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BOC Nº 151. Miércoles 6 de Agosto de 2014 - 3479

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III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda

3479 DECRETO 90/2014, de 1 de agosto, relativo a la declaración como Bien de Interés Cultural de "La Franja de Terreno del Oasis de Maspalomas", situada en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria.

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BOC-A-2014-151-3479. Firma electrónica - Descargar

Visto el expediente instruido por el Cabildo Insular de Gran Canaria para la declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio Histórico, a favor de "La Franja de Terreno del Oasis de Maspalomas", situado en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. El 3 de diciembre de 2012, con el número 59.435, se registró de entrada en el Cabildo Insular de Gran Canaria la solicitud de incoación de expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, a favor del inmueble ocupado por el Hotel Maspalomas Oasis, situado en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, y a instancia de D. Eustasio A. López González.

II. Tras diversas actuaciones, con fecha 25 de enero de 2013, el Consejero de Gobierno de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos, haciendo uso de la delegación de competencias del Presidente Insular, dictó el Decreto PH 3/2013 que, entre otros extremos, dispuso abrir un período de información previa "al objeto de recabar toda la información necesaria para determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución que se dicte sobre la incoación o no del procedimiento de Declaración de Bien de Interés Cultural, de acuerdo con el artº. 69.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ", así como tener por personados en la información previa que se abre en virtud del Decreto a D. Eustasio A. López González, así como a Dña. Yaiza García Suárez y D. Salvador Germán Elena Bosca, en representación de la entidad IFA HOTEL FARO MASPALOMAS, S.A. y a Dña. Águeda Borges García, en representación de la entidad RIU HOTELS, S.A.

III. El 20 de febrero de 2013, con el número 9.165, se registró de entrada en el Cabildo Insular de Gran Canaria un escrito de D. Eustasio A. López González, en virtud del cual, a efectos de su incorporación en el expediente y para que fueran tenidos en cuenta en la resolución que se dictara respecto a la incoación del expediente de declaración de BIC del Hotel Maspalomas Oasis, acompañó copia de escritos de la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y de la Fundación DoCoMoMo Ibérico.

IV. Asimismo, el 20 de febrero de 2013, con el número 6.013, se registró de salida en el Cabildo Insular de Gran Canaria un escrito del Consejero de Gobierno de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos, por el se dispuso "... al amparo del artículo 72.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con su artículo 4.1.d), vengo a solicitar de esa Corporación municipal que, a la mayor brevedad posible y si lo considera oportuno, adopte la MEDIDA PROVISIONAL DE SUSPENDER (HASTA LA NOTIFICACIÓN A ESE AYUNTAMIENTO DE LA RESOLUCIÓN SOBRE INCOACIÓN O NO DEL BIC) LOS CITADOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE OTORGAMIENTO O NO DE LAS ANTEDICHAS LICENCIAS y que se notifique de inmediato, el correspondiente acuerdo de medida provisional de suspensión a las personas interesadas en los mismos), todo ello para garantizar la eficacia de las resoluciones a dictar por ese Ayuntamiento, en la medida en que están estrechamente vinculadas y/o condicionadas por la incoación o no, por este Cabildo de Gran Canaria, del HOTEL RIU GRAND PALACE MASPALOMAS OASIS COMO BIC".

V. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana notificó al Cabildo Insular de Gran Canaria, con fecha 22 de febrero de 2013 (reg. n° 9.924), y a instancias del oficio del Sr. Consejero de Gobierno de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos, que la Junta de Gobierno Local de dicho Ayuntamiento adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: "Primero.- SUSPENDER provisionalmente el procedimiento para resolver el otorgamiento de la licencia de demolición del Hotel Oasis Maspalomas, sito en las parcelas A/D del P.P. Oasis Maspalomas por un plazo comprendido desde el día siguiente de la notificación del presente acuerdo hasta el 30 de marzo de 2013, suspensión que quedará extinguida, en su caso, con la eficacia de la Resolución que ponga fin al procedimiento de las licencias urbanísticas (otorgamiento expreso)". El Cabildo Insular remitió al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con fecha 25 de marzo de 2013 y registro de salida nº 9.991, nuevo oficio instando la ampliación del referido plazo de suspensión, dándose traslado del mismo a D. Eustasio A. López González y a la representante de "RIU HOTELS, S.A.".

VI. La Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, atendiendo a la solicitud del Cabildo Insular de Gran Canaria formulada el 28 de enero de 2013, comunicó, con fecha 28 de febrero de 2013 y registro de entrada nº 11.476, que el ya citado establecimiento turístico tenía un expediente administrativo instruido en virtud de lo dispuesto en el Decreto 138/2010, de 23 de septiembre, en el que se había dictado Resolución de la Viceconsejería de Turismo de declaración de deterioro y obsolescencia.

VII. El 27 de febrero de 2013 el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Gran Canaria dio traslado a los Arquitectos del Servicio, D. Alejandro García Medina y Dña. Sonia E. Rodríguez Araña del expediente de declaración del BIC del Hotel Maspalomas Oasis, para que emitieran informe técnico con carácter previo a la resolución que habría de dictar el Cabildo Insular de Gran Canaria sobre la incoación o no del procedimiento de declaración del BIC.

VIII. Con fecha 22 y 26 de marzo de 2013, haciendo uso de las competencias delegadas por el Consejo de Gobierno Insular, el Consejero de Gobierno de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos dictó sendas Resoluciones números PH 36/13 y PH 39/13, en virtud de las cuales se adjudicó al Arquitecto D. José Miguel Márquez Zárate un contrato menor de servicios para que, en el marco de dichas actuaciones de información previa, emitiera informe técnico sobre el carácter de BIC que pudiera tener o no el referenciado Hotel Maspalomas Oasis.

IX. Consta la personación y formulación de alegaciones de la Plataforma Salvemos El Oasis de Maspalomas, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la representación de la entidad mercantil "RIU HOTELS, S.A.", de la representación de D. Eustasio A. López González, de la representación de la entidad "IFA Hotel Faro Maspalomas, S.A.", de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y de la Fundación Docomomo Ibérico.

X. Asimismo consta que, con fecha 18 y 24 de abril de 2013, fueron emitidos los informes solicitados a los Arquitectos D. José Miguel Márquez Zárate, Dña. Sonia E. Rodríguez Araña y D. Alejandro García Medina.

XI. El Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2013 y actuando por delegación del Presidente de la Corporación, adoptó, entre otros los siguientes acuerdos:

Primero.- Por los motivos expuestos en el informe técnico, de fecha 18 de abril de 2013, del reconocido Arquitecto D. José Miguel Márquez Zárate, que se reproducen más abajo, (en lo cual no coinciden los informes, de fecha 24 de abril de 2013, de los Arquitectos del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico de este Cabildo, Dña. Sonia, E. Rodríguez Araña y D. Alejandro García Medina, pues la primera propuso incoar BIC parcial al edificio original del Hotel Maspalomas Oasis y el segundo esto mismo y también incoar BIC en la categoría de Jardín Histórico), no estimar la solicitud presentada por D. Eustasio A. López González de incoar el procedimiento para la declaración parcial como BIC, en la categoría de Monumento, a favor del Hotel Maspalomas Oasis, situado en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, de la Isla de Gran Canaria:

"1. El denominado Oasis de Maspalomas, por sus excepcionales valores medioambientales, tiene consideración de Sitio natural; 2. Por las noticias de distintos cronistas y personajes ilustres a nivel universal con razones fundadas e incuestionables hacen que el lugar debe acceder a la catalogación de Sitio histórico; 3. El Oasis en su conjunto requiere una rehabilitación Integral del medio natural con presencia de una vegetación autóctona dominante que favorezca en todo lo posible la biodiversidad y trate de recuperar el paisaje primigenio identitario del lugar; 4. El Hotel Maspalomas Oasis, insertado en este Sitio natural e histórico es en su conjunto un ejemplo de investigación, disciplina y evolución de los autores del proyecto en su propio diseño y concepto de la Arquitectura. Primer hotel señero del Sur de Gran Canaria. Escaso de adaptabilidad. Con carencias funcionales y constructivas. No obstante, aunque constituye un ejemplo notorio de arquitectura turística, en opinión de quien suscribe, no llega a la condición de paradigmático; 5. Por el riesgo de que el Faro pueda perder el protagonismo de presidir en altura toda la zona y al que por respeto se deben someter todas las demás actuaciones se recomienda la revisión del entorno de salvaguardia del mismo como BIC, ya que según me informan el área de respeto, inexplicablemente, muere en sus muros de propiedad"

Segundo.- Por los motivos señalados, asimismo, en las conclusiones precedentes del antedicho informe técnico, de fecha 18 de abril de 2013, del Arquitecto D. José Miguel Márquez Zárate (en lo cual no coinciden los informes, de fecha 24 de abril de 2013, de los Arquitectos del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico de este Cabildo, Dña. Sonia E. Rodríguez Araña y D. Alejandro García Medina, pues la primera propuso incoar BIC parcial al edificio original del Hotel Maspalomas Oasis y el segundo eso mismo y también incoar BIC en la categoría de Jardín Histórico), incoar de oficio el procedimiento para la declaración como BIC, en la categoría de Sitio Histórico, de la franja de terreno del Oasis de Maspalomas delimitada como tal plano adjunto; debiendo las obras y los cambios de uso en dicho Bien y su entorno respetar sus valores culturales, y fijándose como entorno de protección del BIC la envolvente que también consta en el documento gráfico de delimitación y cuyas coordenadas se adjuntan igualmente como Anexo del Acuerdo.

