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BOC Nº 105. Jueves 1 de junio de 2023 - 1754

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1754 ANUNCIO de 18 de mayo de 2023, relativo a la declaración del interés público del proyecto denominado “Implantación de Área de Servicio en Carretera Ayagaures”, situado en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, promovido por Lorenzo Pérez Domínguez, S.L.

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BOC-A-2023-105-1754. Firma electrónica - Descargar

El Consejo de Gobierno Insular adoptó por unanimidad, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de mayo de 2023, el siguiente acuerdo:

“2.- ÁREA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y PAISAJE.

2.1. Declaración de interés público del proyecto denominado “Proyecto de Implantación de Área de Servicio en Carretera Ayagaures” en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana.

Examinado el expediente de referencia PL-E 19_80784, a la vista de la solicitud para el inicio de procedimiento administrativo para la declaración sobre existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación denominada “Proyecto de Implantación de Área de Servicio en Carretera Ayagaures”, con referencia catastral 35020A016004040000EJ, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, promovido por la entidad “Lorenzo Pérez Domínguez, S.L.”.

ANTECEDENTES

Vistos los informes jurídicos emitidos por el Servicio de Planeamiento, en los que consta lo siguiente:

Con fecha 17 de diciembre de 2019, tiene entrada en el Registro General del Cabildo (n.º 80784) solicitud del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social del “Proyecto de Implantación de Área de Servicio en Carretera Ayagaures”.

La anterior solicitud del referido Ayuntamiento ante este Cabildo Insular tiene origen en la solicitud de D. José Octavio Pérez Rivero, actuando en condición de administrador único de la entidad mercantil “Lorenzo Pérez Domínguez, S.L.”, CIF B‑35046630, presentada ante el Ayuntamiento el 22 de febrero de 2019.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana acompaña a la solicitud, en soporte digital, documentación en formato “pdf”.

Se adjunta, además, informe técnico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana sobre el proyecto de referencia, de fecha 3 de diciembre de 2019.

Con fecha 4 de febrero de 2020, se emite informe jurídico del Servicio de Planeamiento de la Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria.

Con fecha 11 de febrero de 2020, se dicta Resolución de inicio por la Sra. Consejera del Área de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, teniendo en cuenta la propuesta del informe jurídico emitido y referenciado en el antecedente anterior. Dicha resolución es debidamente notificada al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con fecha 17 de febrero de 2020 (R. S. n.º 5016).

Con fecha 23 de abril de 2020, se emite informe técnico del Servicio de Planeamiento de la Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria.

Consta en el expediente consulta descriptiva y gráfica, de fecha 28 de abril de 2020, correspondiente a la referencia catastral 35020A016004040000EJ.

El 4 de mayo de 2020 (R.G.E. n.º 2020017813), el promotor presenta documentación mediante instancia general.

Con fecha 7 de mayo de 2020 (R.E. n.º 20200018660), el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana remite la documentación requerida.

Consta en el expediente certificación catastral, de fecha 7 de julio de 2020, correspondiente a la referencia catastral 35020A016004040000EJ.

Con fecha 9 de julio de 2020, se solicita informe previo a la declaración de interés público o social, de conformidad con el artículo 79.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, a los siguientes organismos públicos:

• Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria.

• Servicio de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.

• Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

Con fecha 15 de julio de 2020, se publica en el BOP n.º 85 anuncio de trámite de información pública dispuesto en el artículo 79.2.a) de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y artículo 29 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, remitido el 9 de julio de 2020, con R.G.S. n.º 13342.

El 24 de julio de 2020, con n.º de registro interno de salida 202045020785, se recibe informe del Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria. El informe concluye que:

“Se constata que la situación de la planta propuesta no afecta a bienes, instalaciones, obras o servicios dependientes del Cabildo de Gran Canaria, salvo que dicha parcela es colindante con cauce de dominio público; barranco de Ayagaures y barranco de La Negra”.

En el expediente consta diligencia emitida el 20 de agosto de 2020 por la Jefatura de Servicio de Planeamiento para hacer constar que el día 15 de agosto de 2020 ha finalizado el plazo de alegaciones/información pública/consultas y se ha recibido un total de:

Alegaciones: 0.”

