzo de 2001.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.

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