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BOC Nº 064. Lunes 1 de abril de 2024 - 1147

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III. Otras Resoluciones - Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura

1147 ORDEN de 15 de marzo de 2024, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión, en concurrencia competitiva, de subvenciones para la ejecución del proyecto Spain Living Lab, aprobado en el marco del Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), contribuyendo a hitos y objetivos del Componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - Next Generation EU, para el año 2024.

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BOC-A-2024-064-1147. Firma electrónica - Descargar

Examinado el expediente para la aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2024 para la concesión de ayudas destinadas a la ejecución del proyecto Spain Living Lab, en el marco del Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (en adelante, RETECH), que contribuye a los hitos y objetivos del Componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR).

Vista la propuesta formulada por el Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (en adelante, ACIISI) con fecha 13 de octubre de 2023, y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.º) El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020 acordó un paquete de medidas de gran alcance con objeto de paliar la necesidad de un esfuerzo sin precedentes y un planteamiento innovador que impulse la convergencia, la resiliencia y la transformación de la Unión Europea tras la declaración de la pandemia internacional provocada por la COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020.

Las medidas comprenden el marco financiero plurianual (en adelante, MFP) para 2021-2027 reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación al que se denomina Next Generation EU. La ejecución de estos recursos financieros del Fondo Europeo de Recuperación se instrumenta a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR), informado favorablemente por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021 y aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 6 de julio de 2021. Este Plan está articulado a partir de cuatro ejes (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género) y se materializan en diez políticas palanca que, a su vez, integran treinta componentes que articulan de forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de la reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del mismo.

En el marco del PRTR, contribuyendo a la Transformación Digital del País y en línea con su segundo eje, la Estrategia Digital Europea, y el 12, la Agenda España Digital 2026, se contempla impulsar el tránsito hacia una economía del dato, garantizando, por supuesto, la privacidad y seguridad. Para atender este último eje, se puso en marcha, entre otras, la iniciativa integral de impulso a proyectos territoriales de digitalización orientados a la transformación y especialización digital, asegurando la coordinación, la colaboración y la complementariedad entre las distintas Administraciones Territoriales. La misma recibe la denominación de Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (en adelante, Programa RETECH), cuyo Órgano Responsable es la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (en adelante, SEDIA), en aplicación de lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, en el ámbito del PRTR.

En la quinta política palanca de las diez que conforman el PRTR, que comprende la modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora, se recogen cuatro de los treinta componentes que articulan los proyectos previstos para modernizar el país. Entre estos, se encuentra el Componente 14. Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico. Dentro de las inversiones propuestas para este Componente, se incluye la Submedida 2. Plan de Transformación Digital de Empresas de la cadena de valor turística a través de la Inteligencia Artificial y otras tecnologías habilitadoras, de su inversión 2. Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico.

España es líder mundial en turismo, sector que, según datos publicados en el año 2021, aporta el 12,3% del PIB y supone el 13,7% del empleo de acuerdo con los datos afiliación a la Seguridad Social. Sin embargo, las medidas de contención adoptadas frente a la pandemia de COVID-19 han incidido con intensidad en este sector, uno de los más afectados por la crisis.

En este contexto, es necesaria y urgente una estrategia que prepare al sector para las grandes transformaciones pendientes, especialmente en el ámbito de la sostenibilidad y la digitalización y, por tanto, actuar para aumentar su competitividad.

El Programa RETECH se alinea con dos de los principales objetivos específicos de la Agenda España Digital 2026, como son liderar el cambio disruptivo de manera inclusiva y sostenible, y focalizar los esfuerzos de digitalización en sectores económicos clave. Se trata, por tanto, de una iniciativa emblemática que permitirá apoyar proyectos tractores fomentando el intercambio de conocimiento y multiplicando las oportunidades de cada región, a través de redes nacionales que permitan maximizar el equilibrio territorial y la cohesión social. Este Programa está dotado con una inversión total, entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, de unos 530 millones de euros en el marco del eje estratégico 12 de la Agenda España Digital 2026 antes referenciada.

2.º) El Gobierno de Canarias, para afrontar la crisis económica y social derivada de la pandemia sanitaria, impulsó el 29 de mayo de 2020 la Declaración Institucional del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, que constituye un compromiso político para la recuperación, con siete prioridades: el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, el refuerzo de nuestras capacidades sanitarias y sociosanitarias, la atención y apoyo a personas vulnerables, el mantenimiento y la recuperación del empleo, el impulso de la actividad económica, la agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativa y el impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible.

Los compromisos adquiridos en dicho Pacto comparten la misma filosofía por la que nació el Instrumento «Next Generation EU», es decir, coadyuvar a la recuperación de la economía y el bienestar de la sociedad que han quedado devaluados por el impacto provocado por la crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2, medidas dirigidas a la reconstrucción y modernización de la economía de sus miembros.

A la iniciativa del Gobierno de Canarias se sumó el Parlamento de Canarias que, ante la excepcional situación económica y social provocada por la pandemia, aprobó el 22 de noviembre de 2020, el documento Canarias Reactiva para la recuperación de la sociedad canaria. Entre sus prioridades estratégicas, se encuentran la I+D en la formación profesional, la digitalización del sector turístico y la potenciación de la investigación (actividades de I+D+i).

En marzo de 2019, el Gobierno de Canarias publicó el documento Plan de Canarias para el Turismo 2025, cuyo objeto es definir los elementos y procesos estructurales del modelo turístico canario, para desarrollar la hoja de ruta del destino con dos horizontes temporales: 2025 y 2040. Entre sus objetivos, el Plan se propone la aceleración y modificación del ecosistema turístico mediante avances tecnológicos, identificando el reto de saber adquirir información, analizarla y convertirla en valor.

El Plan ofrece nueve estrategias distintas y se sustenta sobre tres pilares: gobernanza, sostenibilidad e inteligencia, entendida esta como “la digitalización del destino, la datificación, la inteligencia humana: formación, la calidad del empleo, el emprendimiento, la identidad y la cultura, la innovación, el conocimiento, la atracción de nuevo talento”.

Al anterior Plan, durante la pandemia, el Gobierno de Canarias aprobó el documento “Canarias Destino”, estrategia compartida para la transformación del destino turístico que se sustenta en ocho ejes que se alinean con el objeto del proyecto del Programa RETECH.

En este punto, resulta relevante también hacer mención a otros acuerdos y compromisos que el Gobierno de Canarias ha venido impulsando en los últimos años, como la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 (ACDS 2030) y la Agenda Digital Canarias 2025 (ADCAN 2025). El primero es un documento resultante del proceso participativo de contextualización (o localización) de la Agenda 2030 de la ONU en Canarias, que recoge las metas específicas del archipiélago para la consecución de los 17 ODS, fijadas a través del consenso entre representantes de la sociedad civil, del sector empresarial, del tercer sector, de la academia y de centros de investigación, y de las Administraciones públicas de toda Canarias. El segundo, comprende una hoja de ruta para impulsar la digitalización de la sociedad canaria con el horizonte puesto en 2025. Esta identifica seis retos a los que hacer frente a través de tres palancas definidas: la capacitación, la competitividad y la conectividad, incorporando nuevos sectores en los que centrar esfuerzos, que permitan aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y las capacidades de los agentes del ecosistema regional, para dar un impulso al crecimiento de la economía. Uno de los sectores que referencia es el turismo inteligente.

3.º) El 3 de agosto de 2022 la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial publicó en su sede electrónica la “Invitación pública en el impulso de redes territoriales de especialización tecnológica” dirigida a que todas las Comunidades y Ciudades Autónomas pudieran presentar propuestas de proyectos en coordinación, con un mínimo de dos de ellas en cada proyecto, para financiar iniciativas emblemáticas de especialización territorial tecnológica dentro de sus competencias.

Las propuestas presentadas por las Comunidades Autónomas y la Ciudad de Ceuta fueron respuestas voluntarias a la citada invitación, permitiendo a empresas líderes en el sector involucrar a pequeñas empresas, localizadas en todo el territorio, así como incentivar proyectos interregionales que permitan la creación de empresas emergentes y nuevas empresas, alrededor del uso de la Inteligencia Artificial. Los proyectos fueron aprobados en diciembre de 2022 con financiación de fondos europeos Next Generation EU del PRTR del Gobierno de España.

4.º) El Consejo de Ministros aprobó el 28 de marzo de 2023 la iniciativa RETECH, un programa dotado con una inversión de 258 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la puesta en marcha de 13 proyectos emblemáticos que abarcan a todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El mismo cuenta con financiación europea, pero también con una aportación de 87 millones de euros de las comunidades autónomas. En total, RETECH está dotado con 345,8 millones de euros a distribuir entre sus trece proyectos emblemáticos, entre los que se encuentra el proyecto siguiente:

Spain Living Lab (Misión IA). Creará un ecosistema de innovación abierto para desarrollar Inteligencia Artificial en el sector turístico. Coordina Canarias y participan Baleares, Andalucía, Aragón, Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha. Presupuesto total de 43,9 millones de euros.

La inteligencia artificial (en adelante, IA) genera un importante potencial de transformación desde el punto de vista tecnológico, económico y social, dada su penetración intersectorial, su elevado impacto, su rápido crecimiento y su contribución a la mejora de la productividad y la competitividad.

España ocupa el vigésimo séptimo puesto en el apartado “preparación en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación” (“ICT readiness”), con arreglo al informe sobre competitividad turística del Foro Económico Mundial. Por otro lado, su inversión pública y privada en I + D es relativamente baja. Además, muchos informes señalan que el sector de los viajes es el que dispone de mayor potencial para beneficiarse de la IA (aumento del 128% del valor añadido de la actividad a través de la aplicación de IA).

Como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, el sector turístico español se enfrenta a una situación muy delicada y, es necesario, por tanto, actuar para aumentar su sostenibilidad y competitividad.

El presupuesto de la iniciativa Spain Living Lab procede de distintas fuentes, de manera que el 75% del presupuesto total del mismo proviene de los fondos del PRTR y el 25% restante debe ser aportado por las Comunidades Autónomas.

Mediante Acuerdo de la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, de 16 de mayo de 2023, se aprobó la distribución, según criterios objetivos, de los créditos correspondientes al ejercicio económico 2023, destinados a financiar las actuaciones de la iniciativa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), dentro del marco del PRTR, que contribuyen a los hitos y objetivos de los componentes 12, 14 y 16 del PRTR.

Las Consejerías Autonómicas, o divisiones departamentales equivalentes, de las comunidades autónomas actuarán como entidades ejecutoras de los subproyectos en los que se descompone el proyecto vinculado a la iniciativa del Programa RETECH.

Las actuaciones subvencionables corresponden con los siguientes Paquetes de Trabajo en los que se estructura la iniciativa:

a) Paquete de trabajo 1: Living Labs.

b) Paquete de trabajo 2: Espacio de Datos.

c) Paquete de trabajo 3: Creación de Inteligencia Artificial.

d) Paquete de trabajo 4: Sostenibilidad y escalabilidad.

La iniciativa contribuye, además de a los del Componente 16, a los hitos y objetivos del Componente 14 del PRTR, Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico. Más concretamente, a la submedida 2. Plan de Transformación Digital de Empresas de la cadena de valor turística a través de la Inteligencia Artificial y otras tecnologías habilitadoras, dentro de su inversión 2. Programa de digitalización e inteligencia para destinos y sector turístico.

Por tanto, de las actuaciones antes citadas, las ayudas del presente documento atienden las que comprende el siguiente paquete de trabajo:

b) Paquete de trabajo 2: Espacio de Datos.

Los centros de datos, desde su concepción, estarán diseñados para ser interoperables, siguiendo los principales estándares europeos y las directrices que se establezcan por la Oficina del Dato en España, de forma que las distintas iniciativas puedan interconectarse y federarse para formar espacios de datos comunes y con una clara orientación a la interacción con las principales iniciativas europeas en materia de espacios de datos.

En la siguiente tabla, se indican los detalles de las actuaciones previstas en la iniciativa denominada Spain Living Lab, en lo referente al Componente 14.

Ver anexo en la página 9881 del documento Descargar

El proyecto es una iniciativa a favor de la soberanía tecnológica y la competitividad del turismo basada en la rentabilidad, la cohesión del sector y la generación de conocimiento para abordar el desafío de la transformación digital del turismo en sus planos social, económico y medioambiental.

5.º) La inversión 2 del antes citado Componente 14 del PRTR tiene por objeto implementar actuaciones de impulso de la digitalización de los destinos turísticos y de las empresas turísticas. Además, se pretende abordar la construcción un sistema de inteligencia turística basado en la economía del dato y la interoperabilidad.

Las ayudas que se recogen en este documento contribuyen a los hitos y objetivos de su Submedida 2. Plan de Transformación Digital de Empresas de la cadena de valor turística a través de la Inteligencia Artificial y otras tecnologías habilitadoras, y están dirigidas a empresas y asociaciones o entidades asociativas vinculadas a procesos de innovación que permitan beneficiar a un número escalable de empresas innovadores de base tecnológica relacionados con internet de las cosas, 5G, Big Data, ciberseguridad o aplicaciones móviles, sin carácter limitativo, que mejoren los procesos de gestión de las empresas en su relación con clientes, en la gestión de sus beneficios o, por ejemplo, en su posicionamiento de marca.

Asimismo, han de contribuir de manera integral a cumplir los compromisos adquiridos en materia de etiquetado digital, pues el coeficiente que resulta de aplicación a las inversiones correspondientes a la inversión 2 proyecto 2 del Componente 14 es del 100 por 100.

La digitalización de la industria del turismo supone una gran oportunidad para el desarrollo de nuevas actividades y servicios de alto valor añadido basados en los datos. Con el fin de impulsar esta nueva economía, se pondrán en marcha diferentes herramientas y estructuras para vertebrar un macroproyecto tractor de digitalización mediante la colaboración público-privada. En particular, el programa contempla las siguientes actuaciones:

1. Creación un “industrial data space” que soporte la transformación digital del sector turismo hacia el uso intensivo del Big Data y la Inteligencia Artificial. Se desarrollará una estructura consistente que soporte el intercambio masivo de datos del sector, respetando el principio de gobernanza y soberanía del dato, y que permita el uso estratégico del dato para mejorar la competitividad de las empresas del sector y el desarrollo de nuevos modelos de negocio soportados por la gestión de esos datos. Así mismo, y en colaboración con el Sistema de Sostenibilidad Integral en destino se desarrollará una capa de inteligencia turística en la que se potenciará la compartición de datos de carácter público y del sector privado y de mercados emisores que actúe como espacio único del dato turístico.

2. Por otra parte, se fomentará de la innovación basada en tecnologías habilitadoras desarrolladas para los procesos de gestión del sector turístico. Se trata del desarrollo de un entorno colaborativo público-privado al estilo de “app store”, con soluciones digitales segmentadas para las distintas empresas del sector, en el que se desarrollarán sobre código abierto soluciones digitales orientadas al sector turístico. Las empresas turísticas podrán acceder en función de si se trata de una empresa hotelera, de restauración o de prestación de servicios complementarios a un catálogo de soluciones digitales para mejorar sus procesos de gestión.

En este contexto, la iniciativa RETECH Spain Living Lab se alinea con los objetivos de la citada submedida 2, por medio de la siguiente estrategia de actuación:

- Construcción de un sistema de inteligencia turística basado en la economía del dato y la interoperabilidad.

- Impulsar una nueva economía con actividades y servicios de alto valor añadido basados en los datos.

- Favorecer el impulso de un macroproyecto tractor de digitalización mediante la colaboración público-privada.

- Desarrollo de un entorno de colaboración público privado con soluciones digitales orientadas al sector turístico.

- Fomento de I+D+i incentivando la inversión privada y dando especial apoyo a las PYMES.

- Favorecer la digitalización con el fin de mejorar la productividad, la sostenibilidad y el valor añadido de los procesos productivos en toda la cadena de valor del sector turístico.

6.º) El buen desarrollo del PRTR se evalúa mediante los hitos y objetivos asignados a cada inversión y componente, aprobados en el marco del mismo, lo que constituye condición indispensable para el libramiento de los correspondientes fondos a nuestro país.

En el anexo de la propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo, de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR de España, se especifica los hitos y objetivos a los que se debe contribuir a través de proyectos clasificados en dicha inversión 2 del Componente 14.

Así, a través del proyecto Spain Living Lab del programa RETECH, las comunidades autónomas deberán contribuir, concretamente, al hito 222 y objetivo 223.

El hito 222 busca la implementación y lanzamiento de una Plataforma de Destino Inteligente totalmente operativa. La misma hará interoperables los servicios públicos y privados a disposición de las personas turistas. El mismo será verificado mediante un documento resumen que justifique debidamente cómo el hito se cumplió satisfactoriamente (incluidos los elementos relevantes del hito, tal como se enumera en la descripción del hito y de la medida correspondiente en el Anexo CID). Este documento incluirá como anexo un enlace a la plataforma.

El objetivo 223 es alcanzar una gran cantidad de entidades beneficiarias (empresas o clusters) que hayan completado proyectos innovadores de base tecnológica para el sector turismo, relacionados con la Inteligencia Artificial y otras tecnologías facilitadoras como la Internet de las cosas, 5G, Big Data, ciberseguridad, aplicaciones móviles. El mismo será verificado mediante un documento resumen que justifique debidamente cómo el objetivo fue satisfactoriamente cumplido (incluidos los elementos pertinentes del objetivo, como se indica en la descripción de objetivo y de la medida correspondiente en el Anexo CID). Este documento resumen incluirá como anexo una hoja de cálculo con la siguiente información:

a) Referencia única que identifica a la persona beneficiaria y su nombre.

b) El número y ubicación de los proyectos y una breve descripción.

c) El tipo de innovación proyecto de base tecnológica.

d) Fechas de certificado(s) de finalización emitido en línea con la legislación nacional.

A partir de una muestra que será seleccionada por la Comisión, se presentarán pruebas documentales para cada una de las unidades (beneficiarias) seleccionadas:

a) Extracto de la convocatoria de ayuda que describe el tipo de proyectos que ha sido completado por las entidades beneficiarias.

b) Copias de los certificados de finalización de los proyectos emitidos de conformidad con legislación nacional.

Ver anexo en la página 9884 del documento Descargar

7.º) Las ayudas estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en la normativa en materia de ayudas de Estado. Por tanto, para aquellas personas/entidades beneficiarias que realicen una actividad económica, las ayudas recogidas por la presente Orden constituirían ayudas de estado. No obstante, se considerarán exentas en aplicación de lo establecido Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO L 187/1, de 26.6.2014).

Así, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1.1 de la Comunicación de la Comisión sobre el Marco de Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2014/C 198/01), no se aplicará lo dispuesto en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas que se otorguen a organismos de investigación para actividades no económicas.

8.º) Con fecha 17 de octubre de 2023 y Ref. 541/2023, ha sido emitido informe favorable por la Dirección de Asuntos Europeos.

9.º) Con fecha 6 de noviembre de 2023 y Ref. PLATEA 591/2023, ha sido emitido informe por parte de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos.

10.º) Con fecha 13 de octubre de 2023, el Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información emite la iniciativa relativa a la presente Orden.

11.º) Con fecha 14 de marzo de 2024 (n.º de registro electrónico HRUE/8701/2024) ha sido emitido el informe de Intervención General, de carácter favorable.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 14.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto 151/2022, de 23 de junio, establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se inicia siempre de oficio. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria que deberá publicarse en la forma establecida en la legislación básica reguladora de las subvenciones, aprobada por el órgano competente para conceder subvenciones, indicándose en el apartado 5 del mismo artículo, el contenido que tendrá necesariamente la convocatoria.

Segunda.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n.º 276, de 18 noviembre), regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las Administraciones Públicas.

Tercera.- Las ayudas a financiar se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en esta Orden, por lo previsto en Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como a la normativa interna aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el PRTR de España, en particular el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y las Órdenes ministeriales HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, que regulan respectivamente el sistema de gestión del PRTR y el suministro de información sobre el cumplimiento de sus hitos y objetivos y la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR.

Cuarta.- Además, el régimen jurídico será la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En defecto de lo previsto en esta normativa se aplicarán las normas de derecho administrativo. Asimismo, se aplicará la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta Ley. También es de aplicación la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021 en relación a la vinculación legal con la finalidad de los fondos recibidos para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Quinta.- Asimismo, el artículo 43.1 de dicha Ley 4/2021 indica que las bases reguladoras de las subvenciones financiables con fondos del instrumento europeo de recuperación «Next Generation EU» podrán incorporar la convocatoria de las mismas.

Sexta.- En lo no previsto en las bases contenidas en el Anexo I de la presente Orden, resultará de aplicación lo dispuesto en la normativa básica estatal contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Séptima.- El artículo 3.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, atribuye a los titulares de los Departamentos la competencia para conceder subvenciones y en su artículo 9.1 para establecer las bases reguladoras de la concesión.

Octava.- Corresponde al titular del Departamento la aprobación del gasto, exigido con carácter previo a la convocatoria por el artículo 14.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Novena.- De conformidad con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Administración concedente comunicará a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) el texto de la convocatoria y la información requerida por dicha Base de Datos. La BDNS dará traslado al Boletín Oficial de Canarias del extracto de la convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito.

Décima.- Las bases y convocatoria de estas ayudas se enmarcan en el Instrumento de Planificación Estratégico (IPE), actualmente en trámite, de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, que deberá ser aprobado por la Comisión de Planificación y Gobernanza de los fondos «Next Generation EU», en cumplimiento de la disposición adicional primera de la Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Undécima.- La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura es el órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión, según lo establecido en el artículo 10 del Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías. (BOC n.º 138, de 15.7.2023).

La disposición transitoria única del Decreto 123/2023, de 17 de julio (BOC n.º 140, de 18.7.2023), por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, dispone que hasta tanto no se lleven a cabo acabo los correspondientes proyectos de estructura orgánica y funcional de los Departamentos así como las restantes normas reguladoras de estructuras organizativas, se conservarán su vigencia las normas orgánicas que determinan la estructura y funciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, siempre y cuando no se opongan o resulten incompatibles con lo previsto en el mismo Decreto.

En virtud de todo lo expuesto, vista la iniciativa de fecha 13 de octubre de 2023 del Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, y en uso de las competencias en materia de investigación, innovación tecnológica y sociedad de la información previstas en el Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 9/2020, de 20 de febrero de 2020,

RESUELVO:

Primero.- Bases reguladoras.

Aprobar las bases reguladoras que figuran en el Anexo I de la presente Orden, que han de regir en la concesión, en concurrencia competitiva, de subvenciones para la ejecución del proyecto Spain Living Lab, aprobado en el marco del Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), contribuyendo a hitos y objetivos del Componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

Segundo.- Dotación económica.

1. Existe crédito adecuado y suficiente por importe de diez millones novecientos ochenta y ocho mil ciento treinta y cuatro (10.988.134,00) euros, en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

- 1770.467C.77002 Fondo 70M1510, PEP 237G0478 “Retech Spain Living Lab C14.I2-MRR”, por importe de ocho millones doscientos cuarenta y un mil cien (8.241.100,00) euros.

- 1770.467C.77002 Fondo 71A1510, PEP 237G0478 “Retech Spain Living Lab C14.I2-MRR”, por importe de dos millones setecientos cuarenta y siete mil treinta y cuatro (2.747.034,00) euros.

2. Aprobar la realización de un gasto para 2024 de diez millones novecientos ochenta y ocho mil ciento treinta y cuatro (10.988.134,00) euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias anteriormente mencionadas.

3. Estas ayudas están cofinanciadas con Fondos Next Generation-EU y fondos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Concretamente, el setenta y cinco por cierto (75%) procede de los primeros y corresponde con el importe de ocho millones doscientos cuarenta y un mil cien (8.241.100,00) euros y el veinticinco por ciento (25%) de los segundos, con importe de dos millones setecientos cuarenta y siete mil treinta y cuatro (2.747.034,00) euros.

Tercero.- Convocatoria.

Convocar para el año 2024, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones para la ejecución de proyectos enmarcados en la iniciativa Spain Living Lab, dentro del Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), en contribución a los hitos y objetivos del Componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco de las bases reguladoras aprobadas en la presente Orden de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura.

Cuarto.- Abono de las ayudas.

1. El pago se ajustará a lo establecido en la base reguladora 19.

2. Se admite la posibilidad de efectuar pagos anticipados de conformidad con el artículo 37 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como con el Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de 2020, en su séptima modificación, por el que se autorizan las condiciones en que podrán efectuarse abonos anticipados de los importes de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión. No obstante, las entidades beneficiarias deberán constituir una garantía mediante depósito en el Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Canarias un importe igual a la cantidad del pago anticipado o a cuenta, según se establece en la base reguladora 10.

3. El plazo máximo de constitución de las garantías será de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación de la Resolución de Concesión por los medios indicados en la base reguladora 18.

4. En todo caso, no podrá realizarse el pago de la ayuda en tanto la entidad beneficiaria integrante de la agrupación no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

La presentación de solicitudes se realizará, de acuerdo con lo previsto en la base reguladora 14, a través de la aplicación de gestión telemática disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la siguiente URL: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/9184

Sexto.- Medios de notificación.

En aplicación de la base reguladora 18, los trámites administrativos relativos a subsanación, solicitud de aclaraciones, resolución de concesión, requerimientos de la fase de justificación, resolución de justificación y, en su caso, trámites del procedimiento de reintegro, serán objeto de publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, surtiendo a todos los efectos de notificación practicada.

Séptimo.- Plazos: ejecución, justificación, resolución y notificación.

1. Tal y como establece la base reguladora 13, se considerará plazo de ejecución del proyecto, el periodo comprendido entre la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda y el 31 de diciembre de 2024, inclusive.

2. Según lo dispuesto en la base reguladora 22, el plazo de justificación de los proyectos objeto de subvención finalizará el 15 de enero de 2025, inclusive.

3. De acuerdo al contenido de la base reguladora 17.3, el plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación será de seis meses, contados desde el día siguiente al de la fecha final de presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, las personas interesadas estarán legitimados para entender desestimada su solicitud, de acuerdo con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Octavo.- Delegación.

Delegar en la persona titular de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información la competencia para dictar las resoluciones de concesión, las instrucciones que sean necesarias para la mejor interpretación, desarrollo y ejecución de la presente Orden, así como la prórroga de los plazos de ejecución y justificación, la de comprobación de la justificación de la subvención, la de dictar la resolución para declarar justificada, total o parcialmente, o no justificada la subvención, la de incoación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro o de declaración de no exigibilidad del pago de la subvención, la de resolver los recursos potestativos de reposición que se interpongan contra la resolución de concesión y cuantas resoluciones se precisen para la aplicación de la presente Orden, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta delegación indicarán esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

La delegación de competencias contenida en esta Orden podrá ser revocada en cualquier momento por la persona titular de la Consejería, quien, asimismo, podrá avocar para sí el conocimiento de cualquier asunto comprendido en ella, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

Noveno.- Coordinación antifraude.

Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio. Puede obtenerse acceso al formulario e instrucciones de cumplimentación en: https://planderecuperacion.gob.es/buzon-antifraude-canal-de-denuncias-del-mecanismo-para-la-recuperacion-y-resiliencia

También, son de aplicación en estas circunstancias, los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del citado Servicio, publicada en: https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-04-2017Canaldenuncias.pdf

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, haciéndose saber que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del mismo o bien hasta que se produzca su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de marzo de 2024.

LA CONSEJERA DE UNIVERSIDADES,
CIENCIA E INNOVACIÓN Y CULTURA,
Migdalia María Machín Tavío.

ANEXO I

BASES REGULADORAS

Base 1.- Objeto.

Base 2.- Definiciones.

Base 3.- Agrupaciones Beneficiarias.

Base 4.- Cambios de entidad beneficiaria por modificación estructural.

Base 5.- Condiciones de las entidades proveedoras.

Base 6.- Financiación de la convocatoria.

Base 7. Intensidad de las ayudas.

Base 8.- Costes susceptibles de ayuda.

Base 9.- Subcontratación.

Base 10.- Garantías.

Base 11.- Órganos competentes.

Base 12.- Actuaciones subvencionables.

Base 13.- Plazos para realizar la actividad.

Base 14.- Presentación de solicitudes.

Base 15.- Subsanación de documentación y reformulación de solicitud.

Base 16.- Instrucción del procedimiento.

Base 17. Procedimiento de concesión.

Base 18.- Notificación de las resoluciones y recursos.

Base 19.- Abono de la subvención.

Base 20.- Compatibilidad de ayudas.

Base 21.- Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Base 22.- Justificación de la subvención.

Base 23.- Principio de no causar daño significativo (DNSH).

Base 24.- Desistimientos/renuncias, devolución, incumplimientos y reintegro.

Base 25.- Graduación de incumplimientos.

Base 26.- Control financiero de subvenciones.

Base 27.- Modificación de la resolución de concesión.

Base 28.- Régimen aplicable a la prescripción.

Base 29.- Régimen aplicable a las infracciones y sanciones.

Base 30.- Publicidad.

Base 31.- Normativa aplicable.

Base 32.- Protección de datos.

Base 33.- Evaluación y selección.