Con fecha 18 de diciembre de 2020, se emite informe técnico valorando los informes presentados durante el periodo de consultas a las administraciones afectadas en sus competencias.

Con fecha 1 de marzo de 2021, se emite informe jurídico del Servicio de Planeamiento de la Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, que contiene la siguiente propuesta:

“Se dicte por la Consejería de Área de Política Territorial y Paisaje, Resolución de desestimación del procedimiento administrativo para la declaración sobre existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación denominada Construcción del Proyecto de Implantación de Área de Servicio en Carretera Ayagaures situado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana”, de conformidad con lo previsto en los artículos 62, 77 a 79 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.”

Con fecha 30 de abril de 2021, la Jefa del Servicio de Planeamiento solicita al Coordinador del Área Técnica que, “En relación al expediente referenciado y a la vista del Informe emitido por el Área Técnica del Servicio de Planeamiento de fecha 18 de diciembre de 2020 y, habiéndose observado discrepancias en su apartado tercero “3. Consideraciones sobre el ajuste al artículo 62 de la l.4/2017” y sexto “6. Conclusiones”, concretamente en su punto 2.º C; entre el contenido de la argumentación y la conclusión alcanzada; se solicita Informe aclaratorio al Área Técnica del Servicio de Planeamiento”.

Consta en el expediente informe técnico del Servicio de Planeamiento, de fecha 6 de mayo de 2021, emitido a petición de la Jefatura de Servicio.

Con fecha 10 de mayo de 2021, el promotor del expediente solicita copia del expediente, constando en el expediente diligencia de entrega de copia de la documentación solicitada de fecha 17 de mayo de 2021.

Con fecha 2 de junio de 2021, se publica en el Boletín Oficial del Estado n.º 131 anuncio de trámite de audiencia dispuesto en el artículo 79.2 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, a los titulares de las parcelas colindantes al suelo objeto de actuación por no haberse podido practicar en el domicilio que obra en certificación de la Dirección General del Catastro y a los titulares con domicilios desconocidos de las parcelas colindantes con el suelo objeto de actuación, de conformidad con los artículos 42 y 44 respectivamente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Con fecha 7 de junio de 2021 (R.E. n.º 2021033872), el promotor del expediente presenta escrito manifestando su discrepancia sobre el contenido de determinados aspectos de los informes técnicos y jurídicos emitidos por el Servicio de Planeamiento con fechas 18 de diciembre de 2020 y 1 de marzo de 2021, respectivamente. Dichas alegaciones se presentan fuera del periodo de información pública.

Consta en el expediente certificación emitida por el Jefe del Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, con fecha 30 de julio de 2021, haciendo constar la presentación de alegaciones de fecha 7 de junio de 2021 (R.E. n.º 2021033872) presentadas por el promotor del expediente.

Con fecha 2 de diciembre de 2021, se emite informe técnico del Servicio de Planeamiento de la Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, en el que se da respuesta a las alegaciones presentadas por el promotor el 7 de junio de 2021 (R.E. n.º 2021033872) y que contiene unas conclusiones que posibilitan la declaración del interés público o social de la actuación, de las que se pueden reseñar las siguientes:

• El proyecto presentado permite su consideración como una actuación de interés público o social, tras constatar la suficiencia de los requisitos contenidos en el artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

• La actuación pretendida no se encuentra expresamente prohibida por el planeamiento insular (PIO/GC), siendo un acto de ejecución admisible categorizado en el grupo de Complejos (Áreas de Servicio) con nivel de Alcance 5 (nueva ejecución) y una Intensidad 2 (no debe superar una incidencia ambiental moderada), sobre suelo zonificado como Bb3, cuya implantación no está remitida a ningún otro condicionante derivado de la zonificación terrestre del PIO-GC.

• Las estaciones y las áreas de servicio están incluidas entre los usos susceptibles de ser considerados como de interés público o social.

• Concurre, al menos, uno de los requisitos que justifican suficientemente su tramitación como IPS -la necesidad de implantación en suelo rústico- de acuerdo con el resto de informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente.

• Finalmente, las discrepancias técnicas puestas de manifiesto en el expediente no impiden que la actuación pueda someterse a la consideración del Consejo de Gobierno para que eventualmente pudiera apreciar su interés público o social.