XII. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana notificó al Cabildo Insular de Gran Canaria, con fecha 21 de mayo de 2013 (reg. n° 30.319), el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por el que se concede a la entidad "Riu Hotels, S.A." licencia urbanística de obra de demolición e instalación para la tipología edificatoria de Hotel de 5 estrellas, en las parcelas A/D de la Urbanización El Oasis, al tiempo que pone en conocimiento que la citada licencia tiene suspendido sus efectos de conformidad con el artículo 20.2 de la Ley 4/1999, de 15 de mayo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

XIII. Consta en el expediente informe elaborado, con fecha 27 de mayo de 2013, por D. Enrique Blanco Bautista, arquitecto del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en el que se señala que no están determinados los valores culturales del lugar, que tampoco queda de manifiesto si la motivación del propósito perseguido surge de un acontecimiento histórico o de un lugar vinculado a éste "y en este caso, los valores del lugar a proteger actuales o naturales referidos a una fecha determinada" y que deberían explicarse los criterios usados para la delimitación, así como informe elaborado, con fecha 4 de junio de 2013, por Dña. María Maravillas Morales Baute, geógrafa, que relaciona los terrenos afectados por el expediente que cuentan ya con protección normativa.

XIV. Mediante Decreto PH 140/2013, de 21 de agosto, del Coordinador General del Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo Insular de Gran Canaria por delegación del Presidente, se abrió trámite de información pública del expediente "Oasis Maspalomas", incoado para la declaración como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Sitio Histórico, de la franja de terreno del Oasis de Maspalomas, situado en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, durante un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del Decreto en el Boletín Oficial de Canarias, inserción que tuvo lugar en el Boletín Oficial de Canarias nº 176, de 12 de septiembre de 2013. Durante el plazo conferido consta la presentación de alegaciones, las cuales fueron o bien estimadas, total o parcialmente, o bien desestimadas en los términos que se recogen en el Anexo I del Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular, adoptado en sesión celebrada el 27 de marzo de 2014.

XV. Mediante Decreto PH 141/2013, de 21 de agosto, del Coordinador General del Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo Insular de Gran Canaria por delegación del Presidente, se abrió trámite de audiencia a los interesados del expediente "Oasis Maspalomas", incoado para la declaración como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Sitio Histórico, de la franja de terreno del Oasis de Maspalomas, situado en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, por un plazo de 15 días, acompañado de Informe técnico del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Gran Canaria, de fecha agosto de 2013, que desarrolla y profundiza en los contenidos, la descripción y delimitación del Sitio Histórico Oasis de Maspalomas. Notificado el trámite de audiencia a los interesados consta la presentación de alegaciones, las cuales fueron o bien estimadas, total o parcialmente, o bien desestimadas en los términos que se recogen en el Anexo I del Acuerdo de Consejo de Gobierno Insular, adoptado en sesión celebrada el 27 de marzo de 2014.

XVI. Solicitados los preceptivos dictámenes a la Universidad de La Laguna, a la Casa de Colón y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, constan informes favorables de las mismas, a saber.

- Informe de la Universidad de La Laguna, de fecha 26 de junio de 2013 y firmado por D. Antonio Tejera Gaspar, catedrático de Arqueología, que reafirma la tesis favorable a la presencia de Colón en el Oasis, a partir de la narración de su hijo, Hernando Colón. Resalta las buenas condiciones de Maspalomas como lugar de fondeo, que el agua embarcada por las carabelas procedería de una gran charca y de una especie de laguna formada por un cordón litoral de arenas en la desembocadura y que su ligera salobridad la convertía en muy apropiada para el viaje. Prosigue el Sr. Tejera Gaspar que la expedición se abasteció también de leña y carne en aquel paraje y refiere la inserción del lugar en el mapa de Leonardo Torriani, de finales del siglo XVI, en el que figura una corriente de agua continua y una zona arbolada junto a la desembocadura. Afirma que el tarajal es "árbol característico del entorno de la charca", pero no que estuviera presente en el Palmeral.

- Informe de la Casa de Colón, de fecha 28 de junio de 2013 firmado por Dña. Elena Acosta Guerrero, directora, que se limita a reproducir el texto de Hernando Colón, con algunas alusiones a Maspalomas de autores contemporáneos. Incluye algunos datos históricos sobre dicha comarca, desde la época prehispánica hasta la actualidad. El resto del informe se dedica a otras cuestiones.

- Informe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 27 de junio de 2013 y firmado por Dña. Emma Pérez-Chacón Espino, catedrática de Geografía Física, y Dña. Natalia Cruz Avero, investigadora en formación, que aborda exclusivamente cuestiones medioambientales.

Por medio de oficios de 24 de julio de 2013, se solicitaron nuevos informes a las entidades citadas, por estimarse insuficientes los emitidos:

- Segundo informe de la Universidad de La Laguna, de fecha 4 de agosto de 2013 y firmado por D. José María Fernández-Palacios Martínez, catedrático de Ecología, que aborda exclusivamente cuestiones medioambientales.

- Segundo informe de la Casa de Colón, de fecha 6 de agosto de 2013 y firmado por D. Víctor Montelongo Parada, biólogo y presidente de El Museo Canario, que aborda exclusivamente cuestiones medioambientales.

- Segundo informe de la Universidad de Las Palmas, de fecha 31 de agosto de 2013 y firmado por D. Manuel Lobo Cabrera, catedrático de Historia Moderna, que acepta que Colón desembarcó en el Oasis, apoyándose en Hernando Colón.

XVII. Consta en el expediente la impugnación del acto de incoación por la empresa Riu Hotels, S.A., que ha dado lugar al procedimiento 261/2013. En escrito elevado al juzgado correspondiente, se aportan como anejos 11, 12 y 13 los tres informes que se indican a continuación:

- Informe elaborado, con fecha 20 de septiembre de 2013, por D. José Luis López Castro, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Almería, en el que trata la dimensión jurídica de un sitio histórico, los hechos recogidos por Hernando Colón e interpretación del significado histórico de los sucesos acaecidos en 1502, la inadecuación de los límites expuestos para el Bien, considerando "circunstancial" la escala colombina y sin relación con el lugar propuesto como Sitio Histórico.

- Informe de fecha 10 de octubre de 2013 sobre la localización y características geológicas de Maspalomas en 1502, firmado por D. Ignacio Alonso Bilbao, profesor titular de Estratigrafía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y doña Isora Sánchez Pérez, doctora en Ciencias del Mar, en el que dedica dos extensos apartados a los aspectos geológico y geomorfológico, examinando a continuación las diferentes localizaciones históricas del topónimo de Maspalomas, y concluye resaltando como algo totalmente impreciso, a la luz de los documentos históricos, emplazar en el Oasis el lugar de la estancia de Colón, que puede atribuirse a otros muchos puntos de la costa sur grancanaria.

- Informe de fecha 20 de octubre de 2013 sobre la incoación de BIC/Sitio Histórico Palmeral de Maspalomas, firmado por D. Míchel Jorge Millares, licenciado en Ciencias de la Información y master en Periodismo, supervisado y avalado por D. Guillermo Morales Matos, catedrático de Análisis Geográfica Regional de la Universidad Carlos III de Madrid, en el que se estudia brevemente la aparición de Maspalomas en la cartografía histórica y su mención por algunos cronistas. No cree que el Oasis pueda ser considerado Sitio Histórico y en sus conclusiones expone los múltiples alcances que ha registrado el topónimo de Maspalomas y la falta de concurrencia en este territorio grancanario de las características que justificarían una declaración como la proyectada.

XVIII. Consta la incorporación al expediente, mediante oficio de 12 de febrero de 2014 remitido por la Consejera de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje a la Consejera de Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria y registro de entrada en este último Área el 18 de febrero de 2014 con nº 041, de los informes elaborados por el Servicio de Planeamiento sobre criterios que habrían de regir las futuras intervenciones sobre el BIC, en la categoría de sitio histórico, de la franja de terreno del Oasis de Maspalomas (término municipal de San Bartolomé de Tirajana).

XIX. El Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2014, acordó elevar el expediente al Gobierno de Canarias para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Sitio Histórico, de la franja de terreno del Oasis Maspalomas, conforme a la descripción y delimitación que figura en el Anexo II del Acuerdo, así como los criterios que regirán las futuras intervenciones sobre el BIC hasta que se produzca la declaración del mismo y también desde tal declaración y hasta que se apruebe y entre en vigor el correspondiente Plan Especial de Protección del área afectada por la misma en los términos del Anexo III del Acuerdo, dándose traslado del mismo mediante escrito del Coordinador General de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo Insular de Gran Canaria, de fecha 14 de abril de 2014, nº registro de salida 12663, y entrada en la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural el mismo día, bajo el número 458680.