Base 34.- Criterios de evaluación de las solicitudes.

ANEXO II. Marco de Actuaciones Subvencionables.

ANEXO III. Gastos e inversiones financiables.

ANEXO IV. Modelo de compromiso de cumplimiento de principios transversales del PRTR.

ANEXO V. Declaración Responsable DNSH.

ANEXO VI. Modelo declaración de cesión de datos y su tratamiento.

ANEXO VII. Modelo DACI.

ANEXO VIII. Contenido mínimo de la memoria técnica de la solicitud.

ANEXO IX. Guía para elaboración de documentación justificativa.

ANEXO X. Guía de auditoría convocatoria RETECH.

ANEXO XI. Informe de revisión de la memoria económica a realizar por la persona auditora.

ANEXO XII. Documentación a presentar para modificaciones y renuncias.

Base 1.- Objeto.

1. El objeto de estas bases es el establecimiento de las normas que han de regir en la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a financiar el desarrollo de una infraestructura interoperable de datos, para la digitalización del sector estratégico de Turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, según se definen en el Anexo II de este documento, en el marco de la Agenda España Digital 2026 para impulsar la transformación digital en España, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

2. La presente normativa de ayudas se acoge al artículo 29 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (en adelante, Reglamento General de Exención por Categorías), relativo a las ayudas a la innovación en materia de proceso y organización y, a los efectos de las presentes bases reguladoras, se entiende por innovación en materia de organización y procesos, lo dispuesto en la definición de los puntos 96 y 97 del artículo 2 del citado Reglamento General de Exención por Categorías, respectivamente.

3. Todos los proyectos objeto se enmarcan en los objetivos estratégicos del eje transversal 12 (RETECH) de la Agenda España Digital 2026 y deberán cumplir los hitos y objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) asociados a la submedida 2 de la Inversión 2 del Componente 14, denominada “Plan de Transformación Digital de Empresas de la cadena de valor turística a través de la Inteligencia Artificial y otras tecnologías habilitadoras”.

4. La finalidad de los proyectos a los que se dirige esta Orden de bases debe ser el tránsito hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad, mediante la implementación de una plataforma de compartición de los datos que componen la iniciativa RETECH “Spain Living Lab”; la identificación de los vacíos y solapamientos que puedan producirse con otros espacios de datos; la creación de una gobernanza robusta y sólida entre todos los actores que conecte desde el nivel local al nacional a toda la cadena de valor; la definición del plan para la creación del Espacio de Datos que se base en iniciativas canarias y que conecte con otros espacios de datos nacionales y la definición de las especificidades técnicas de interoperabilidad con los espacios de datos europeos.

5. Asimismo, tendrán como objetivo impulsar el liderazgo de las empresas canarias en el proceso de transformación digital de la sociedad y el sector productivo del turismo, ejerciendo de este modo un efecto tractor sobre el resto de los sectores.

Base 2.- Definiciones.

Empresa.

Se entiende por empresa aquella entidad que posea un establecimiento válidamente constituido en España, cualquiera que sea su forma jurídica, que ejerza una actividad económica y que esté válidamente constituida en el momento de presentación de la ayuda. Se integran en este concepto las sociedades mercantiles públicas, los entes públicos empresariales y los empresarios individuales. En particular, se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, así como las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular. El cómputo de los efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas, en el caso de empresas asociadas o vinculadas, se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 a 6 del Anexo I del Reglamento General de Exención por Categorías.

Pequeña empresa.

De conformidad con el artículo 2 del Anexo I del Reglamento General de Exención por Categorías, pertenecen a esta categoría las empresas que ocupan a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocio anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.

Pequeña y mediana empresa (PYME).

De conformidad con el artículo 2 del Anexo I del Reglamento General de Exención por Categorías, pertenecen a esta categoría las empresas que ocupen a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros, o su balance general anual no exceda de 43 millones de euros.

Microempresa.

De conformidad con el artículo 2 del Anexo I del Reglamento General de Exención por Categorías, pertenecen a esta categoría las empresas que ocupan a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros.

Empresas asociadas.

De conformidad con el artículo 3 del Anexo I del Reglamento General de Exención por Categorías, pertenecen a este tipo todas las empresas a las que no se puede calificar como empresas vinculadas a tenor de su definición y entre las cuales existe la relación siguiente: una empresa (empresa participante) posee, por sí sola o conjuntamente con una o más empresas vinculadas, a tenor del apartado 3, el 25% o más del capital o de los derechos de voto de otra empresa (empresa participada).

Una empresa podrá, no obstante, recibir la calificación de autónoma, sin empresas asociadas, aunque se alcance o se supere el límite máximo del 25%, cuando estén presentes las categorías de inversores siguientes, y a condición de que, entre estos, individual o conjuntamente, y la empresa en cuestión no existan los vínculos descritos en la definición de “empresas vinculadas”:

a) sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, personas físicas o grupos de personas físicas que realicen una actividad regular de inversión en capital riesgo (inversores providenciales o business angels) e inviertan fondos propios en empresas sin cotización bursátil, siempre y cuando la inversión de dichos inversores providenciales en la misma empresa sea inferior a 1.250.000,00 euros;

b) universidades o centros de investigación sin fines lucrativos;

c) inversores institucionales, incluidos los fondos de desarrollo regional;

d) autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 10 millones de euros y una población inferior a 5.000 habitantes.

Empresas vinculadas.

De conformidad con el artículo 3 del Anexo I del Reglamento General de Exención por Categorías, son empresas vinculadas las empresas entre las cuales existe alguna de las siguientes relaciones:

a) una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;

b) una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o control de otra empresa;

c) una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o de una cláusula estatutaria de la segunda empresa;

d) una empresa, accionista de otra o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda empresa, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas o socios.

Se presumirá que no existe influencia dominante cuando los inversores enumerados en la definición de “empresas asociadas”, párrafo segundo, no tengan implicación directa o indirecta en la gestión de la empresa en cuestión, sin perjuicio de los derechos que les correspondan en su calidad de accionistas.

Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en el párrafo primero a través de otra u otras empresas, o con los inversores enumerados en la definición de “empresas asociadas”, se considerarán también vinculadas.

Asimismo, se considerarán empresas vinculadas las que mantengan alguna de dichas relaciones a través de una persona física o un grupo de personas físicas que actúen de común acuerdo, si dichas empresas ejercen su actividad o parte de la misma en el mismo mercado de referencia o en mercados contiguos.

Empresa autónoma.

Es una empresa autónoma la que no puede calificarse como “empresa asociada” ni como “empresa vinculada” a tenor de las definiciones incluidas en el artículo 3 del Anexo I del Reglamento General de Exención por Categorías.

Agrupaciones empresariales innovadoras.

Estructuras o grupos organizados, constituidos por partes independientes (como empresas innovadoras de nueva creación y pequeñas, medianas y grandes empresas, así como organizaciones de difusión de investigación y conocimientos, organizaciones sin ánimo de lucro y otros agentes económicos relacionados) cuyo objetivo es estimular la actividad innovadora mediante el fomento del uso compartido de instalaciones y el intercambio de conocimientos teóricos y prácticos, así como mediante la contribución efectiva a la transferencia de conocimientos, la creación de redes, la difusión de información y la colaboración entre las empresas y otras organizaciones de la agrupación.

Actividad económica.

Se entiende por “actividad económica”, según la terminología de la Unión Europea, la oferta de bienes y/o servicios en un determinado mercado, con independencia de la forma jurídica de la entidad (constituida con arreglo a derecho público o privado) o de su forma de financiación. Tampoco es relevante a estos efectos la finalidad de la entidad (con o sin ánimo de lucro).

Condición de beneficiario/a.

La condición de beneficiario/a se obtiene por estar en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o por concurrir las circunstancias determinadas en las bases reguladoras y en la convocatoria.

Innovación.

Aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado, incluyendo cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos y/o programas informáticos (innovación tecnológica y en materia de procesos), aplicación de nuevos métodos organizativos a las prácticas comerciales (innovación comercial), la organización del centro de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa (innovación en materia de organización), etc.

Innovación en materia de organización.

Aplicación de un nuevo método organizativo a las prácticas comerciales, la organización del centro de trabajo o las relaciones exteriores de una empresa; no se incluyen los cambios basados en métodos organizativos ya empleados en la empresa, los cambios en la estrategia de gestión, las fusiones y adquisiciones, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la producción personalizada, la adaptación a los usos locales, los cambios periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos y el comercio de productos nuevos o significativamente mejorados.

Innovación en materia de procesos.

Aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado (incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos o programas informáticos); no se incluyen los cambios o mejoras de importancia menor, los aumentos de las capacidades de producción o servicio mediante la introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la producción personalizada, la adaptación a los usos locales, los cambios periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos y el comercio de productos nuevos o significativamente mejorados.

Empresas en crisis.

Las definidas como tales en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, en las que concurra al menos una de las siguientes circunstancias:

a) Si se trata de una sociedad de capital, cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas; lo que sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un importe acumulativo negativo superior a la mitad del capital social suscrito. A efectos de la presente disposición, “sociedad de capital” se refiere a la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, y la social de responsabilidad limitada; y “capital social” incluye, cuando proceda, toda prima de emisión.

b) Si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad, cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad. A efectos de la presente disposición, “sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad” se refiere a la sociedad colectiva y a la sociedad en comandita simple.

c) Cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios para ser sometida a un procedimiento concursal.

d) Cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración;

e) Si se trata de una empresa distinta de una PYME, cuando durante los dos ejercicios anteriores la ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 y en el mismo periodo la ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización-Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations-), se haya situado por debajo de 1,0.

Las pymes con menos de tres años de antigüedad no se considerará que están en crisis salvo que cumplan la condición del párrafo c). No obstante, a la vista de las consecuencias económicas y financieras de la pandemia de COVID-19 en las empresas y a fin de garantizar la coherencia con la respuesta política general, el presente Reglamento será aplicable, como excepción, a las empresas que no se encontraban en crisis el 31 de diciembre de 2019, pero pasaron a ser empresas en crisis durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.

Living Lab.

Un Living Lab es un laboratorio de innovación digital que trabaja para la cohesión del territorio en el que se encuentra. Facilita el desarrollo de herramientas y estrategias a partir de la innovación abierta y colaborativa en entornos de la vida real. Un Living Lab es un banco de pruebas y un entorno de experimentación donde los usuarios pueden cocrear innovaciones. Su objetivo principal es la creación de nuevos productos e infraestructuras adecuadas a las necesidades de la sociedad y del territorio. Ofrecen espacios donde se desarrollan y prueban prototipos tecnológicos que buscan mejorar el bienestar ciudadano. En estos procesos intervienen tanto colectivos públicos como privados.

Caso de uso.

Un caso de uso se define como una aplicación práctica de las tecnologías de compartición y explotación de datos para la consecución de un objetivo de negocio en el ecosistema del espacio de datos.

Base 3.- Empresas beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, en la forma de agrupación prevista en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre:

a) Las empresas definidas en la base 2 pertenecientes al sector turístico siempre que estén válidamente constituidas, tengan personalidad jurídica propia y establecimiento permanente en Canarias y domicilio fiscal en España.

Se considerarán empresas del sector turístico las entidades que ejerzan una actividad económica independientemente de su forma jurídica y de su financiación y que entre sus fines y actividades recojan la gestión, promoción, puesta en valor y difusión de los recursos turísticos clasificadas bajo las actividades comprendidas en los siguientes códigos de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE):

493. Otro transporte terrestre de pasajeros.

511. Transporte aéreo de pasajeros.

522. Actividades anexas al transporte terrestre.

5221. Actividades anexas al transporte terrestre.

5222. Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores.

5223. Actividades anexas al transporte aéreo.

551. Hoteles y alojamientos similares.

552. Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

553. Campings y aparcamientos para caravanas.

559. Otros alojamientos.

561. Restaurantes y puestos de comidas.

562. Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas.

771. Alquiler de vehículos de motor.

7711. Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.

772. Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico.

7721. Alquiler de artículos de ocio y deportes.

773. Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles.

7739. Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles N.C.O.P.

791. Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos.

799. Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

855. Otra educación.

8551. Educación deportiva y recreativa.

8552. Educación cultural.

910. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.

900. Actividades de creación, artísticas y espectáculos.

9004. Gestión de salas de espectáculos.

932. Actividades recreativas y de entretenimiento.

b) Empresas cuya actividad permita constituirse en socios tecnológicos, que incluyan en su objeto social y actividad económica, actividades relacionadas con el tratamiento e infraestructuras de datos (CNAE 631. Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas).

c) Las asociaciones profesionales y empresariales, incluyendo federaciones, confederaciones y uniones de estas, legalmente constituidas y dadas de alta en el Registro correspondiente de Asociaciones y cuyo objeto social y actividad tenga relación directa con el sector turístico.

2. Antes de concurrir, las entidades se constituirán en agrupación formalizando un documento que contendrá el contenido mínimo que establece el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR.

Dicha agrupación deberá contar con un mínimo de tres empresas y un máximo de ocho, de las que al menos:

a) Una debe ser PYME, según establece la base 3.1.a).

b) Otra debe ser empresa o asociación de empresas con base tecnológica y antigüedad en la actividad económica de al menos tres años, según establece la base 3.1.b).

3. Conforme al artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, podrán tener la condición de beneficiarias de estas subvenciones y, por tanto, formar parte de estas agrupaciones, las entidades que cumplan los siguientes requisitos en el momento de presentación de la solicitud:

a) Estar inscrita en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda, y tener una antigüedad mínima de doce meses.

b) Tener personalidad jurídica propia, estar válidamente constituidas, disponer de establecimiento permanente en la comunidad autónoma de Canarias y domicilio fiscal en España.

c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

d) Solicitar financiación para una operación que no haya concluido materialmente o no se haya ejecutado íntegramente en la fecha de solicitud.

e) No tener la consideración de empresa en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014, y sus modificaciones posteriores, cuando resulte aplicable, y la definición incluida en la base reguladora 2 del presente documento. El análisis sobre la consideración de empresa en crisis se realizará atendiendo a datos fiables sobre la situación financiera de la empresa. En el caso de que la empresa pertenezca a un grupo, con carácter general se tendrá en cuenta la situación del grupo.

f) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

g) No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dichas prohibiciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.

h) Figurar en situación de alta a terceros acreedores en el Sistema Económico Financiero y Logístico de Canarias (SEFLOGIC).

i) No ser empresa que opere en los sectores y actividades excluidos por el artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europeo a las ayudas de minimis en el sector agrícola, y al Reglamento (UE) n.º 717/2014 de la Comisión, de 27 de junio de 2014, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura.

4. No podrán obtener la condición de beneficiarias:

a) Las entidades en las que concurra alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

b) Las entidades que tengan deudas por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

c) Las empresas en crisis, de acuerdo con el artículo 1.4.c) del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, tal y como vienen definidas en su artículo 2.18.

5. No se admite la concurrencia de más de una gran empresa en una misma agrupación.

6. Las cuantías e intensidades de las ayudas se computarán individualmente para cada empresa beneficiaria, sin perjuicio de que formen parte de una agrupación.

7. Al amparo del artículo 11.3, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la agrupación resultante no tendrá personalidad jurídica, por lo que una de las personas jurídicas participantes actuará como coordinadora o representante de la misma. Los compromisos de ejecución asumidos por cada integrante deberán constar en la solicitud y en la resolución de concesión.

8. Serán funciones de las entidades participantes las siguientes:

a) El cumplimiento de los objetivos del proyecto.

b) Responder del eventual reintegro de ayuda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

c) Las que se determinen, adicionalmente, en la convocatoria.

9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se establece que los miembros de la agrupación deberán suscribir, con carácter previo a la formulación de la solicitud, un acuerdo interno que regule su funcionamiento, sin que sea necesario que se constituyan en forma jurídica alguna para ello. Este acuerdo deberá reflejar, como mínimo:

a) Compromisos de ejecución de actividades asumidos por cada miembro de la agrupación.

b) Presupuesto correspondiente a las actividades asumidas por cada miembro de la agrupación, e importe de la subvención a aplicar en cada caso.

c) Representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como entidad beneficiaria, corresponden a la agrupación.

d) Organización interna de la agrupación, plan de contingencias y disposiciones para la resolución de litigios internos.

e) Acuerdos sobre responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los participantes.

f) Normas de difusión, utilización y derechos de acceso a los resultados de la actividad subvencionada.

g) El acuerdo de agrupación podrá condicionarse a ser declarada beneficiaria de la ayuda por resolución de concesión definitiva, de acuerdo con el apartado 3 del citado artículo.

10. Los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación deberán constar en la solicitud y en la resolución de concesión. Todos los miembros de la agrupación tendrán la consideración de entidades beneficiarias de la subvención y serán responsables solidariamente respecto del conjunto de actuaciones subvencionadas a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro y las responsabilidades por infracciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 67.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR.

En consecuencia, se podrá exigir la obligación de reintegro a la entidad representante o al resto de entidades participantes de forma solidaria, con carácter limitado en consonancia con las actividades subvencionadas que se hubieren comprometido a efectuar. El importe a reintegrar por cada miembro de la agrupación tendrá como límite las cantidades de ayuda efectivamente recibidas. Los incumplimientos de los acuerdos o convenios formalizados entre los integrantes de la agrupación no son oponibles frente a la Administración.

11. Conforme al artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la agrupación deberá nombrar una persona física/jurídica representante o apoderada única, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiaria corresponden a aquella y, en particular, las siguientes:

a) Presentar la solicitud de la ayuda (la cual deberá diferenciar los compromisos de ejecución de cada miembro de la agrupación, el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos, así como las actuaciones y el presupuesto correspondiente a cada uno) y realizar, en nombre de la agrupación, el resto de las comunicaciones y trámites, tanto en el procedimiento de concesión como en la fase de seguimiento justificación de las ayudas y, en su caso, los procedimientos de reintegro o sancionadores que pudieran corresponder.

b) Trasladar al resto de participantes todas las notificaciones o comunicaciones que el órgano concedente notifique a través de los medios electrónicos establecidos en la convocatoria.

c) Actuar como interlocutora única entre la agrupación y la ACIISI, canalizando las relaciones correspondientes entre este y los miembros de la agrupación en la forma que se determine en cada una de las fases del procedimiento. Con carácter general, la persona/entidad representante será la única con acceso a las notificaciones y comunicaciones de la ACIISI y deberá trasladar las mismas al resto de miembros de la agrupación.

d) Asimismo, cada persona jurídica que integre la agrupación, recibirá el pago de la ayuda concedida correspondiente en función de sus condiciones, circunstancias y aportación propuesta al proyecto y, por tanto, será responsable de su justificación, de acuerdo con lo establecido en la resolución de concesión.

12. Según se dispone en el artículo 67.5 del Real Decreto-ley 36/2020, la agrupación no podrá disolverse hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripción para el reintegro y las infracciones, en su caso, previstos en el artículo 153 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, así como, según lo señalado en la base reguladora 21, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control.

13. La agrupación deberá comunicar con, al menos, tres meses de antelación, su disolución al órgano concedente de la ayuda.

14. Cuando la entidad coordinadora o una de las participantes abandone la agrupación, a través de su representante, podrá proponer que se retire y se sume otra en su lugar, o una reasignación de actividades siempre que este cambio se ajuste a las condiciones de participación, no perjudique a la ejecución de la acción ni vaya en contra del principio de igualdad de trato. La base 4 del presente documento establece las condiciones, requisitos y medios para hacerlo.

15. Según se dispone en el artículo 67.6 del Real Decreto-ley 36/2020, la agrupación podrá solicitar que se sustituya al representante, de conformidad con lo dispuesto en estas bases reguladoras, siempre que este cambio se ajuste a las condiciones de participación, no perjudique a la ejecución de la acción ni vaya en contra del principio de igualdad de trato.

Base 4.- Cambios de entidad beneficiaria por modificación estructural.

1. Cuando una entidad beneficiaria sufriera una modificación estructural en los términos contemplados en el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que, entre otras disposiciones, deroga la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales por cambio de la entidad beneficiaria, deberá ser autorizada de forma expresa por el órgano concedente, y deben darse las siguientes condiciones:

a) Que la nueva entidad asuma todas las obligaciones de la beneficiaria, establecidas en la base 21 del presente documento, incluido, en su caso, el reintegro de la ayuda que no haya sido debidamente justificada.

b) Que la nueva entidad cumpla los requisitos para la obtención de la ayuda referidos en la base reguladora 3, y los demás establecidos en la convocatoria, entre ellos superar los criterios de evaluación, en el caso de que el proyecto esté en ejecución.

2. La autorización anterior podrá quedar condicionada a la constitución de garantías adicionales que permitan asegurar convenientemente el cumplimiento de las obligaciones que la nueva entidad asume.

3. Cuando la/el solicitante de un cambio de entidad beneficiaria por modificación estructural sea la entidad coordinadora y el órgano concedente de la ayuda deniegue dicha solicitud o, aun habiéndola autorizado, la nueva beneficiaria no constituya las garantías adicionales que en su caso se le requieran, la agrupación deberá proponer una nueva entidad como coordinadora, de acuerdo con lo establecido en la base 21 del presente documento, mediante el procedimiento que se explica en el Anexo XII.A.

Las garantías constituidas por la entidad coordinadora original no podrán ser canceladas hasta que se hayan constituido unas nuevas que las sustituyan, de acuerdo con la calificación financiera de la nueva entidad coordinadora. En el caso de que la agrupación no proponga una nueva entidad coordinadora, se iniciará un procedimiento de reintegro que podrá ser total o parcial.

4. Cuando la/el solicitante de un cambio de entidad beneficiaria por modificación estructural sea integrante de la agrupación y el órgano concedente de la ayuda deniegue dicha solicitud, la agrupación, a través de su representante deberá proponer la sustitución de dicha entidad por otra o, en su caso, la reasignación de actividades, de acuerdo con lo establecido en la base 21 del presente documento, mediante el procedimiento que se explica en el Anexo XII.A.

5. Una vez autorizado el cambio de entidad beneficiaria por modificación estructural, la entidad representante de la agrupación deberá presentar un nuevo Acuerdo de la Agrupación donde figure la nueva entidad beneficiaria.

Base 5.- Condiciones de las entidades proveedoras.

1. Toda entidad contratada estará sujeta al pleno cumplimiento del principio de “no causar daño significativo” (principio Do No Significant Harm -DNSH-), recogido en el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020.

2. Las personas/entidades proveedoras de servicios del Programa deben tener incluido en su objeto social la prestación de los servicios que se pretende prestar y estar dado de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto sobre Actividad Económica (IAE).

Base 6.- Financiación de la convocatoria.

El presupuesto máximo de esta convocatoria es de 10.988.134,00 euros, de los que 8.241.100,00 euros son financiados por la Unión Europea - Next Generation EU y 2.747.034,00 euros, por la comunidad autónoma de Canarias. La partida presupuestaria se concreta en la correspondiente convocatoria.

Así, esta partida recoge las actuaciones e inversiones contempladas en el Acuerdo de la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, de 16 de mayo de 2023, por la que se aprueba la distribución, según criterios objetivos, de los créditos correspondientes al ejercicio económico 2023, destinados a financiar actuaciones de la iniciativa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), dentro del marco del PRTR.

Por tanto, el 75% del presupuesto se financia a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El 25% restante es aportado desde fondos propios de la Comunidad Autónoma. Dicha financiación queda legalmente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas, medidas integradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

Base 7.- Intensidad de las ayudas.

1. Se entiende por ayuda el importe bruto de la subvención antes de deducciones fiscales o de otro tipo.

2. Se entiende por intensidad de ayuda el importe anterior expresado en porcentaje sobre los costes subvencionables del proyecto.

3. La intensidad bruta máxima de las ayudas a recibir por cada integrante de la agrupación beneficiaria se encuentra recogida a continuación, conforme a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento General de Exención por Categorías.

Ver anexo en la página 9902 del documento Descargar

En cualquier caso, se cumple con los límites máximos aplicables a la cuantía de las ayudas, según el artículo 4.m) del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 (Reglamento General de Exención por Categorías), y sus posteriores modificaciones:

El presente Reglamento no se aplicará a las ayudas que superen, en las ayudas a la innovación en materia de procesos y organización, el umbral de 7,5 millones de euros por empresa y por proyecto.

Las ayudas a grandes empresas únicamente serán compatibles con el mercado interior si colaboran de manera efectiva con PYME en la actividad objeto de ayuda y si las PYME con las que colaboran corren con un mínimo del 30% de los costes subvencionables.

Respecto a los organismos privados de investigación y difusión, según la definición que para ellos se recoge en el mencionado reglamento, la intensidad máxima se asimilará a lo definido para empresas en la tabla anterior en función del tamaño de dicho organismo.

4. Según establece el artículo 19 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

5. Los importes de ayuda asociados a cada uno de los conceptos subvencionables que figuren en la resolución de concesión, representarán los límites máximos de ayudas, con la salvedad de lo señalado en la base 27 de estas bases reguladoras, sobre la modificación de la resolución de concesión.

6. Las ayudas tendrán carácter anual, con la duración que se especifica en la base 13 del presente documento.

7. La intensidad de la ayuda deberá computarse a nivel de cada empresa beneficiaria, sin perjuicio de que forme parte de una agrupación.

Base 8.- Gastos subvencionables.

1. Las ayudas previstas en este documento se enmarcan dentro del Reglamento General de Exención por Categorías [Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado Texto pertinente a efectos del EEE]. En concreto estas ayudas se acogen a la excepción contemplada en la sección 4: ayudas de investigación y desarrollo e innovación (en concreto, artículo 29. Ayudas a la innovación en materia de procesos y organización).

2. Dichas ayudas se aplicarán a los siguientes costes directos, explicados con más detalle en el Anexo III del presente documento:

a) Gastos de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto.

b) Los costes de instrumental y material inventariable en la medida y durante el periodo en que se utilicen para el proyecto. En caso de que estos no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán financiables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados.

c) Gastos generales y otros gastos de explotación adicionales, incluidos los costes de material, suministros y productos similares, que se deriven directamente del proyecto.

d) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de mercado.

e) Se permite imputar como gasto subvencionable los gastos asociados a los informes de auditoría externa exigidos.

3. Se establecen los siguientes límites máximos para cada caso:

a) Gastos de personal técnico (Grupos de Cotización I, II o III): máximo 50 euros/h, incluyendo gastos de seguridad social a cargo de la empresa. No se podrán superar las 1.800 h/año.

b) Gastos de personal administrativo: máximo 30 euros/h, incluyendo gastos de seguridad social a cargo de la empresa. No se podrán superar las 1.800 h/año.

c) Gastos de colaboraciones externas: máximo el 30% de la base subvencionable de cada participante en la actuación.

d) Gastos de alojamiento: máximo 150 euros/día.

4. Los conceptos de gasto, para ser considerados financiables, deberán detallarse individualmente en la solicitud. Solo podrán considerarse financiables aquellos conceptos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad a financiar y resulten estrictamente necesarios, con base en la descripción de las actuaciones aportada en la memoria de la actuación.

5. En ningún caso se considerarán subvencionables los gastos financieros, así como cualquier tipo de impuesto, tasa o licencia. Tampoco serán gastos subvencionables:

I. Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

II. Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

III. Los gastos de procedimientos judiciales.

IV. Las contribuciones en especie.

6. No serán subvencionables aquellos proyectos que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el principio de “no causar un perjuicio significativo” en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

7. La financiación correspondiente a estas ayudas estará vinculada al cumplimiento de los objetivos previstos en el PRTR, así como a la estimación de costes vinculada al mismo.

8. Como regla general, el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia solo financiará gastos no recurrentes que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social, la sostenibilidad, la competitividad a largo plazo y el empleo.

9. Se deberá tener en cuenta que el carácter subvencionable del gasto de amortización estará sujeto a las siguientes condiciones:

a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los bienes.

b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

c) Que el coste se refiera exclusivamente al periodo subvencionable.

10. En aplicación de la normativa concreta del PRTR, se han establecido las siguientes limitaciones:

• La imputación de gastos de personal está limitada a la contratación nueva de personal temporal y a los costes de personal indefinido para actividades directamente relacionadas con los componentes descritos en la ejecución de los programas. Están excluidos los costes de personal funcionario, laboral fijo y estatutario, según lo define el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

• La imputación de gastos de equipamiento está limitada a los costes de amortización de equipamiento nuevo que es necesario para la ejecución del Programa.

• La imputación de gastos de obras civiles está limitada a obras de acondicionamiento necesarias para la puesta en marcha de equipamiento adquirido con cargo al Programa.

• La imputación de otros gastos está limitada a gastos no recurrentes y estrictamente relacionados con la ejecución del Programa, que no se corresponden a costes de personal y equipamiento incluyendo, entre otros, costes de fungible, hasta el límite permitido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Se podrán imputar costes indirectos hasta un quince por ciento (15%) de la suma de los costes directos debidamente justificados en los términos que se establecen en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento.

• No se financiarán gastos presupuestarios ordinarios y recurrentes. Todos los gastos deberán responder de manera indubitada a la naturaleza de la actividad en relación a los componentes, hitos y objetivos, seleccionados para su financiación por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que, en todo caso y circunstancias, deberán contribuir a los hitos y objetivos de la medida.

