VI.6. Reclamación Previa al ejercicio de las acciones laborales.

 

La reclamación en vía administrativa será requisito previo al ejercicio de toda clase de acciones fundadas en el Derecho privado o laboral contra cualquier Administración Pública, salvo los supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición con rango de ley. Dicha reclamación se tramitará y resolverá por las normas contenidas en el Título VIII de la ley de referencia y, por aquellas normas que, en cada caso, sean de aplicación, y en su defecto, por las generales de esta Ley.

La necesidad de reclamar ante la Administración antes de acudir a la vía judicial es un privilegio de las Administraciones Públicas.

La reclamación previa suspende el plazo de caducidad para reclamar judicialmente contra el despido.

El plazo máximo para resolver es de 1 mes; transcurrido dicho plazo sin que se haya resuelto, se entiende desestimada la reclamación por silencio administrativo. El plazo para reclamar judicialmente se reanuda desde el día siguiente al de la contestación o de la desestimación.

Notificada la denegación de la reclamación o transcurrido un mes sin haber sido notificada la misma, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos, el interesado podrá formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala competente. A la demanda se acompañará copia de la resolución denegatoria o documento acreditativo de la presentación de la reclamación o de la interposición o resolución del recurso administrativo, según proceda, uniendo copia de todo ello para la entidad demandada.

En las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de caducidad, el plazo de interposición de la demanda será de veinte días hábiles o el especial que sea aplicable, contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos, si bien la interposición de la reclamación previa suspende el plazo de caducidad, en los términos del artículo 73 de la Ley 36/2011.