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No habiéndose podido notificar a D. Thomas Vickers Kukula en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución dictada en el expediente tramitado en esta Dirección General con referencia 13/96.U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O: 1.- Notificar a D. Thomas Vickers Kukula la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental nº 430, de fecha 12 de noviembre de 1996, recaída en el expediente 13/96.U, instruido en esta Dirección General, y que dice textualmente:
Vistos los datos obrantes en este Centro Directivo, informe de los Servicios Técnicos y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- En el lugar denominado San Antonio y Pilar, en el término municipal de San Sebastián de La Gomera, se vienen realizando, en suelo calificado como rústico, obras de edificación consistentes en la construcción de edificación de uso residencial, adosada a la existente, con una superficie de unos 100 m2 y una planta de altura, promovidas por D. Thomas Vickers Kukula, sin la previa autorización de la Dirección General de Urbanismo que le habilite para obtener la preceptiva licencia municipal, conforme se establece en la Ley 5/1987, de 7 de abril, de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias, estimándose el coste de las obras ejecutadas en 1.347.800 pesetas.
Segundo.- Con fecha 7 de marzo de 1996 se requirió al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera para que adoptara las medidas de disciplina urbanística procedentes, en uso de sus competencias, sin que dicho requerimiento haya sido cumplimentado.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I
De acuerdo con el artículo 252 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el artículo 47.2 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, transcurrido el plazo de un mes sin que el Ayuntamiento haya atendido el requerimiento de esta Dirección General, procede la subrogación de la misma en las competencias municipales.
II
Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada en el artículo 37.2.b) de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, calificada de grave en el artículo 38 y sancionada en el artículo 55 del mismo texto legal con multa del 50% al 100% del valor de la obra ejecutada y en función de las circunstancias que concurran al caso, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente, pudiendo ser reducido el importe de la sanción al 10% del valor de lo ejecutado, si las obras resultaran legalizables (artículo 56 de la referida Ley 7/1990, de 14 de mayo).
III
En virtud de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, en relación con el artículo 16.bis del Decreto 273/1995, de 11 de agosto, por el que se modifica el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, es competente esta Dirección General para dictar la presente Resolución, así como para iniciar, instruir y resolver el correspondiente expediente sancionador.
Por todo ello,
R E S U E L V O:
Primero.- La subrogación de esta Dirección General en las competencias municipales en orden a adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística.
Segundo.- Ordenar la suspensión inmediata de las obras objeto de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, y con el 248.1 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, advirtiéndose que de continuarse la ejecución de las mismas se procederá a adoptar las medidas necesarias, recogidas en el artículo 23 de la citada Ley 7/1990, a fin de garantizar la total interrupción de la actividad, así como a dar traslado de los hechos a la Fiscalía por ser presuntamente constitutivos del delito de desobediencia, tipificado en el artículo 556 del Código Penal, pudiéndose asimismo, en orden a garantizar dicha medida, precintar las obras, una vez transcurrido el plazo de tres días a partir de la notificación de la presente, plazo que se le concede a efectos de poder retirar cuantos útiles y bienes le sean necesarios.
Tercero.- Requerir al interesado para que solicite en el plazo de un mes la oportuna autorización de la Dirección General de Urbanismo, tal como se regula en la citada Ley Territorial 5/1987, de 7 de abril, como trámite previo a la obtención de la preceptiva licencia municipal de obras, advirtiéndole que de no resultar compatibles con la ordenación vigente, este Centro Directivo podrá acordar, previa la tramitación del correspondiente expediente, la demolición de las obras que resultaran ilegales, conforme establece el artículo 24 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, en relación con el artículo 248.1.a) del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio.
Cuarto.- a) Incoar expediente sancionador a D. Thomas Vickers Kukula en calidad de promotor de las obras, como presunto responsable de una infracción a la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, expediente cuya tramitación quedará en suspenso de conformidad con el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si el interesado solicita, dentro del plazo antes señalado, la oportuna autorización ante la Dirección General de Urbanismo.
b) Nombrar Instructora y Secretaria a las funcionarias Dña. Olga Sánchez-Pinto y Dña. Ángeles Bouza Cruz, respectivamente, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) Significarle que dispone de un plazo de quince (15) días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, según establece el artículo 13.8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. d) Significarle asimismo que si reconociera su responsabilidad o no presentase alegaciones en el plazo establecido, se podrá entender concluida la instrucción del expediente, considerándose el presente escrito como Popuesta de Resolución, a cuyo efecto dispondrá de un plazo de audiencia de quince días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993 anteriormente mencionado.
Notifíquese la presente Resolución a los nombrados Instructor y Secretario, así como al interesado y al Ayuntamiento.
2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 1997.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, Miguel Ángel Morcuende Hurtado.
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