11. Los gastos deberán estar a nombre de la entidad que ejecuta el gasto como integrante de la agrupación beneficiaria.

Base 9.- Subcontratación.

La subcontratación no será admisible.

Base 10.- Garantías.

1. De acuerdo a lo establecido en el artículo 38 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y en la Orden de 27 de julio de 2001, por la que se establecen las garantías para el abono anticipado de las subvenciones de la Administración Pública Canaria, cuando sea exigible la prestación de garantías, las entidades beneficiarias deberán constituirla en todos los casos en los que se realice un pago anticipado para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las mismas mediante depósito en el Tesoro de la Comunidad Autónoma.

2. Las garantías se liberarán por acuerdo del órgano concedente tras la certificación final del proyecto, si en ella se acredita el cumplimiento total de los objetivos y condiciones del proyecto y la inversión válidamente justificada es igual a la inversión aprobada o, en caso contrario, tras el reintegro total o parcial de la ayuda. Esto comprende, por tanto, las dos alternativas siguientes:

a) Una vez comprobada la adecuada justificación del anticipo, mediante resolución del órgano gestor declarando justificada total o parcialmente la subvención y acordando su devolución.

b) Cuando se hubieran reintegrado las cantidades anticipadas en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

3. Tras la notificación de la resolución de concesión para el pago, en el plazo de 30 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de la misma, la entidad interesada deberá presentar el resguardo original que acredita la constitución de la garantía. El órgano instructor se reserva la potestad de comprobar la veracidad de la información aportada por todos los medios a su alcance.

4. La falta de constitución y acreditación ante el órgano competente de las garantías en la modalidad establecida en estas bases reguladoras, previo trámite de audiencia a la entidad beneficiaria, supondrá la renuncia presunta a la ayuda concedida para la realización del proyecto.

5. Según lo previsto en el artículo 38 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, antes citado, quedan exonerados de la constitución de garantías:

a) Las administraciones públicas, sus organismos vinculados o dependientes y las sociedades mercantiles y fundaciones pertenecientes al sector público autonómico, así como análogas entidades del Estado o de las corporaciones locales.

b) Las entidades que por ley estén exentas de la presentación de cauciones, fianzas o depósitos ante las administraciones públicas o sus organismos y entidades vinculadas o dependientes.

c) Las entidades sin fines de lucro, así como las federaciones o agrupaciones de las mismas que desarrollen proyectos o programas de acción social y cooperación internacional.

d) Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, o Cámaras de Comercio.

e) Las Federaciones Deportivas.

f) Las entidades inscritas en el Registro de Sociedades de Garantía Recíproca de la Comunidad Autónoma de Canarias.

g) Los Colegios Profesionales.

Base 11.- Órganos competentes.

1. La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (en adelante y de manera indistinta, el centro gestor o la ACIISI) es el órgano, con rango de Viceconsejería, instructor y competente para la gestión de las subvenciones convocadas de acuerdo con las presentes bases, según lo establecido en los artículos 19.2 y 19.3.C).c), respectivamente, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, aprobado por Decreto 9/2020, de 20 de febrero.

2. La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura es el órgano competente para la resolución del procedimiento de concesión, puesto que asume las competencias que en materia de ciencia, investigación, innovación y sociedad de la información estaban en la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente de Gobierno de Canarias.

La disposición transitoria única del Decreto 123/2023, de 17 de julio (BOC n.º 140, de 18.7.2023), por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, dispone que hasta tanto no se lleven a cabo los correspondientes proyectos de estructura orgánica y funcional de los Departamentos así como las restantes normas reguladoras de estructuras organizativas, se conservarán vigentes las normas orgánicas que determinan la estructura y funciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, siempre y cuando no se opongan o resulten incompatibles con lo previsto en el mismo Decreto.

Base 12.- Actuaciones subvencionables.

1. Esta línea de ayudas se refiere a procesos de innovación en materia de organización o de procesos, suponiendo, bien la aplicación de un nuevo método organizativo a las prácticas comerciales, la organización del centro de trabajo o las relaciones exteriores de una empresa; bien la aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

2. La inversión 2.2 del Componente 14 del Plan de Recuperación a cuyos hitos y objetivos contribuye esta línea de ayudas tiene por objeto implementar actuaciones de transformación digital de empresas de la cadena de valor turística a través de la Inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras, teniendo atribuida la etiqueta digital 010, Digitalización de PYMEs (incluidos el negocio y el comercio electrónicos y los procesos empresariales en red, los polos de innovación digital, los laboratorios vivientes, los ciber-emprendedores, las empresas emergentes basadas en TIC, el comercio electrónico entre empresas), con un coeficiente del 100 por 100. Para cumplir con dicho etiquetado, los proyectos que se financien pertenecerán a los ámbitos de conocimiento científico tecnológico y digital del sector turístico recogidos en los siguientes puntos de esta base reguladora.

3. Podrán ser objeto de subvención, entre otras, las siguientes actuaciones, relacionadas con la creación de un espacio de compartición de datos y la promoción de la datificación en el sector Turismo, considerando lo especificado en el Anexo II del presente documento:

3.1. Desarrollo de actividades orientadas a posicionar el proyecto como tractor de referencia nacional e internacional en el fomento de la economía del dato en el sector Turismo.

3.1.1. Dinamización de redes colaborativas que impulsen proyectos de datos en todo el territorio canario.

3.1.2. Actuar como punto de referencia para colaboraciones B2G y B2B de compartición de datos entre actores privados y el sector público, impulsando el despliegue de proyectos en dicho ámbito con el objetivo de fomentar la colaboración público-privada por el interés general.

3.1.3. Crear y desarrollar los grupos de trabajo en la asociación para la investigación, promoción y desarrollo de la estandarización, la implantación de tecnologías de explotación y compartición de datos en el sector.

3.1.4. Fomentar la colaboración de entidades internacionales, tanto con la asociación misma como con sus socias/os.

3.1.5. Colaborar y coordinar iniciativas con organismos similares, sectoriales y con otros HUBs nacionales y/o europeos.

3.2. Desarrollo de actividades de difusión, promoción y formación en el ámbito de la economía del dato en el sector Turismo.

3.2.1. Generación de documentación de divulgación (estudios, informes, análisis) acerca del concepto de espacio de datos, tanto desde el punto de vista de negocio como técnico.

3.2.2. Realización de actividades de comunicación, difusión y promoción. Fomento de la presencia en redes sociales, significando cualquier iniciativa nacional alrededor de la explotación y compartición de datos en el sector.

3.2.3. Realización de jornadas y/o dathaton de impulso de la economía del dato en cada isla que conforma la Comunidad Autónoma de Canarias, coordinadamente con las organizaciones empresariales locales y/o regionales.

3.2.4. Participación activa en un congreso con presencia internacional que ponga en valor el ecosistema Spain Living Lab.

3.2.5. Realización, al menos trimestral, de seminarios en línea abiertos al público en general en el ámbito de la compartición de datos en el sector Turismo.

3.2.6. Impulsar y organizar programas formativos y de divulgación en el ámbito de la compartición de datos en el sector Turismo.

3.2.7. Cerrar acuerdos con agentes que puedan y quieran participar en el espacio de datos del sector a través de sus negocios.

3.3. Realización de estudios en el ámbito de la economía del dato:

3.3.1. Recopilación y puesta en valor nacional e internacional de casos de éxito canarios de compartición y explotación de datos sectoriales.

3.3.2. Elaboración de un estudio relativo al impacto y futuras necesidades de la información de Turismo ofrecida por las administraciones como datos abiertos.

3.4. Realización de tareas para el acceso de servicios tecnológicos de compartición de datos sectoriales:

3.4.1. Puesta en marcha y explotación de un espacio de datos federado para permitir el acceso soberano de datos, basado en una gobernanza, políticas, reglas y estándares que definen un marco de confianza para todas las entidades y personas intervinientes, atendiendo las indicaciones descritas en el Anexo II del presente documento.

3.4.2. Apoyo técnico a los proyectos existentes de colaboración público-privada para lograr una armonización de las soluciones planteadas y su interoperabilidad.

3.4.3. Apoyo al desarrollo de entornos tecnológicos de experimentación para el sector Turismo, basados en los marcos tecnológicos propuestos por las diferentes iniciativas europeas de compartición y explotación de datos y, concretamente, los proyectos enmarcados en esta misma iniciativa Spain Living Lab, que contribuyen al Componente 16 del PRTR, que también concede esta misma consejería (Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura).

3.4.4. Generación de pilotos demostradores tecnológicos, siguiendo las recomendaciones existentes de la iniciativa europea Data Space Support Centre.

3.4.5. Canalizar en el espacio de datos de Turismo, las medidas e iniciativas desarrolladas por el Data Spaces Support Centre.

3.4.6. Facilitar la integración de los sistemas de las/os participantes con el espacio de datos.

3.4.7. Garantizar el mantenimiento, la estabilidad y la evolución de las infraestructuras de referencia para alinearlos con los estándares marcados desde The Data Spaces Business Alliance (DSBA) como alianza de: Big Data Values Association (BDVA), Gaia-X European Association (GAIA-X), FIWARE Foundation (FIWARE) y la International Data Spaces Association (IDSA).

3.5. Realización de tareas como acelerador de intermediarios de datos:

3.5.1. Realización de labores de concienciación sobre este nuevo modelo de negocio.

3.5.2. Realización de actividades vinculadas a proyectos de intermediación de datos, y acompañamiento para su implementación en el mercado.

4. Por otra parte, los proyectos presentados deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Presupuesto: los proyectos subvencionables deberán tener un presupuesto elegible mínimo de 1.000.000,00 de euros y máximo de 21.000.000,00 de euros. El presupuesto elegible mínimo por integrante de la agrupación será de 175.000,00 euros.

II. Participación: no existirá ninguna entidad participante en la agrupación con un presupuesto superior al 50% del presupuesto total financiable del proyecto propuesto y, la suma del presupuesto financiable de todas las PYMES participantes en el mismo será, al menos, del 30% del presupuesto financiable total del proyecto.

III. Subcontratación: no está permitida la subcontratación.

IV. Duración: los proyectos deberán ser anuales y se solicitará la ayuda para 2024. Los proyectos deberán finalizar, en fecha igual o anterior al 31 de diciembre de 2024.

V. Efecto incentivador: de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, las ayudas reguladas en esta orden solo serán financiables si tienen un efecto incentivador.

Se considerará que las ayudas tienen efecto incentivador si, antes de comenzar la actividad, la entidad beneficiaria ha presentado una solicitud de ayuda a la correspondiente convocatoria, con el contenido señalado en la base reguladora 14.

VI. Los proyectos sujetos a estas ayudas deberán ser ejecutados en territorio canario. Cualquier tipo de dato que se encuentre bajo el marco de los proyectos deberá estar alojado en infraestructuras que se encuentren en territorio de la Unión Europea.

5. Los proyectos financiados mediante la inversión 2 del Componente 14 deberán cumplir las exigencias recogidas en las definiciones de los mismos. En particular, el cumplimiento del objetivo 223 “Beneficiarias/os de proyectos basados en tecnologías innovadoras relacionados con la IA y otras tecnologías habilitadoras”, conforme a lo establecido en el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo por la que se modifica la Decisión de Ejecución de 13 de julio de 2021 relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, y según lo establecido en el correspondiente mecanismo de verificación.

6. Las actuaciones financiadas asegurarán la creación de grandes espacios de datos de alto valor mediante el desarrollo de casos de uso y facilitarán la creación de demostradores, pilotos y ecosistemas sectoriales público-privados de innovación en torno a dichos espacios de datos, conformando una Plataforma Inteligente de Destino en el sector turístico. Se definirán los mecanismos necesarios para asegurar la interoperabilidad y se desarrollarán las reglas y esquemas de gobernanza adecuados para impulsar la compartición de datos entre empresas.

7. En estos proyectos se requerirá el impacto del resultado del proyecto sobre más de 25 entidades usuarias finales, con preferencia de PYMES, que en todo caso resulten representativas en el sector turístico y, por tanto, pertenezcan a las categorías de entidades definidas en la base 2 del presente documento. Estas entidades finales deberán quedar identificadas en la solicitud, bien directamente mediante relación nominativa, o bien por características concretas que permitan identificarlas, como puede ser la pertenencia a un determinado colectivo, actividad productiva, asociación empresarial, etc. Se valorará, así mismo, en el criterio de impacto socioeconómico la presentación de cartas de interés por parte de las mismas. No obstante, en la documentación justificativa de la ejecución del proyecto dichas entidades finales siempre deberán quedar identificadas de manera nominativa a la finalización del mismo. Estas entidades no tienen la condición de beneficiarias de las ayudas.

Con el objeto de asegurar un adecuado impacto territorial, se requerirá que las anteriores entidades usuarias finales dispongan de establecimiento permanente en Canarias.

Con esta línea de ayudas, por tanto, se pretende, fomentar, a través de agrupaciones beneficiarias responsables de la creación, operación, dinamización y expansión de un espacio de datos, la participación de múltiples entidades (que no tendrán la consideración de beneficiarias), en la compartición de datos, impulsando así la colaboración entre ellas y el desarrollo nuevos modelos de negocio basados en la economía de datos.

8. El espacio de datos debe atender unos o varios de los siete casos de uso que se proponen a continuación y se explican con más detalle en el Anexo II de este documento: clusterización, previsión de demanda, sistema de información inteligente de destino, fidelización y reducción de cancelaciones, inteligencia social, observatorio inteligente y sostenibilidad inteligente.

9. No serán objeto de ayuda los proyectos de los siguientes tipos:

• Los cambios basados en métodos organizativos ya empleados en la empresa, los cambios en la estrategia de gestión, las fusiones y adquisiciones, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la producción personalizada, la adaptación a los usos locales, los cambios periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos y el comercio de productos nuevos o significativamente mejorados.

• Los cambios o mejoras de importancia menor, los aumentos de las capacidades de producción o servicio mediante la introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados, el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la producción personalizada, la adaptación a los usos locales, los cambios periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos y el comercio de productos nuevos o significativamente mejorados.

• Aquellas actuaciones que directa o indirectamente ocasionen un perjuicio significativo al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

Asimismo, se exigirá que solo puedan seleccionarse aquellas actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y europea pertinente.

Base 13.- Plazos para realizar la actividad.

1. El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones objeto de esta subvención atiende la contribución a los hitos y objetivos del Componente 14 del PRTR. Así, se considerará plazo de ejecución del proyecto el periodo comprendido entre la fecha de presentación de la solicitud de ayuda y la máxima de 31 de diciembre de 2024. La fecha fin prevista debe quedar definida de manera expresa en cada solicitud de la ayuda.

2. La fecha de inicio de la ejecución del proyecto presentado no debe entenderse meramente como una fecha a partir de la cual se pueden imputar gastos, sino realmente como la fecha de comienzo de las actividades del proyecto.

3. El vencimiento del plazo de ejecución no podrá perjudicar la continuación de cuantas actuaciones o actividades que se encontraran ya en curso, o bien, de aquellas sobre las cuales ya se hubiera adquirido un compromiso frente a terceros.

4. Las prórrogas del periodo de ejecución, que no podrán superar la mitad del plazo inicialmente concedido y deberán ser previamente autorizadas por el Órgano Instructor, no deben perjudicar derechos de terceros ni, en su caso, afectar al cumplimiento del objetivo de estabilidad.

Base 14.- Presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias, tal y como especifica la convocatoria.

2. Cada agrupación presentará una única solicitud, firmada por su representante único. Dicho formulario de solicitud incluirá la relación de entidades participantes, su participación en el presupuesto del proyecto y la subvención correspondiente a cada una de ellas en función de su participación en la ejecución de las actividades.

3. La cumplimentación y presentación de las solicitudes para la obtención de las ayudas deberá realizarse obligatoriamente a través de formularios y los medios electrónicos habilitados para ello en la sede electrónica del Gobierno de Canarias (https://sede.gobiernodecanarias.org/), a través de la URL concreta que se especifique en la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por lo que no se admitirá la presentación de solicitudes a través de medios diferentes al descrito en esta base reguladora.

4. Con carácter previo a la presentación de la solicitud de ayuda por la persona representante única, cada entidad integrante de la agrupación deberá cumplimentar y firmar electrónicamente las declaraciones responsables que se especifican en el punto 10 de la presente base. Esta firma se deberá realizar mediante certificado de representante de persona jurídica.

5. La presentación de la solicitud de ayuda, las declaraciones responsables y documentación anexa se realizará mediante firma electrónica cualificada y avanzada de la persona representante legal de la entidad coordinadora de la agrupación, basada en un certificado electrónico de representante de persona jurídica de dicha entidad, dentro de los previstos en el artículo 10.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6. De acuerdo con lo previsto en los artículos 32.4 y 34.1 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos se entenderá acreditada la representación, sin necesidad de aportar documentación adicional, si la firma se ha llevado a cabo con un certificado electrónico cualificado de representante de persona jurídica de acuerdo con lo previsto en dichos artículos.

7. La solicitud deberá expresar el consentimiento u oposición para que el órgano instructor pueda comprobar o recabar de otros órganos, Administraciones o proveedores de información, por medios electrónicos, la información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones, o sobre otras circunstancias de los solicitantes o de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento. En caso de oposición, la entidad coordinadora deberá aportar los certificados correspondientes o pruebas que al efecto se le exija, de la entidad o entidades integrantes de la agrupación que la manifiestan.

8. La solicitud que presenta la entidad representante y coordinadora de la agrupación, debe estar conformada por los siguientes elementos indisociables:

a) Formulario de solicitud de ayuda cumplimentado y firmado electrónicamente por representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiarias, corresponden a todas y cada una de las entidades integrantes de la agrupación.

b) Poderes de representación del firmante de la solicitud y resto de entidades que conforman la agrupación, en caso de no utilizar un certificado electrónico cualificado de representante de persona jurídica para la firma de la documentación, de conformidad con lo establecido en el punto 6 de la presente base reguladora. En el caso de poder mancomunado, se deberá aportar copia de la solicitud en formato PDF, firmada electrónicamente por todas/os las/os representantes legales. La presentación de este documento respecto la entidad coordinadora de la agrupación no será susceptible de subsanación a posteriori.

c) Según lo indicado en el punto 7 de la presente base reguladora, la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social de aquella entidad integrante que no autorice que el órgano concedente obtenga de forma directa dicha acreditación a través de certificados electrónicos, conforme a lo establecido en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

d) Estado de ingresos y gastos del último ejercicio cerrado de cada uno de las/los integrantes de la agrupación firmado electrónicamente por su representante legal, según se indica en el punto 14 de la presente base reguladora.

e) Dado que las actuaciones son realizadas en el régimen de agrupaciones previstas en el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se deberá aportar, además, los siguientes documentos, previstos en el citado artículo:

- Copia electrónica, en formato PDF, de la Tarjeta de Identificación Fiscal de cada una de las entidades que conforman la agrupación.

- Copia de los estatutos de las sociedades que constituyen la agrupación.

- Copia del impuesto sobre actividad económica (IAE) de cada entidad integrante de la agrupación.

- Acuerdo de agrupación firmado por todas las entidades integrantes de esta, con el contenido mínimo previsto en la base reguladora 3, disponible para su cumplimentación online desde la sede electrónica. En caso de aportar este documento previamente firmado de manera offline, deberá ser subido como pdf plano con el fin de conservar la integridad de su contenido.

- Aquellas entidades integrantes de la agrupación cuya forma jurídica no se corresponda con una Sociedad Anónima o Sociedad Limitada, deberán aportar la escritura de constitución y estatutos de la entidad.

f) Memoria técnica de la actuación con el contenido y estructura que figura en el Anexo VIII del presente documento.

g) Declaraciones responsables firmadas por todas las entidades que conforman la agrupación, que se especifican en el punto 10 de la presente base reguladora, dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

h) En su caso, memoria del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD), para productos y servicios que incluyan componentes de inteligencia artificial.

9. El formulario de solicitud nombrado en el punto 8.a) anterior, incluirá la información general y los datos generales: datos de identificación, datos relativos a la notificación, la ayuda solicitada y declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser entidad beneficiaria en la base reguladora 3 del presente documento. Asimismo, debe contener la dirección de correo electrónico designada a los efectos de recibir avisos de notificaciones electrónicas, comunicaciones y/o requerimientos que se puedan realizar.

De acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las entidades interesadas no estarán obligadas a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración. En ausencia de oposición de la entidad beneficiaria, el órgano gestor podrá recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

La información general y los datos generales que debe contener el formulario de solicitud, antes citados, hacen referencia a lo siguiente:

a) Datos de las entidades: información de todas las entidades solicitantes de la ayuda que conforman la agrupación (entidad coordinadora y entidades participantes), incluyendo, al menos, los siguientes datos de cada integrante:

I. NIF de persona física representante.

II. Razón social de la persona jurídica solicitante.

III. Domicilio fiscal de la persona jurídica solicitante.

IV. CIF de la persona jurídica solicitante.

V. Cuenta corriente para el ingreso de la ayuda.

VI. Autorización al órgano instructor a recabar los datos disponibles con los que se acredite el cumplimiento de las condiciones, requisitos y obligaciones recogidos en las bases reguladoras 3 y 21.

VII. Declaración responsable respecto a la no concurrencia de ayudas o subvenciones obtenidas, con carácter previo a la solicitud, para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales de todas y cada una de las entidades que conforman la agrupación.

Esta declaración deberá actualizarse, asimismo, en cualquier momento ulterior si se produce la mencionada concurrencia.

VIII. Declaración responsable de no hallarse ninguna entidad integrante de la agrupación en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones, y de no ser considerada como empresa en crisis. El representante de la agrupación deberá comunicar cualquier variación de las circunstancias recogidas en dicha declaración, en el momento en que estas se produzcan, mediante aportación de documentación al expediente a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

IX. Declaración responsable de no tener, ninguna de las entidades integrantes de la agrupación, deudas por reintegro de ayudas, préstamos o anticipos con la Administración, ni estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

X. Declaración de que entre los gastos para los que se solicita financiación no existen operaciones con personas o entidades vinculadas a ninguna de las entidades que conforman la agrupación.

XI. Autorización expresa al órgano instructor para recabar información de la entidad beneficiaria en el sistema de información CoFFEE del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y para recabar e incorporar información de la entidad beneficiaria en la herramienta MINERVA de la Administración Estatal de la Agencia Tributaria; de acuerdo con lo exigido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

XII. Aceptación incondicionada de las bases y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas.

b) Datos de proyecto, que como mínimo incluirá:

I. Datos de caracterización del proyecto: información general para su clasificación que será compartida por todos los miembros de la agrupación.

II. Plan de financiación y previsión de ingresos y gastos.

III. Presupuesto del proyecto y de cada una de las entidades participantes.

IV. Información acerca de la posible integración y convergencia del proyecto, pudiendo aplicar una o varias de las siguientes, en la propuesta:

a) Integración/interoperabilidad del proyecto con los Espacios de Datos Comunes Europeos.

b) Utilización de infraestructuras y servicios del IPCEI CIS (Proyecto importante de interés común europeo de nueva generación de servicios e infraestructuras en la nube).

c) Utilización de SIMPL (Plataforma de middleware inteligente para federaciones Cloud-to-Edge y espacios de datos).

d) Integración con otras iniciativas, proyectos o plataformas propuestas por la Oficina del Dato en España. Se deberá indicar cuál.

V. Aceptación del compromiso de ofrecer y facilitar la interoperabilidad con la ejecución de los proyectos enmarcados en esta misma iniciativa Spain Living Lab, que contribuyen al Componente 16 del PRTR, cuyas ayudas también concede esta misma consejería (Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura).

VI. Citar tres indicadores que se contemplen en el proyecto y permitan hacer seguimiento a la ejecución del mismo, así como su valor inicial y previsto una vez finalizada la ejecución.

10. Las declaraciones responsables que, dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), deben ser presentadas por la entidad coordinadora de la agrupación junto al formulario de solicitud de la ayuda, debidamente firmados por las entidades integrantes (tal y como se indicó previamente en el punto 4 de la presente base reguladora), son las siguientes:

I. Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión, conforme al modelo especificado en el Anexo IV del presente documento. El mismo también recoge el compromiso por escrito de conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias. (Se podrá cumplimentar y firmar online mediante formulario en aplicativo de la sede electrónica).

II. Declaración responsable del cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia” (2021/C 58/01), según modelo propuesto en el Anexo V del presente documento (se podrá cumplimentar y firmar online mediante formulario en aplicativo de la sede electrónica).

III. Declaración de cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, conforme al modelo propuesto en el Anexo VI del presente documento.

IV. Declaración responsable de ser conocedora de que la financiación, en forma de subvención, procede del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, por lo que asume todas las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, demás normas de la Unión Europea sobre la materia y por las normas estatales de desarrollo o transposición de estas, especialmente con respecto al requerimiento de cumplir con el principio de no ocasionar un perjuicio significativo al medio ambiente en el sentido establecido en el artículo 2.6 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

V. En aquellos supuestos en que deban llevar a cabo actividades que presenten un conflicto de intereses potencial, deberán aportar una Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (en adelante, DACI), según modelo incluido en el Anexo VII de este documento, de todas aquellas personas de la agrupación que pudieran incurrir en el conflicto, que deberá adaptarse a lo dispuesto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR y en los casos que proceda a la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR (se podrá cumplimentar y firmar online mediante formulario en aplicativo de la sede electrónica).

VI. Otras declaraciones responsables cuya exigencia entre en vigor con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, cuyos modelos pudieran ser aprobados por las autoridades competentes conforme a la normativa nacional y europea, dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del Plan de Recuperación.

11. Si la documentación presentada junto con la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la entidad representante de la agrupación para que, en el plazo de 10 días hábiles, desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistida de su solicitud, mediante resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

12. En el caso de discrepancias entre el contenido introducido en el formulario de la solicitud y el de la memoria técnica del proyecto, prevalecerá la información de la solicitud.

13. La lengua del procedimiento será el castellano, por lo que toda la documentación que se aporte al expediente deberá presentarse en esta lengua.

14. Las entidades participantes deben presentar las cuentas cerradas del ejercicio inmediatamente anterior (estas cuentas deben incluir el estado de ingresos y gastos) y, en caso de estar obligadas a presentarlas en el Registro Mercantil o equivalente, deberán aportar acreditación del cumplimiento de la obligación de depósito de cuentas en el mismo a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda. Esta acreditación deberá realizarse mediante nota informativa del Registro Mercantil (o registro oficial correspondiente) donde conste el último depósito contable y el contenido de las situaciones especiales, de existir.

En caso de consolidar cuentas en un grupo superior, la sociedad deberá aportar, adicionalmente, la misma acreditación respecto del depósito de las cuentas consolidadas.

En el caso de que las cuentas presentadas carezcan de los estados contables necesarios, se podrá requerir a la entidad solicitante de la ayuda, el informe de riesgos de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) y/o el modelo de declaración de IGIC de los cuatro trimestres del ejercicio 2023. Asimismo, en el caso de no poder acceder a las cuentas presentadas ante el Registro Mercantil, se podrá requerir al solicitante una copia de dichas cuentas.

a) En el caso de sociedades obligadas a auditar las cuentas, la documentación presentada debe estar firmada por los administradores y auditada.

b) En el caso de sociedades no obligadas a auditar las cuentas, la documentación presentada debe estar firmada por los administradores o auditada.

15. La presentación de solicitudes fuera del plazo dará lugar a su inadmisión

Base 15.- Subsanación de documentación y reformulación de solicitud.

1. Si la documentación presentada junto con la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la entidad interesada para que, en el plazo de 10 días hábiles, desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, mediante resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

2. Solamente se considerarán presentadas aquellas solicitudes firmadas electrónicamente dentro de plazo, de acuerdo a lo previsto en la convocatoria, que incluyan el formulario de solicitud, la memoria del proyecto con el contenido mínimo establecido en el Anexo VIII y los poderes de representación de la entidad coordinadora de la agrupación, documentos esenciales que forman parte de la solicitud y cuya ausencia o falta de contenido determinarán su inadmisión, no pudiendo, en consecuencia, ser objeto de subsanación.

3. No se admiten reformulaciones de solicitud.

Base 16.- Instrucción del procedimiento.

1. La publicación de la convocatoria se realizará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y un extracto de la misma, en el Boletín Oficial de Canarias. También se publicará en la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

2. Las solicitudes se dirigirán al órgano instructor, que podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, en particular, podrá requerir la petición de cuantos informes se estime necesarios para formular la propuesta de resolución, a los efectos de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

3. Se creará una Comisión de Evaluación nombrada por la persona titular del centro gestor competente, formada por personal técnico del mismo, que evaluará las solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la base 34. Esta comisión podrá recabar el asesoramiento de personas expertas.

De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todos los miembros de la Comisión de Evaluación deberán manifestar de forma expresa que van a cumplir con este objetivo, a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original.

4. La evaluación y selección de solicitudes se realizará en régimen de concurrencia competitiva con base en la documentación aportada y conforme a los principios establecidos en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Por tratarse de un procedimiento de concesión en concurrencia competitiva y, como tal iniciado de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de la solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de esta.

