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BOC Nº 065. Viernes 23 de Mayo de 1997 - 1525

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

1525 - RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1997, de la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, sobre notificación a D. Paulino Gutiérrez Hernández de la Resolución recaída en el expediente sancionador nº 842/95.U.

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No habiéndose podido notificar a D. Paulino Gutiérrez Hernández en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución dictada en el expediente tramitado en esta Dirección General con referencia 842/95.U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Paulino Gutiérrez Hernández la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental nº 353, de fecha 14 de octubre de 1996, dictada en el expediente 842/95.U, instruido en esta Dirección General, y que dice textualmente:

“Vistos los datos obrantes en este Centro Directivo, informe de los Servicios Técnicos y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado Barrio San Benito-Finca La Isleta, en el término municipal de Los Realejos, se vienen realizando, en suelo calificado como rústico, obras de edificación consistentes en acondicionamiento de terreno, muros de contención, cerramiento y vallado metálico, promovidas por D. Paulino Gutiérrez Hernández, sin la previa autorización de la Dirección General de Urbanismo que le habilite para obtener la preceptiva licencia municipal, conforme se establece en la Ley 5/1987, de 7 de abril, de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias, estimándose el coste de las obras ejecutadas en 4.800.000 pesetas.

Segundo.- Con fecha 26 de febrero de 1996 se requirió al Ayuntamiento de Los Realejos para que adoptara las medidas de disciplina urbanística procedentes, en uso de sus competencias, sin que dicho requerimiento haya sido cumplimentado.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

De acuerdo con los artículos 250 y 252 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el artículo 47.2 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, transcurrido el plazo de un mes sin que el Ayuntamiento haya atendido el requerimiento de esta Dirección General, procede la subrogación de la misma en las competencias municipales.

II Considerando que las obras denunciadas están sujetas a la previa licencia municipal, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, además de la autorización del Director General de Urbanismo, según dispone el artículo 11 de la Ley 5/1987, de 7 de abril, de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de Canarias. Consecuentemente, la actuación de referencia al haberse realizado sin los señalados títulos ha dado lugar a una infracción urbanística tipificada en el artículo 53.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por Real Decreto 2.187/1978, de 23 de junio (aplicable no sólo como derecho supletorio sino por remisión expresa de la Disposición Final de la citada Ley Territorial 7/1990); calificada de grave por el artículo 38.2 de la misma Ley 7/1990, dado que la actuación de referencia constituye además un incumplimiento de las Normas Subsidiarias en su artículo 98.12.a) y respecto a la altura de los mismos; y sancionada en el artículo 62.2 del citado cuerpo legal, con multa del 75% al 150% del valor de la obra ejecutada y en función de las circunstancias que concurran al caso, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.

III En virtud de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, en relación con el Decreto 273/1995, de 11 de agosto, por el que se modifica el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, es competente esta Dirección General para dictar la presente Resolución, así como para iniciar, instruir y resolver el correspondiente expediente. Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- La subrogación de esta Dirección General en las competencias municipales en orden a adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística.

Segundo.- Requerir al interesado para que solicite en el plazo de un mes la oportuna autorización de la Dirección General de Urbanismo, tal como se regula en la citada Ley Territorial 5/1987, de 7 de abril, como trámite previo a la obtención de la preceptiva licencia municipal de obras, advirtiéndole que en defecto de dicha solicitud o cuando su otorgamiento no proceda por disconformidad con la legislación vigente, este Centro Directivo podrá ordenar, previa la tramitación del correspondiente expediente, la reposición de los terrenos afectados al estado anterior, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, en relación con el artículo 250 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

Tercero.- a) Incoar expediente sancionador a D. Paulino Gutiérrez Hernández en calidad de promotor de las obras, como presunto responsable de una infracción a la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial.

b) Nombrar Instructora y Secretaria a las funcionarias Dña. Olga Sánchez-Pinto y Dña. Ángeles Bouza Cruz, respectivamente, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Significarle que dispone de un plazo de quince (15) días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, según establece el artículo 13.8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

d) Significarle asimismo que si reconociera su responsabilidad o no presentase alegaciones en el plazo establecido, se podrá entender concluida la instrucción del expediente, considerándose el presente escrito como Propuesta de Resolución, a cuyo efecto dispondrá de un plazo de audiencia de quince días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993 anteriormente mencionado. Notifíquese la presente Resolución a los nombrados Instructor y Secretario, así como al interesado y al Ayuntamiento.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 1997.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, Miguel Ángel Morcuende Hurtado.

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