XX. La Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural, con fecha 8 y 23 de mayo de 2014 y en relación al expediente incoado e instruido por tal Cabildo Insular para la declaración como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Sitio Histórico, de la Franja de Terreno del Oasis de Maspalomas, situado en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, remitió escritos en virtud de lo cuales, de una parte, se procede a la devolución del expediente y se requiere del Cabildo Insular la remisión de la documentación acreditativa de la subsanación de las deficiencias advertidas, así como el informe de valoración con la estimación correspondiente ante las posibles afecciones a los distintos inmuebles, en función del régimen jurídico que determina la declaración de Bien de Interés Cultural y el informe sobre el objeto de los recursos contenciosos administrativos interpuestos y su estado de tramitación y, por otra, se da traslado de dos alegaciones que, ante la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural, se presentaron, una, por Dña. Agueda Borges García, el 24 de abril de 2014 y como representante de RIU, y, la otra, por D. Atilio Maddonni Cítara, el 14 de mayo de 2014; todo ello, al entender que las mismas deberían ser examinadas previamente por el Cabildo Insular de Gran Canaria.

XXI. A la vista de los requerimientos efectuados por la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural, el Cabildo Insular de Gran Canaria, mediante escrito del Coordinador de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos de fecha 10 de junio de 2014 y nº registro de salida 20.688, se pronunció sobre los aspectos procedimentales planteados, si bien no lo hace con respecto a la evaluación de impacto económico del acto de declaración, alegando en síntesis que " la invocación de los artículos del 3 al 10 (en especial, el artículo 9) de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, NO permite eludir el cumplimiento de la Constitución y de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias y demás normativa, de toda índole, existente en materia de patrimonio histórico (entre la cual figuran el artículo 323 del Código Penal, sobre delito contra el patrimonio histórico, en relación con el artículo 404, sobre el delito de prevaricación) (Apartado III.3.B.9); "el valor cultural es preexistente y deriva de la Ley, de manera que su declaración nunca constituiría un daño antijurídico" (Apartado III.3.B.11); y, "se excluye toda consecuencia indemnizatoria por efectos de las declaraciones de BIC efectuadas al amparo de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, porque esas declaraciones no tienen otra virtualidad que la de provocar la aplicación de un régimen estatutario concreto" (Apartado III.3.B.18).

XXII. Mediante el precitado escrito del Coordinador de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos de fecha 10 de junio de 2014 y nº registro de salida 20.688, se pone en conocimiento de la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural que con fecha 23 de mayo e invocando el artículo 21.2 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, RIU HOTELS, S.A. denunció la mora ante el Cabildo Insular de Gran Canaria por haber transcurrido más de 12 meses desde el 30 de abril de 2013 (fecha del Acuerdo del Cabildo Insular de Incoación) por lo que el Cabildo tendría 2 meses (es decir, hasta el 22 de julio de 2012) para terminar y/o subsanar la fase insular y enviar nuevamente el expediente al Gobierno de Canarias. No obstante el Cabildo Insular no agotó este último plazo y evacuó el trámite de subsanación, con fecha 10 de junio. Siendo ello así, el Gobierno de Canarias dispone de 2 meses para la declaración de Bien de Interés Cultural (plazo que vence el día 9 de agosto de 2014). De no resolverse en tal plazo, y a tenor de lo dispuesto 21.2 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, el expediente de declaración quedaría caducado y sin efecto, no pudiendo volver a incoarse hasta después de tres años.

XXIII. Consta la emisión de informes técnicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias. En concreto, del Servicio de Ordenación del Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos, de fecha 22 de mayo de 2014; del Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico Oriental, de fecha 17 de junio de 2014; del Servicio Técnico de Planeamiento Territorial Oriental y Servicio Jurídico Administrativo de Planeamiento Territorial, de fecha 20 de junio de 2014. Asimismo, de la Unidad de Valoraciones de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, de fecha 17 de junio de 2014 y del Área de Coordinación de Planeamiento, de fecha 11 de julio de 2014.

XXIV. La Ponencia Técnica del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, en sesión celebrada el 18 de julio de 2014, dictaminó, por unanimidad, negativamente la declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, de la franja de terreno del Oasis Maspalomas, situado en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria.

XXV. El Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, en sesión celebrada el 24 de julio de 2014, emite informe favorable, por 8 votos favorables, 7 en contra y dos abstenciones, para la declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, de la franja de terreno del Oasis Maspalomas, situado en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, la delimitación de su entorno y criterios que regirán las futuras intervenciones sobre el Bien de Interés Cultural desde su declaración y hasta que se apruebe y entre en vigor el correspondiente Plan Especial de Protección del área afectada por la misma.

XXVI. Consta la emisión de informe por el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, de fecha 29 de julio de 2014.

XXVII.- Consta informe, de fecha 1 de agosto de 2014, del Secretario General Técnico de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del que resulta la posibilidad de que un representante del Colegio de Arquitectos de Canarias, que asistió y votó en sentido favorable a la declaración del Bien de Interés Cultural que nos ocupa en la reunión del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias de fecha 24 de julio de 2014, careciera de facultades de representación y de legitimación bastante para participar en aquel órgano colegiado. No obstante ello, el Acuerdo adoptado se presume válido en tanto no sea objeto de revisión, ya sea por el propio Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias o por los tribunales de justicia, sin que corresponda al Gobierno de Canarias adoptar decisión alguna sobre este particular.

CONSIDERACIONES

I. La tramitación de dicho expediente se ha llevado a efecto según lo determinado en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.

II. El artículo 18.1.d) de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias define el Sitio Histórico, como categoría de Bien de Interés Cultural, en los términos de "lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado de destacado valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico".

III. El artículo 15.4 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, de aplicación supletoria en este caso, precisa algo más la definición "lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico".

IV. La valoración de la Franja del Oasis de Maspalomas como Bien de Interés Cultural se fundamenta en su consideración como lugar de desembarco y abastecimiento en el cuarto viaje de Cristóbal Colón a América. Fue éste un episodio al que Hernando Colón dedicó una escueta referencia en sus escritos.

Está comprobado que el topónimo de Maspalomas sirvió para designar, durante un dilatado período anterior y posterior a 1502, un sector de la costa meridional de Gran Canaria muchísimo más amplio que el actualmente le está asignado. Los datos que nos ha transmitido el hijo del navegante genovés impiden precisar un punto exacto para la arribada.

Debe tenerse en cuenta que el sector costero que corresponde al Oasis de Maspalomas no parece el más adecuado para el fondeo de embarcaciones como las de comienzos del siglo XVI, dada la presencia de arrecifes y que en la zona predominan los vientos desfavorables. En cambio, dos lugares próximos podían resultar mucho más adecuados: la Bahía de Meloneras y la desembocadura del barranco de Tarajalillo.

A propósito de la segunda de dichas posibilidades, un reciente trabajo de investigación hecho público por D. Pablo Guedes González defiende el desaparecido poblado de Pozo del Lentisco, en las proximidades de la actual urbanización de Bahía Feliz, como punto más probable para el abastecimiento, pues sus vecinos se dedicaban a la actividad ganadera y a la salinera y contaban en sus inmediaciones con una laguna de aguas salobres. Puesto que el texto de Hernando Colón limita la estancia a veinticuatro horas, cabe deducir que las tareas de suministro contaran con la colaboración de pobladores que podían ofertar los bienes correspondientes. Existen datos acerca de la prestación de servicios similares a otros navegantes en aquellos años.

La Ley del Patrimonio Histórico de Canarias define el Sitio Histórico como lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado de destacado valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.

El término vinculado resulta de capital importancia, puesto que exige una realidad superior a la del simple escenario, es decir, a la mera coincidencia espacial.

El Oasis de Maspalomas -además de suponer una localización dudosa para los hechos acaecidos en 1502- no alberga ningún vínculo palpable entre nuestro tiempo y lo acontecido aquel año. Ningún exponente arqueológico o arquitectónico llena este vacío, así como tampoco ninguna manifestación inscrita en el ámbito del patrimonio inmaterial. Sería sumamente difícil establecer alguna relación entre la actual leña del Palmeral y la actual agua de la Charca con los recursos de los que se proveyeron los expedicionarios hace más de cinco siglos, pues ambos lugares han sufrido, desde aquella época, una profunda transformación en todas sus características.

No resulta, pues, sorprendente que la escala de 1502 sólo haya llamado la atención de historiadores muy especializados en la materia y que no suponga ninguna referencia para la memoria colectiva canaria. Ciertamente, no es éste el caso de los dos monumentos que recuerdan en Canarias los viajes de Colón: la Ermita de San Antonio Abad (Las Palmas de Gran Canaria) y la Casa del Pozo de la Aguada (San Sebastián de La Gomera). Como fácilmente puede constatarse, la citada estancia no está considerada un elemento relevante en la historia colombina, ni mucho menos en la historia de la Era de los Descubrimientos.