5. En una primera fase de la evaluación, el órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de entidad beneficiaria. En todo caso, tal fase solo podrá afectar a aquellos requisitos cuya concurrencia no requiera de ninguna valoración científica o técnica. En caso de que en esta fase se hubiera producido la exclusión de alguna agrupación solicitante, se le notificará tal extremo en la forma que determina la base reguladora 18.

6. Las agrupaciones solicitantes deberán haber aportado, con la solicitud de la ayuda, la información necesaria para evaluar la propuesta conforme a los criterios de evaluación que se establecen en la base 34 del presente documento. A este respecto, en la segunda fase del procedimiento de evaluación de las solicitudes quedarán eliminadas aquellas que no cumplan el criterio o los criterios a los que se otorgue carácter excluyente o que no superen el umbral que se fije para uno o más de ellos.

7. La Comisión de Evaluación, con arreglo a los criterios establecidos en la base 34 del presente documento, emitirá un informe final para el programa en el que se concretará el resultado de la evaluación efectuada y la ayuda propuesta y lo remitirá al órgano instructor al objeto de que este formule la propuesta de resolución definitiva. Dicho informe establecerá una prelación de las solicitudes, ordenándolas individualmente o por categorías, siempre que, en este último caso, proporcionen un juicio inequívoco para su selección.

8. Para que una solicitud sea elegible deberá tener una nota final igual o superior a 50 puntos.

9. Se establece como criterio excluyente que el proyecto no contribuya al desarrollo de ninguno de los casos de uso especificados en la base reguladora 12.

10. Se establece como criterio excluyente que en el proyecto no se dedique al menos el 60% de su presupuesto a actuaciones de generación de espacios de datos, es decir, las actuaciones indicadas en la base reguladora 12.3.4.

Base 17.- Procedimiento de concesión.

1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe emitido por la Comisión de Evaluación, formulará la propuesta de resolución de concesión que, según lo establecido en el artículo 16.6 del Decreto 36/2009, el órgano concedente aprobará sin realizar los trámites de resolución provisional y aceptación.

2. Una vez dictada la resolución de concesión por el órgano concedente, se notificará de acuerdo con lo establecido en la base 18.

3. La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa y será recurrible mediante recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-administrativo en Las Palmas de Gran Canaria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación; en caso de presentarse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso o su desestimación presunta.

4. La concesión de las subvenciones está limitada por la dotación económica de la convocatoria.

5. La ayuda concedida se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 30 del Reglamento de subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, que regula la BDNS y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

6. El plazo máximo para resolución del procedimiento y su notificación será de seis meses, contados desde el día siguiente al de la fecha final de presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, las personas interesadas estarán legitimados para entender desestimada su solicitud, de acuerdo con el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin que ello exima de la obligación legal de resolver.

Base 18.- Notificación de las resoluciones y recursos.

1. Las comunicaciones de todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento de concesión de las ayudas, en su justificación y seguimiento y en los eventuales procedimientos de reintegro que se puedan iniciar, se realizarán a través de medios electrónicos. La utilización de los medios electrónicos establecidos será obligatoria.

2. La notificación a las/os interesadas/os de la resolución de concesión se hará mediante publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Canarias (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tablon_anuncios), surtiendo todos los efectos de notificación practicada. El resto de los trámites previstos en la convocatoria podrán realizarse mediante publicación el tablón de anuncios antes citado o mediante el procedimiento de comparecencia electrónica previsto en el artículo 43.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Adicionalmente, cada entidad beneficiaria podrá recibir un aviso de cortesía de tales publicaciones mediante correo electrónico, según los datos consignados en el formulario de solicitud.

Base 19.- Abono de la subvención.

1. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o sea deudora por resolución firme de procedencia de reintegro. Se considerará que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado la suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro. Tal y como dispone el artículo 47.c) de la Ley 4/2021, de 2 de agosto, para el supuesto de justificación a través de cuenta justificativa, se eleva hasta 10.000 euros el límite de 3.000 euros contemplado en el artículo 24.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, para acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

2. El pago de la subvención se llevará a cabo, de forma general, bajo la modalidad de abono previa justificación. El importe que se podrá abonar no podrá superar el importe consignado en la resolución de concesión para la actuación subvencionada.

La tramitación del pago procederá una vez que la entidad beneficiaria acredite la realización del proyecto para el que fue concedida la subvención, por la cuantía que corresponda proporcionalmente a la inversión justificada, en función del porcentaje de subvención otorgado según se establece la base reguladora 7.

3. Se admite la posibilidad de efectuar pagos anticipados de conformidad con el artículo 37 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. En este caso, las entidades beneficiarias deberán constituir una garantía, conforme a lo dispuesto en la base reguladora 10, mediante depósito en la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma, en virtud de lo previsto en el Decreto 241/2017, de 11 de diciembre, que aprueba su Reglamento, por un importe igual a la cantidad del pago anticipado o a cuenta.

La garantía se constituirá en forma de aval solidario de entidades de crédito, seguros o reaseguros o Sociedades de Garantía Recíproca conforme al modelo establecido por la consejería competente en materia de hacienda, y será exigida a la entidad beneficiaria con carácter previo al abono del anticipo.

4. La cantidad de pago anticipado será del 100% de la cuantía concedida.

5. Se condiciona el pago de las ayudas al compromiso por escrito de las entidades destinatarias últimas de conceder los derechos y los accesos necesarios para garantizar que la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.

6. En el caso de que el gasto finalmente justificado sea menor que el previsto en la Resolución de Concesión, se rebajará el importe de la subvención de manera proporcional, manteniéndose la intensidad de ayuda constante.

Base 20.- Compatibilidad de ayudas.

1. Las ayudas reguladas en esta Orden podrán acumularse con cualquier otra ayuda pública, siempre que se refiera a costes financiables identificables diferentes, así como con cualquier otra ayuda pública correspondiente -parcial o totalmente- a los mismos costes financiables, únicamente si tal acumulación no supera la intensidad de ayuda máxima (o el importe de ayuda más elevado) aplicable a dicha ayuda en virtud del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

No obstante, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, los proyectos que se financien con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia solo podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.

2. Esta compatibilidad estará condicionada a las siguientes reglas:

a) Que el importe de las ayudas percibidas con cargo a otras convocatorias en ningún caso pueda ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, supere el coste de la actividad subvencionada.

b) Que, si la entidad beneficiara pretende aplicar la bonificación prevista en el Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador, deberá acumular ambas ayudas y la concurrencia de ambos beneficios debe ser inferior al 60% del coste salarial anual establecido en dicho Real Decreto.

3. La/El solicitante deberá declarar las ayudas que haya obtenido o solicitado para las actuaciones reguladas por esta orden, tanto al presentar la solicitud como en cualquier momento ulterior en que se produzca esta circunstancia, lo que podrá originar las correspondientes minoraciones en el importe de la ayuda concedida, o podrá dar lugar incluso a la supresión de la ayuda concedida, a la renuncia, o al desistimiento de la ayuda solicitada.

4. Las ayudas concedidas a proyectos incluidas en el ámbito de aplicación de estas bases reguladoras respetarán lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento General de Exención por Categorías), y sus posteriores modificaciones.

5. El programa que regula las presentes bases es complementario con Horizonte Europa (HEP) y Digital Europe (DEP). En todo momento se planteará la incompatibilidad de ayudas, en su caso, por lo que no podrá imputarse ningún gasto con riesgo de duplicidad para la misma entidad beneficiaria y proyecto. Es decir, el Programa RETECH ofrece un refuerzo adicional y complementario a la posible financiación obtenida por las entidades beneficiarias en los programas DEP y HEP.

Base 21.- Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones que se indican a continuación:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Adicionalmente, a lo establecido en el apartado anterior, serán obligaciones de la entidad/persona beneficiaria:

a) Aceptar los términos que se establezcan en la resolución de concesión, así como las contenidas en estas bases reguladoras, las que se determinen en la convocatoria y las instrucciones específicas que, en aplicación y cumplimiento de las presentes orden y convocatoria, indique la propia ACIISI en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.

b) Aceptar las obligaciones contempladas en el artículo 129 del Reglamento (UE) n.º 2018/1046, de 18 de julio, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, comprometiéndose a cooperar plenamente en la defensa de los intereses financieros de la UE, a conceder los derechos y el acceso necesario para su cumplimiento, así como a garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la UE se concedan derechos equivalentes.

c) Realizar el proyecto conforme a los objetivos y al plan de trabajo de la solicitud de ayuda, que tiene carácter vinculante, y a lo establecido en la resolución de concesión y sus eventuales modificaciones.

d) Garantizar la participación de diferentes entidades y acreditar un intercambio de datos efectivo entre ellas, detallando cuáles son las entidades participantes y los datos intercambiados.

e) Aportar evidencias del cumplimiento de objetivos, en particular de la ejecución del proyecto objeto de la ayuda.

f) Atender las recomendaciones del HUB Español Gaia-X, seleccionado por la Secretaría de Estado de Digitalización e IA para la creación de un ecosistema español de compartición de datos, por Resolución de 25 de julio de 2023, para lograr una armonización de las soluciones planteadas objeto de subvención y su interoperabilidad, así como las posibles observaciones provenientes de la Oficina del Dato en España.

g) Aportar evidencias del empleo dado a los fondos recibidos, que permitan establecer una relación indubitada entre los gastos imputados y los objetivos alcanzados, en particular de la realidad de las horas imputadas por los trabajadores a las tareas desarrolladas y la ejecución de la acción, realidad que sea acreditable ante una auditoría externa.

h) Mantener un sistema de contabilidad que permita el registro diferenciado de todas las transacciones relacionadas con el proyecto, mediante la utilización de un código contable específico dedicado a tal efecto o la aplicación de los procedimientos que las convocatorias determinen.

i) Dar publicidad, en los términos previstos en la base reguladora 30, de las ayudas concedidas y del órgano concedente en los contratos de servicios y laborales, así como en cualquier otro tipo de contrato relacionado con la ejecución de la operación, en convenios, publicaciones, ponencias, equipos, material inventariable, actividades de difusión de resultados y otras análogas, mencionando expresamente, al menos, la convocatoria y la referencia de identificación de la solicitud.

j) Según lo dispuesto en el artículo 22.2.f) del Reglamento del MRR, conservar todos los libros contables, registros diligenciados y demás evidencias y documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, así como las evidencias del cumplimiento de objetivos y de la aplicación de fondos de las letras c) y d) anteriores, en formato electrónico, durante un periodo de al menos cinco años. La convocatoria podrá determinar los procedimientos para la conservación y custodia. Asumen, por tanto, el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la documentación soporte.

k) Respetar el denominado “principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente” o DNSH (Do No Significant Harm), así como las condiciones específicas vinculadas a este principio, detalladas en la medida de la Componente C14.I2 en que se incardinan las inversiones a llevar a cabo conforme a lo especificado en el presente documento.

l) Atender y prestar colaboración en la alineación con las actuaciones de los proyectos enmarcados en esta misma iniciativa Spain Living Lab, que contribuyen al Componente 16 del PRTR, que también concede esta misma consejería (Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura).

m) Terminar la ejecución de las actuaciones financiadas antes del 31 de diciembre de 2024, así como colaborar en la justificación y certificación de las actuaciones durante el año 2025.

n) Asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.

o) Las entidades beneficiarias deberán observar y cumplir los requisitos técnicos de diseño de espacios de datos establecidos en el Anexo II, así como las nuevas directrices que pueda definir la Oficina del Dato en España durante la ejecución de las iniciativas.

p) Dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en la página web de la entidad beneficiaria, especificando las informaciones a las que se refieren los artículos 6 y 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el supuesto de que la cuantía de la subvención o ayuda percibida sea superior a 60.000,00 euros, o bien igual o superior a 5.000 euros y represente al menos el 30 por 100 del total de los ingresos anuales de la entidad beneficiaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.

q) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de etiquetado climático y digital, con el porcentaje establecido de cada Componente a la transición verde y digital.

3. En el caso de no poder realizar el proyecto para el cual se concedió la ayuda, la entidad beneficiaria deberá comunicar la renuncia al expediente solicitado en el momento en que se produzca la certeza de la no ejecución y, en todo caso, en el plazo máximo de tres meses desde la resolución de concesión, procediendo a la devolución voluntaria conforme con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y abonando los intereses de demora calculados de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. Las entidades beneficiarias que, además de actividades no económicas, realicen actividades económicas, deberán consignar por separado la financiación, los costes y los ingresos respectivos. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1.1 de la Comunicación de la Comisión sobre el Marco de Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2014/C 198/01), no se aplicará lo dispuesto en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas que se otorguen a organismos de investigación para actividades no económicas.

5. En materia de empleo, las entidades beneficiarias deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Tener su domicilio fiscal en España y su principal centro operativo en Canarias y mantenerlos, al menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de subvención.

b) Prestar las actividades objeto de la subvención desde centros de trabajo situados en Canarias.

c) Crear en Canarias todo el empleo necesario para la prestación de la actividad objeto de la subvención, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en Canarias. El cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente.

d) En caso de procederse a realizar nuevas contrataciones, estas se realizarán de acuerdo con las modalidades contractuales previstas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

6. A efectos de auditoría y control y en virtud de lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el MRR, los datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos. Por ello se establece la obligación de la entidad beneficiaria de proporcionar la siguiente información al efecto de su identificación:

I. Número de identificación fiscal de la entidad beneficiaria.

II. Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica responsable.

III. Domicilio fiscal de la persona física o jurídica responsable.

IV. Declaraciones relativas al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión (Modelo Anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021, que se recuerda en el ya nombrado Anexo IV del presente documento).

A fin de garantizar el conocimiento y cumplimiento de estas obligaciones, se habrán de aportar firmados, junto a la solicitud, las declaraciones responsables que se determinen en estas bases y/o la convocatoria.

V. Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Modelo Anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021, que se recuerda en el ya citado Anexo VI del presente documento).

7. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en esta base reguladora, podrá ser causa de la pérdida de derecho al cobro o del reintegro de la ayuda concedida, según la fase procedimental en que se halle la tramitación del expediente.

8. Con el objetivo de realizar un aprovechamiento máximo del conocimiento y la experiencia adquiridas en la ejecución de los proyectos y en beneficio de la sociedad en su conjunto, se pondrán el máximo de documentación y software desarrollado en el marco de la ejecución de los proyectos, a libre disposición, en un repositorio de acceso público, bajo licencia de fuentes abiertas, y se realizarán las oportunas acciones de divulgación de resultados.

9. Asegurarán la regularidad del gasto subyacente y la adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.

10. Las entidades beneficiarias deberán contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.

11. Las entidades beneficiarias deberán observar y cumplir los requisitos técnicos de diseño de espacios de datos establecidos en el Anexo II, así como las nuevas directrices que pueda definir la Oficina del Dato de España y/o el Órgano Instructor durante la ejecución de las actuaciones.

Base 22.- Justificación de la subvención.

1. La modalidad de justificación de las ayudas para las convocatorias que se publiquen en el marco de estas bases reguladoras será la de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, conforme al artículo 27 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus modificaciones posteriores (Decreto 151/2022, de 23 de junio).

2. La cuenta justificativa contendrá, al menos, una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión, una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas y un informe de persona auditora. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

En el Anexo IX del presente documento se especifican las instrucciones o guías para la elaboración de la memoria, así como sobre cualquier otro aspecto relativo a la documentación justificativa de la realización del proyecto, conforme a lo establecido en los artículos 25 y 27 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

El informe de persona auditora, según lo previsto en el 27 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, se ajustará a lo propuesto en la “Guía de auditoría convocatoria RETECH” incluida en el Anexo X y comprenderá al menos lo indicado en el Anexo XI del presente documento. Este informe deberá ser presentado a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias y deberá estar firmado electrónicamente por dicha persona auditora.

3. La presentación de la cuenta justificativa se realizará a través de la aportación de la solicitud de justificación al expediente correspondiente en la sede electrónica del Gobierno de Canarias (https://sede.gobiernodecanarias.org). Con la cuenta justificativa se aportará una declaración responsable de la inexistencia de vinculaciones entre la entidad beneficiaria y las posibles entidades proveedoras en el proyecto.

4. Como regla general, la presentación de la documentación antedicha se realizará durante la primera quincena del mes de enero de 2025, concretamente, entre el 1 de enero y el 15 del mismo mes de dicho año, y se presentará a través de la opción de aportación de documentos al expediente concreto, disponible en el área personal de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, al órgano competente para instruir el procedimiento de comprobación.

5. Se exime a las personas/entidades beneficiarias de la obligación de presentar aquellas facturas que tengan un importe inferior a 3.000,00 euros, en lo previsto en el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, tal y como se dispone en el artículo 63.b) del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR.

6. Los gastos justificados corresponderán a las partidas y conceptos aprobados en la resolución de concesión o, en su caso, en las posteriores resoluciones de modificación. En todo caso, las inversiones y gastos previstos deberán realizarse siempre dentro del periodo especificado de realización del proyecto más, en su caso, la ampliación concedida.

7. Los pagos de las inversiones y gastos subvencionables deberán realizarse dentro de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

8. El plazo de prescripción establecido en el artículo 39.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se iniciará en la fecha en la que el órgano competente disponga de la información completa que permita emitir la certificación acreditativa del proyecto.

9. Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, este requerirá a la entidad beneficiaria para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el nuevo plazo establecido dará lugar al reintegro de la totalidad de la ayuda no justificada, de acuerdo con el artículo 70.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y a la posible incoación de un procedimiento sancionador donde se determinarán las posibles responsabilidades.

10. Considerando que la justificación de las ayudas debe ajustarse a las exigencias y a los plazos previstos en la normativa relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el plazo de presentación de la documentación y evidencias finalizará quince días naturales contados a partir del día de la fecha fin límite de ejecución de la actividad subvencionada.

En cualquier caso, si se ha autorizado una prórroga del periodo de ejecución, el plazo para justificar será de la misma duración (quince días naturales) y el comienzo de dicho plazo coincidirá con la fecha de finalización de la ampliación del periodo de ejecución.

11. Además, se realizará una justificación intermedia que consistirá en un informe de progreso sobre la ejecución del proyecto, especificando sus indicadores y las posibles desviaciones identificadas, así como los mecanismos activos y la estrategia de alineación con los objetivos que se aplicará con el fin de garantizar la finalización en tiempo y forma comprometidos. El mismo deberá presentarse por los mismos medios descritos en el punto 3 anterior, con fecha límite, 31 de julio de 2024.

12. Por tanto, la entidad coordinadora y cada una de las entidades participantes en el proyecto estarán obligadas a presentar su justificación correspondiente. Dicha presentación será realizada por el representante único de la agrupación, en representación de cada una de ellas. Así, deberán aportar las memorias de justificación técnica y económica que se detallan a continuación.

a) Para el seguimiento técnico, la entidad beneficiaria presentará la memoria técnica de ejecución que describa el progreso del proyecto, y el grado de consecución de los objetivos definidos para el periodo que se trate.

b) Para el seguimiento económico, cada entidad beneficiaria deberá presentar una memoria económica, informe de persona auditora y la documentación acreditativa de los gastos realizados.

c) Para acreditar la puesta en marcha de la Plataforma Inteligente de Destino en el sector turístico y validar el cumplimiento del hito 222 de la Decisión del Consejo, la agrupación deberá aportar el certificado de finalización de ejecución.

d) Con el fin de acreditar la existencia de entidades beneficiarias de los proyectos basados en tecnologías innovadoras que exige el objetivo 223 de la Decisión del Consejo, la agrupación deberá aportar el enlace de acceso a la plataforma, así como credenciales operativas con permisos suficientes para verificar su operatividad.

13. La persona representante de la agrupación es la responsable de presentar la justificación por medios electrónicos. No obstante, las personas jurídicas participantes podrán presentar todos los datos relativos a su justificación y podrán ver los datos que la entidad coordinadora haya presentado sobre la justificación de su actividad.

14. Los documentos de pago emitidos por la entidad beneficiaria deben tener fecha de vencimiento comprendida dentro del plazo concedido para presentar la documentación justificativa. No obstante, el gasto elegible derivado del informe de auditoría podrá realizarse y pagarse dentro del plazo de justificación.

15. La justificación se ajustará también a las exigencias de la normativa de la Unión Europea y nacional relativa al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

16. Se podrá requerir documentación justificativa complementaria para la justificación del gasto realizado, así como para dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, informando de lo que sea preciso para alimentar dicho sistema, así como las aplicaciones informáticas o bases de datos que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de la financiación y los objetivos.

17. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, en la resolución de concesión podrán especificarse el calendario, contenido y los informes de seguimiento sobre el avance técnico y económico del proyecto que deban ser aportados durante la fase de ejecución. Asimismo, deberá facilitar cuanta información adicional sobre el desarrollo del proyecto le sea expresamente solicitada por el órgano encargado del seguimiento de las ayudas, en la forma y con los medios que se establezcan en la convocatoria y la correspondiente resolución de concesión y que podrán incluir una o varias exposiciones orales.

Base 23.- Principio de no causar daño significativo (DNSH).

1. En las actuaciones objeto de ayuda, se debe garantizar el respeto al principio de no causar un daño significativo al medio ambiente (Do No Significant Harm, DNSH), conforme a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y su normativa de desarrollo, y a lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

En este contexto, los proyectos objeto de ayuda deben atender de manera expresa y particular lo siguiente:

a) Los equipos tecnológicos adquiridos en el marco de esta actuación cumplirán con los requisitos relacionados con la energía establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas.

b) El equipamiento adquirido debe ser energéticamente eficiente, es decir, absolutamente respetuoso con el “Code of Conduct for ICT” de la Comisión Europea, y se deben promover medidas para que aumente su durabilidad, la posibilidad de reparación de actualización y de reutilización de los productos, aparatos eléctricos y electrónicos implantados.

c) Los equipos deben cumplir con los requisitos de eficiencia de materiales establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. Los equipos utilizados no deben contener las sustancias restringidas enumeradas en el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE, excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo.

d) Al final de su vida útil, los equipos se deben someter a una preparación para operaciones de reutilización, recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de todos los fluidos y un tratamiento selectivo, de acuerdo con el Anexo VII de la Directiva 2012/19/UE.

2. Tal y como se especificó en la base reguladora 14, las solicitudes deberán acompañarse de una declaración responsable de adecuación al principio de “no causar perjuicio significativo” (principio do no significant harm, DNSH), en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, conforme al modelo incluido en el Anexo V de este documento.

3. Las declaraciones responsables del principio de “no causar perjuicio significativo” (principio do no significant harm, DNSH) que se realicen deben atender obligatoriamente a la Comunicación de la Comisión Europea (2021/C 58/01), Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

4. En caso de modificaciones significativas en la ejecución del proyecto, la ACIISI podrá solicitar a la persona/entidad beneficiaria un nuevo informe que acredite que se respeta el principio de “no causar un perjuicio significativo” en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852.

En todo caso las entidades beneficiarias preverán mecanismos de verificación del cumplimiento del principio de “no causar perjuicio significativo” (principio do no significant harm, DNSH).

5. Adicionalmente serán de aplicación los siguientes requisitos específicos para respetar el principio DNSH:

• Para la mitigación del cambio climático: los equipos que se utilicen cumplirán con los requisitos relacionados con el consumo energético establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. Para la instalación de las infraestructuras IT, se seguirá la versión más reciente del Código de conducta europeo sobre eficiencia energética de centros de datos (Code of Conduct for ICT de la Comisión Europea), o en el documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 “Instalaciones e infraestructuras de centros de datos - Parte 99-1: Prácticas recomendadas para la gestión energética”. Se tomarán medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación, de actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados.

• Para la adaptación del cambio climático: se realizará una evaluación del riesgo climático y la vulnerabilidad de las instalaciones de infraestructuras IT y en su caso, se establecerán las soluciones de adaptación adecuadas para cada caso.

• Para la economía circular: los equipos cumplirán con los requisitos de eficiencia de materiales establecidos de acuerdo con la Directiva 2009/125/EC para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas. Los equipos utilizados no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE, excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo. Al final de su vida útil, los equipos se someterán a una preparación para operaciones de reutilización, recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el Anexo VII de la Directiva 2012/19/UE.

• Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluido el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados, en las actuaciones previstas en esta inversión, será preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.

• Los operadores limitarán la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.

• Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad en lo referido a la norma ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo estos están diseñados para ser más eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje.

• Para la prevención y el control de la contaminación: Se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra y se ejecutarán las actuaciones asociadas a esta medida siempre cumpliendo la normativa de aplicación vigente en cuanto la posible contaminación de suelos y agua.

• Para la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas: Se asegurará que las instalaciones de infraestructuras IT no afectarán negativamente a las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, tampoco al estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular los espacios de interés de la Unión. Por ello cuando sea preceptivo, se realizará la Evaluación de Impacto medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2011/92/EU.

Base 24.- Desistimientos/renuncias, devolución, incumplimientos y reintegro.

1. Desistimientos/renuncias.

a) El desistimiento o la renuncia por las personas/entidades interesadas se regulará de acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De acuerdo con su punto 2, el desistimiento o la renuncia solo afectará a aquellas personas/entidades beneficiarias que la hubiesen formulado y se regirá según lo establecido en las bases reguladoras 3 y 13, y atender lo descrito al respecto en el Anexo XII.

b) Se podrá establecer una excepción al apartado anterior en el caso de que durante la ejecución del proyecto se produzcan circunstancias verificables que determinen la inviabilidad de su continuidad y queden debidamente acreditadas por la persona beneficiaria. En este caso, la persona beneficiaria estará obligada a devolver la totalidad de la ayuda que no vaya a ejecutar, quedando la aceptación del gasto realizado hasta ese momento condicionada al resultado de las actuaciones de comprobación del órgano competente para la comprobación de la ayuda concedida.

2. Solicitud de devolución de la ayuda no aplicada, incumplimiento y reintegro.

a) No será exigible el abono de la subvención, o en su caso, procederá el reintegro de las cantidades percibidas más el interés de demora devengado desde el momento del pago de la subvención, cuando concurran las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, que se recuerdan a continuación:

I. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

II. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

III. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y, en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.

IV. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley.

V. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de esta ley, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

VI. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades beneficiarias, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

VII. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades beneficiarias, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

VIII. La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

IX. En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

b) El incumplimiento de la obligación de publicar la información de publicidad activa a que estuvieran obligadas las entidades beneficiarias constituye infracción administrativa que se calificará conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, pudiendo ser sancionado dicho incumplimiento con multa, y conllevar como sanción accesoria el reintegro total o parcial de la ayuda o subvención pública concedida

c) De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que permite a las entidades beneficiarias de las ayudas proceder a la devolución voluntaria del importe de ayuda no aplicado sin el previo requerimiento de la Administración, en cualquier momento, podrá solicitarse dicha devolución a través del apartado de aportación de documentos al expediente en la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Una vez tramitada la solicitud, se le remitirá el correspondiente modelo para que haga el ingreso incluyendo los intereses de demora.

d) El procedimiento de reintegro se realizará conforme a lo regulado en el Capítulo VIII del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e) Se debe atender lo descrito en el Anexo XII del presente documento.

Base 25.- Graduación de incumplimientos.

Los criterios proporcionales de graduación de incumplimientos serán los que se indican a continuación:

a) Será causa de reintegro total de la subvención y, en su caso, de pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir en los siguientes casos:

• La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello y ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

• Que los gastos debidamente justificados representen menos del 60% del presupuesto aprobado.

• No atender sin causa justificada las peticiones de colaboración y/o de información realizadas por el centro gestor competente para apoyar programas y acciones de apoyo a la transformación digital de la empresa canaria.

b) La realización de modificaciones no autorizadas en las condiciones iniciales de la ayuda concedida, conllevará la devolución de la cantidad afectada a las mismas y, en su caso, de pérdida del derecho al cobro de las cantidades pendientes de percibir.

c) En los casos de no comunicar otras actividades incursas en incompatibilidad, podrá requerirse el reintegro de la ayuda por el tiempo en que se haya producido dicha incompatibilidad de forma parcial o total o proceder a la revocación de la misma.

d) Asimismo, cualquier variación de los datos que sirvieron de base para la aplicación de los criterios de valoración del expediente o de los gastos justificados y aceptados, podrá suponer una reducción proporcional del importe de la subvención a abonar en función del nuevo resultado obtenido, siempre que se cumpla con la finalidad de la convocatoria.

e) Según se establece en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. Por tanto, en estos casos, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

f) Cuando el cumplimiento por la persona/entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total (gastos debidamente justificados representen más del 60% del presupuesto aprobado) y se acredite por este una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, se tendrá en cuenta el siguiente criterio: el incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización del gasto financiable, o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro o, en su caso, la pérdida al derecho al cobro, de la ayuda asignada a la entidad beneficiaria en el porcentaje correspondiente al gasto no efectuado o no justificado.

g) En el caso de incumplimiento parcial motivado por la inobservancia de las obligaciones en materia de publicidad, conforme a lo establecido en base reguladora 30, el importe a reintegrar queda fijado en el 10% de la ayuda concedida.

