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BOC Nº 151. Miércoles 29 de julio de 2026 - 2717

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III. Otras Resoluciones - Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas

2717 Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico.- Resolución de 17 de julio de 2026, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de 14 de julio de 2026, que formula delegación del ejercicio de determinadas competencias de tramitación en materia de evaluación ambiental estratégica de planes y programas por parte de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental en la persona titular de esta Viceconsejería.

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BOC-A-2026-151-2717. Firma electrónica - Descargar

En aplicación de la legislación vigente, por la presente,

RESUELVO:

Dar publicidad, en el Boletín Oficial de Canarias, al Acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de fecha 14 de julio de 2026, por el que se formula delegación del ejercicio de determinadas competencias de tramitación en materia de evaluación ambiental estratégica de planes y programas por parte de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental en la persona titular de la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico.

Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de julio de 2026.- La Viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate Altamirano.

ANEXO

La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el 14 de julio de 2026, adoptó, por mayoría de los presentes con derecho a voto, y, entre otros asuntos, en base a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, en sesión de 30 de julio de 2021, acordó delegar en la entonces Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático el ejercicio de determinadas competencias de tramitación en materia de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, y que le corresponden como órgano ambiental.

Segundo.- El Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, en sesión de 21 de diciembre de 2023 (BOC n.º 5, de 8.1.2024), acordó delegar en la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico las siguientes competencias de tramitación en materia de evaluación ambiental estratégica de planes y programas:

1.- La realización de las fases de inicio, ordenación e instrucción de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, ya sea en su procedimiento de evaluación ordinario o simplificado, en relación tanto con los instrumentos de ordenación que conforman el sistema de planeamiento de Canarias como con los planes y programas sectoriales con impacto territorial.

2.- La realización del trámite de consultas a las administraciones afectadas y personas interesadas previstas en los artículos 19 y 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, incluyendo los requerimientos para la emisión del correspondiente informe en caso de carencia de elementos de juicio suficientes para el pronunciamiento correspondiente, en relación tanto con los instrumentos de ordenación que conforman el sistema de planeamiento de Canarias como con los planes y programas sectoriales con impacto territorial.

3.- La resolución de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica cuando estos finalicen por desistimiento, renuncia, caducidad o imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, en relación tanto con los instrumentos de ordenación que conforman el sistema de planeamiento de Canarias como con los planes y programas sectoriales con impacto territorial.

4.- La tramitación y resolución de la inadmisión de la solicitud de inicio de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, sea en su procedimiento de evaluación ordinario o simplificado, regulada en los artículos 18.4 y 29.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como en el artículo 14.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, aprobado mediante Decreto 13/2019, de 25 de febrero, en relación tanto con los instrumentos de ordenación que conforman el sistema de planeamiento de Canarias como con los planes y programas sectoriales con impacto territorial, incluyendo la tramitación e instrucción, pero no la resolución, del recurso potestativo de reposición que se interpusiere contra aquella.

5.- Resolver la finalización anticipada de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, como consecuencia de elementos de juicio suficientes para realizar el correspondiente pronunciamiento ambiental, de conformidad con el artículo 24.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación tanto con los instrumentos de ordenación que conforman el sistema de planeamiento de Canarias como con los planes y programas sectoriales con impacto territorial.

6.- La realización del análisis técnico del expediente del artículo 24 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación tanto con los instrumentos de ordenación que conforman el sistema de planeamiento de Canarias como con los planes y programas sectoriales con impacto territorial, incluyendo: los requerimientos de subsanación al órgano sustantivo respecto a deficiencias en la información pública o las consultas y los requerimientos de información adicional al promotor, la resolución anticipada de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica en caso de incumplimiento de estos requerimientos, y los requerimientos para la emisión del correspondiente informe en caso de carencia de elementos de juicio suficientes para el pronunciamiento correspondiente y su comunicación al órgano sustantivo y al promotor.