En el expediente no consta vínculo material o inmaterial entre el Oasis de Maspalomas y los hechos desarrollados en el año 1502, así como testimonio de una obra arquitectónica, de un hallazgo arqueológico o de una manifestación de la creatividad popular. Los escritos de Hernando Colón, Juan de la Cosa o cualquier otro autor de la época no establecen una relación fiable entre ambas realidades. Por el contrario, resulta indudable que la valoración del lugar como "paraje natural" es difícilmente defendible ante las grandes alteraciones que ha experimentado por la intervención humana (antropización), que debe ser tenida primordialmente en cuenta a la hora de establecer una apreciación desde los parámetros actuales.

El inmueble más antiguo de la zona se data entre los años 1880 a 1884, y no es otro que el Faro de Maspalomas, el cual consta declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento. Consecuencia de lo anterior, es que el Hotel Maspalomas Oasis no existía en el año 1502, fecha en la que supuestamente pasó Colón, hecho sobre el que se pretende declarar inicialmente el Bien de Interés Cultural, cuando resulta probado que el citado hotel es de los años 60 del siglo pasado, produciéndose una diferencia entre un hecho y otro de aproximadamente 4 siglos (380 años), en los que la realidad física, económica, urbanística, social y paisajística ha cambiado de forma radical. Extremos que suponen una ruptura del razonamiento lógico deductivo para proceder a la declaración de Bien de Interés Cultural por el aludido extremo, que lleva a concluir falta de motivación.

Con independencia de los variados autores, que expresan sus teorías o tesis a favor o en contra, lo cierto es que todos manejan las mismas fuentes históricas, que son tres:

a) El relato aportado por Hernando Colón, el hijo menor de Cristóbal Colón, el cual contaba con 13 años de edad.

b) El propio Almirante Cristóbal Colón, del que destaca una carta realizada en Jamaica, apenas llega a su destino, 16 días después de haber pasado por Canarias, (año 1502).

c) Y la referencia en un testamento, realizada por uno de los marineros y escribanos que lo acompañaron.

Examinando dichos documentos, se hace referencia al paso por Gran Canaria del Almirante Colón, en su Cuarto y último viaje a las Américas (no en el Primero). No consta que haya desembarcado el Almirante Colón. Es controvertido si el paso o fondeo de las cuatro naves, lo fue por espacio de un día o dos, para avituallamiento. En consecuencia, una cosa es reconocer la importancia histórica del Almirante Cristóbal Colón, y otra cosa diferente, es trasladar ese dato, con el hecho del fondeo de las naves con toda probabilidad en la Bahía de Meloneras, dada la inexistencia de muelle.

Examinado el expediente, no consta inmueble alguno, conjunto de inmuebles, restos o ruinas de inmuebles que estén datados de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, que se relacione con los comentarios históricos de las reseñas del paso de Cristóbal Colón; ni informe arqueológico en este sentido que avale la consideración de restos arqueológicos que avalen siquiera de forma indiciaria dicho lugar como sitio histórico.

V. En este sentido es importante la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 4ª, de fecha 2 de noviembre de 2011, dictada en el recurso nº 4384/201, siendo ponente el Magistrado, D. Antonio Martí García.

La Sentencia de instancia acuerda anular la resolución de no incoar el expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural del edificio del "Colegio de San Ambrosio", por estimar que son presupuestos para la incoación del expediente:

a) Primero, que existan unos bienes y,

b) Segundo, que se solicite por el titular de un interés legítimo.

Lo que así entendido habría de llevar a la reglada incoación de expedientes de este tipo ante cualquier solicitud, aún cuando no se justificaran indicios serios del interés histórico-artístico del bien, que no es la previsión ni la consecuencia que contempla el artículo 10 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, conforme la interpretación que resulta de su jurisprudencia.

En este caso, el Tribunal Supremo ha lugar al recurso de casación, casa y anula la sentencia impugnada y, en su lugar, desestima el recurso contencioso interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, que desestimó la solicitud para la incoación de expediente de declaración de bien de interés cultural, como sitio o monumento histórico, del "Colegio de San Ambrosio", en Salamanca, por parecer la misma ajustada a derecho.

En otros términos, los citados requisitos se consideran condición necesaria, pero no suficiente. En el presente caso, falta uno de los requisitos necesarios, es decir, que existan bienes, inmuebles o sitio con antigüedad o trascendencia histórica conforme se pretende declarar. Por lo que no se dan los presupuestos necesarios previos, para la incoación y Declaración del Bien de Interés Cultural, con referencia al año 1502, cuando resulta que el inmueble más antiguo en la zona delimitada data de 1880, y tiene su propia declaración de BIC, con la categoría de monumento, desde hace años, que no es otro que el Faro de Maspalomas.

En suma, no constan en el expediente los elementos materiales, inmuebles de valor histórico a la fecha pretendida de 1502, por la inexistencia de un "Sitio o Lugar" con carácter histórico a conservar, sólo existen referencias históricas, teorías, hipótesis científicas, desideratas sobre un centro de interpretación, estudios doctrinales sobre una zona indeterminada conocida por el topónimo de "Maspalomas", que se corresponde con una franja de litoral de 21 kilómetros aproximadamente.

VI. En relación con el Anexo II del Acuerdo del Consejo Insular, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2014, relativo a la descripción y delimitación del BIC, es de señalar que entre el trámite de audiencia dado en el expediente mediante Decreto PH 141/2013, de 21 de agosto de 2013 del Coordinador General del Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo Insular de Gran Canaria por delegación del Presidente, y el Acuerdo del Consejo Insular, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2014 se cambió la propuesta de delimitación del Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, de la Franja de Terreno del Oasis Maspalomas (vid. Apartado 11 del Expositivo del Acuerdo Precitado), sin que se hubiera dado un nuevo trámite de audiencia y generando indefensión para los interesados en el procedimiento y producido nulidad de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

VII. En lo que atañe al Anexo III del Acuerdo del Consejo Insular, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2014, relativo a "Propuesta de criterios que regirán las futuras intervenciones sobre el BIC, en la categoría de sitio histórico, de la franja de terreno del Oasis de Maspalomas (término municipal de San Bartolomé de Tirajana), para la protección, recuperación, el mantenimiento y la difusión de los valores históricos y naturales del Oasis de Maspalomas y de su entorno inmediato con una actividad económica sostenible, que, al menos, tenga una rentabilidad equivalente, así como para la protección y recuperación del perfil identitario de dicho paraje natural histórico, a efectos, esencialmente, de que ninguna edificación sobrepase el palmeral, ni compita en altura con el Faro de Maspalomas", cuyo detalle se expone más abajo, consta que, mediante oficio de 12 de febrero de 2014 remitido por la Consejera de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje a la Consejera de Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías el Cabildo Insular de Gran Canaria, registrado en este último Área el 18 de febrero de 2014 con nº. 041, se incorporaron al expediente los Informes elaborados por el Servicio de Planeamiento sobre criterios que habrían de regir las futuras intervenciones sobre el BIC, en la categoría de sitio histórico, de la franja de terreno del Oasis de Maspalomas (término municipal de San Bartolomé de Tirajana). Tales criterios, en consecuencia no pudieron ser conocidos ni debatidos por los titulares de derechos afectados por la propuesta de declaración del BIC, con la categoría de Sitio Histórico, ya que su incorporación al expediente administrativo es posterior a la fase de audiencia y de contestación de las alegaciones y, al no haberse efectuado nuevo trámite de audiencia, se ha generado indefensión para los interesados en el procedimiento y produce nulidad de pleno derecho, toda vez que el trámite evacuado ha quedado vacío de contenido por los cambios sustanciales operados con posterioridad, y ello al amparo del artículo 24 de la Constitución Española en cuanto al derecho fundamental a un procedimiento por todos sus trámites y garantías, y por no haber seguido el procedimiento legalmente establecido, en concordancia con el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

"Hasta tanto se definan en el Plan Especial de Ordenación las actuaciones de renovación, traslado o sustitución de edificaciones que se precisen para acometer la adecuada renovación de la oferta turística obsoleta y el aumento de la calidad hotelera compatible con la protección y ordenación del Oasis de Maspalomas, podrá acometerse la renovación edificatoria de la planta alojativa turística existente acogiéndose a los incentivos que establece la legislación turística en vigor mediante:

a) La sustitución de un inmueble trasladando la totalidad de su capacidad alojativa turística fuera del ámbito del Sitio Histórico.

b) La rehabilitación total o parcial de un inmueble que conlleve la reducción de su capacidad alojativa turística y el incremento de su calidad, siempre y cuando se reduzca su altura hasta quedar integrada por la actual vegetación de palmeras, los incentivos previstos se materialicen fuera del ámbito del Sitio Histórico y no afecte a establecimientos situados en la primera franja costera situada junto al Faro de Maspalomas.

