La Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral contra la violencia de género – en adelante Ley 16/2003 -, creó el denominado Sistema Canario Integral de Prevención y Protección de las Mujeres contra la Violencia de Género, integrado, a su vez, por el Programa de prevención frente a la violencia de género y el Programa de Servicios Sociales frente a la violencia de género.

En el Programa de Servicios Sociales frente a la violencia de género se integran los servicios y centros de asistencia destinados a la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género, que se configuran legalmente como servicios sociales especializados en este ámbito.

El artículo 35 de la citada Ley 16/2003 dispone que, reglamentariamente, se establecerá la organización y funcionamiento de los centros públicos, determinando los medios personales y materiales necesarios, su estructura y los elementos necesarios para su gestión y funcionamiento.

Con la aprobación de este Decreto, se pretende dar cumplimiento a la previsión de desarrollo reglamentario contenida en el citado artículo, con el objetivo de establecer unos requisitos básicos, comunes para todos los centros y servicios sociales especializados de atención y protección a las víctimas de violencia de género radicados en Canarias, con independencia de la isla en la que se presten o estén habilitados los servicios, garantizándose, además, que cualquier víctima de violencia de género va a tener acceso, en las mismas condiciones y con las mismas prestaciones básicas, a los recursos sociales especializados, en cualquier parte del territorio canario.