7.- La solicitud de informes previos a la adopción de cualquier acuerdo de prórroga de la vigencia de una declaración ambiental estratégica, incluyendo las posibles ampliaciones del plazo para su emisión, de conformidad con el artículo 27.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación tanto con los instrumentos de ordenación que conforman el sistema de planeamiento de Canarias como con los planes y programas sectoriales con impacto territorial.

8.- La realización de las fases de inicio, ordenación e instrucción de los procedimientos de modificación de una declaración ambiental estratégica, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación tanto con los instrumentos de ordenación que conforman el sistema de planeamiento de Canarias como con los planes y programas sectoriales con impacto territorial, incluyendo: la resolución de inicio del procedimiento; la resolución de la inadmisión de la solicitud de modificación; la realización de las consultas a las administraciones afectadas y personas interesadas, así como al órgano sustantivo y al promotor, previas a la adopción del acuerdo que proceda sobre la modificación; los requerimientos para la emisión del correspondiente informe en caso de carencia de elementos de juicio suficientes para el pronunciamiento correspondiente, y su comunicación al órgano sustantivo y al promotor.

9.- La instrucción y tramitación de la solicitud de resolución de discrepancias hasta su elevación al órgano ambiental, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación tanto con los instrumentos de ordenación que conforman el sistema de planeamiento de Canarias como con los planes y programas sectoriales con impacto territorial.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- Según el Decreto 28/2025, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, en materia de evaluación ambiental constan los siguientes preceptos, relativos a la evaluación ambiental, órganos y funciones:

• Artículo 3.1 se señala que: “ 1. Están adscritos a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, bajo la superior dirección de su titular, los siguientes órganos colegiados… b) Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias. (…)”.

• Artículo 5.20 como funciones del Consejero/a de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas: 20. Las funciones que, en materia de evaluación ambiental estratégica, no estén reservadas por otro tipo de norma al órgano ambiental autonómico.

• Artículo 19.6 como funciones de la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico en materia de planificación territorial: 6.- Formular la propuesta que, en materia de evaluación ambiental de planes y programas, deba elevarse a la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental.

• Según el artículo 38: el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias se rige, en cuanto a su organización y funcionamiento, por su propio Reglamento.

Conforme a lo señalado en el artículo 11 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, aprobado por Decreto 13/2019, de 25 de febrero: “1. La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental actuará como órgano ambiental en relación con los planes, programas y proyectos de competencia de la Administración Autonómica, así como los casos en que, previo convenio, desempeñe esa función respecto de planes, programas o proyectos de competencia insular o municipal.

Igualmente, en los municipios de menos de 100.000 habitantes de derecho, le corresponderá la evaluación ambiental de la ordenación estructural de los planes generales de ordenación, así como en los casos de modificación sustancial de los mismos.

2. En tanto que órgano ambiental, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental desempeñará las tareas que la legislación básica y la autonómica asignan a esta clase de órgano”.

Tercero.- Artículo 11.2 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa, impulsa la racionalización, simplificación y reducción de cargas en los procedimientos administrativos, promueve, entre otras medidas, la utilización de técnicas administrativas específicas de delegación y desconcentración de funciones con la finalidad de reducir los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos.

Artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula de forma detallada la delegación de competencias entro órganos de la misma Administración. Señalando:

“1. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquellas.

…

2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:

a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

b) La adopción de disposiciones de carácter general.

c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.

3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de este.

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.

No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.

6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.

7. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría”.

- Asimismo, el artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas de Canarias, regula la posibilidad de delegar competencias en el órgano que, por aplicación del principio de eficacia, sea más idóneo para ello.

Cuarto.- La experiencia derivada de la aplicación práctica de las delegaciones efectuadas hasta la fecha aconseja revisar y ajustar su alcance con el fin de reforzar la adecuada distribución de funciones entre los órganos administrativos intervinientes en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica. En particular, se estima conveniente limitar el ámbito de la delegación a actuaciones de carácter esencialmente procedimental y de tramitación, reservándose al órgano ambiental colegiado la adopción de aquellas resoluciones que impliquen la terminación del procedimiento administrativo, tales como las relativas al desistimiento, renuncia, caducidad, inadmisión o imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.

