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BOC Nº 043. Viernes 6 de Abril de 2001 - 1208

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

1208 - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 5 de marzo de 2001, relativo a notificación de Resolución por la que se resuelve el expediente sancionador incoado por este Centro Directivo a Comercial Juafa, S.L., extinta empresa operadora, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 31/2000.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 31/2000, incoado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación a Comercial Juafa, S.L., extinta empresa operadora, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su publicación.

Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación por la que se declara la caducidad del expediente sancionador nº 31/2000, incoado a la extinta empresa operadora Comercial Juafa, S.L., por infracción a la normativa sobre el juego.

Examinado el expediente nº 31/2000 tramitado por la Sección de Instrucción de Expedientes Sancionadores de esta Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, incoado a la extinta empresa operadora Comercial Juafa, S.L., por infringir la normativa sobre el juego.

Vista la propuesta del Jefe de Servicio de Gestión del Juego.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 16 de marzo de 2000 fue levantada acta de precinto cautelar por funcionario adscrito al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, en el establecimiento Bar Picos del Teide, sito en El Sauzal, Ravelo, calle Real La Orotava, 272, en la que se procede al precinto de la máquina recreativa del tipo "B", TF-B-15.121, modelo B-1952, serie 95-145, que en el momento de la inspección se encuentra en funcionamiento y carece de documentación. La Guía que lleva incorporada es fotocopia del original y es de la empresa operadora Comercial Juafa, S.L., y el Boletín de Instalación está completamente borrado.

2º) Consultados los archivos obrantes en el Centro Directivo Instructor, se constata que la empresa Comercial Juafa, S.L. figura de baja administrativa desde el 26 de marzo de 1998, por cancelación del título de empresa operadora en el Registro de Empresas Operadoras de Canarias, y el permiso de explotación TF-B-15.121, también figura de baja administrativa desde el 18 de mayo de 1998.

3º) A la vista de los hechos, mediante Providencia dictada por el Director General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 21 de marzo de 2000, se acordó el inicio del correspondiente expediente sancionador por presunta infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado. Asimismo, en la citada Providencia se ordenó mantener la medida cautelar adoptada por el Inspector del Juego actuante con ocasión de la citada acta de precinto de fecha 16 de marzo de 2000, esto es, el precinto trabado en la máquina recreativa del tipo "B", TF-B-15.121, así como el depósito de la misma en estas dependencias de la Consejería de Presidencia, todo ello a resultas de la resolución que en definitiva sea dictada, para asegurar su custodia y conservación e impedir que la infracción se siguiese cometiendo en perjuicio de los intereses públicos y descrédito de la norma sancionadora, al apreciarse la presunta comisión de una falta muy grave tipificada en el artº. 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo.

4º) Con fecha 27 de marzo de 2000, fue levantada acta de decomiso por funcionario adscrito al Servicio de Inspección del Juego en el establecimiento Bar Picos del Teide, sito en El Sauzal, Ravelo, calle Real Orotava, 272, en cumplimiento de la Providencia a que se ha hecho referencia en el punto anterior.

5º) Intentada la notificación de la Providencia y Pliego de Cargos, en el domicilio de la entidad expedientada mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 5 de junio de 2000; no presentándose alegaciones en el plazo concedido al efecto.

6º) Con fecha 20 de junio de 2000, fue formulada por el Instructor del expediente la correspondiente Propuesta de Resolución, proponiendo que por el Gobierno de Canarias se impusiera a la empresa operadora expedientada por la comisión de una falta muy grave, la sanción de diez millones una (10.000.001) pesetas de multa, así como la sanción adicional de decomiso, y cuando la sanción sea firme, la destrucción de los materiales con que se haya cometido la infracción, a tenor de lo preceptuado en el artº. 29.1.a) y 5.c) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y las Apuestas, por la comisión de los hechos descritos, constitutivos de infracción a lo dispuesto en el artº. 26.a) de la citada Ley 6/1999, esto es, la organización o explotación de juegos o apuestas no catalogados, o sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas.

7º) Intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio de la entidad expedientada mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 4 de septiembre de 2000; no presentándose alegaciones en el plazo conferido al efecto, que vencía el pasado 14 de septiembre de 2000.

8º) Iniciado el expediente con fecha 21 de marzo de 2000, se observa que el mismo está incurso en caducidad al haberse superado el plazo de seis meses para resolver el procedimiento y notificar la resolución expresa.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El procedimiento seguido en la tramitación de este expediente, se ajusta a lo dispuesto en el artº. 43 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90), 235/1997, de 30 de septiembre (B.O.C. nº 131, de 10.10.97), y 260/1999, de 31 de agosto (B.O.C. nº 124, de 13.9.99). Sin embargo este artículo no establece el plazo que tiene la Administración para dictar resolución expresa en estos procedimientos.

Segunda.- Por lo que concierne a este aspecto, procede la aplicación del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos en la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), cuyo artº. 5.1 establece que, salvo disposición expresa en contrario, el plazo de resolución de los procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables a los ciudadanos será de seis meses en los procedimientos sancionadores.

Tercera.- Asimismo, el artº. 44 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), dispone que "En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

... 2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la declaración que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artº. 92".

Cuarta.- De conformidad con lo dispuesto en el artº. 10.2.F.c) del Decreto 278/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia (B.O.C. nº 142, de 27.10.99), la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación es competente para la incoación e instrucción en materia de casinos, juegos y apuestas.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado mediante acuerdo de fecha 21 de marzo de 2000, en el expediente sancionador 31/2000, contra la extinta empresa operadora Comercial Juafa, S.L., archivando las actuaciones practicadas con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La presente declaración de caducidad se realiza sin perjuicio del derecho de esta Administración a iniciar nuevo expediente sancionador por la misma o distinta causa, si resultare procedente.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada, ante el Viceconsejero de Administración Pública, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente anuncio, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de 2000.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de marzo de 2001.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.

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