Las restantes operaciones de sustitución, renovación o rehabilitación del alojamiento turístico existente deberán producirse una vez aprobado el Plan especial de Ordenación de acuerdo con los criterios en él establecidos en los términos previstos en la legislación urbanística y sectorial aplicable."

VIII. El Cabildo Insular de Gran Canaria, mediante oficio de 10 de junio de 2014 y en virtud de las subsanaciones requeridas por la Dirección de Cooperación y Patrimonio Cultural, ha respondido en síntesis que " la invocación de los artículos del 3 al 10 (en especial, el artículo 9) de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, NO permite eludir el cumplimiento de la Constitución y de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias y demás normativa, de toda índole, existente en materia de patrimonio histórico (entre la cual figuran el artículo 323 del Código Penal, sobre delito contra el patrimonio histórico, en relación con el artículo 404, sobre el delito de prevaricación) (Apartado III.3.B.9); "el valor cultural es preexistente y deriva de la Ley, de manera que su declaración nunca constituiría un daño antijurídico" (Apartado III.3.B.11); y, "se excluye toda consecuencia indemnizatoria por efectos de las declaraciones de BIC efectuadas al amparo de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, porque esas declaraciones no tienen otra virtualidad que la de provocar la aplicación de un régimen estatutario concreto" (Apartado III.3.B.18).

Una cosa es que haya obligación de proteger aquellos bienes culturales que, por su situación de riesgo, expolio, pérdida o destrucción, exijan una intervención urgente o inmediata, pero en modo alguno, en un supuesto como el que nos ocupa, cabe eludir el cumplimiento del mandato establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Al respecto debe resaltarse lo establecido en el artículo 7.3 de dicha norma:

"3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera."

Tal mandato, que indudablemente vincula al acto del Cabildo Insular de Gran Canaria examinado, se completa con los principios de responsabilidad y de lealtad institucional, regulados, respectivamente, en los artículos 8 y 9 de la misma Ley.

El principio de legalidad obliga a los ciudadanos, y a las Administraciones públicas a cumplir con todas las leyes, no se puede elegir que leyes se cumplen y que leyes no cumplen. Y menos aún alegar el cumplimiento de una ley para no cumplir con otra ley, puesto que ambas están protegidas por el principio de legalidad y constitucionalidad. Tal pretensión puede suponer fraude de ley en vía civil, o desviación de poder y/o arbitrariedad en vía administrativa o contenciosa administrativa. Por tanto, no se puede cerrar la instrucción de un expediente sin resolver o dar respuesta a todas las cuestiones planteadas.

El Cabildo Insular de Gran Canaria no ha motivado la razón de la ruptura de la confianza legítima generada a lo largo de los últimos 30 años, ni existen razones novedosas que aconsejen actuar de forma urgente sin evaluar ni ponderar suficientemente los efectos de la decisión administrativa.

IX. El informe del Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico Oriental de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, emitido con fecha 17 de junio de 2014, concluye señalando lo siguiente:

"El 35% de los terrenos incoados como Sitio-Histórico Oasis de Maspalomas son espacios protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000 en su categoría de Reserva Natural Especial. Esta Reserva cuenta con Plan aprobado y en vigor, clasificando: a) la Charca y su entorno próximo como suelo rústico de protección natural, b) los terrenos incluidos originariamente en la Urbanización Campo Internacional como suelo rústico de protección paisajística y c) el acceso al Parking de Maspalomas, estación de Emalsa así como otros elementos puntuales como suelo urbano consolidado.

El 65% restante, suelos ordenados por el Plan General de San Bartolomé, son terrenos urbanizados y antropizados de acuerdo con los sucesivos instrumentos de ordenación urbanística (Plan Parcial El Oasis de 1964, NNSS de 1986 y Plan General de 1996) manteniendo constante su ordenación a lo largo de este tiempo.

Reseñar que las palmeras canarias (Phoenix Canariensis) existentes en la zona, se encuentran protegidas por la Orden de 20 de febrero de 1991, de la Consejería de Política Territorial, sobre protección de especies de la flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 35, de 18.3.91). A su vez, es de interés el Decreto 62/2006, de 16 de mayo, por el que se establecen medidas para favorecer la protección, conservación e identidad genética de la palmera canaria.

Finalizar que el propio BIC incoado incluye el BIC Faro de Maspalomas.

En base a lo expuesto, se considera que el ámbito incoado BIC-OASIS, en lo que afecta al Espacio Natural se encuentra suficientemente protegido por el instrumento que lo ordena, que el resto de los terrenos están urbanizados y antropizados con proyectos que datan del año 1964, que los palmerales existentes en la zona se encuentran protegidos por la legislación ambiental canaria y que existe un BIC ya declarado para el Faro de Maspalomas y su entorno".

La delimitación del BIC incorpora, por tanto y entre otros suelos, el suelo correspondiente a la Urbanización "El Oasis", aprobada por la entonces Comisión Provincial de Urbanismo, con fecha 28 de junio de 1964.

Como se señala en el informe del Servicio Técnico de Planeamiento Urbanístico Oriental, dicha urbanización y la de Campo Internacional, aprobada por el mismo órgano el 5 de noviembre de 1979, así como el conjunto del Faro y sus accesos, fueron incluidos como suelo urbano en las Normas Subsidiarias del Municipio de San Bartolomé de Tirajana, aprobadas por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (CUMAC), en sesión celebrada el 22 de julio de 1986 (BOC nº 115, de 24 de septiembre de 1986).

Tal clasificación se ha mantenido en el vigente Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por la CUMAC en sesiones celebradas el 9 de mayo y 1 de octubre de 1996. La normativa del Plan General fue íntegramente publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, extraordinario nº 96, de 6 de diciembre de 1996.

Y, lo que es más importante, tal hecho urbano resulta reconocido y respetado por el planeamiento de ordenación territorial, por el planeamiento del Espacio Natural e, incluso, por el legislador, al excluir el suelo urbano de El Oasis de la delimitación espacial sujeta a protección en las Leyes de Espacios Naturales de 1987 y 1994.

No se ha podido localizar en el expediente instruido ninguna referencia expresa a la actividad de ordenación territorial, en el área debatida, por parte del Cabildo de Gran Canaria. Salvo en relación "con las pautas de intervención", no consta que el Servicio Insular de Planeamiento del Cabildo Insular de Gran Canaria haya emitido ningún informe sobre la ordenación territorial aplicable al suelo en el que se ha delimitado el BIC en cuestión.

X. Del informe técnico-jurídico elaborado conjuntamente por el Servicio Técnico de Planeamiento Territorial Oriental y por el Servicio Jurídico Administrativo de Planeamiento Territorial de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, de 20 de junio de 2014, se deriva que sobre el área delimitada como BIC se han formulado por el propio Cabildo de Gran Canaria, al menos, los siguientes documentos de planeamiento:

1. Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 1995 (no vigente).

2. Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 2003 (vigente).

3. Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 2013 (en tramitación).

4. Plan Territorial Especial de Ordenación del Patrimonio (PTE-6) (en tramitación).

5. Plan Territorial Especial del corredor de transporte público con infraestructura propia y modo guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas (PTE-21) (vigente).

6. Plan Territorial Parcial para la regeneración y estructuración del espacio consolidado de Playa del Inglés (PTP-8) (vigente).

7. Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria (PTEOTI-GC) (vigente).

Debe destacarse que en ninguno de ellos se establece ninguna referencia a la protección del área urbana consolidada, reconociendo tal suelo incluso, dentro de la zona turística litoral del sur (ZTLS), como Pieza Territorial Turística Consolidada n° 8 (PITC-O8.SB), y previendo actuaciones concretas sobre este espacio territorial. A mayor abundamiento, tampoco el Plan Territorial Especial de Ordenación del Patrimonio (PTE-6), actualmente en tramitación, incluye el suelo en cuestión dentro de un Área de Relevante Interés Patrimonial (ARIP).

El Plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector turístico de San Bartolomé de Tirajana "Maspalomas Costa Canaria", aprobado por Decreto 90/2012, de 22 de noviembre (BOC nº 3, de 4 de enero de 2013), propone, asimismo, actuaciones encaminadas a la mejora y modernización de establecimientos situados en el suelo urbano de El Oasis.

Desde el punto de vista de la ordenación de los Espacios Naturales, debe señalarse, en primer lugar, que ya la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias delimitó, como Paraje Natural de Interés Nacional, a las Dunas de Maspalomas (artículo 1, isla de Gran Canaria 2), excluyéndose de dicho Espacio Natural, según la delimitación cartográfica anexa (artículo 3), el suelo urbano de El Oasis.

La posterior Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, delimitó la denominada Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas (C-7), excluyendo, tanto en su descripción gráfica como escrita, el suelo urbano de El Oasis. El posterior Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, no introdujo, en esta cuestión, ningún cambio.