Base 26.- Control financiero de subvenciones.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones y las operadoras-colaboradoras tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control de la Intervención General de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma Canaria, de la Audiencia de Cuentas y del Tribunal de Cuentas, así como de los órganos de la Unión Europea competentes en materia de control financiero. Las actuaciones de control podrán extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados o vinculadas las entidades beneficiarias, así como a cualquier otra persona física o jurídica, siempre que guarden algún tipo de relación con la aplicación de las subvenciones y sea susceptible de presentar un interés en la consecución de los objetivos de control.

Las entidades, personas beneficiarias y terceras relacionadas con el objeto de la subvención y su justificación, estarán obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta información sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de control, en cuyo ejercicio los órganos citados tendrán las facultades definidas en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa, siendo causa de reintegro y sin perjuicio de las sanciones que en su caso pudieran corresponder.

Las entidades beneficiarias de las ayudas y subvenciones públicas tendrán la obligación de someterse a las actuaciones de control que en materia de transparencia corresponden al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Base 27.- Modificación de la resolución de concesión.

1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, las subvenciones y demás ayudas públicas concedidas serán remitidas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones con indicación según cada caso, de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, entidad beneficiaria, cantidad concedida y objetivo o finalidad de la subvención con expresión de los distintos programas o proyectos subvencionados, así como las devoluciones o reintegros exigidos.

2. Una vez recaída la resolución de concesión, la entidad beneficiaria podrá solicitar la modificación de su contenido, que se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero ni, en su caso, afecte al cumplimiento del objetivo de estabilidad y se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la modificación se solicite al menos con dos meses de antelación a que finalice el plazo de ejecución del proyecto y que el cambio sea autorizado expresamente por el órgano concedente.

b) Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la finalidad prevista en el proyecto de inversión contemplado en la Ley de Presupuestos y de las actividades o conductas establecidas en las bases reguladoras, o, en su defecto, en la resolución de concesión.

c) Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad de la entidad beneficiaria.

d) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.

3. Dará lugar a la modificación de la resolución de concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o la finalidad de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

b) La obtención por la entidad beneficiaria de ayudas o subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes Públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas o atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los periodos establecidos en la misma.

4. Requerirá autorización del órgano concedente, previa a su realización, cualquier modificación que afecte a los siguientes aspectos del proyecto:

a) Determinación de las entidades beneficiarias, como consecuencia de que la entidad coordinadora o una de las participantes de un proyecto lo abandone por renuncia, de acuerdo con la base reguladora 4 (excluidos los cambios de entidad beneficiaria por modificación estructural).

b) Distribución entre las distintas entidades beneficiarias del presupuesto financiable y de la ayuda concedida.

c) Condiciones técnico-económicas que se establezcan en la resolución de concesión.

d) Los que se determinen adicionalmente en la convocatoria.

5. Requerirá autorización del Órgano Instructor, previa a su realización, cualquier modificación que afecte a los siguientes aspectos del proyecto:

a) Entregables o criterios de aceptación que se hayan definido para los mismos.

b) Cambios en las actividades a desarrollar por cada entidad/persona beneficiaria.

c) Perfil profesional de los investigadores principales del equipo que participa en el proyecto.

d) La sustitución de zonas o la incorporación de nuevas zonas de actuación de impacto del proyecto, todas igualmente elegibles, siempre que no se reduzca la población beneficiada.

e) Modificaciones de presupuesto de cada persona/entidad beneficiaria que supongan un incremento de más de un 20 por ciento en los conceptos indicados en la base 8 del presente documento que figuren en la resolución de concesión, compensables con disminuciones de otros conceptos, sin que en ningún caso se incremente el importe de la ayuda total para dicha beneficiaria.

6. No se requerirá una solicitud expresa de modificación en los siguientes casos:

a) La sustitución de personal técnico y/o administrativo imputado en el proyecto o actuación, siempre que se mantenga la categoría profesional y funciones.

b) Las que se determine adicionalmente en la convocatoria.

7. Las solicitudes de modificación de las condiciones previstas en la resolución de concesión se dirigirán al Órgano Instructor, ACIISI, y se presentarán por vía electrónica a través de la aportación de documentos al expediente concreto, disponible en la sede electrónica del Gobierno de Canarias (https://sede.gobiernodecanarias.org) firmadas electrónicamente mediante firma electrónica avanzada.

8. La solicitud de modificación se acompañará de una memoria, en la que se expondrán la motivación de los cambios y el cumplimiento de los requisitos expuestos en el apartado 2 anterior. Dicha memoria deberá incluir, al menos, una relación de los paquetes de trabajo, los entregables y las actividades afectadas, el gasto financiable implicado y un análisis de impacto y viabilidad sobre los objetivos y resultados del proyecto. Salvo causa de fuerza mayor, la solicitud deberá presentarse al menos dos meses antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto.

9. Otras modificaciones que no afecten a los aspectos de los apartados 4 y 5 de la presente base reguladora, y que cumplan con lo establecido en el apartado 2, no requerirán autorización previa y expresa siendo suficiente su comunicación al órgano instructor, debidamente motivada, en el momento de la justificación de la ayuda. Dicha comunicación no supondrá una autorización automática, quedando esta en todo caso condicionada al resultado de las actuaciones de comprobación del órgano competente para la comprobación de la ayuda concedida y su resultado quedará reflejado implícitamente en la validación de gastos de la certificación final.

10. El plazo máximo de resolución y notificación de la modificación de concesión será de tres meses, sin que se pueda rebasar la fecha de finalización del plazo vigente de ejecución del proyecto objeto de la ayuda. Transcurridos los tres meses previstos para resolver, sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, el interesado queda legitimado para entender desestimada presuntamente su solicitud de modificación de la resolución de concesión.

Base 28.- Régimen aplicable a la prescripción.

1. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro de las subvenciones que se concedan con arreglo a estas bases reguladoras prescribirá a los cuatro años, que se computará desde el momento en que venza el plazo para presentar la justificación por parte de las agrupaciones beneficiarias, o, en el supuesto de que se establezcan condiciones u obligaciones que deban ser cumplidas o mantenidas por parte de las personas/entidades beneficiarias durante un periodo determinado de tiempo, desde el momento que venza dicho plazo.

2. El cómputo del plazo de prescripción se interrumpirá por las causas previstas en el artículo 153.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Base 29.- Régimen aplicable a las infracciones y sanciones.

1. Las personas/entidades beneficiarias de las subvenciones quedarán sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador regulado en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones, y a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

2. El procedimiento administrativo sancionador se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normativa vigente para el desarrollo del ejercicio de la potestad sancionadora.

3. En virtud de lo establecido en el artículo 154.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, las sanciones en materia de subvenciones serán acordadas e impuestas por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura; esto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 154.3 de la citada Ley.

Estas subvenciones están sujetas a las medidas de prevención de conflicto de intereses recogidas en el Plan de Medidas Antifraude de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura podrá condonar las sanciones impuestas, siempre que se pruebe la buena fe y la falta de lucro personal de la persona responsable.

En ningún caso podrán condonarse las sanciones impuestas a aquellas entidades que, aun concurriendo las circunstancias expuestas en el párrafo inmediatamente anterior, hayan sido sancionadas con anterioridad por infracción en materia de subvenciones.

Base 30.- Publicidad.

1. La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artículos 30 y 31 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. Las personas/entidades beneficiarias deberán cumplir con las siguientes obligaciones en materia de publicidad e información:

a) Las relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y al artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, en las medidas de información y comunicación de las actuaciones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), así como en los contratos (de suministros, de servicios, etc.), publicaciones y otros resultados de la investigación que puedan ser atribuidos, total o parcialmente, a la entidad beneficiaria, ponencias, equipos inventariables y actividades de difusión de resultados financiados con las ayudas, se deberán incluir los siguientes logos, en el orden según se citan:

I. El emblema de la Unión Europea que incluye el texto “Financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU”, disponible en la URL: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

II. El logo del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

III. El logo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, disponible en la URL: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

IV. El logo de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, en la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura.

Se tendrán en cuenta las normas gráficas del emblema de la Unión y los colores normalizados establecidos en el Anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014. Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.

b) Las establecidas en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este sentido, toda referencia en la publicidad, la difusión y en cualquier resultado o actuación derivada de las actuaciones financiadas en el marco de estas bases, deberá incluir que han sido financiadas por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, en la forma y condiciones establecidos en las instrucciones que se dicten por esta última en materia de comunicación y publicidad de las ayudas disponibles en su página web.

3. El incumplimiento de esta obligación se considerará infracción leve de acuerdo con el artículo 56.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se sancionará con una multa fija en los términos previstos en el artículo 59 de la misma ley. Asimismo, podrá ser causa de reintegro de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y artículo 93 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y podrá ser objeto de reintegro.

4. Los resultados de la innovación de las actuaciones financiadas, incluyendo tanto los resultados difundidos a través de publicaciones como los datos generados en el proyecto, deberán estar disponibles en acceso abierto, con las excepciones señaladas en el siguiente apartado a) siguiente.

a) En la solicitud de la ayuda se indicará si procede o no la difusión en abierto de los datos que se generen como resultado del proyecto. En caso afirmativo, se indicará además el repositorio institucional o temático de acceso abierto en el que se depositarán. En caso negativo, se señalará la concurrencia de alguna de las excepciones indicadas a continuación.

Las excepciones a la obligatoriedad del régimen de publicación en abierto y del acceso abierto a los datos de investigación en el caso de que la convocatoria lo prevea, se producirán en los siguientes casos:

I. Cuando se prevea que los datos generados en la investigación y los resultados de la investigación realizada puedan ser sometidos a solicitud de la protección de derechos de propiedad industrial o intelectual. La titularidad de los indicados derechos de propiedad industrial e intelectual se determinará conforme a la normativa específica que les resulte de aplicación.

II. Cuando por su naturaleza los datos estén sujetos a la protección de datos de carácter personal o cuando afecten a la seguridad pública.

5. Respetar la identidad de marca del proyecto Spain Living Lab, según se especifique en el sitio web de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información.

Base 31.- Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo que disponga la normativa de aplicación y, en particular, a las normas siguientes, de obligado cumplimiento para la entidad beneficiaria.

Normativa europea:

- El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y su normativa de desarrollo.

- Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del derecho Penal (Directiva PIF).

- Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento General de Exención por Categorías), y posteriores modificaciones del mismo.

- Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, especialmente por lo que respecta a la aplicación del principio de “no causar daño significativo” (principio Do No Significant Harm - DNSH) y el etiquetado climático y digital, así como la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio de “no causar daño significativo”.

- Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.

Normativa estatal:

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

- El Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la Sociedad de la Información y medios de comunicación social.

- Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y sus posteriores modificaciones.

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR.

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del PRTR.

- Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el PRTR.

Normativa autonómica:

- Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

- Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Resolución de 17 de febrero de 2022, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno de 3 de febrero de 2022, por el que se aprueba el Plan de Medidas Antifraude de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y su sector público en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, modificado en sesión de Gobierno de 5 de mayo de 2022.

Base 32.- Protección de datos.

1. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de carácter personal necesarios para la concesión de estas ayudas serán tratados por el órgano concedente, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

2. En virtud de dicha normativa, se informa de lo siguiente:

La Responsable del tratamiento, Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) es la titular creada por Resolución n.º 345/2019, de 28 de mayo, por la que se registran las actividades de tratamiento de datos personales gestionados por la ACIISI.

Finalidad del tratamiento: gestión de subvenciones, becas, préstamos, aportaciones dinerarias y otras atribuciones dinerarias.

Legitimación:

• Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable a la persona responsable del tratamiento, artículo 6.1.c) del Reglamento UE 2016/679, General de Protección de Datos, y artículo 8 de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

• Por obligación legal, artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

• Identificación y firma de las personas interesadas en el procedimiento administrativo, artículo 9 y 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Destinatarios de cesiones o transferencias:

• Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo (extinta).

• Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura.

• Instituto Canario de Estadística (ISTAC), con fines estadísticos.

• Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

• Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) - Intervención General de la Administración del Estado, en el caso de subvenciones.

• Base de Datos de Subvenciones de Canarias, en el caso de subvenciones.

• Lista de operaciones y sistema de registro y almacenamiento informatizados de datos individuales de participantes, previstos en el Reglamento (UE) 1303/2013.

• Dirección General de Planificación y Presupuesto.

• Órganos de control del Estado (Tribunal de Cuentas), de la Comunidad Autónoma de Canarias (Audiencia de Cuentas) y de la Unión Europea (Comisión Europea, Tribunal de Cuentas Europeo, Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude-OLAF-, etc.).

• Otras cesiones previstas por Ley a autoridades judiciales, órganos de control de la actividad de la Administración, órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y otras Administraciones Públicas.

No hay transferencias internacionales previstas.

Derechos de las personas interesadas: de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas de los datos de carácter personal contenidos en tratamientos de la titularidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Ejercicio del derecho para la protección de datos personales: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/5211

Procedencia de los datos: personas interesadas, representantes legales, otras personas físicas o jurídicas, administraciones públicas.

3. La ACIISI permitirá el acceso al personal designado por la entidad beneficiaria de la subvención a las aplicaciones informáticas que correspondan. Para ello se facilitará a la entidad cuantos usuarios sean necesarios para el correcto desarrollo de la actividad encomendada. Las autorizaciones asignadas en dicho sistema de información son personales e intransferibles, y las personas titulares de las mismas están obligadas al secreto profesional.

Una vez realizadas las acciones recogidas en el Proyecto, la entidad deberá destruir o devolver a la ACIISI, según le sea indicado por esta, la información y datos de carácter personal de los que se haya tenido acceso, así como cualquier otra información consecuencia de la prestación del servicio, además de cualquier soporte o documento en que conste algún dato personal facilitado por la ACIISI. La entidad podrá mantener parte de la información únicamente para el cumplimiento de las obligaciones legales y en acreditación de la correcta realización del proyecto, debiendo mantener las medidas de seguridad que sobre los mismos se hayan de aplicar, así como comunicarlo a la ACIISI.

Desde el punto de vista tecnológico, la entidad se sujetará a las indicaciones que le haga la ACIISI, responsable del fichero.

La entidad tratará los datos únicamente para el ejercicio de las funciones descritas para este proyecto y no los aplicará o utilizará con fin distinto, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo autorización expresa de la ACIISI.

El acceso de la entidad al fichero señalado, en momento alguno se entenderá ni será considerado como cesión de datos de carácter personal por parte de la ACIISI.

Los datos de carácter personal que obtenga la entidad como consecuencia de la ejecución del Proyecto solo podrán ser utilizados para el cumplimiento de las funciones directamente relacionadas con el mismo, no pudiendo ser cedidos a terceros por título alguno.

Asimismo, la entidad adoptará las medidas procedentes en orden a garantizar la seguridad de los citados datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida o tratamiento no autorizado, de acuerdo con lo previsto en la legislación sobre protección de datos y las directrices que al respecto establezca la ACIISI.

La documentación relacionada puede ser consultada en la siguiente URL: https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/

4. Se permitirá la cesión de información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.

5. Los solicitantes, en el formulario de solicitud, podrán autorizar al órgano instructor a recabar los datos relativos a los documentos exigidos en cada convocatoria para el cumplimiento de las bases reguladoras 3 y 21, quedando en tal caso eximidos de la necesidad de aportarlos. El órgano concedente se reserva el derecho de solicitar aclaraciones y documentación complementaria para acreditar la veracidad de la documentación presentada. En caso de no autorizar dichas consultas, se estará a lo previsto en la base reguladora 18.

6. La Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tendrán la posibilidad de acceso a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales u otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales.

Base 33.- Evaluación y selección.

1. Según establece el artículo 16 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, la Comisión realizará la evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuadas conforme con los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la subvención o, en su caso, en la convocatoria.

2. El procedimiento de evaluación podrá contemplar, si así se prevé en la convocatoria y como medio de prueba adicional de los criterios de evaluación previstos en la base 34 del presente documento, la celebración de entrevistas presenciales o videoconferencias, cuando proceda, siempre que dichas actuaciones respeten el principio de igualdad de oportunidades y de publicidad.

3. La Comisión, que puedan conformarse al amparo de esta base, procurará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

4. En lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras o en la convocatoria, el funcionamiento de la Comisión de Evaluación se regirá por lo establecido en la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5. El funcionamiento de la Comisión de Evaluación será atendido con los medios personales, técnicos o presupuestarios asignados al órgano convocante, y no implicarán incremento de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros costes de personal al servicio del sector público.

6. La selección de los proyectos a los que se concederán las ayudas se realizará en dos etapas: una valoración de requisitos de las entidades beneficiarias inicial y una posterior priorización/selección de proyectos mediante valoración técnica de los mismos, según los criterios incluidos en la base reguladora 34.

Base 34.- Criterios de evaluación de las solicitudes.

1. Las solicitudes serán evaluadas por el procedimiento de concurrencia competitiva conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad de oportunidades y no discriminación.

2. Los criterios de evaluación para la concesión de estas ayudas, así como el umbral mínimo requerido para cada uno, se resumen en la siguiente tabla y, en su caso, se describen a continuación.

Ver anexo en las páginas 9945-9946 del documento Descargar

A. Solución técnica: se valorará la propuesta técnica del proyecto analizando su propósito, la medida en que resuelve las necesidades expresadas, el cumplimiento de los requisitos exigidos y recomendados en las bases reguladoras de la convocatoria, las tecnologías y mecanismos que aplica y las funcionalidades. Puntuación máxima 40. Umbral del criterio: 20 puntos, de los que 14 contienen carácter excluyente, tal y como exigen los requisitos fundamentales del espacio de datos que se especifican en la tabla 2 del Anexo II del presente documento.

B. Oportunidad estratégica de la actuación: se valorará la alineación de la propuesta con las prioridades objeto de la convocatoria (vinculadas a la ejecución, principalmente, de las actuaciones que comprende el punto 3.4 de la base reguladora 12 de este documento), así como las posibilidades de interoperabilidad con otras propuestas enmarcadas en el mismo proyecto, Spain Living Lab. También, se valorará la medida en que se atienden los siete casos de uso especificados en las bases reguladoras, las garantías de ejecución del proyecto en plazo y la contemplación de actuaciones que aporten valor a la propuesta dentro de las recomendadas en la base reguladora 12 diferentes de las contenidas en su punto 3.4, entre otras medidas que se detallan en la tabla 1 anterior. Puntuación máxima del criterio: 20. Umbral del criterio: 10 puntos, de los que 4 contienen carácter excluyente según lo siguiente:

• 2 puntos a razón del requisito de alineación del presupuesto con el hito 222 de la Decisión de Ejecución del Consejo que se debe alcanzar en plazo, para lo que se exige que al menos el 60% del presupuesto esté destinado a actuaciones relacionadas con la creación del espacio de datos.

• 2 puntos en atención de la alineación de la propuesta con los objetivos y requisitos que faciliten la ejecución de las demás posibles propuestas seleccionadas, en el marco del mismo proyecto Spain Living Lab, que contribuyen a hitos y objetivos del mismo o distinto componente del PRTR.

En cuanto a otras actuaciones, se puntuarán entre 0 y 4 según la proporción de las disponibles en la base reguladora 12, distintas de las especificadas en su punto 3.4, que se contemplen en la propuesta de manera coherente y aportando valor a la misma.

C. Capacidad de gestión: se valorará la capacidad de gestión técnica de las entidades integrantes de la agrupación a partir de su experiencia referenciada y representatividad en el sector turístico, así como la de las entidades participantes que no intervienen como beneficiarias sino como usuarias y atendiendo el balance de género del equipo humano aportados a la propuesta. Puntuación máxima del criterio: 8. Umbral del criterio: 4 puntos.

En cuanto a la medida de participación de las empresas usuarias (no beneficiarias), se valorará con un 1 punto a aquellas propuestas en las que se supere un 50% de PYMEs del sector turístico y, con 2, en caso de superar el 80%.

D. Viabilidad económica y financiera de la propuesta: se valorará la coherencia de las necesidades financieras de la propuesta, la estructura de financiación, la sostenibilidad en el tiempo de la propuesta, la dimensión económica del proyecto en relación a la adecuación del mismo a la capacidad financiera de las entidades beneficiarias, el plan de negocio, la monetización del sistema y la adecuación del presupuesto presentado a las actividades propuestas. Se valorará negativamente el sobredimensionamiento del presupuesto. Puntuación máxima del criterio: 3. Umbral del criterio: 2 puntos.

E. Estrategia, mercado y explotación de resultados: se valorará la necesidad del mercado y mercado potencial, el posicionamiento competitivo y estrategia comercial y el plan de difusión, explotación de los resultados y las garantías mantenimiento de la actividad en el tiempo. Puntuación máxima del criterio: 15. Umbral del criterio: 6 puntos.

Estas ayudas van dirigidas a asociaciones o entidades asociativas de empresas, preferentemente PYMES, en el que la solución a financiar beneficie a un número escalable de empresas, que mejoren los procesos de gestión de las empresas en su relación con clientes, en la gestión de sus beneficios o, por ejemplo, en su posicionamiento de marca, el impacto en los destinatarios de la actuación a nivel económico, en el empleo, en competitividad, ganancia de visibilidad en el sector turístico y la contribución efectiva, tanto cualitativa mediante la capacidad de transformación del sector, como cuantitativa mediante el número de empresas involucradas en la iniciativa, para el estímulo de la competitividad empresarial y la transición hacia la digitalización del sector turístico.

En este contexto, entre otros, se valorarán la continuidad y mantenimiento del proyecto, así como el plan de difusión de resultados y el conocimiento, como se indica a continuación:

I. La continuación y mantenimiento de la actividad tras la finalización del proyecto, así como la aplicabilidad de los resultados, productos y servicios obtenidos (0 a 4 puntos):

a) Posibilidades de continuidad y explotación de los resultados del proyecto tras la finalización del mismo, valorando las opciones de mejora y/o crecimiento para las propias entidades beneficiarias de la ayuda, en particular para las PYMEs participantes (0 a 2 puntos).

b) Aplicabilidad de los resultados del proyecto tras la finalización del mismo valorando las opciones de mejora y/o crecimiento por parte de nuevas entidades, en particular de PYMEs (0 a 2 puntos).

II. El plan de difusión de los resultados y el conocimiento, así como de captación de nuevos participantes, con un máximo de 5 puntos:

a) Plan de comunicación para la captación de nuevas entidades/personas participantes (0 a 2 puntos).

b) La publicación de una página web específica del proyecto que incluya toda la información relevante del mismo, así como cuadros de mando y acceso a los datos, y la publicación de artículos en revistas y prensa de prestigio (0 a 1 punto).

c) La facilidad de acceso al código del proyecto y su desarrollo, así como el trabajo realizado a lo largo de la vida del proyecto por cada una de las entidades participantes en el mismo, mediante el uso de herramientas de versionado accesibles para una verificación ágil y rápida (0 a 1 punto).

d) La transparencia y facilidad de acceso a los resultados del proyecto, en la que se valorará la puesta a disposición de manera pública y gratuita de conjuntos de datos generados con el proyecto, código fuente y/o entregables, utilizando formatos estándar abiertos, facilitando su acceso y permitiendo su reutilización (0 a 1 punto).

F. Impacto socio-económico.

Para la valoración de este criterio se tendrán en cuenta tanto el impacto de los resultados del proyecto en la sociedad y/o actividad económica, como en las entidades que forman la agrupación. Los factores que se valorarán en cada uno de esos aspectos se citan a continuación.

1.º) Respecto al impacto del proyecto en la sociedad y/o actividad económica, se tendrá en cuenta, al menos, la creación de empleo en Canarias, la compatibilidad con el marco regulatorio, el plan de difusión, el acceso a sus resultados y el efecto tractor en el sector turístico.

2.º) Respecto al impacto del proyecto en la propia agrupación, se tendrá en cuenta, al menos, la adquisición de conocimiento y/o experiencia para la agrupación y la aplicabilidad de sus resultados.

3.º) Se valorará adicionalmente en el impacto del proyecto la existencia de un conjunto de indicadores de medición de impacto del proyecto definidos y estimados por la agrupación solicitante.

A continuación, se especifica la ponderación de estos factores.

a) El impacto del proyecto en la sociedad y/o actividad económica se valorará de 0 a 5 puntos. El proyecto deberá incluir una relación de indicadores de medición del impacto, definidos y estimados por la agrupación en los diferentes ámbitos que se señalan a continuación. Se valorará positivamente:

I. Que el proyecto contribuya a afrontar los siguientes desafíos sociales (0 a 3 puntos):

- Reducir la brecha de género en el ámbito de la Ciencia de Datos en cuanto a empleo y liderazgo: se valorará cualquier aspecto que haga referencia a este desafío, como que el proyecto sea dirigido por una directora de proyecto o el esfuerzo femenino de dedicación al proyecto como porcentaje de las horas imputadas al proyecto (0 a 1 punto).

- Favorecer a la transición ecológica y a la reducción de la huella de carbono: se valorará cualquier aspecto que haga referencia a este desafío, como que los participantes del proyecto aporten sellos o certificaciones medioambientales, como la ISO 14001 o equivalente (0 a 1 punto).

- Favorecer a la vertebración territorial de la Comunidad. Con el objeto de asegurar un adecuado impacto territorial, se valorará el porcentaje de las entidades beneficiarias y usuarias finales con domicilio fiscal en Canarias, además de cualquier otro aspecto que haga referencia a este desafío (0 a 1 punto).

II. El impacto de los resultados del proyecto en el empleo en Canarias de la propia agrupación y de las entidades usuarias finales se valorará de 0 a 6 puntos. Se incluirá en este apartado la valoración de la creación de empleo directo, como nuevas contrataciones de personal en las entidades beneficiarias de la ayuda (0 a 4 puntos), o indirecto, como nuevas contrataciones de personal en las entidades participantes como usuarias finales (0 a 2 puntos).

Nuevas contrataciones directas:

Hasta 5 empleos directos: 0 puntos.

a) > 5 empleos directos (1 punto).

b) > 10 empleos directos (2 puntos).

c) > 20 empleos directos (3 puntos).

d) > 30 empleos directos (4 puntos).

Nuevas contrataciones indirectas:

Hasta 20 empleos indirectos: 0 puntos.

e) > 20 empleos indirectos (1 punto).

f) > 50 empleos indirectos (2 puntos).

III. Que el proyecto contribuya a la transferencia de conocimiento y aporte competitividad a Canarias en las especialidades profesionales relacionadas (0 a 1 punto).

IV. Que el proyecto impacte en un número importante de entidades usuarias finales (no beneficiarias), con preferencia de PYMEs del sector turístico (0 a 3 puntos). Estas entidades finales deberán quedar identificadas en la solicitud, bien directamente mediante relación nominativa, o bien por características concretas que permitan identificarlas, como puede ser la pertenencia a un determinado colectivo, sector productivo, asociación empresarial, etc. Se valorará positivamente, así mismo, la presentación de cartas de interés por parte de las mismas.

Hasta 25 entidades: 0 puntos.

> 25 entidades: 1 punto.

> 50 entidades: 2 puntos.

> 75 entidades: 3 puntos.

b) No superarán el umbral establecido en este criterio aquellos proyectos en los que:

- No justifiquen el impacto de los resultados del proyecto en la sociedad y/o en la actividad económica o en la propia agrupación.

- No se adecuen al marco regulatorio que les sea de aplicación.

- Compartan objetivos o desarrollen productos o servicios que coincidan con objetivos, productos o servicios de otros proyectos en ejecución o finalizados.

- No se prevea el impacto sobre un mínimo de 25 entidades participantes como usuarias (no beneficiarias) con establecimiento permanente en Canarias.

- La distribución regional de estas entidades usuarias no alcance el 30% con domicilio fiscal en Canarias.

- No exista una relación de indicadores de medición del impacto del proyecto definidos y estimados por la persona/entidad solicitante en los diferentes ámbitos establecidos anteriormente.

3. Cuando la Comisión de Evaluación de estas ayudas establezca la realización de una exposición oral, adicional, para la valoración de todos los criterios, la asignación de la puntuación se hará de la siguiente manera:

- Documentación: 50%.

- Exposición oral: 50%.

En el caso de renuncia a la exposición oral, la puntuación correspondiente a estos criterios se determinará, únicamente, con la información documental aportada y, por tanto, con un máximo de un 50% sobre el total posible.

En el caso de que no se realicen preguntas sobre un criterio en la exposición oral o no tenga lugar la exposición oral por decisión de la Comisión de Evaluación, la puntuación se realizará únicamente con la documentación aportada, teniendo la misma un peso del 100%.

4. En cualquier caso, los umbrales establecidos deberán ser alcanzados en la medida que indica la tabla 1 anterior en los conceptos que especifica, en su caso.

