La aparición y transmisión entre la ciudadanía del virus COVID-19, unidas a las medidas de prevención y control médicas implementadas, ha requerido una dotación considerable de recursos humanos y materiales específicos por el Sistema Público de Salud. Asimismo, como consecuencia de las medidas de aislamiento domiciliario decretadas por el Gobierno, se habilitó de forma generalizada y preferente la consulta médica telefónica. Tales asistencias se prestan a toda la población, no teniendo en cuenta el derecho o no de los pacientes a la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos, sometiendo al Sistema a una carga económica adicional no recuperable mediante la aplicación de los precios públicos vigente.

Es por ello que procede incluir en el anexo I del Decreto 81/2009, de 16 de junio, por el que se establecen los precios públicos de los servicios sanitarios prestados por el Servicio Canario de la Salud y se fijan sus cuantías, estas nuevas prestaciones y modalidades de asistencia.