Tal exclusión resulta clara en la imagen contenida en la figura 1 del informe emitido por el Servicio de Ordenación del Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos de la Consejería de Obras Pública, Transportes y Política Territorial, de fecha 22 de mayo de 2014, delimitándose, en la imagen contenida en la figura 3 del mismo informe, el Área de Sensibilidad Ecológica que, como se aprecia excluye el suelo urbano consolidado desde 1964, aunque incorpora el área edificada en la que se localizan, entre otros inmuebles, el hotel La Residencia y el parking de Maspalomas.

El Plan Director de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas fue aprobado definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), en sesión celebrada el 7 de octubre de 2004 (BOC nº 245, de 20 de diciembre de 2004).

De dicho documento conviene rescatar, de su "Documento Informativo. Programa de Actuación", el siguiente texto (páginas 21 y 22):

"5.3.1. Para las normas de declaración del espacio natural.

a) REDELIMITACIÓN DE LA RESERVA.

Los actuales límites de la Reserva Natural Especial generan problemas de gestión en dos sectores diferenciados: en el borde litoral y en el sector incluido en Campo Internacional.

Para solucionar estos problemas, se considera necesario redefinir los límites de la Reserva.

LÍMITE NORTE EN EL SECTOR DEL PALMERAL. La Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas alberga, en el sector de suelo correspondiente al Plan Parcial Campo Internacional, una zona plenamente urbanizada. En ella se hallan en explotación los complejos Maspalomas espléndido y Suite Hotel Maspalomas Dunas, así como el Palmeral Oasis. También comprende la vía de acceso (y zona de aparcamiento) a los dos primeros y una rotonda que enlaza esta vía con la carretera del Faro y con la Avda. Touroperador Tui, así como la vía de acceso y suelos anejos al edificio de aparcamientos de Parking Maspalomas, S.A.

En consecuencia, se localizan en el interior de la Reserva áreas urbanas que no aportan valor alguno a la Reserva (ni lo harían aun en el caso de que todas se restituyesen). De hecho, ya en fotografías aéreas de finales de los años 80 se observa la alteración de esta zona, siendo evidentes las obras preliminares para la ejecución de la Avda. Touroperador Tui. A mediados de los años 90 ya se había ejecutado el Maspalomas espléndido y el Palmeral Oasis, ejecutándose posteriormente el Suite Hotel Maspalomas Dunas.

Por tanto, se considera que dada la carencia de valores naturales existentes o recuperables ya en el año 1994, en que la Ley 12/1994 de Espacios Naturales de Canarias delimitó la Reserva con sus actuales límites, la inclusión de la zona urbana en el espacio natural debió estar ocasionada por un error cartográfico, producido al haberse manejado una cartografía diferente para la delimitación inicial. El error de ajuste de estas cartografías es por lo tanto lo que debe haber conducido a que actualmente la zona urbana señalada se vea incluida dentro de la Reserva.

Por otra parte, la efectiva urbanización de esta área, y específicamente de aquellos sectores que aún no habían sido urbanizados a la entrada en vigor de la ley 12/1994, no puede considerarse irregular, ya que el mismo Plan Director, aprobado en 1999, reconoció la clasificación de Suelo Urbano establecida por el Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé.

Por tanto, las zonas urbanizadas existentes en el perímetro del palmeral no han restado valor natural alguno a la Reserva (al menos desde que ésta fue declarada), y algunas de ellas tienen incluso una funcionalidad muy relevante para el entorno urbano en que se ubican (caso de la vía de acceso a Parking Maspalomas SA). Sin embargo, su inclusión dentro del Espacio Natural complica tanto la gestión de esta zona urbana (que debe gestionarse desde instancias urbanísticas) como la de la Reserva (cuya gestión debe ser eminentemente ambiental).

Es por ello por lo que se propone la exclusión de estos suelos urbanos de los límites de la Reserva. El sector cuya exclusión se propone es la que el Plan director define como Zona de Uso Especial. ..."

Zona de Uso Especial, identificada como D), en el gráfico incorporado al folio 2 del citado informe del Servicio de Ordenación del Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.

Desde 1964 hasta la actualidad, por tanto, ha existido una constante en los distintos instrumentos de ordenación del Espacio Natural, de ordenación territorial y de ordenación urbanística, que es el reconocimiento de la urbanización consolidada.

En ningún momento se razona o motiva, más allá de una motivación genérica referida al ejercicio de la potestad administrativa, cuál es el fundamento de la protección pretendida en este momento actual.

Así, se dice, en varios de los informes jurídicos emitidos por el Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo para resolver las alegaciones, lo siguiente:

"Por tanto, no se trata de paliar situaciones del pasado, que según manifestación del interesado, debieron haberse realizado con la legislación urbanística, pues es en este momento, cuando con la incoación del presente procedimiento, se responde a la necesidad de garantizar la protección de un bien y su entorno, con el fin de preservar/o y conservar/o, además de prevenir actuaciones que puedan mermar su apreciación como bien público.

En este sentido, hacer mención a la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1992 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, recaída en recurso de apelación n° 1.168, que recuerda la doctrina reiterada de que las atribuciones de los organismos protectores del patrimonio Histórico Artístico obedecen a la exigencia de defender el derecho social a la cultura, lo que obliga, conforme al artículo 53.3 de la Constitución, a interpretar la legislación protectora del Patrimonio Cultural en el sentido más favorable a la conservación de mismo y otorgar cobertura legal para impedir o demoler obras que pudieran producir daño a dicho patrimonio y perjuicios irreparables, y en consecuencia aquellos organismos pueden, separándose, incluso, si ello fuera necesario, de las normas urbanísticas y de las licencias que se hubieran otorgado por otros organismos, adoptar o imponer las limitaciones que discrecionalmente estimen necesario para tal fin", si bien el ejercicio de esa potestad ha de ser "razonable y limitar lo menos posible los derechos de los propietarios afectados". En la S.T.S. de 19 de junio de 1998 resaltamos la importancia de "evitar daños irreparables al Patrimonio Cultural". (informe Jurídico de 15 de enero de 2014 a la alegación de don Atilio Maddoni Citara en nombre y representación de la entidad mercantil PLAYA DE MASPALOMAS, S.A., Registro nº 59.706).

En el presente caso se trata de un patrimonio inmaterial, sobre el que no cabe realizar obra alguna, más allá de la meramente conmemorativa, y que, en cuanto inserto en gran parte en un Espacio Natural, está expresamente protegido, por lo que la identidad natural del paraje no debe perderse.

No se trata, por otra parte, de separarse de normas urbanísticas y de licencias, sino de cambiar el criterio sustentado por los distintos instrumentos de planeamiento, de forma pacífica y reiterada, durante los últimos 50 años. En este sentido, el expediente de declaración del BIC no hace el esfuerzo de justificar, como dice la propia Sentencia citada anteriormente, que el ejercicio de la potestad administrativa se ha realizado de forma razonable. Por el contrario, se incide de forma notable, sin justificación y de forma innecesaria en los derechos de propietarios afectados por la declaración del BIC.

Por tanto, la decisión del Cabildo Insular de Gran Canaria resulta cuestionable en cuanto a su razonabilidad, coherencia y congruencia, constituye, como se verá, una actuación contraria a los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima y debe ser tachada de desviación de poder.

XI. El artículo 9.3 de la Constitución Española preconiza, entre los principios que la propia Carta Magna garantiza, el de seguridad jurídica, el de responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Principios, todos ellos, básicos para el ejercicio de las potestades públicas y que rigen especialmente las relaciones entre la Administración y los ciudadanos.

Íntimamente relacionada con la seguridad jurídica se inserta en nuestro Ordenamiento Jurídico el principio de confianza legítima. Así, el artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en la modificación operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, incorpora, como Principios Generales, los siguientes:

"Artículo 3. Principios generales.

1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima."

Principio de confianza legítima que ya había sido aplicado por la jurisprudencia como consta en el Fundamento de Derecho Segundo de la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 1990, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2000, Fundamento de Derecho Sexto y, más recientemente, y con relación a la Protección Cultural de un determinado bien, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2013, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, Fundamentos de Derecho Tercero a Séptimo.

Aplicando la citada doctrina al supuesto que nos ocupa, el procedimiento seguido se centra en justificar la existencia de unos supuestos valores históricos y la potestad administrativa para intervenir en defensa de tales valores, pero olvida explicar y exteriorizar las razones que, ponderando los intereses en presencia, obligasen a adoptar un cambio de criterio -reconocimiento y exclusión del hecho urbano-, de tanta intensidad como el propuesto con la declaración del BIC.

Esa falta de motivación incide en el principio de seguridad jurídica y vulnera la confianza legítima que, durante los últimos 50 años, han depositado los titulares de bienes y derechos en el suelo urbano de la Urbanización El Oasis, en las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas en sus políticas de ordenación territorial. Ese cambio de criterio es el que no resulta motivado en ningún momento por la Administración insular en el expediente examinado.

En cuanto a la desviación de poder, debemos traer aquí a colación:

- La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia 9/2009, de 9 de enero, confirmada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 22 de marzo de 2011, que anula parte de un Bien de Interés Cultural por existencia de desviación de poder, arbitrariedad y vulneración del principio de confianza legítima.