5. En los casos de solicitudes con igual puntuación, tendrá preferencia, atendiendo los criterios por este orden:

a) El que tenga mayor puntuación en el Criterio “Solución Técnica”.

b) En caso de tengan la misma puntuación en el apartado a), el que tenga mayor puntuación en el Criterio “Oportunidad estratégica de la actuación”.

c) En caso de tengan la misma puntuación en los apartados anteriores, el que tenga mayor puntuación en el Criterio “Capacidad de gestión”.

d) En caso de tengan la misma puntuación en los apartados anteriores, el que tenga mayor puntuación en el Criterio “Viabilidad económica y financiera de la propuesta”.

e) En caso de tengan la misma puntuación en los apartados anteriores, el que tenga mayor puntuación en el Criterio “Estrategia, mercado y explotación de resultados”.

f) En el caso de que se mantenga el empate, se considerará la solicitud que agrupe más empresas.

ANEXO II

MARCO DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

El objeto de la iniciativa RETECH, “Spain Living Lab”, es generar un ecosistema innovador, compuesto por tres grandes bloques que aportan hitos y objetivos individuales por su impacto en el corto, medio y largo plazo:

a) Generar datos a corto plazo, a través de un despliegue masivo de Living Labs como proyectos de IA con tecnologías habilitadoras (realidad virtual con IA): se crearán laboratorios que trabajarán en red, que permitirán mejorar las capacidades de inteligencia de las empresas y generar datos únicos para la creación de IA disruptiva en las Misiones País de IA que se describen más adelante, en este anexo.

b) En el medio plazo, almacenar y compartir esos datos, para lo que se hace necesaria la creación de un espacio de datos centrado en el comportamiento humano y específico para la IA e innovación en Turismo: un espacio de datos de comportamiento de las personas con alta trazabilidad que permita identificar patrones y desarrollar modelos predictivos. Serán datos secundarios para I+D+i que además se complementarán con datos de terceros y con otros espacios de datos.

c) Finalmente, es necesario crear valor sobre los datos, a largo plazo, que se consigue con la creación de IA disruptiva para la transformación del sector turístico, con la que se tratará de responder a grandes preguntas relacionadas con el comportamiento, mediante tesis doctorales de mención industrial y proyectos de I+D, siempre liderados o con participación de empresas.

Las actuaciones subvencionables en aplicación de las presentes bases reguladoras deberán responder al paquete de trabajo contemplado en el punto b) anterior, que se describe de la siguiente manera:

El paquete de trabajo consiste en el desarrollo de una fuente de datos única de comportamiento real de los hoteles bajo una Infraestructura multiusuario, alineada con espacios de datos sectoriales en evolución, gracias a la posibilidad que tiene de compartir datos entre diferentes usuarios en un modelo inicial de compartición de datos y que evolucionará a espacio de datos.

Un Espacio de Datos es un ecosistema donde materializar la compartición voluntaria de los datos de sus participantes dentro de un entorno de soberanía, confianza y seguridad, establecido mediante mecanismos integrados de gobernanza, organizativos, normativos y técnicos, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Actuaciones para el Despliegue de Espacios de Datos de la Oficina del Dato de España.

Los proyectos deberán, por tanto, incluir la creación de un Espacio de Datos de acuerdo con las directrices contenidas en el Plan de Actuaciones para el despliegue de espacios de datos de la Oficina del Dato, en particular las referidas a garantizar la interoperabilidad de diferentes espacios de datos.

Algunas características de los espacios de datos son las siguientes:

- El espacio de datos fomenta la confianza de sus participantes, generando relaciones de valor añadido entre estas/os y habilitando una ética de tratamiento del dato alrededor de los principios de objetividad, cooperación, participación, proximidad, integridad, transparencia, responsabilidad social, equidad y sostenibilidad.

- El espacio de datos, como ecosistema de compartición de datos, garantiza la soberanía de sus participantes sobre sus datos. La/el participante del espacio es quien decide con quién intercambia información y en qué condiciones, haciendo hincapié en la prevención de usos no autorizados por terceras partes.

- El espacio de datos presta especial atención a todos los aspectos relativos a su seguridad, incidiendo en la seguridad desde el diseño y su adecuación al Esquema Nacional de Seguridad.

- El espacio de datos facilita encontrar, acceder y usar los datos, bajo principios FAIR (localizables, accesibles, intercambiables, reusables), describiendo suficientemente los conjuntos de datos implicados y sus restricciones de uso, las estructuras de datos, vocabularios y taxonomías, así como los medios técnicos de acceso.

- El espacio de datos, para asegurar su correcto funcionamiento, dispondrá de mecanismos para asegurar el nivel de calidad de los datos aportados por sus participantes, y facilitará el desarrollo de semánticas y vocabularios de uso común facilitadoras del intercambio de información.

- El espacio de datos asegurará las sinergias e interoperabilidad con otros espacios de datos.

Dentro del concepto de espacio de datos, más allá de un intercambio bilateral de información, tienen cabida tanto entornos centralizados de aglutinación de información y generación de servicios de valor añadido con o sin contraprestación económica, como entornos federados innovadores de compartición de datos e incluso recursos de computación. Los primeros pueden verse como piezas fundamentales de la construcción de los segundos, debiendo, en todo caso, buscar la interoperabilidad total de las soluciones desplegadas. Adicionalmente, en su constitución, tendrían cabida todas las dinámicas orientadas a la generación de comunidad y bienes públicos reusables (“digital public goods”) abarcando tanto semánticas de uso común y datos abiertos facilitados por las administraciones, como la generación de componentes constructivos en repositorios de acceso libre.

Los espacios de datos pueden tener entre sus objetivos:

- El desarrollo de nuevos modelos de negocio conjunto entre los diferentes intervinientes en un sector productivo.

- La optimización de las cadenas de valor.

- La prestación de servicios de mayor calidad y valor añadido tanto a clientes finales como entre empresas.

- La mejora de la predicción de la demanda.

- El aumento de la eficiencia energética y optimización del uso de recursos.

- La modernización y sostenibilidad de la industria.

- El fomento de la economía circular.

- La mejora de la resiliencia en sectores sensibles al contexto económico y sanitario.

- Un impulso a la productividad y competitividad de las empresas.

- Una mejora en la toma de decisiones en base a datos.

- El apoyo a la resolución de los desafíos sociales. Impulso a la cohesión social y territorial.

- Un impulso a la economía de la España rural.

- Fomentar la colaboración entre empresas para impulsar el liderazgo internacional de sectores estratégicos.

En el contexto de un espacio de datos, un caso de uso consiste en una aplicación práctica de las tecnologías de datos para la consecución de un objetivo de negocio compartido en el ecosistema del espacio de datos. Un espacio de datos podrá albergar múltiples casos de uso.

Esta actuación es parte esencial del inicio del ciclo que caracteriza al proyecto Spain Living Lab, ya que se integrarán fuentes de datos relevantes para el sector y, los hoteles participantes a los que se dirige la actuación, generarán datos en el marco de la actuación que pueden ser de utilidad. Esta actuación se conforma como una base del espacio de datos que además utilizarán los proyectos enmarcados en esta misma iniciativa Spain Living Lab, que contribuyen al Componente 16 del PRTR, que también concede esta misma consejería (Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura), y debería contemplar, al menos, lo siguiente:

• Estrategia y campaña de captación de participantes.

• Generación de Business Labs. Los mismos son los Living Labs de negocio cuyo objetivo principal es la digitalización de PYMES con una gran capacidad generadora de datos (por ejemplo, centros alojativos). De esta forma, se pretende incentivar la generación de acuerdos entre las PYMES del sector, aunque por supuesto, este espacio Living Lab deberá estar abierto a cualquier otra PYME interesada y relacionada.

Los Business Labs generarán datos a partir de la infraestructura propia de las PYMES que se han unido, y esta se conectará al espacio de datos del proyecto para que sus participantes puedan beneficiarse de ella. Esto crea un ciclo que crecerá de forma exponencial a medida que más PYMES reciban su condición de Business Lab, generando datos que pueden ser de utilidad tanto a participantes actuales como futuros, que generarán más datos a partir de su infraestructura.

• Integración de los sistemas de los participantes e ingesta de datos (de los mismos y de fuentes externas), así como diseño y creación de cuadros de mando.

• Despliegue de infraestructura federada en la nube, enfocada al negocio y constituida sobre los valores de soberanía digital y la alta disponibilidad de los datos para los casos de uso.

• Publicación del vocabulario de datos y la capa semántica de los mismos con el fin de homogeneizar los sistemas de información.

• Publicación de catálogo de datos en internet a modo de Marketplace con la extensión de un cuadro de mando.

• Realización de pilotos de integración de los casos de uso en aplicaciones de voz y realidad virtual.

• Impartición de formación en su uso al Sector Turismo y promover la economía del dato y la datificación.

• Garantizar el mantenimiento, la interoperabilidad, la estabilidad y la evolución de la infraestructura de referencia para alinearla con los estándares marcados desde The Data Spaces Business Alliance (DSBA) como alianza de: Big Data Values Association (BDVA), Gaia-X European Association (GAIA-X), FIWARE Foundation (FIWARE) y la International Data Spaces Association (IDSA).

Es importante destacar que el espacio de datos pretende ser independiente de la solución tecnológica subyacente, y deberá crearse, por tanto, en una infraestructura resiliente y sostenible como podría ser la nube de terceros para que, en todo momento, pueda ser desplegado en diferentes infraestructuras, generando así un ecosistema innovador alrededor de servicios y soluciones.

Se recomienda que el espacio de datos haga uso de tecnologías innovadoras para los siguientes casos:

• Extracción de valor adicional de los datos intercambiados a través del despliegue de servicios y herramientas de analítica avanzada.

• Garantizar el correcto tratamiento de información confidencial o restringida sometida a propiedad intelectual o secreto comercial a través del uso intensivo de tecnologías de privacidad.

• Facilitar la ejecución de algoritmos de extracción de conocimiento a través de modelos innovadores de aprendizaje federado con el objetivo de eliminar el acceso directo a los datos originales de dicho conocimiento.

• Utilizar tecnologías de registro distribuido (DLT) para garantizar tanto los derechos de acceso a los datos almacenados como su propiedad.

• El contrato de adhesión al espacio y las condiciones de uso de los datos se realizará principalmente en línea mediante el uso de smart contracts.

Se debe crear una infraestructura de datos abierta, federada e interoperable, basada en los valores de la soberanía digital y de la disponibilidad y fomento de la economía de los datos, que permitirá la integración con otros espacios de datos de turismo de España.

El proyecto Spain Living Lab busca impulsar la digitalización y la innovación de las pymes turísticas. A través de ello se logra aumentar su competitividad, posicionándolas a través de la digitalización y áreas clave, de modo que no solo mejore su presencia, sino el impacto a medio y largo plazo. Canarias necesita la creación de este ecosistema para fortalecer la economía del dato en el Sector Turismo de acuerdo a los objetivos marcados por la Estrategia Europea de los Datos y la Oficina del Dato en España, y para crear estos proyectos con un foco de compartición soberana de datos entre organizaciones privadas (Business-to-Business, B2B), se precisa de un agente aglutinador y catalizador como es el HUB español de Gaia-X, seleccionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para tal fin, el pasado mes de julio de 2023.

Con esta línea de ayudas también se pretende fomentar el desarrollo de casos de uso a desplegar sobre esos espacios de datos constituidos o por constituir. El espacio de datos funcionará como ecosistema, entendiendo este concepto como un entorno abierto y heterogéneo de proveedores y consumidores de recursos y de proveedores de servicios de intermediación, sin actores dominantes y sin barreras de entrada y salida desproporcionadas, existiendo un modelo de gobernanza del mismo con responsables identificados y procesos de decisión que permitan la gestión del entorno de compartición, su operación, la incorporación de nuevos participantes y recursos, la evolución técnica y cualquier otra decisión técnica o de negocio que garantice el sostenimiento de la actividad de compartición propuesta.

Por tanto, los proyectos a financiar con esta línea deberán servir para la creación y escalado de ecosistemas de datos productivos donde, gracias a una agrupación responsable, que será la beneficiaria de las ayudas y encargada de crear, operar, dinamizar y explotar un espacio de datos, otras múltiples empresas de uno o varios sectores implementarán casos de uso de intercambio y explotación de datos como parte integral de su negocio.

En concreto, la agrupación beneficiaria deberá abordar las siguientes tareas:

- Generación de los casos de uso de compartición y explotación de datos que satisfagan necesidades de negocio concretas, con especial énfasis en su sostenibilidad a medio y largo plazo.

- Gobierno de los diferentes actores involucrados en cada uno de los casos de uso. Generación y sostenimiento de las condiciones habilitadoras del intercambio efectivo de datos.

- Realización de los trabajos de desarrollo, configuración, parametrización y ajuste necesarios para implementar, sobre los componentes del modelo de referencia propuesto, la solución técnica que permita desplegar el espacio de datos.

- Puesta en producción de la solución técnica sobre la infraestructura tecnológica y operación de la misma.

- Generación de la documentación metodológica, técnica y operativa, resultado de la creación y operación práctica del espacio de datos.

- Publicación y difusión en abierto de los trabajos realizados, conocimiento adquirido y los resultados obtenidos.

Se pretende construir, al menos, siete casos de uso orientados a la transformación de los hoteles mediante IA que pongan a disposición del sector las herramientas para la captación de la oportunidad de negocio. Por tanto, la arquitectura federada utilizada deberá atender de manera diferenciada a cada uno de esos siete casos de uso, que se citan a continuación: clusterización, previsión de demanda, sistema inteligente de destino, fidelización y reducción de cancelaciones, inteligencia social, observatorio inteligente y sostenibilidad inteligente.

1. Clusterización.

Objetivos:

- Análisis del perfil y el comportamiento de los turistas de los destinos, pudiendo entender sus necesidades en profundidad para potenciar acciones futuras.

- Mejora del viaje de cliente y la experiencia del mismo, potenciando una oferta personalizada al turista.

- Facilitar la gestión de clientes al poder crear acciones sobre segmentos homogéneos de clientes.

Descripción general:

- Identificación de los distintos perfiles del turista según sus necesidades y comportamiento como, por ejemplo: turista de sol y playa cultural, gastronómico, teletrabajo, etc., asignando buyer personas a cada uno para la obtención de información de valor.

- Desarrollo de una clusterización avanzada que, mediante un modelo analítico, analiza la cartera de clientes y define grupos con comportamientos similares.

- Identificación de los perfiles de alto valor para los distintos destinos, permitiendo potenciar el turismo de alta calidad.

2. Previsión de demanda.

Objetivos:

- Comprensión del comportamiento y las variables que afectan a la demanda del turismo en el destino, identificando los nuevos drivers y monitorizando de forma constante todas las señales.

- Modelización de la demanda diaria para adelantarse a la situación de mercado de cada momento.

- Obtención de indicadores clave que permitan entender los cambios y patrones en la demanda turística, entendiendo mejor cómo ofrecer un mayor valor a los turistas.

Descripción general:

- Modelar la demanda del destino gracias al uso de técnicas avanzadas de análisis de datos mediante Machine Learning, garantizando buena precisión y granularidad en la predicción.

- Analizar la demanda de los distintos productos y servicios ofrecidos en el destino.

- Disponer de una estimación futura que permita anticiparse a las tendencias del mercado, proporcionando flexibilidad en los negocios.

3. Sistema de información inteligente de destino.

Objetivos:

- Identificación del posicionamiento de cada uno de los destinos turísticos.

- Trabajar con un sistema integrado de datos que permitirá tener una visión del turista durante su estancia y sus opiniones digitales en base a diferentes canales de venta, pudiendo mejorar la experiencia durante todo el viaje de cliente.

- Facilitar la toma de decisiones respecto a la causa de cambios o patrones en la visión del turista.

Descripción general:

- Integración de los datos de los hoteles en un sistema conjunto que permita realizar análisis y obtener informes agregados de los distintos destinos turísticos.

- Análisis del posicionamiento digital de los destinos turísticos.

- Análisis de los cambios y tendencias en la visión del turista para los diversos destinos.

- Se correlacionará los datos a nivel sectorial con el objetivo de crear un espacio de toma de decisiones.

4. Fidelización y reducción de cancelaciones.

Objetivos:

- Anticipación temprana a la posibilidad de cancelaciones de las reservas ya existentes mediante algoritmos de IA.

- Permitir la gestión preventiva de las situaciones que puedan llevar a la cancelación generando una mayor fidelización en el cliente.

Descripción general:

- Análisis del histórico de cancelaciones para identificar los factores más relevantes en su predicción.

- Anticipar las tendencias en la probabilidad de cancelación de los turistas a partir de diversos factores (nivel de compromiso con la marca, reserva múltiple, cambios en la visión turística del destino, etc.).

5. Inteligencia social.

Objetivos:

- Identificación de la evolución del sentimiento neto del turista basado en algoritmos cognitivos que permitan medir el sentimiento de cada tipo de turista sobre el destino.

Descripción general:

- Identificación de los principales topics que afecten a la demanda turística por región.

- Análisis de la viralidad de estos topics (temas) en redes y canales digitales.

- Identificación y cuantificación del sentimiento sobre los diversos tópicos que impactan en la demanda turística.

6. Observatorio inteligente.

Objetivos:

- Identificar los diferentes indicadores del sector a nivel región que permita medir la evolución de manera trimestral, identificando oportunidades y riesgos.

- Establecer un Observatorio inteligente, capaz de ponderar los resultados relativos a los análisis previos, creando un marco comparativo entre ellos.

Descripción general:

- Dichos indicadores serán medidos tanto a través de información estructurada como no estructurada, utilizando IA tanto para su procesamiento como para su explotación.

7. Sostenibilidad inteligente.

Objetivos:

- Apoyar iniciativas de sostenibilidad hacia una vida más eficiente, sencilla y rentable.

- Entender los consumos energéticos y de CO2 del turista, con el objetivo de minimizar la huella de carbono del turista medio.

- Aportar informes para optimizar los costes energéticos, apoyándose en la utilización de energías verdes para progresar hacia una economía baja en carbono.

Descripción general:

- Aprovechando las nuevas tecnologías y los datos facilitados podremos ser eficientes en los procesos, y conocer y analizar el impacto ambiental.

- Identificar los indicadores de consumo más relevantes mediante datos y la aplicación de inteligencia artificial desglosado a nivel de cada hotel.

- Analizar los patrones de la huella de carbono por hotel y turista medio.

Por otra parte, para poder aportar a los casos de uso antes citados, la entidad aspirante debe presentar un proyecto que cumpla los siguientes requisitos:

• El proyecto debe poseer un carácter eminentemente innovador, con un enfoque acorde a los resultados que se esperan obtener dentro de la actuación escogida.

• El proyecto debe incluir un plan de negocio viable, sostenible y beneficioso para la economía de Canarias en el sector Turismo.

• El proyecto debe contener un Plan de Gestión del Proyecto (en adelante, PGP). El mismo debe incluir tareas de desarrollo de la estructura de gestión y coordinación del proyecto orientado, no solo a la consecución de los objetivos de todas las actuaciones para paliar los desvíos y aplicar medidas correctoras, sino para asegurar la sostenibilidad futura de la inversión, con acciones de comunicación y captación de nuevos recursos y proyectos antes de finalizar el marco de RETECH, así como su escalabilidad inmediata al ámbito nacional e internacional.

En este contexto, se debe incluir una estrategia que contemple aspectos como la transferencia de conocimiento a empresas y el crecimiento del proyecto a otros países europeos.

• El proyecto debe incluir el desarrollo de un conjunto de herramientas de trabajo que garanticen la transparencia, la gestión de riesgos y la comunicación interna entre todos los agentes e interesadas/os implicadas/os en el mismo. Ese conjunto de herramientas se concentrará en el PGP, que incluye el abanico de factores a considerar: alcance, tiempo, calidad, costes, riesgos, recursos humanos y comunicación. Una de las herramientas indispensables será un Cuadro de Mando (en adelante, CM) que permita realizar el seguimiento a los valores de los indicadores y, por tanto, las actuaciones, que incluya cinco fases:

I. Identificación y revisión de los objetivos de evaluación.

II. Priorización de criterios.

III. Definición del sistema de indicadores.

IV. Caracterización del sistema.

V. Mejora continua.

• El proyecto debe ofrecer la posibilidad de cuantificar y cualificar de manera expresa el impacto que genera en el desarrollo de Canarias, la creación de empleo de calidad, la generación de talento digital y el impacto económico.

• El proyecto debe recoger la estrategia que se seguirá para facilitar la integración de los datos generados y utilizados en las actuaciones subvencionadas de los proyectos enmarcados en esta misma iniciativa Spain Living Lab, que contribuyen al Componente 16 del PRTR, que también concede esta misma consejería (Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura).

• A modo de resumen, el espacio de datos deberá cumplir los siguientes requisitos técnicos según la importancia que se indica en la siguiente tabla 2.

Ver anexo en las páginas 9961-9962 del documento Descargar

ANEXO III

GASTOS E INVERSIONES FINANCIABLES

1. Gastos de personal.

a) Tipo de personal que puede imputar gastos al proyecto:

1.º) Personal con contrato laboral con vinculación laboral con la empresa beneficiaria e incluido en los grupos de cotización a la Seguridad Social del 1.º al 3.º, ambos incluidos.

2.º) Personal autónomo socio de la empresa. Ejerce funciones de dirección, gerencia y presta servicios para la misma a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa. Estos trabajadores pueden cobrar por nómina o mediante factura. También se consideran así los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, cuando se opte por este régimen en sus estatutos.

3.º) Personal autónomo económicamente dependiente, según lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio del Estatuto del trabajador autónomo. Es aquel que realiza su actividad económica o profesional para una empresa o cliente del que percibe al menos el 75% de sus ingresos anuales.

En todos los casos, deben poseer una titulación que se encuentre entre las siguientes: Cátedra, Titulación Doctor, Titulación Licenciatura y/o Máster, Titulación de Grado y/o Diplomatura, Titulación en Ciclo Formativo de Grado Superior o Medio. En toda actuación se nombrará obligatoriamente una persona Directora Técnica del proyecto y será única.

b) Cálculo del coste hora:

1.º) En el caso de los trabajadores de los tipos 1.º y 2.º que cobren por nómina (personal con contrato laboral, personal autónomo socio de la empresa y personal socio trabajador de las Cooperativas de Trabajo Asociado, que cobren por nómina) se imputará para cada trabajador el producto del coste-hora por el tiempo en horas dedicado directamente al proyecto.

La fórmula de cálculo del coste-hora, para cada empleado participante en el proyecto, será la que se expresa a continuación:

Ver anexo en la página 9963 del documento Descargar

Siendo el contenido, para cada variable, el siguiente:

X = Retribuciones satisfechas al empleado en el ejercicio, de acuerdo con lo declarado en el modelo 190 del IRPF. En este concepto no se incluyen los importes de rentas exentas y exceptuadas de gravamen. Así mismo, solo se imputará el salario regular, excluyendo bonus, indemnizaciones, pagas de objetivos, etc., salvo que estén vinculados al proyecto.

Y = Cuota patronal anual satisfecha a la Seguridad Social por ese empleado, calculada atendiendo a la Base de Cotización (expresada en los modelos RNT debidamente identificada) multiplicada por el coeficiente final resultante de la aportación de la entidad beneficiaria a la Seguridad Social por ese empleado. Se imputarán solo los costes de SS obligatorios, excluyendo otros costes empresariales como planes de pensiones privados, etc. En el caso de autónomos no será imputable la cuota de Seguridad Social, ya que le corresponde exclusivamente al trabajador, salvo que exista una norma de rango legal que declare el coste de seguridad social del autónomo exento de la base imponible del IRPF y sea la entidad beneficiaria la que realice el ingreso de las cuotas en lugar del trabajador.

H = Horas anuales efectivas del empleado. Se deben calcular a partir del convenio laboral y teniendo en consideración las posibles reducciones de jornada. Adicionalmente se excluirán las horas en las que el trabajador se encuentre de baja, permiso de paternidad/maternidad, expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), etc. y dicha situación no genere coste alguno para la entidad beneficiaria.

2.º) En el caso de los trabajadores del tipo 2.º que cobren mediante factura y 3.º (personal autónomo económicamente dependiente) el cálculo del coste-hora se realizará mediante el cociente entre las retribuciones satisfechas al trabajador y las horas dedicadas al proyecto, teniendo en cuenta las exclusiones citadas para el personal laboral.

No se aceptarán imputaciones de cuotas de seguridad social del trabajador autónomo, salvo que exista una norma de rango legal que declare el coste de seguridad social del autónomo exento de la base imponible del IRPF y sea la entidad beneficiaria la que realice el ingreso de las cuotas en lugar del trabajador.

Se requerirá la confección de partes horarios firmados por los propios empleados a efectos de evitar la doble financiación, salvo que la normativa europea prevea otras formas de acreditación para las subvenciones financiadas con fondos europeos.

Asimismo, se podrán incluir los gastos de personal administrativo cuyo coste/hora individual del personal participante en el proyecto se calculará según la fórmula del apartado 1.º anterior.

El coste/hora individual máximo financiable se determina en la base reguladora 8.3.

2. Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y durante el periodo en que se utilice para el proyecto. Únicamente se considerará financiable la amortización o el arrendamiento financiero, este último solo cuando haya sido recogido en el presupuesto financiable, de los bienes de esa naturaleza correspondientes al periodo financiable del proyecto. El cálculo de la amortización se realizará de acuerdo al número de años y al porcentaje de amortización anual que la empresa determine. Para el cálculo del tiempo dedicado al proyecto se tomará como base la relación horas imputadas del bien al proyecto / jornada laboral anual.

El coste imputable de amortización se realizará según se expresa a continuación:

Ver anexo en la página 9964 del documento Descargar

Siendo el contenido, para cada valor, el siguiente:

X = Coste de compra del bien inventariable.

Y = Porcentaje de amortización anual establecido por la empresa.

H = Número de horas imputadas en la anualidad al proyecto del bien inventariable. Se calcularán en función del tiempo dedicado al proyecto.

J = Jornada laboral anual según convenio de la empresa.

Se incluyen costes de adquisición, alquiler, arrendamiento financiero (“leasing”), mantenimiento, reparación y amortización de activos materiales, como instrumental, equipamiento científico-técnico e informático y otros elementos necesarios para la actuación en la medida y durante el periodo en que se utilice para el proyecto. En caso de que el instrumental y el material no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto calculados según buenas prácticas de contabilidad. El coste de amortización de los bienes inventariables se sujetará a las reglas establecidas en el artículo 31.6 de la Ley General de Subvenciones. A los bienes inventariables adquiridos les será de aplicación lo establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley General de Subvenciones. El periodo durante el cual la persona/entidad beneficiaria debe destinar los bienes adquiridos al fin concreto de la ayuda será igual al plazo de ejecución de la actuación financiada, o de cinco años para los bienes inscribibles en registro público y de dos años para bienes no inscribibles en dicho registro, aplicándose el plazo correspondiente que sea más largo.

3. Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de mercado. Se imputarán a este concepto los gastos ocasionados por la prestación de servicios TIC por parte de terceros y la adquisición de patentes que contribuyan a la ejecución del proyecto.

Se incluirán en esta partida:

a) Los costes de adquisición y/o amortización de activos inmateriales, incluyendo programas de ordenador de carácter técnico en la medida y durante el periodo en que se utilice para el proyecto, análogamente a los activos materiales

b) Los costes comprendidos en el primer párrafo del artículo 31.7 de la Ley General de Subvenciones, relativos a los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos que estén directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

c) El personal autónomo que no corresponda a gastos de personal.

d) Los costes de apoyo y asesoramiento en materia de innovación tales como consultoría de gestión, asistencia tecnológica, servicios de transferencia tecnológica, bancos de datos, uso y gestión de repositorios de datos y bibliotecas técnicas, consultoría sobre el empleo de normas, manuales, documentos de trabajo y modelos de documentos, investigación de mercados, servicios de etiquetado, calidad, ensayo y certificación y sean destinados de manera exclusiva al proyecto.

e) Otros costes derivados del asesoramiento, realización de estudios y publicidad, destinados de manera exclusiva al proyecto.

f) El coste límite aplicable a la partida de colaboraciones externas se determina en la base reguladora 8.3.

4. Gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto.

a) Costes indirectos: se consideran costes indirectos aquellos que forman parte de los gastos del proyecto, pero que por su naturaleza no se pueden imputar de forma directa al no poder individualizarse. Los costes indirectos deben responder a costes reales imputables a la ejecución de la actuación o bien a un porcentaje fijo calculado con arreglo a las buenas prácticas contables. En este contexto, supondrán un máximo de un 15 por ciento de los costes de personal del proyecto. Respecto de estos costes no será necesario aportar justificantes de gasto. Los gastos derivados de viajes del personal propio que imputa horas de trabajo al proyecto no pueden imputarse de forma separada, ya que se consideran incluidos dentro del concepto de costes indirectos.

b) Gastos de capacitación profesional del personal asociado al proyecto en tecnologías asociadas al desarrollo, que deberán justificarse mediante facturas y documentos de pago, incluyendo los costes relativos al material docente o formativo, siempre que estén destinados de manera exclusiva al proyecto.

c) Costes de inscripción en congresos, seminarios, conferencias, jornadas técnicas y similares, que estén directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

d) Gastos de movilidad, derivados de actuaciones de colaboración, incluyendo asistencia a congresos, seminarios, conferencias, jornadas técnicas y similares, que se deriven directamente de la actuación:

I. Gastos de viaje, que podrán incluir, entre otros, billetes de avión y otros medios de transporte, y gastos de transporte en automóvil, que se abonarán en función del kilometraje. Se financiará el importe real justificable de los gastos, pudiendo cada convocatoria establecer un límite en función del país de destino o del número de kilómetros que suponga el viaje.