Esta medida responde a criterios de eficacia administrativa, coherencia en el ejercicio de las competencias del órgano ambiental y garantía de una aplicación uniforme de los criterios técnicos y jurídicos que rigen los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, reforzando, asimismo, la seguridad jurídica y la adecuada diferenciación entre las funciones de instrucción del procedimiento y las funciones decisorias propias del órgano ambiental.

Por todo lo expuesto, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental adoptó el siguiente Acuerdo:

Primero.- Revocar y dejar sin efecto el Acuerdo de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de 21 de diciembre de 2023, relativo a la delegación del ejercicio de determinadas competencias de tramitación en materia de evaluación ambiental estratégica de planes y programas por parte del Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias en la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico.

Segundo.- Delegar en la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico el ejercicio de las siguientes competencias de tramitación en materia de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, y que le corresponden como órgano ambiental:

1. La realización de las fases de inicio, ordenación e instrucción de los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, tanto en su procedimiento ordinario como simplificado, en relación con los instrumentos de ordenación que conforman el sistema de planeamiento de Canarias y con los planes y programas sectoriales con impacto territorial.

2. La realización del trámite de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas previsto en los artículos 19 y 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, incluyendo los requerimientos necesarios para la emisión del correspondiente informe en caso de carencia de elementos de juicio suficientes para el pronunciamiento ambiental.

3. La realización del análisis técnico del expediente previsto en el artículo 24 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, incluyendo los requerimientos de subsanación al órgano sustantivo respecto a deficiencias detectadas en los trámites de información pública o consultas, así como los requerimientos de información adicional al promotor.

4. La solicitud de informes previos a la adopción de cualquier acuerdo de prórroga de la vigencia de un informe ambiental estratégico y de una declaración ambiental estratégica, incluyendo las posibles ampliaciones del plazo para su emisión.

5. La realización de las fases de inicio, ordenación e instrucción de los procedimientos de modificación de una declaración ambiental estratégica, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, incluyendo la resolución de inicio del procedimiento, la realización de las consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas, así como al órgano sustantivo y al promotor, previas a la adopción del acuerdo que proceda sobre la modificación; los requerimientos para la emisión del correspondiente informe en caso de carencia de elementos de juicio suficientes para el pronunciamiento correspondiente, y su comunicación al órgano sustantivo y al promotor.

6. La instrucción y tramitación de las solicitudes de resolución de discrepancias hasta su elevación al órgano ambiental, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Tercero.- Exclusión de determinadas resoluciones de la delegación.

En ningún caso se entenderán delegadas las competencias relativas a la adopción de resoluciones que impliquen la terminación del procedimiento administrativo, tales como las relativas al desistimiento, renuncia, caducidad, inadmisión o imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas, así como el pronunciamiento ambiental final que corresponda en cada caso, que serán adoptadas por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental.

Cuarto.- Ejercicio de las competencias delegadas.

Las actuaciones que se realicen en ejercicio de las competencias delegadas indicarán expresamente esta circunstancia y se entenderán dictadas por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, debiendo hacerse constar tal circunstancia con mención expresa al presente acuerdo y a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Asimismo, deberá darse cuenta, de forma periódica, a la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental de las resoluciones emitidas por delegación.

Quinto.- Prohibición de subdelegación.

Salvo autorización expresa de una ley, no podrán delegarse en otros órganos las competencias que se ejerzan por delegación.

Sexto.- Avocación y revocación.

La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental podrá avocar para sí, en cualquier momento, el conocimiento de un asunto concreto cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica, medioambiental o territorial lo hagan conveniente. Asimismo, podrá revocar en cualquier momento, con carácter general o particular, las funciones delegadas.

Séptimo.- Notificación.

Notificar el presente Acuerdo a la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico y a la unidad administrativa jurídica y técnica que tramitan los procedimientos de evaluación ambiental estratégica de planes y programas.

Octavo.- Publicación.

Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias.- La Secretaria de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental.

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