Con estas premisas la Sala concluye que ha existido "desviación de poder" por parte de la Generalidad Valenciana y que con la actuación lo que ha pretendido ha sido impedir que en la "denominada manzana de los jesuitas Expo Grupo, S.A. pueda construir el hotel que tenía proyectado".

Dice, de la desviación de poder, recogiendo doctrina del Tribunal Supremo:

Ha sido analizada en multitud de ocasiones por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en concreto la Sala Tercera, Sección Séptima en su Sentencia de 29.06.2007 (RJ 2007, 6759) (reiterada por la Sentencia de la Sección Quinta de 10.06.2008 (RJ 2008, 4397)

"... El análisis de tal motivo de impugnación exige poner de relieve la doctrina elaborada por el Tribunal Supremo sobre el concepto y requisitos del vicio de la desviación de poder recogida en sentencia de 25 de septiembre de 1995 (RJ 1995, 6836) , entre otras: "Así, puede considerarse como jurisprudencia consolidada que la "desviación de poder", consagrada constitucionalmente en el artículo 106.1 CE (RCL 1978, 2836), en relación con el artículo 103 CE, y definida en el artículo 70 LJCA (RCL 1998, 1741), comporta la existencia de un acto administrativo ajustado en sus requisitos extrínsecos a la legalidad, pero afectado de invalidez por contradecir en su motivación el sentido teleológico de la actividad administrativa, que ha de estar orientada, en todo caso, a la promoción del interés público y, en particular, a la finalidad concreta con que está configurada en la norma la potestad administrativa que se ejercita (SSTS 6 de marzo de 1992 (RJ 1992, 1759) , 25 de febrero (RJ 1993, 1191), 10 de marzo (RJ 1993, 1934) y 12 de mayo de 1993 (RJ 1993, 3585). Para su apreciación es preciso que quien la invoque, alegue y pruebe los supuestos de hecho en que se funde y los pruebe, si bien en este aspecto la más reciente jurisprudencia ha flexibilizado el rigor de otra anterior, que exigía una prueba absoluta y plena, entendiendo que la misma dificultad de la probanza de motivaciones internas hacía necesario admitir como suficiente la acreditación que permita al Tribunal formar su convicción ( SSTS de 7 de marzo de 1986 (RJ 1986, 1031), 19 de enero de 1989 (RJ 1989, 212) y 14 de octubre de 1994 (RJ 1994, 7994), entre otras muchas). Por otra parte, deben considerarse como notas caracterizadoras, resumidas en las SSTS de 2 (RJ 1993, 2755) y 12 de abril de 1993 (RJ 1993, 3882) y 22 de abril de 1994 (RJ 1994, 2965), las siguientes:

a) El ejercicio de las potestades administrativas, a que afecta como límite la desviación de poder abarca subjetivamente toda la diversidad de órganos en la Administración Pública, en la extensión que confiere la ley a este concepto (artº. 1.2 LJCA y, en la actualidad, artº. 2 de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

b) El ámbito más específico para su desarrollo es la actividad discrecional de la Administración, pero no existe obstáculo apriorístico para que se aplique a la actividad reglada, ya que nada se opone a la eventual coexistencia de vicios, infracción del ordenamiento jurídico por desviación del fin público específico asignado por la norma e ilegalidad en los elementos reglados del acto [STS 5 de noviembre de 1978 (RJ 1978, 3491)].

c) La desviación de poder, aunque pueda concurrir con otros vicios de nulidad del acto, es independiente de éstos, habiendo señalado la jurisprudencia que "las infracciones legales tienen un trato preferente y deben resolverse en primer término [STS 10 de noviembre de 1983 (RJ 1983, 5396)].

d) Siendo generalmente grave la dificultad de la prueba directa, resulta perfectamente viable acudir a las presunciones, que exigen unos datos completamente acreditados -artículo 1249 del Código Civil (LEG 1889, 27)- de los que con un enlace lógico acorde con el criterio humano -artículo 1253 del Código Civil- derive la persecución de un fin no previsto en la norma (STS 10 de octubre de 1987 (RJ 1987, 8334)).

e) La prueba de los hechos que sirven de soporte a la desviación de poder corresponde a quien ejercita la pretensión de reconocimiento del defecto invalidante del acto (artº. 1214 CC), aunque la regla debe conjugarse con el criterio de la facilidad, en virtud del principio de la buena fe procesal, considerando que hay hechos fáciles de probar para una de las partes que, sin embargo, son de difícil acreditamiento para la otra [STS de 23 de junio de 1987 (RJ 1987, 6525)].

f) Es preciso la constatación, en la génesis del acto administrativo, de una disfunción entre el fin objetivo que corresponde a su naturaleza y a su integración en el ordenamiento jurídico y el fin instrumental propuesto por el órgano administrativo del que deriva, disfunción que es apreciable tanto si se persigue un fin privado, ajeno por completo a los intereses generales, como si la finalidad que se pretende obtener, aunque de naturaleza pública, es distinta de la prevista en la norma habilitante, por estimable que sea aquella [STS 11 de octubre de 1993 (RJ 1993, 7552) y 22 de abril de 1994 (RJ 1994, 2965)] ...".

- La Sentencia de Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2011 (RJ 2012/1938):

"Pues bien, entre otras muchas sentencias de esta Sala, en la STS de 16 de marzo de 1999 (RJ 1999, 2901) hemos señalado que "La desviación de poder, constitucionalmente conectada con las facultades de control de los Tribunales sobre el ejercicio de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican (artículo 106.1 de la Constitución) es definida en nuestro ordenamiento jurídico como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico y de este concepto legal, la doctrina y la jurisprudencia destacan las siguientes notas características:

a) El ejercicio de potestades administrativas abarca subjetivamente toda la diversidad de órganos de la Administración Pública, en la extensión que a este concepto legal le reconoce la Ley.

b) La actividad administrativa tanto puede consistir en un hacer activo como en una deliberada pasividad, cuando concurre en el órgano administrativo competente una obligación específica de actuación positiva, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta Sala contenida, entre otras, en las Sentencias de 5 de octubre de 1983 (RJ 1983, 4829) y 3 de febrero de 1984 (RJ 1984, 613). .

c) Aunque el terreno más apropiado para su prolífico desarrollo es el de la llamada actividad discrecional de la Administración, no existe obstáculo que impida, apriorísticamente, su aplicación a la actividad reglada, pues si el vicio de desviación de poder es más difícil aislarlo en el uso de las potestades o facultades regladas, no lo es menos que nada se opone a la eventual coexistencia genérica en los elementos reglados del acto producido, precisamente para encubrir una desviación del fin público específico asignado por la norma, como reconoce la Sentencia de 8 de noviembre de 1978 (RJ 1978, 3491).

d) La desviación de poder puede concurrir con otros vicios de nulidad del acto, pues si la doctrina jurisprudencial ha tendido a adoptar la posición que sostiene que las infracciones legales tienen un trato preferente y deben resolverse en primer término para restablecer por el cauce del recurso jurisdiccional el derecho vulnerado, lo cierto es que la existencia de otras infracciones en el acto administrativo no excluye y antes bien posibilita y es medio para lograrla, la desviación de poder, de conformidad con las Sentencias de 30 de noviembre de 1981 (RJ 1981, 4611) y 10 de noviembre de 1983 (RJ 1983, 5396).

e) En cuanto a la prueba de los hechos en la desviación de poder, siendo genéricamente grave la dificultad de una prueba directa, resulta viable acudir a las presunciones que exigen unos datos completamente acreditados al amparo del artículo 1249 del Código Civil , con un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano y a tenor del artículo 1253 del Código Civil se derive en la persecución de un fin distinto del previsto en la norma la existencia de tal desviación, como reconoce entre otras la Sentencia de 10 de octubre de 1987 (RJ 1987, 8334).

f) La prueba de los hechos corresponde a quien ejercita la pretensión y el artículo 1214 del Código Civil puede alterarse según los casos, aplicando el criterio de la finalidad, en virtud del principio de buena fe en su vertiente procesal y hay datos de hecho fáciles de probar para una de las partes que sin embargo pueden resultar de difícil acreditamiento para otra.

g) Finalmente, la necesaria constatación de que en la génesis del acto administrativo se ha detectado la concurrencia de una causa ilícita, reflejada en la disfunción manifiesta entre el fin objetivo que emana de su naturaleza y de su integración en el ordenamiento jurídico y el fin subjetivo instrumental propuesto por el órgano decisorio, se erigen como elementos determinantes que vienen declarando reiteradas Sentencias de esta Sala [entre otras las de 6 de marzo de 1992 (RJ 1992, 1759), 25 de febrero de 1993 (RJ 1993, 1191), 2 de abril (RJ 1993, 2755) y 27 de abril de 1993 (RJ 1993, 2866)] que insisten en que el vicio de desviación de poder, consagrado a nivel constitucional en el artículo 106.1, precisa para poder ser apreciado que quien lo invoque alegue los supuestos de hecho en que se funde, los pruebe cumplidamente, no se funde en meras opiniones subjetivas ni suspicacias interpretativas, ni tampoco se base en una oculta intención que lo determine".