El importe máximo financiable aplicado a los gastos de desplazamiento será el exceptuado de gravamen según el Reglamento del IRPF (Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

II. Gastos derivados de la obtención de visados o de la contratación de seguros, para los que se podrá aportar una cantidad fija que, en su caso, se indicará en cada convocatoria.

III. Gastos de alojamiento y manutención. Se financiará una cuantía diaria fija que se tabulará en cada convocatoria en función del área geográfica o país de destino y de la cual no se solicitará justificación. A este efecto, será de aplicación el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. El coste de manutención diaria máxima financiable se determina en la base reguladora 8.3.

Se podrá imputar el gasto a este respecto del personal involucrado en las actividades objeto de ayuda, así como del personal colaborador implicado, siempre que este esté directamente vinculado al proyecto, sea necesario para la ejecución del mismo, y se identifique la actividad por que ha generado el gasto y la persona que ha incurrido en el mismo.

e) Gastos destinados a la protección mediante propiedad industrial de los activos intangibles obtenidos durante el desarrollo del proyecto: patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, marcas u otras figuras. Estos gastos deberán justificarse mediante facturas y documentos de pago y podrán ser los siguientes:

1.º) Tasas de los títulos de propiedad industrial.

2.º) Gastos asociados a la generación del informe tecnológico de patentes. Este gasto se financiará hasta un máximo de 450 euros por activo.

3.º) Gastos asociados a la tramitación mediante agente de propiedad industrial. Este gasto se financiará hasta un máximo de 3.000 euros cuando se trate de tramitación de patentes nacionales y hasta un máximo de 6.000 euros para tramitación de patentes nacionales en el extranjero, regionales e internacionales, siempre que este concepto no haya sido subvencionado por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

5. Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes de material, suministros y productos similares que se deriven directamente de la actividad del proyecto. Se imputarán a este concepto los gastos de material no inventariable utilizado en la realización del proyecto. Se excluye de este concepto el material de oficina por estar integrado en los costes indirectos.

Se incluirá en esta partida:

a) Costes de publicación y difusión. Esta partida también incluye:

1.º) Diseño de estrategias de comunicación a los agentes intermediarios y profesionales en los mercados emisores (B2B).

2.º) Actuaciones de traducción y adaptación a mercados y perfiles considerando valores diferenciales.

3.º) Elaboración de planes de comunicación.

4.º) Creación de materiales de comunicación específicos.

5.º) Integración de herramientas digitales en la propia experiencia que faciliten la comunicación y disfrute de la misma.

6.º) Nuevas herramientas TIC para la comunicación.

b) Costes de alquiler de salas, traducción, organización de conferencias, eventos, congresos y seminarios, en la medida y durante el periodo en que se utilice para el proyecto.

c) Cuotas a sociedades científicas nacionales e internacionales que se deriven directamente de la actuación subvencionable.

d) Costes comprendidos en el primer párrafo del artículo 31.7 de la Ley General de Subvenciones, relativos a los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos que estén directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

e) Gastos en soluciones tecnológicas y de trasformación digital. Se considerarán subvencionables:

1.º) Gastos relacionados con soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia en el consumo energético y de otros suministros en los establecimientos y servicios relacionados con la experiencia turística.

2.º) Gastos para la instauración de procesos con base tecnológica, ecoeficientes o el reciclado y reutilización de residuos.

3.º) Inversión en nuevas tecnologías dirigidas tanto a la mejora de la gestión interna de la experiencia turística, como a la mejora de las ventas turísticas.

4.º Los gastos relacionados con la creación de sistemas de comunicación electrónicos para la gestión y comunicación tipo intranet entre los asociados o con otros agentes de su interés, con la finalidad de intercambiar información, conocimientos, o la realización de acciones o eventos conjuntos.

f) El gasto derivado del informe realizado por un auditor, cuando se requiera su aportación, no pudiendo exceder el coste imputado del 1,5% del presupuesto total subvencionable del plan de actuaciones.

En aquellos casos en que la empresa beneficiaria esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 22/2015 de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por otro auditor, siempre que esté inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

g) Gastos de formación y sensibilización dirigidos a los actores que forman parte de la transformación. Se considerarán subvencionables las siguientes acciones u otras similares y relacionadas:

1.º) Actividades de sensibilización y formación teórica y práctica de nuevos procesos de gestión y prestación de servicios adaptados a los requerimientos de la sostenibilidad, la transformación digital o la integración con el entorno de la experiencia de persona usuaria.

2.º) Actividades relacionadas con el diseño de material docente y soportes que permitan las actividades de formación y sensibilización señaladas.

3.º) Alquiler del espacio para la realización de las jornadas. Alquiler de mobiliario y de los equipos necesarios para la realización de las mismas.

Instrucciones sobre gastos financiables asociados al cumplimiento
de las condiciones establecidas en la resolución de concesión

a) Cuando se incluya la obligación de realizar nuevas contrataciones directas de personal propio, cada nueva contratación deberá acreditarse mediante su correspondiente alta en la Seguridad Social y verificarse que la persona contratada ha imputado horas de trabajo en el proyecto. El incumplimiento de esta obligación supondrá una reducción de un 1% de la ayuda correspondiente al concepto de costes de personal (más la parte proporcional de costes indirectos) por cada una de las contrataciones de personal propio no justificadas.

b) Cuando se incluya la obligación de realizar nuevas contrataciones indirectas de personal derivadas del impacto del proyecto en entidades usuarias finales, se aportarán los listados y declaraciones indicados en el Anexo IX del presente documento. El incumplimiento de esta obligación supondrá una reducción de un 1% de la ayuda correspondiente al concepto de costes de personal (más la parte proporcional de costes indirectos) por cada entidad usuaria final no justificada.

c) Cuando se incluya la obligación de impacto en un número importante de entidades usuarias finales y con distribución regional específica, se aportarán los listados y declaraciones indicados en el Anexo IX del presente documento. El incumplimiento de esta obligación supondrá una reducción de un 1% de la ayuda correspondiente al concepto de costes de personal (más la parte proporcional de costes indirectos) por cada entidad usuaria final no justificada.

d) Cuando se incluya la obligación de contribuir a afrontar determinados desafíos sociales comprometidos, se aportará acreditación, en su caso, de sus diferentes aspectos evaluados según la base reguladora 34:

- El proyecto ha sido dirigido por una directora de proyecto.

- El esfuerzo femenino de dedicación al proyecto de las horas imputadas al mismo tiene el porcentaje comprometido en la memoria de solicitud de la ayuda.

- El proyecto favorece la transición ecológica y la reducción de la huella de carbono, según se comprometió en la solicitud de ayuda.

El incumplimiento de cada una de estas obligaciones supondrá una reducción de un 1% de la ayuda correspondiente al concepto de costes de personal (más la parte proporcional de costes indirectos). En caso de incumplimiento parcial, la reducción aplicada se ponderará de forma proporcional al incumplimiento realizado.

e) Cuando se haya incluido financiación para acciones de continuación y sostenibilidad del proyecto tras la finalización del mismo, así como la aplicabilidad de los resultados, productos y servicios obtenidos del proyecto, se aportará documentación acreditativa de las mismas, correspondiente a sus diferentes aspectos evaluados según la base reguladora 34. El incumplimiento de esta obligación supondrá una reducción correspondiente al importe financiado.

f) Cuando se haya incluido financiación para acciones de difusión de los resultados y el conocimiento, se aportará documentación acreditativa de las mismas, correspondiente a sus diferentes aspectos evaluados según la base reguladora 34. El incumplimiento de esta obligación supondrá una reducción correspondiente al importe financiado.

g) Cuando se haya incluido financiación para realizar solicitudes para la protección industrial de los resultados del proyecto, incluyendo las solicitudes de patentes, presentadas por o en nombre de la entidad beneficiaria, se deberá incluir en la solicitud del derecho de propiedad industrial, la siguiente mención: “El proyecto que lleva a esta solicitud ha recibido financiación de la ACIISI (n.º de expediente de ayuda), correspondiente a los fondos del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación”. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la reducción del gasto imputado en el concepto financiable “Gastos generales suplementarios”, correspondiente a gastos destinados a la protección mediante propiedad industrial de los activos intangibles obtenidos durante el desarrollo del proyecto: Patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, marcas u otras figuras.

h) Cuando se haya incluido financiación para acciones de internacionalización de los resultados del proyecto se aportará documentación acreditativa de las mismas, correspondiente a sus diferentes aspectos evaluados según la base reguladora 34. El incumplimiento de esta obligación supondrá una reducción correspondiente al importe financiado.

Inversiones y gastos no financiables

No serán financiables los siguientes gastos:

1. Aquellos gastos que hayan sido realizados fuera de los plazos de ejecución del proyecto, notificados en las resoluciones de concesión de ayudas o en las resoluciones de modificación de concesión, en su caso.

2. Aquellos gastos asociados a actividades cuya realización no pueda ser debidamente acreditada por no haberse realizado conforme a la resolución de concesión o por encontrarse fuera del alcance del proyecto.

3. Aquellos gastos cuyo pago no haya quedado debidamente acreditado, según las instrucciones del Anexo II del presente documento, o se haya realizado fuera del plazo de 60 días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios.

4. Las cuotas mensuales de servicios, excepto si son recogidas en el presupuesto financiable.

5. Los costes de mantenimiento de aplicaciones y equipamientos, excepto si son recogidos en el presupuesto financiable.

6. Aquellos gastos debidos a la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), salvo en la parte en que la entidad beneficiaria esté exenta o no sujeta a liquidación tributaria de dicho impuesto. En este caso debe aportar una declaración de exención emitida por Hacienda o el correspondiente modelo de liquidación anual.

7. Gastos financieros, derivados del pago aplazado de inversiones o de otros motivos.

8. Gastos de despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones para prestación de servicios.

9. Inversiones financiadas mediante arrendamiento financiero, excepto las que estén recogidas en el presupuesto financiable.

10. Subcontrataciones y personal imputado que es personal fijo vinculado estatutariamente o contractualmente a las entidades que siguen la modalidad de costes marginales cuyos costes ya están cubiertos con presupuestos públicos.

11. Aquellos gastos cuyas facturas expedidas no cumplan con los plazos recogidos en el artículo 11 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

12. Se excluyen igualmente todos los gastos asociados a las actividades previas necesarias para la decisión sobre la realización del proyecto. Se incluyen entre estas actividades los estudios del estado del arte, estudios de viabilidad, etc.

Ver anexo en las páginas 9972-9978 del documento Descargar

ANEXO VIII

CONTENIDO MÍNIMO DE LA MEMORIA TÉCNICA DE LA SOLICITUD

La memoria técnica debe respetar lo siguiente:

- La memoria presentada no podrá exceder de 70 páginas, excluyendo la portada y el índice. Las páginas que excedan el límite máximo indicado en cada apartado no se tendrán en cuenta para la evaluación de la propuesta. Las páginas numeradas se configurarán en formato A4 (210 mm x 297 mm), con interlineado sencillo y fuente Arial de un tamaño mínimo de 11 puntos, si bien pueden utilizarse tamaños inferiores (8 puntos mínimo) para gráficos e ilustraciones en color siempre que resulten legibles.

- Los enlaces a otros documentos o fuentes externas solo se admitirán a efectos de fuentes bibliográficas de la información contenida en la memoria, pero no como información adicional a la propia memoria, por lo que no sería tenida en cuenta a los efectos de la información que debe contener este documento.

La memoria deberá contener, al menos, los siguientes epígrafes, con el número de páginas máximo que se indica:

1. Resumen ejecutivo: 3 páginas.

2. Justificación de cumplimiento de requisitos de la inversión C14.I2: 1 página.

3. Objetivos científicos y tecnológicos: 40 páginas.

4. Capacidad técnica y económica de la agrupación: 15 páginas.

5. Impacto socioeconómico y ambiental: 11 páginas.

1. Resumen ejecutivo. Máximo 3 páginas.

2. Justificación de cumplimiento de requisitos de la inversión C14.I2. 1 página.

3. Objetivos científicos y tecnológicos del proyecto e innovaciones tecnológicas del proyecto. Límite máximo 40 página.

a) Adecuación del proyecto a los retos tecnológicos que se proponen acerca de la creación de un ecosistema de compartición de datos según casos de uso. Establecer de forma explícita y concreta los objetivos del proyecto (generales y específicos), los de la agrupación y los objetivos (generales y específicos) que plantea cada una de las entidades participantes y cómo se adecúan al objetivo del proyecto y a los casos de uso seleccionados. Coherencia entre los objetivos del proyecto y los casos de uso.

b) Explicar la relación y coherencia de los tres indicadores cuantitativos propuestos en el formulario de solicitud, según lo indicado en la base reguladora 14, con los objetivos generales y específicos del proyecto presentado por la agrupación.

c) Descripción detallada y alcance del plan de trabajo distribuido en actividades, especificando los métodos y los procedimientos a seguir. Indicación de la responsabilidad y la participación de cada una de las entidades en las actividades e hitos. Cronograma detallado del proyecto. Identificación de los resultados esperados en el proyecto y para cada socio: entregables.

d) Principales elementos innovadores del proyecto. Arquitectura tecnológica del espacio de datos. Justificación del carácter innovador de cada uno de los objetivos y su importancia respecto al estado actual de la técnica. Incrementos científico-tecnológicos.

e) Detalle de las tareas a realizar por empresas contratadas y acreditación de la necesidad de dicha contratación, es decir, su contribución y adecuación a los objetivos y actuaciones del proyecto.

f) Presupuesto del proyecto. Para cada entidad participante detallar y justificar todas las partidas (activos, personal, materiales, colaboraciones externas, etc.) solicitadas por actividad e hito.

g) Estrategia de generación y plan de gestión de la propiedad intelectual e industrial. Definir claramente cómo se van a asignar los derechos de propiedad sobre los resultados del proyecto, mecanismos de protección previstos, salvaguarda de know-how y conocimientos previos utilizados en el proyecto, etc.

h) Potencial de realización de nuevas actuaciones de I+D+i por parte de las empresas de la agrupación como consecuencia del proyecto, con especial relevancia de las actuaciones internacionales y de cooperación tecnológica.

4. Capacidad técnica y económica de la agrupación. Límite máximo 15 páginas.

4.1. Adecuación del proyecto a las actividades y estrategia de la agrupación. Descripción del general de la agrupación. Definir en qué medida el proyecto propuesto responde al desarrollo estratégico de las empresas participantes en la agrupación, indicando los antecedentes de cada una de ellas.

4.2. Equilibrio y complementariedad de la agrupación. Detallar las capacidades y papel que desempeñan cada empresa participante en la agrupación.

4.3. Detallar las experiencias previas en cooperación tecnológica relevantes para el proyecto y que permitan valorar la capacidad de gestión de un proyecto en cooperación.

4.4. Descripción de las capacidades tecnológicas, comerciales y productivas de las empresas de la agrupación para asegurar el desarrollo del proyecto.

4.5. Adecuación del presupuesto al tamaño y capacidad de la agrupación.

5. Impacto socioeconómico y ambiental. Límite máximo 11 páginas.

5.1. Describir la contribución prevista del proyecto a la mejora de la sostenibilidad ambiental, reducción en el uso de recursos naturales, mejora de la eficiencia, contribución a una economía circular, y la lucha contra el cambio climático. También la contribución en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en todos aquellos aspectos relevantes resultado del proyecto.

5.2. Describir los planes de continuidad de las actuaciones innovadoras desarrolladas en relación con los casos de uso seleccionados, así como otras actuaciones relacionadas con el proyecto que generen la implicación de la sociedad, por ejemplo, difusión, inclusión de usuarios finales u otros agentes en posteriores desarrollos, etc.

5.3. Describir la creación de empleo para el desarrollo del proyecto y la derivada del mismo desglosando en hombres y mujeres.

5.4. Describir la inversión privada movilizada, incluyendo inversiones no directamente relacionadas con la innovación.

5.5. Describir las medidas de las empresas de la agrupación orientadas a la igualdad de género y a la inclusión social.

5.6. Describir el impacto del proyecto en la competitividad de cada empresa de la agrupación.

5.7. Descripción del impacto del proyecto en la sociedad y/o actividad económica: deberá incluir los diferentes aspectos evaluados, así como la relación de indicadores de medición del impacto, definidos y estimados por la agrupación.

- Listado de las entidades usuarias finales previstas: identificación, tamaño y ubicación regional.

- Descripción del efecto incentivador de la ayuda para personas jurídicas beneficiarias.

- Descripción del impacto común del proyecto en las entidades usuarias finales antes especificadas.

ANEXO IX

GUÍA PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

A) Documentación técnico-económica a presentar.

1. Formulario para la información técnico-económica estructurada: Este formulario dará lugar a la correspondiente Solicitud de Verificación.

Este formulario incluye una serie de declaraciones responsables y permite el envío de toda la información asociada a la cuenta justificativa.

El modelo estará disponible en sede electrónica del Gobierno de Canarias.

2. Documentación asociada a la cuenta justificativa:

a) Memoria técnico-económica justificativa.

Su finalidad es explicar de forma precisa e integradora la ejecución del proyecto durante el año o periodo que se justifica, en relación a lo expuesto en la Memoria aportada en la solicitud de ayuda y el plan de proyecto definido entonces. No se deberá repetir la información general del proyecto que ya haya sido presentada en la memoria de la solicitud. En dicha memoria se incluirá información sobre desviaciones en tiempo, coste, recursos y alcance sobre la planificación del proyecto, riesgos, cumplimiento general de objetivos, modificaciones realizadas y conclusiones.

El modelo para la presentación de esta memoria estará disponible en la sede electrónica.

En la Memoria técnico-económica justificativa del proyecto se incluirá:

1.º) Valoración del efecto incentivador conseguido con la ayuda recibida por grandes empresas.

2.º) Valoración tecnológica de la innovación, en sus diferentes aspectos evaluados.

3.º) Valoración del impacto socioeconómico en sus diferentes aspectos evaluados. Se utilizarán así mismo los indicadores previstos en la memoria inicial. En particular, el cumplimiento de impacto en el número de entidades usuarias finales, así como el porcentaje de impacto regional alcanzado.

4.º) La sostenibilidad y continuación del proyecto tras la finalización del mismo, así como la aplicabilidad de los resultados, productos y servicios obtenidos.

5.º) Valoración de la internacionalización y el acceso a otros mercados como consecuencia de la realización del proyecto.

La memoria presentada no podrá exceder de 50 páginas. Las páginas numeradas se configurarán en formato A4 (210 mm x 297 mm), con interlineado sencillo y letra de un tamaño mínimo de 11 puntos, si bien pueden utilizarse tamaños inferiores (8 puntos mínimo) para gráficos e ilustraciones en color siempre que resulten legibles.

b) Entregables del proyecto.

Se pondrán a disposición del órgano encargado del seguimiento de las ayudas los entregables completados del proyecto y, en su caso, los resultados de los planes de prueba asociados a cada uno de ellos. El órgano encargado del seguimiento de las ayudas debe poder verificar el cumplimiento de los objetivos de los entregables conforme a los criterios de aceptación definidos en el momento inicial del proyecto.

Los entregables consistentes en documentos se entregarán a través la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Para los proyectos de software y siempre que sea viable, se facilitará un enlace web a un interfaz con la que pueda interactuar el personal técnico del órgano encargado del seguimiento de las ayudas para realizar las comprobaciones oportunas. En caso contrario, y para el resto de proyectos, se propondrá un medio alternativo de comprobación. El órgano responsable del seguimiento de las ayudas podrá, en su caso, convocar una sesión presencial para la verificación de la ejecución del proyecto.

c) Justificantes de gasto y pago de las inversiones y gastos financiables: documentación acreditativa de los gastos realizados. En el apartado B de este anexo se detallan las instrucciones para la presentación de esta documentación.

d) Otra documentación de proyecto que se debe enviar con la cuenta justificativa no recogida en los apartados anteriores:

1.º) Cumplimiento de las condiciones de la resolución de concesión:

I. Las nuevas contrataciones directas de personal propio se justificarán aportando documentación que acredite el alta en la Seguridad Social durante el periodo de ejecución del proyecto. La duración del contrato debe ser de al menos seis meses y el personal contratado debe imputar al menos 900 horas al proyecto.

II. Las nuevas contrataciones indirectas se justificarán mediante la presentación de una declaración responsable firmada por el representante de cada entidad usuaria final. Esta declaración debe indicar el número de la Seguridad Social de las nuevas contrataciones realizadas derivadas de la vinculación de dicha entidad final al proyecto. El periodo mínimo del contrato de las nuevas contrataciones deberá ser superior a seis meses.

III. Plan de difusión de los resultados y el conocimiento, según lo comprometido en la concesión, en su caso se aportará documentación acreditativa de las mismas, correspondiente a sus diferentes aspectos evaluados según la base reguladora 34.

IV. Listado de entidades usuarias finales con identificación nominativa, distribución por tamaño (mediana/pequeña/micro/autónomos) y sector o colectivo al que pertenecen, así como la distribución regional de impacto del proyecto por provincias e islas, con porcentaje de ejecución económica y número de entidades usuarias finales en cada región. Para ello se utilizarán el modelo Excel y el modelo de Declaración de entidad usuaria final disponibles en la sede electrónica.

V. Para justificar el impacto de género, la transición ecológica y reducción de la huella de carbono se deberá aportar documentación acreditativa de los compromisos adquiridos por la entidad beneficiaria en la concesión.

VI. Las solicitudes de protección industrial, incluyendo las solicitudes de patentes se justificarán facilitando una ruta de acceso electrónico a dicha solicitud en la memoria justificativa en el caso de que la solicitud sea accesible al público, o una copia de la solicitud de patente.

VII. Cualquier otro documento cuya aportación se exija en las condiciones técnico económicas de la resolución de concesión de ayuda.

2.º) Cumplimiento de otros requisitos:

I. En el caso de que la entidad esté exenta parcial o totalmente de IGIC, declaración de exención emitida por Hacienda o modelo de liquidación anual de IGIC.

II. Documento firmado digitalmente que sea un extracto del libro mayor con todos los apuntes contables de ingresos y gastos que tengan asignado el código contable específico del proyecto para el ejercicio que se justifica.

III. En el caso de entidades públicas, si presentan gastos de personal en su justificación, deberán adjuntar una declaración firmada por el responsable de la entidad en la que se asegure que el personal imputado no es personal vinculado estatutariamente o contractualmente a esta entidad cuyos costes ya están cubiertos con presupuestos públicos.

B) Justificantes de gasto y pago de las inversiones y gastos financiables.

Todos los proyectos, deberán presentar los justificantes de gasto y pago, excepto los referidos a conceptos de la partida de costes indirectos:

1. Gastos de personal.

A continuación, se enumeran los documentos a presentar con su denominación más habitual. Si en la comunidad autónoma correspondiente reciben otra denominación, se deberá presentar el documento equivalente.

a) Sueldos, salarios y similar:

1.º) Personal laboral:

I. Modelo 190 (Resumen Anual de Retenciones correspondientes al IRPF) o certificados de retención (entregados a los trabajadores para su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Se presentará con las hojas correspondientes a las retribuciones anuales satisfechas de las personas que imputan horas y coste al proyecto. Este documento podrá ser sustituido por una consulta directa a los servicios de la AEAT.

II. Nóminas y justificantes de pago de las transferencias bancarias realizadas a todos los trabajadores, en todos los meses del año en que se imputen horas de trabajo al proyecto. En caso de pago agrupado de las nóminas, además del cargo en cuenta del pago de la remesa, deberá aportarse también la relación de perceptores remitida a la entidad pagadora en la que consten los nombres de los trabajadores, el importe abonado a cada uno de ellos y la fecha de cargo.

III. Modelo 111 (o el documento equivalente en cada Comunidad Autónoma) y documento de pago de todos los trimestres del año en que se imputen gastos de personal: documento de ingreso de las Retenciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2.º) Personal autónomo:

I. Si es personal autónomo socio-accionista de la empresa o socio trabajador de Cooperativa de Trabajo Asociado: modelo 190, certificado de retenciones o ingresos a cuenta del IRPF, nóminas o facturas y justificantes de su pago de todos los meses del año y escritura notarial donde conste la vinculación del trabajador con la empresa.

II. Si es personal autónomo económicamente dependiente: facturas y documentos justificantes de su pago. En el caso de presentarse facturas en las que se descuente el IRPF, para poder imputar al proyecto el IRPF de ese personal deberá adjuntarse también el modelo 190 o el certificado de retenciones IRPF y el correspondiente justificante de pago.

b) Seguridad Social a cargo de la empresa:

1.º) Del personal laboral:

Modelos RNT de cotización de cuotas a la Seguridad Social de todo el año en que se imputen gastos en los que se identifique debidamente y de manera legible a cada empleado.

Modelos RLC y documento de pago de todo el año en que se imputen gastos de personal al proyecto.

2.º) Del personal autónomo: justificantes de pagos a la seguridad social en el caso de que exista una norma de rango legal que declare el coste de seguridad social del autónomo exento de la base imponible del IRPF y sea la entidad beneficiaria la que realice el ingreso de las cuotas en lugar del trabajador.

3.º) En aquellos casos en los que existe un convenio con la Seguridad Social por el que las cuotas a cargo de la empresa tienen cálculo particular, copia del convenio.

c) Horas anuales:

1.º) Personal laboral:

I. Para justificar la jornada laboral se aportará el convenio colectivo de aplicación. En caso de no presentarse el convenio o no indicarse expresamente la jornada laboral anual en el mismo, se aplicará una jornada laboral de 1.800 horas.

II. Para justificar la jornada parcial o reducida se deberá aportar la Resolución sobre Reconocimiento de Alta emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social, modelo TA.2/S, el Informe de Datos de Cotización (IDC) del trabajador y el contrato.

2.º) Personal autónomo económicamente dependiente en concepto de personal propio: se aportará el contrato o convenio de la entidad beneficiaria con la persona autónoma en la que deberá constar expresamente la jornada de trabajo y la condición de dependiente económicamente respecto del cliente que le contrate.

d) Horas imputadas al proyecto:

La entidad beneficiaria deberá crear, documentar y custodiar un sistema con valor probatorio suficiente acerca de la realidad de las horas imputadas, tales como partes de trabajo o cualquier otro sistema de seguimiento de tareas, refrendados por los trabajadores, que permita respaldar lo aseverado en la declaración responsable emitida por la entidad beneficiaria, y que evidencie la relación entre las horas imputadas, las tareas desarrolladas y la ejecución de la acción.

Para justificar las horas imputadas al proyecto, la entidad beneficiaria deberá aportar la documentación correspondiente a alguna de las siguientes opciones:

- Partes de trabajo mensuales completos de cada trabajador, no solo de las horas dedicadas al proyecto, firmados por él y el superior responsable, con indicación expresa del proyecto y de las actividades desarrolladas según el Plan de Proyecto.

- Herramienta de gestión de proyectos que identifique el tiempo dedicado para cada actividad y la persona que lo ha realizado. Tiene que tener trazabilidad de cómo se alimenta la herramienta.

- Herramienta de gestión empresarial (ERP) conteniendo la información de horas y tareas si aquella lo permite.

2. Resto de conceptos financiables.

Se justificarán con sus correspondientes facturas y justificantes de pago, salvo los costes indirectos que no necesitan justificación.

a) Facturas:

1.º) Las facturas deberán cumplir con lo expuesto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Las facturas deberán tener fecha de emisión dentro del plazo de ejecución del proyecto.

Cuando se trate de bienes, se deberá identificar claramente el producto (marca, modelo, número de serie), así como el coste unitario del mismo.

Cuando se trate de servicios, se indicará el contrato asociado, en su caso, las tareas realizadas, debidamente detalladas y en consonancia con las actividades del proyecto, los costes/hora por perfil facturados y el número de horas correspondiente. En caso de ser necesario, se podrá admitir un anexo a la factura debidamente firmado por el proveedor emisor de la misma.

Cuando en el proyecto hubiera más de veinte facturas presentadas por cada entidad beneficiaria, no será necesario presentar los documentos justificativos de gasto y pago inferiores a 1.000 euros. No obstante, aunque no se aporte factura, se cumplimentará la información de fechas de emisión, pago, importes, conceptos, etc., en la solicitud de verificación técnico-económica. Así mismo, la entidad beneficiaria debe custodiar toda la documentación, pudiendo requerir el órgano gestor la aportación de una muestra para su comprobación.

2.º) Conformidad de los procesos de compra con la Ley General de Subvenciones:

I. Cuando el importe del gasto subvencionable supere el establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para el contrato menor, en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios y no sea necesaria su autorización previa, se deben aportar tres ofertas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003.

b) Justificantes de pago:

1.º) Se considerarán admisibles como justificantes de pago los documentos siguientes, siempre que recojan información del ordenante del pago, destinatario del pago, número de factura u otra información que permita asociar el pago al concepto, importe y fecha:

I. Extractos o certificaciones bancarios, destacando los movimientos que justifican el pago, incluyendo justificantes del pago de tasas. Deben incluir el sello y/o firma de la entidad bancaria.

