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BOC Nº 065. Viernes 23 de Mayo de 1997 - 1524

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

1524 - RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 1997, de la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, sobre notificación a D. Miguel Hernández García de la Resolución recaída en el expediente sancionador nº 530/95.U.

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No habiéndose podido notificar a D. Miguel Hernández García en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución dictada en el expediente tramitado en esta Dirección General con referencia 530/95.U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a D. Miguel Hernández García la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental nº 327, de fecha 2 de octubre de 1996, recaída en el expediente 530/95.U, instruido en esta Dirección General, y que dice textualmente: “Examinado el expediente instruido por este Centro Directivo para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. Miguel Hernández García, por la ejecución sin las preceptivas autorizaciones administrativas de obras en suelo rústico, consistentes en la construcción de un cuarto de unos 30 m2 de un solo nivel de altura con el exterior forrado de piedra, en el lugar denominado La Resbala, término municipal de La Orotava.

Vistos informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 31 de enero de 1996 la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental dictó Resolución notificada el día 12 de febrero de 1996, por la que se acordó la subrogación de la misma en las competencias municipales en orden a adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística vigente, requerir al interesado para que solicitara en el plazo de un mes la autorización del Ilmo. Sr. Director General de Urbanismo, previa a la licencia municipal, tal como se regula en la Ley 5/1987, de 7 de abril, de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de la Comunidad Autónoma de Canarias, e incoar el oportuno expediente sancionador.

Segundo.- A efectos del citado expediente sancionador, y de conformidad con los informes técnicos obrantes en el expediente, las obras ejecutadas fueron valoradas en 816.000 pesetas, calificada la infracción de grave y tipificada conforme el artículo 37.2.b) de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial, y sancionada en el artículo 55 del mismo texto legal con multa del 50% al 100% del valor de la obra ejecutada, y en función de las circunstancias que concurran en el caso, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente, todo lo cual fue notificado en dicha Resolución (con la advertencia expresa de que la misma sería considerada como Propuesta de Resolución si fuera reconocida por el interesado su responsabilidad, o no presentara alegación alguna, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora).

Tercero.- Con referencia al citado expediente, contra la citada Resolución el interesado no ha presentado alegaciones dentro de los plazos legales.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Este Órgano es competente para la iniciación, tramitación y resolución del presente expediente de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 107/1995, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, modificado por Decreto 273/1995, de 11 de agosto, y en la Ley 7/1990, de 14 de mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial.

II.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 5/1987, de 7 de abril, toda actuación en Suelo Rústico requiere la autorización del Ilmo. Sr. Director General de Urbanismo, con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con el artículo 242 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

III.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Reglamento sobre el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

IV.- En base a lo anteriormente expuesto se ha incurrido en una infracción urbanística tipificada en el artículo 37.2.b) de la Ley 7/1990, de 14 de mayo, calificada de grave en el artículo 38 y sancionada en el artículo 55 del mismo texto legal con multa del 50% al 100% del valor de la obra ejecutada, valor que según informe técnico obrante en el expediente asciende a la cantidad de 816.000 pesetas, resultando, por tanto, en el presente caso una multa de 408.000 pesetas correspondiente al 50%, toda vez que no se observan en el expediente circunstancias agravantes de la responsabilidad.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer una multa de 408.000 pesetas, correspondiente al 50% del valor de las obras ejecutadas a D. Miguel Hernández García, en calidad de promotor de las mismas, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al interesado y al Ayuntamiento de La Orotava.

El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Hacienda a este fin, una vez sea firme la Resolución en vía administrativa.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. Asimismo y en relación a la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística se le comunica que se dará traslado de los datos obrantes en el expediente a la Dirección General de Urbanismo a efectos de informe previo para determinar el carácter legalizable de las obras y, en su caso, incoación de expediente de restauración del orden jurídico infringido y demolición de las obras ilegalmente construidas.”

2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 1997.- El Director General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, Miguel Ángel Morcuende Hurtado.

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