Aplicando la doctrina jurisprudencial precedente en el caso examinado, podemos llegar a la conclusión de que para la Sala de instancia se ha acreditado suficientemente que la actuación del Ayuntamiento de Burgos ha estado investida, en el momento de la aprobación del Estudio de Detalle discutido en autos, de manifiesta desviación de poder, en los términos en los que la hemos definido y jurisprudencialmente configurado más arriba, acomodando la referida actuación a fines distintos de los perseguidos por las normas de planeamiento. Esto es, en el supuesto de autos se ha producido, por parte del Ayuntamiento de Burgos, el ejercicio de una potestad administrativa (planeamiento) para alcanzar un fin distinto (cual fue alterar, de forma exclusiva, las determinaciones urbanísticas de una parcela), generando, así, una conducta de desviación de poder.

Una reiterada jurisprudencia comunitaria, de la que es representativa la STJUE de 14 de julio de 2006 (TJCE 2006, 213) (Endesa, S.A. contra Comisión), ha sintetizado el anterior concepto de desviación de poder, señalando al efecto que la misma concurre "cuando existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes de que dicho acto ha sido adoptado con el fin exclusivo o, al menos, determinante de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer frente a las circunstancias del caso (Sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 1984, Lux/Tribunal de Cuentas, C-69/83, Rec. pg. 2447, apartado 30; de 13 de noviembre de 1990 (TJCE 1991, 79), Fedesa y otros, C-331/88, Rec. pg. I-4023, apartado 24; de 13 de julio de 1995 (TJCE 1995, 121), Parlamento/Comisión, C-156/93, Rec. pg. I-2019, apartado 31; de 14 de mayo de 1998 (TJCE 1998, 97), Windpark Groothusen/Comisión, C-48/96 P, Rec. pg. I-2873, apartado 52, y de 22 de noviembre de 2001 (TJCE 2001, 331), Países Bajos/Consejo, C-110/97, Rec. pg. I-8763, apartado 137)".

Aplicando la doctrina jurisprudencial precedente al expediente que nos ocupa, podemos llegar a la conclusión de que la actuación del Cabildo Insular de Gran Canaria está investida de desviación de poder, pues se centra en justificar la existencia de unos supuestos valores históricos de los que no existe constancia fidedigna absoluta, tal y como hemos tenido ocasión de manifestar en la Consideración IV del presente Decreto, y que no están asentados para nada en la conciencia colectiva, acomodando la referida actuación para alcanzar fines distintos de los perseguidos por las normas de patrimonio histórico de Canarias. Esto es, se ha producido por parte del Cabildo de Gran Canaria el ejercicio de una potestad administrativa (declaración de un bien de interés cultural) para alcanzar un fin distinto, cual es alterar las normas de ordenación urbanística de la llamada Franja de Terreno del Oasis de Maspalomas y evitar la construcción de un gran hotel en la zona que merme los valores de zonas que ya están protegidas.

XII. Conforme establece el artículo 22.1 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, la declaración de Bien de Interés Cultural se realizará mediante Decreto del Gobierno de Canarias, a propuesta de la Administración actuante y previo informe favorable del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias.

De manera genérica el artículo 82 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, regula que, a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos.

El artículo 83.1 de la citada de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre regula que, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.

De la forma que establece el artículo 22.1 de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, el informe del Consejo Canario de Patrimonio Histórico debe ser emitido con carácter preceptivo, previamente a la declaración de Bien de Interés Cultural, sin que disponga expresamente que el informe tenga carácter vinculante.

Tomás Ramón Fernández establece que el artículo 54.1.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, exige que se motive expresamente todo acto o resolución administrativa que se aparte del criterio expresado en el informe o dictamen emitido, lo que en el fondo significa, puesto que la exigencia de motivación está en función del eventual contraste posterior de la legalidad del acto, que sólo cuando existan buenas razones que lo justifiquen pueden los órganos activos apartarse válidamente de los informes que hayan sido sometidos por los órganos consultivos. Así lo tiene declarado, por otra parte, la jurisprudencia que con todo acierto se ha cuidado de precisar que "aunque los informes de los órganos consultivos de la Administración no vinculan a la misma, en una valoración, discrecional primero y lógica después, tales informes merecen un determinado crédito de veracidad, dado el juicio de pericia o de apreciación de conocimientos técnicos sobre datos y circunstancias preexaminadas que comportan un obligado alcance y máxime cuando se han producido con unanimidad" (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1969).

Por otra parte, debe señalarse que el artículo 11.5 de la 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, establece que los expedientes que deban ser informados preceptivamente por el Consejo deberán ser dictaminados previamente por ponencias técnicas.

Asimismo, el artículo 12 del Reglamento sobre Procedimiento de Declaración y Régimen Jurídico de los Bienes de Interés Cultural, aprobado por Decreto 111/2004, de 29 de julio, señala que "Antes de elevar la propuesta al Gobierno de Canarias, se solicitará, a través del centro directivo de la Administración autonómica con competencias en materia de patrimonio histórico, el informe correspondiente, preceptivo y favorable al Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias. (...)".

Por tanto, el informe del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias tiene que obrar en el expediente y el Gobierno de Canarias puede apartarse de él, motivadamente, salvo para estimar la declaración de un Bien de Interés Cultural, puesto que el Gobierno de Canarias no puede declarar un Bien de Interés Cultural con informe desfavorable del Consejo.

Al respecto se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sus Sentencias de 24 de noviembre de 2006 y 11 de julio de 2008, en las que se concluye que el informe del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias es un informe preceptivo y no vinculante, cuya motivación puede completarse o fundamentarse en los informes que obren en el expediente. Lo que ha dado lugar a la denominada motivación "in alliunde", según la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 febrero 1988, que consiste en que "los razonamientos que pueden faltar en el acto administrativo que remate el expediente pueden muy bien verse suplidos con los informes técnicos que los preceden y con los demás datos incorporados a las actuaciones, entre las que establece un principio de unidad y de complementariedad entre unas y otras.

Asimismo, con respecto al resto de informes, también se concluye en dichas sentencias, que los informes de las instituciones académicas y científicas que se mencionan en el artículo 14, en relación con el 21 de la Ley 4/1999, de 5 de marzo, son preceptivos pero no vinculantes. De ahí que lo previsto en el artículo 21 se cumpliera con el hecho de haberlos solicitado. Pero la no recepción de dichos informes no es un vicio de nulidad según resulta de lo dispuesto en el artículo 83.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En tal sentido, es de destacar que la Ponencia Técnica del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, en sesión celebrada el 18 de julio de 2014, dictaminó negativamente, por unanimidad, la declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio Histórico, de la franja de terreno del Oasis Maspalomas, situado en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria y que el informe favorable del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, en sesión celebrada el 24 de julio de 2014, no se produjo por unanimidad del órgano, sino por 8 votos favorables, 7 en contra y dos abstenciones.

XIII. Como ya hemos tenido ocasión de señalar, en los documentos de planeamiento no existe ninguna referencia a la necesidad de protección del área urbana consolidada como Bien de Interés Cultural.

El expediente instruido por el Cabildo Insular de Gran Canaria se centra en justificar la existencia de unos supuestos valores históricos y la potestad administrativa para intervenir en defensa de tales valores, pero olvida explicar y exteriorizar las razones que, ponderando los intereses en presencia, obligasen a adoptar un cambio de criterio -reconocimiento y exclusión del hecho urbano-, de tanta intensidad como el propuesto con la declaración del Bien de Interés Cultural, ni siquiera el Plan Territorial Especial de Ordenación del Patrimonio (PTE-6), que se encuentra en la actualidad en fase de tramitación, incluye el suelo en cuestión dentro de un Área de Relevante Interés Patrimonial (ARIP), ni se planteó por el Cabildo de Gran Canaria, ante la suficiente protección del Espacio Natural por el instrumento que lo ordena, ante la protección de los palmerales existentes en la zona por la legislación ambiental canaria y ante la existencia de un Bien de Interés Cultural ya declarado como es el Faro de Maspalomas y su entorno, la posibilidad de protección del 65% restante de los terrenos incoados como Sitio-Histórico Oasis de Maspalomas, que son suelos ordenados por el Plan General de San Bartolomé y terrenos urbanizados y antropizados, el mecanismo previsto en el artículo 47 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, para, de forma motivada, instar del Consejo de Gobierno de Canarias la suspensión del instrumento de ordenación correspondiente, en lugar de acudir a la sustanciación de un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, y tras la deliberación del Gobierno en su reunión del día 1 de agosto de 2014,

D I S P O N G O:

No declarar Bien de Interés Cultural "La Franja de Terreno del Oasis de Maspalomas":

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación; significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de agosto de 2014.

EL PRESIDENTE

DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTES,

POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA,

Inés Nieves Rojas de León.

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