II. Los cheques y pagarés junto con sus correspondientes liquidaciones bancarias.

III. Depósitos en fedatarios públicos (notarios, etc.).

IV. Recibí del proveedor, limitado a los conceptos de otros gastos de funcionamiento y de gastos generales suplementarios, siempre que sean importes menores de 600 euros.

V. Cualquier otro documento mercantil que permita verificar la trazabilidad del pago.

2.º) En el caso de que el justificante de pago incluya varias facturas referidas al mismo proyecto, se acompañará una relación de las mismas.

3.º) En el caso de que no sean referidas al mismo proyecto, la justificación del pago se realizará mediante la aportación del correspondiente extracto bancario acompañado de uno de los siguientes documentos:

I. Relación emitida por la entidad bancaria de los pagos realizados.

II. Orden de pago de la empresa sellada por la entidad bancaria.

4.º) A las facturas en moneda extranjera se acompañarán los documentos bancarios de cargo en los que conste el cambio utilizado.

5.º) No se admitirán como justificantes de pago documentos internos de la entidad beneficiaria, ni capturas de pantalla realizadas al software de gestión (ERP).

ANEXO X

GUÍA DE AUDITORÍA CONVOCATORIA RETECH

1. Objeto del documento.

2. Comprobaciones.

2.1. Gastos de amortización.

2.2. Adquisición de activos.

2.3. Personal.

2.4. Materiales, colaboraciones externas, otros gastos.

2.5. Gastos generales.

2.6. Subvenciones, ayudas, ingresos y/o recursos.

2.7. Cuentas anuales.

1. OBJETO.

El presente documento es una guía de los contenidos mínimos a verificar por la persona auditora designada por la entidad titular del proyecto aprobado por la ACIISI en una convocatoria de subvención, para la elaboración del Informe de Revisión de la Memoria Económica de justificación de gastos.

La no verificación de cualquiera de estos puntos podría conllevar el rechazo del Informe de Auditoría y la solicitud de un nuevo Informe elaborado por otra persona auditora.

Si no ha sido posible realizar todas las comprobaciones que se detallan en la presente guía, deberá mencionarlo en el apartado de “Incidencias” del Informe de Revisión de la Memoria Económica de justificación de gastos.

La persona auditora deberá conservar copia de toda la documentación utilizada para el análisis y verificación de los conceptos incluidos en la Memoria Económica.

2. COMPROBACIONES.

La auditoría relativa al empleo de los fondos recibidos en los proyectos subvencionados deberá realizarse por personas, físicas o jurídicas, inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. La persona Auditora de Cuentas está sometido a la potestad sancionadora del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas conforme al régimen sancionador establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, sin perjuicio de la responsabilidad civil ante la entidad beneficiaria de la subvención en el ámbito de su relación contractual privada, ni de la responsabilidad penal del Auditor en caso de falsedades documentales o delitos contra la Hacienda Pública por fraude en subvenciones prevista en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

La Persona Auditora de Cuentas no podrá tener ninguna clase de vinculación mercantil (tal como socio, administrador o apoderado) o laboral, con empresas proveedoras a la entidad beneficiaria de bienes o servicios incluidos como gasto subvencionable.

Las personas que tengan una relación laboral por cuenta ajena con la persona/entidad beneficiaria no podrán actuar como Auditores de Cuentas del proyecto objeto de subvención, ya sea como empresarios individuales o como socio o partícipe, administrador o apoderado de una persona jurídica.

La persona auditora verificará el cumplimiento por parte de la beneficiaria de la ayuda RETECH de:

• Las obligaciones establecidas la convocatoria de subvención.

• El presupuesto aprobado en la Resolución vigente (Resolución de Concesión o en su caso, Resolución de Modificaciones).

• Que los conceptos justificados por la entidad beneficiaria están incluidos dentro del presupuesto aprobado en la Resolución vigente.

• Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados, conforme a lo previsto en el artículo 30, apartado 3 de la Ley General de Subvenciones, y de su pago y que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables.

• Que los gastos e inversiones que integran la relación cumplen los requisitos para tener la consideración de gasto financiable, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, y en la propia convocatoria del Programa objeto de la ayuda.

• Que para los gastos en bienes de equipo o prestación de servicios que superen las cuantías establecidas en la Ley de contratos del sector público para los contratos menores, la entidad beneficiaria aporta tres ofertas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003.

• Dado que en el proyecto existe cofinanciación con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el cumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de las obligaciones que resultan de aplicación.

El alcance de la revisión de la cuenta justificativa por auditor de cuentas será el establecido por el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Para las diferentes partidas de gastos incluidas en la Memoria Económica de justificación, la persona auditora debe realizar las siguientes comprobaciones:

2.1. GASTOS DE AMORTIZACIÓN.

Comprobación de los gastos de amortización imputados al proyecto de los diferentes activos utilizados y reflejados en la partida de Amortización de Activos, en concreto:

• Los activos corresponden a los previstos en la Resolución vigente.

• Los activos no han recibido ninguna ayuda pública adicional a la de la ACIISI.

• Cuota anual de amortización según datos contables de la entidad beneficiaria de la ayuda RETECH.

• Fecha de inicio de la amortización según datos contables de la entidad beneficiaria de la ayuda RETECH.

• Imputación en los registros contables de la entidad como inmovilizado y cuenta de imputación del activo.

2.2. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS.

Verificación de los siguientes puntos:

• Si los activos son los previstos en la resolución vigente.

• Los activos adquiridos son nuevos (no se admiten activos de segunda mano).

• Originales de las facturas imputadas al proyecto.

• Las facturas han sido emitidas a nombre de la entidad titular del proyecto.

• Las fechas de emisión de las facturas se encuentran dentro del periodo de ejecución, es decir, el tiempo comprendido entre la fecha de inicio de la ejecución y la fecha actualizada final, que figuran en la Memoria Económica (incluida, en su caso, la prórroga aprobada por el Órgano Instructor).

• Cuando la compra del equipo nuevo la ejecuta una entidad del grupo para posteriormente facturárselo a la entidad beneficiaria de la ayuda RETECH:

- Declaración del vendedor sobre el origen de los bienes, sobre su cualidad de equipos nuevos (no han podido ser utilizados y/o amortizados) y sobre que los mismos no han sido objeto de ninguna subvención nacional o comunitaria.

- Facturas y correspondientes justificantes de pago de la compra inicial del equipo (del proveedor a la entidad que actúa como central de compras), cuyas fechas deben estar comprendidas en el plazo de ejecución del proyecto y cuyo importe debe coincidir con el imputado al proyecto en la Memoria Económica por parte de la entidad beneficiaria de la ayuda RETECH.

• Los pagos de las facturas imputadas al proyecto y su conformidad con las Instrucciones para Justificación de ayudas RETECH.

• Verificación de que los pagos de las facturas se han realizado conforme a los plazos de pago previstos en la normativa sectorial que le sea de aplicación o, en su defecto, en los establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

• En caso de confirming o cesión de pagos a proveedores, el pago a la entidad financiera se ha realizado mediante cargo en cuenta de la entidad titular del proyecto dentro del periodo ejecución o del periodo de justificación del proyecto.

• Imputación en los registros contables de la entidad como inmovilizado y cuenta de imputación del activo.

• Existencia de tres ofertas solicitadas a diferentes proveedores para los casos en los que el importe del gasto financiable supera las cuantías establecidas en la Ley de contratos del sector público para los contratos menores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (Salvo en caso de que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, en cuyo caso se comprobará que se aporta declaración firmada por la entidad justificando estos hechos). Comprobación de que la elección entre las ofertas presentadas se ha realizado conforme a criterios de eficiencia y economía y cuando la elección no haya recaído en la propuesta económica más ventajosa se ha justificado expresamente en una memoria la elección.

2.3. PERSONAL.

Verificación de los siguientes puntos:

• Las categorías están incluidas dentro del presupuesto financiable que figura en la resolución vigente.

• Los gastos presentados en concepto de Costes de Personal proceden de personal propio de la entidad beneficiaria que ha participado en el proyecto (Personal con contrato laboral, Personal autónomo socio de la entidad) mediante los siguientes documentos:

a) Informe de Datos para la Cotización-Trabajadores por Cuenta Ajena (IDC) que cubra todo el periodo de desarrollo del proyecto.

b) Certificado de la mutualidad o entidad de previsión social voluntaria correspondiente.

• No se han imputado gastos de personal autónomo económicamente dependiente según lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajador autónomo (estos gastos deberán imputarse, en su caso, en la partida de Colaboraciones Externas).

Para cada año en los que se desarrolla el proyecto:

• El campo FECHA INICIO es 1 de enero, salvo para trabajadores contratados con posterioridad.

• En el caso de fecha diferente a 1 de enero, verificación mediante Informe de Datos para la Cotización-Trabajadores por Cuenta Ajena (IDC) de la fecha de alta del trabajador en la entidad.

• El campo FECHA FIN corresponde a 31 de diciembre, salvo:

a) Trabajadores que causan baja en la entidad con anterioridad.

b) Anualidades que finalizan antes de terminar el año.

• En el caso de bajas de trabajadores, verificación mediante Informe de Datos para la Cotización-Trabajadores por Cuenta Ajena (IDC) de la fecha de baja del trabajador en la entidad.

• Verificación del coste de Salario Bruto de los trabajadores mediante alguno de los siguientes documentos:

- Para periodos con FECHA FIN 31 de diciembre:

Modelo 190 o Modelo 10T o Certificado de retenciones emitido por la entidad.

- Para periodos con FECHA FIN anterior a 31 de diciembre:

a) Nóminas.

b) En su caso, verificación del correcto prorrateo de pagas de beneficios o bonus y/o pagas extraordinarias.

c) Comprobación de que en ningún caso se han incluido en los gastos de los trabajadores indemnizaciones por despidos u otros acuerdos alcanzados entre la entidad y trabajador.

- Para trabajadores cuyas horas indicadas en el campo “Horas convenio” sean inferiores a las del convenio de aplicación, como consecuencia de que el trabajador se haya visto afectado por una baja por nacimiento y cuidado de menor, baja laboral y/o ERTE (siempre que las horas afectadas por dichas incidencias sean superiores al 5% de las horas de convenio):

a) Nóminas (el salario corresponderá a los meses en los que el trabajador haya estado en situación de alta o no haya estado afectado por un ERTE/ERE).

b) En su caso, se verificará la NO contabilización de complementos salariales a cargo de la entidad por horas en las que el trabajador haya estado de baja o afectado por un ERTE/ERE, así como la NO contabilización de prestaciones de pago delegado realizadas por la entidad y que son posteriormente compensadas al practicar la liquidación de las cuotas a la Seguridad Social.

• Verificación de los costes de Seguridad Social imputados mediante cálculo a partir de las Bases de Cotización a la Seguridad Social para cada trabajador y comprobación, en su caso, de las bonificaciones en las Bases de Cotización a la Seguridad Social. Para ello se cotejará:

a) Informe de Datos para la Cotización-Trabajadores por Cuenta Ajena (IDC).

b) Relación Nominal de Trabajadores (RNT).

c) En el caso de trabajadores cooperativistas, verificación de los costes de Seguridad Social imputados mediante cálculo de los gastos correspondientes a las cuotas mensuales a Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV).

- Para trabajadores cuyas horas indicadas en el campo “Horas convenio” sean inferiores a las del convenio de aplicación, como consecuencia de que el trabajador se haya visto afectado por una baja por nacimiento y cuidado de menor, baja laboral y/o ERTE (siempre que las horas afectadas por dichas incidencias sean superiores al 5% de las horas de convenio), se verificará que únicamente se han imputado los costes de Seguridad Social correspondientes al periodo en el que el trabajador ha estado en situación de alta (o en su caso, no haya estado afectado por el ERE/ERTE) según los datos que figuran en el RNT y/o los documentos equivalentes de la Seguridad Social. En el caso de que el ERTE afecte de forma parcial a la jornada laboral, se verificará que únicamente se han computado los costes de seguridad social asociados a las horas trabajadas (quedan excluidos los costes de Seguridad Social asociados a las horas afectadas por el ERTE).

• Comprobación de las horas declaradas con los soportes justificativos de las horas incurridas por el personal destinado al proyecto mediante:

a) Certificados de horas semanales/mensuales firmados por cada una de las personas que han imputado horas al proyecto y por la entidad (excepcionalmente, en el caso de que alguna de las personas no se encuentre en plantilla en el momento de la justificación, podrá realizar una declaración responsable el apoderado de la entidad firmando las horas de esta persona). En la revisión de los certificados se debe de tener en cuenta que no se aceptan estimaciones lineales de horas, ni las horas imputadas en periodos vacacionales.

En los casos en los que la entidad beneficiaria de la ayuda RETECH disponga de un sistema informatizado de imputación electrónica de horas, comprobación de la justificación horaria obtenida de dicho sistema y el correspondiente informe realizado y firmado por un auditor externo del proceso de imputación electrónica de horas.

b) Coherencia entre los datos que figuran en los soportes justificativos de las horas incurridas por el personal destinado al proyecto y el Informe de Datos para la Cotización-Trabajadores por Cuenta Ajena (IDC). Se debe prestar especial atención a la imputación errónea de horas en periodo de baja/ERTE/ERE o vacacional.

• Verificación de las horas de convenio aplicables a cada persona trabajadora mediante alguno de los siguientes documentos:

a) Convenio Colectivo aplicable a la entidad y al centro de trabajo.

b) Calendario laboral aprobado por la entidad.

Si para algún trabajador se ha aplicado un número de horas diferentes a las que marca el convenio, comprobación de que la cifra es correcta mediante el Informe de Datos para la Cotización-Trabajadores por Cuenta Ajena (IDC). Verificación de la tabla de cálculo de estas horas (Anexo 10 o documento equivalente utilizado por la entidad beneficiaria).

• Verificación de que las personas imputadas en la partida de Personal tienen su centro de trabajo en las Comunidades Autónomas reflejadas en la Memoria Económica en el apartado PERSONAL: COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL CENTRO DE TRABAJO DEL PERSONAL IMPUTADO, mediante la Relación Nominal de Trabajadores (RNT) y el Informe de Datos para la Cotización-Trabajadores por Cuenta Ajena (IDC); y mediante el modelo 036 o modelo 37 de la Agencia Tributaria para los trabajadores autónomos.

2.4. MATERIALES, COLABORACIONES EXTERNAS, OTROS GASTOS.

Verificación de:

• Los conceptos están incluidos dentro del presupuesto aprobado que figura en la resolución vigente.

• Originales de las facturas imputadas al proyecto.

• Las facturas han sido emitidas a nombre de la entidad titular del proyecto.

• Las fechas de emisión de las facturas se encuentran dentro del periodo de ejecución (incluido en su caso la prórroga aprobada por el Órgano Instructor).

• Los pagos de las facturas imputadas al proyecto y su conformidad con las Instrucciones para Justificación de ayudas RETECH.

• Verificación de que los pagos de las facturas se han realizado conforme a los plazos de pago previstos en la normativa sectorial que le sea de aplicación o, en su defecto, en los establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

• En caso de confirming o cesión de pagos a proveedores, el pago a la entidad financiera se ha realizado mediante cargo en cuenta de la entidad titular del proyecto dentro de los plazos exigibles.

• Los gastos no se han contabilizado en una cuenta de inmovilizado. Esta consideración no aplica a los importes que por su naturaleza se hayan contabilizado como Gastos de Investigación y/o Desarrollo del Inmovilizado Intangible.

• Se han contabilizado correctamente los gastos imputados dentro de cada partida.

• Verificación de la existencia de tres ofertas solicitadas a diferentes proveedores para los casos en los que el importe del gasto financiable supera las cuantías establecidas en la Ley de contratos del sector público para los contratos menores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (Salvo en caso de que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, en cuyo caso se comprobará que se aporta memoria acreditativa firmada por la entidad justificando estos hechos). Comprobación de que la elección entre las ofertas presentadas se ha realizado conforme a criterios de eficiencia y economía y de que cuando la elección no ha recaído en la propuesta económica más ventajosa se ha justificado expresamente en una memoria la elección.

En el caso de proyectos en cuya resolución de concesión se haya estipulado la contratación laboral de personas con el grado de doctor, verificación de:

• Declaración responsable de no existencia de relación contractual laboral ni mercantil del doctor con la empresa, ni participación en el capital social de la misma con carácter previo a su contratación.

• Contrato laboral formalizado entre trabajador y empresa:

- Es indefinido y a tiempo completo

- Es posterior a la solicitud de la ayuda y anterior a la finalización del tercer mes natural desde el comienzo del proyecto.

• El doctor permanece contratado, al menos, hasta el final del proyecto.

• En caso de sustitución del doctor autorizada de acuerdo con la convocatoria, esta se ha producido en un plazo no superior a tres meses desde la extinción del contrato del doctor sustituido.

• Durante la ejecución del proyecto, se ha producido como máximo una única sustitución de la persona contratada como doctor aprobado en la resolución de concesión.

• El salario bruto del doctor de nueva contratación es superior a 40.000 euros brutos anuales.

• La imputación de las horas del doctor de nueva contratación es del 100%.

• Título de doctor, obtenido en una universidad española o extranjera, en la fecha de su contratación por la empresa.

En el caso de títulos de grado de doctor obtenidos en el extranjero:

- Homologación por una universidad española según lo indicado en la disposición adicional quinta del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.

- La homologación es anterior a la fecha de contratación del doctor.

En el caso de proyectos en cuya resolución de concesión se haya estipulado como requisito la titularidad mayoritaria del capital social de la empresa por mujeres, comprobación de que más del 50% de las participaciones o acciones que integran el capital social de la empresa pertenece nominativamente a mujeres, personas físicas, mediante el Certificado del órgano de administración de la entidad sobre la composición del capital social según el contenido recogido en el libro registro de socios o acciones nominativas debidamente diligenciado.

- En caso de incluir gastos de viajes, verificación de que únicamente se justifican viajes referidos a trabajadores imputados en el apartado de costes de personal, y siempre que aparezcan debidamente identificados mediante factura nominativa en la justificación del coste de viaje.

2.5. GASTOS GENERALES.

Verificación de que los importes imputados en la Memoria Económica son los detallados en las cuentas 621, 622, 624, 628, 629 (únicamente admisibles Gastos de Transporte de Personal y Gastos de Oficina: material de oficina y limpieza), 640, 642 y 649 (o cuentas cuyos conceptos sean equivalentes a los de las cuentas del PGC) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del último año cerrado

2.6. SUBVENCIONES, AYUDAS, INGRESOS Y/O RECURSOS.

• Verificación de la declaración relativa a la financiación de la actividad desarrollada en la que se detallan las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la financiación de las actividades a realizar en el proyecto, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

• Se contrastará la Declaración de Ayudas aplicables al Proyecto aportada por la entidad con:

a) Base de Datos Nacional de Subvenciones

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones

b) Con la contabilidad de la entidad.

- En caso de haber obtenido ayudas, ingresos o recursos que NO aparecen en la Declaración de Ayudas aplicables al Proyecto, verificar que estas no aplican al proyecto financiado por RETECH.

- En caso de que la entidad haya recibido subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la financiación de las actividades a realizar en el proyecto, comprobación de:

• Los importes declarados con las correspondientes Resoluciones de ayudas.

• Su compatibilidad con la ayuda del RETECH.

2.7. CUENTAS ANUALES. (Aplicable solo cuando la persona auditora designada no sea la persona auditora de cuentas de la entidad).

• Comunicación del encargo a los auditores de cuentas que han emitido el informe de auditoría y solicitud de cualquier información de que dispongan y que pudiera condicionar el trabajo de revisión.

• Obtención del informe de auditoría con objeto de conocer si existe alguna salvedad en dicho informe que pudiera condicionar el trabajo de revisión.

ANEXO XI

INFORME DE REVISIÓN DE LA MEMORIA ECONÓMICA A REALIZAR POR LA PERSONA AUDITORA

El objeto de este informe es tanto la validación de la correcta justificación de los gastos vinculados al presupuesto del proyecto, como la verificación del cumplimiento de otras condiciones requeridas por la normativa aplicable.

Las instrucciones para el análisis y comprobaciones a efectuar por la persona auditora se reflejan en el documento “Guía de Auditoría Convocatoria RETECH”, disponible en el Anexo VII del presente documento.

Los formularios correspondientes para la presentación del informe de revisión a realizar por la persona auditora estarán disponibles para su cumplimentación y presentación en la sede electrónica del Gobierno de Canarias (https://sede.gobiernodecanarias.org).

La persona auditora de cuentas deberá tomar para su informe el presupuesto subvencionable establecido en la resolución de concesión y, en su caso, en las resoluciones posteriores autorizando modificaciones, agrupado por:

• Amortización de Activos dedicados al proyecto.

• Gastos de personal propio.

• Gastos en materiales fungibles exclusivamente destinados al proyecto.

• Contrataciones (colaboraciones) derivadas del proyecto.

• Otros gastos, incluyéndose en este grupo los gastos derivados del informe de la persona auditora.

Asimismo, la persona auditora en su análisis deberá verificar la exactitud de la Memoria Económica y tener en cuenta:

• Las condiciones de la resolución de concesión.

• El presupuesto subvencionable inicial y sus posibles cambios aprobados por la ACIISI.

• Que la información económica contenida en la Memoria Económica está soportada por una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad financiada, con identificación del acreedor y del documento (factura o documento de valor probatorio equivalente según la normativa nacional y comunitaria aplicable a la subvención), su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

• Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados, conforme a lo previsto en el artículo 30, apartado 3 de la Ley General de Subvenciones, y de su pago y que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables.

• Que los gastos e inversiones que integran la relación cumplen los requisitos para tener la consideración de gasto financiable, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.

Comprobará y analizará la veracidad de la declaración de concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad a efectos de determinar su incompatibilidad.

Para ello verificará la declaración relativa a la financiación de la actividad desarrollada en la que se detallan las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la financiación de las actividades a realizar en el proyecto, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Se contrastará la declaración de ayudas concurrentes aportada por la entidad con:

a) Base de Datos Nacional de Subvenciones.

b) Con la contabilidad de la entidad.

Comprobará que los gastos incluidos en la relación de gastos son considerados gastos subvencionables, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.

Asimismo, la persona auditora deberá verificar el cumplimiento por parte de la entidad beneficairia de las obligaciones que resulten de aplicación por razón de la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En particular, la persona auditora comprobará, en el lugar de desarrollo del proyecto, la existencia de indicación visible de la financiación a través de estos fondos, con inclusión de los correspondientes emblemas y logos de la Unión Europea, así como el cumplimiento del resto de normas de publicidad.

La persona auditora deberá conservar copia de toda la documentación utilizada para el análisis y verificación de los conceptos incluidos en la Memoria Económica.

ANEXO XII

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA: MODIFICACIONES Y RENUNCIAS

A) Documentación a presentar con las solicitudes de cambio de entidad beneficiaria por modificación estructural.

1. Solicitud de cambio de entidad beneficiaria a través del trámite disponible al efecto en el Registro Electrónico.

2. Escrituras notariales de modificación (transformación, fusión, escisión o cesión). Dichas escrituras deben contener también la acreditación de la inscripción en el Registro Mercantil y el domicilio social de la nueva entidad.

3. En los casos de escisión o cesión parcial, las escrituras deben incluir de forma expresa el nombre de todos los proyectos objeto de traspaso entre la entidad beneficiaria original y la nueva.

4. Cuando la solicitud la realice una persona distinta de la persona representante de la agrupación, deberá adjuntar los poderes de representación de la persona firmante.

En caso de que el proyecto objeto de cambio de entidad beneficiaria se encuentre en ejecución, esté pendiente de certificación por parte del órgano gestor o tenga pendiente la devolución de todo o parte de la ayuda en concepto de reintegro, debe presentar adicionalmente la siguiente documentación, referida a la nueva entidad:

I. Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para ser entidad beneficiaria, firmada electrónicamente por la persona representante de la entidad. Dicha declaración responsable se encontrará disponible a través de la sede electrónica de acuerdo a lo establecido en la base reguladora 14.

II. Nuevo acuerdo de la agrupación en el que figure como participante la nueva entidad.

III. Memoria de cuentas que incluya “Balance de situación” y “Cuenta de Pérdidas y Ganancias” de la nueva empresa, de fecha posterior a la transformación, fusión o escisión.

En el caso de que la entidad afectada por la modificación estructural sea la coordinadora del proyecto, la autorización anterior quedará condicionada a la solicitud, por parte del órgano gestor, de la constitución de nuevas garantías que sustituyan a las originales y que podrán alcanzar, en su caso, el 100% del importe de la subvención concedida, en función de la calificación financiera de la nueva entidad, que permitan asegurar convenientemente el cumplimiento de las obligaciones que la nueva entidad asume. Una vez que se constituyan las nuevas garantías, se procederá a la cancelación de las ya constituidas. La falta de constitución de las citadas garantías supondrá la imposibilidad de cancelar las ya constituidas.

B) Documentación a presentar con las solicitudes de modificación del plan de proyecto.

1. La solicitud de modificación de la resolución de concesión se realizará a través del apartado de aportación de documentos en el expediente correspondiente a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

2. Memoria justificativa de la modificación o modificaciones solicitadas en el plan de proyecto aprobado por la resolución de concesión. Dicha memoria debe contener la definición del tipo de modificación, de acuerdo con las categorías definidas, así mismo debe recoger una descripción detallada del cambio a realizar, su motivación y una actualización con los cambios de la información recogida en la resolución de concesión indicando paquetes de trabajo, actividades, entregables y recursos asociados a cada uno de ellos detalladamente. Si la modificación afecta al perfil profesional del equipo de trabajo se deberá adjuntar, además, el CV del nuevo personal. La memoria presentada no podrá exceder de diez páginas. Las páginas numeradas se configurarán en formato A4 (210 mm x 297 mm), con interlineado sencillo y letra de un tamaño mínimo de 11 puntos.

3. Cuando la modificación del plan de proyecto se deba al abandono por renuncia de una de las entidades participantes, la agrupación, a través de su representante, deberá proponer que se retire y se sume otro en su lugar o una reasignación de actividades.

Si la modificación, de acuerdo con los puntos anteriores, se debiera al abandono por renuncia de la entidad coordinadora, la agrupación deberá proponer una nueva entidad coordinadora, que podrá ser una de las participantes o, en su caso, incorporar una nueva entidad a la agrupación.

En ambos casos la solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Nuevo acuerdo de la agrupación, en el que, en su caso, se designe a una nueva entidad coordinadora del proyecto. Dicho acuerdo podrá estar condicionado a la obtención de la autorización previa de modificación del plan de proyecto. Dicho acuerdo deberá reunir los requisitos recogidos en la base reguladora 3.

En el caso de que la modificación suponga la entrada de una nueva entidad en la agrupación, deberá presentar adicionalmente:

a) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos para ser entidad beneficiaria, recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como del cumplimiento de los requisitos para el pago establecidos en el artículo 34.5 de la citada Ley, firmado por la persona representante de la nueva entidad coordinadora.

b) Memoria de cuentas que incluya “Balance de situación” y “Cuenta de Pérdidas y Ganancias” de la nueva empresa, de fecha posterior a la transformación, fusión o escisión.

c) Copia de la tarjeta de identificación fiscal.

d) Escritura de apoderamiento del representante único de la agrupación.

Cuando la autorización previa de modificación del plan de proyecto suponga la sustitución de la entidad coordinadora, estará condicionada a la formalización de las correspondientes garantías, en el plazo que se establezca en la citada resolución de modificación.

Una vez que se constituyan las nuevas garantías, se procederá a la cancelación de las ya constituidas. La falta de constitución de las citadas garantías supondrá la imposibilidad de cancelar las ya constituidas.

C) Documentación a presentar con las solicitudes de desistimiento o renuncia total.

Para la presentación de la solicitud de desistimiento de la solicitud de ayuda se utilizará el apartado de aportación de documentos al expediente en la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

En el caso de que la entidad coordinadora o una de las entidades participantes desistiera de su solicitud, se abrirá un trámite de audiencia para la reformulación del plan de proyecto.

Para la presentación de la solicitud de renuncia se utilizará la solicitud disponible a tal efecto en la sede electrónica.

En el caso de que se produzca la renuncia por parte de la entidad coordinadora o de una de las entidades participantes, la agrupación deberá solicitar una modificación de la resolución de concesión, de acuerdo a la base reguladora 27.

D) Documentación a presentar con las solicitudes de devolución anticipada de la ayuda no aplicada.

En el caso de que durante la ejecución del proyecto se produzcan circunstancias verificables que determinen la inviabilidad de su continuidad por causas técnicas y/o económicas, la entidad beneficiaria podrá solicitar la devolución anticipada de la ayuda no aplicada, a través del trámite disponible a tal efecto en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, y a la que deberá adjuntar la siguiente documentación:

a) Acreditación de las circunstancias acontecidas, con explicación de las posibles alternativas para la viabilidad del proyecto que se hayan llevado a cabo.

b) Memoria del estado del proyecto y situación de justificaciones presentadas.

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