Consta en el expediente solicitud de copia del informe técnico de 2 de diciembre de 2021 solicitada por el promotor de la actuación, presentada el 20 de enero de 2022, siendo remitido el mismo el 3 de febrero de 2022.

Con fecha 4 de febrero de 2022, se solicita al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que emita informe sobre el cumplimiento de lo establecido en el artículo 62 de la Ley 4/2017, sin que conste su remisión.

Con fecha 4 de febrero de 2022, se vuelve a requerir informe al Consejo Insular de Aguas, sin que se haya remitido informe alguno.

Con fecha 22 de abril de 2022, se emite nuevo informe jurídico que señala:

“Considerar que el proyecto denominado “Proyecto de Implantación de Área de Servicio en Carretera Ayagaures”, sito en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, promovido por la entidad “Lorenzo Pérez Domínguez, S.L.”, con CIF B-35046630, sometido a la consideración de este Cabildo en el procedimiento de declaración de interés público o social de actos y usos en suelo rústico no previstos por el planeamiento de acuerdo con el artículo 79 de la Ley 4/2017, de 13 de mayo, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias:

A) Se considera que carece de cobertura en el planeamiento y que, al no ser un uso ordinario, ni complementario de un uso ordinario propios del suelo rústico, su implantación requiere que se proceda, bien a modificar el instrumento de la ordenación urbanística municipal, o bien a proponer su declaración como de interés público o social.

B) Se considera que la declaración del interés público o social es un procedimiento excepcional y que como tal desde el punto de vista técnico se considera más apropiado acreditar suficientemente la decisión de no abordar la implantación del proyecto por el cauce usual u ordinario -que en este caso sería la modificación del planeamiento urbanístico-, lo que no excluye su consideración como una actuación de interés público o social una vez constatada la suficiencia de los requisitos del artículo 62 de la Ley 4/2017 tanto en el informe técnico municipal como en el informe jurídico del servicio de planeamiento para su tramitación, informes que obran en el expediente.

C) Se constata que la actuación pretendida no se encuentra expresamente prohibida por el planeamiento insular (PIO/GC), siendo un acto de ejecución admisible categorizado en el grupo de Complejos (Áreas de Servicio) con nivel de Alcance 5 (nueva ejecución) y una Intensidad 2 (no debe superar una incidencia ambiental moderada), sobre suelo zonificado como Bb3, cuya implantación no está remitida a ningún otro condicionante derivado de la zonificación terrestre del PIO-GC. Todo ello siempre y cuando se considerara suficiente el cumplimiento de los requisitos del artículo 62 de la Ley 4/2017 para que se pudiera apreciar el interés público o social de la actuación.

D) Se considera que, de conformidad con el citado artículo 62, las estaciones y las áreas de servicio están incluidas entre los usos susceptibles de ser considerados como de interés público o social y que, aunque este hecho por sí solo no justifica su consideración como tal, sí resulta posible la apreciación de dichos extremos siempre que se constate la concurrencia de los requisitos exigibles que igualmente se exponen en dicho artículo.

E) En coherencia con lo anterior, se considera que, a pesar del parecer técnico discrepante sobre la de la fórmula más adecuada para su tramitación, y de que en el proyecto se aprecie una falta de datos relativos a la justificación de su contribución a la ordenación y al desarrollo rural, sin embargo, sí que se encuentra la justificación suficiente de la necesidad de su implantación en suelo rústico, -no compartida totalmente por el informe técnico-, por lo que se puede concluir que concurre al menos uno de los requisitos que justifican su tramitación como IPS de acuerdo con el resto de informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente.

F) De forma coincidente con la propia alegación, se considera que la ausencia de ubicaciones adecuadas y de suficiente entidad en suelos urbanos de San Bartolomé de Tirajana en la que dicha implantación resultara compatible, además de la antigüedad del planeamiento general municipal, no pueden ser considerados motivos suficientes para exceptuar su implantación de la aplicación de la norma general de no someter al suelo rústico a un proceso urbanizador directo, al margen de los procedimientos reglados de ordenación urbanística ordinarios, tal y como se recomienda en el informe técnico.

G) Se recuerda que todas las consideraciones realizadas en los informes técnicos obrantes en el expediente son apreciaciones e interpretaciones de carácter técnico y que como tales pueden ser objeto de diferente interpretación o matización.

H) En relación con la comprobación de la suficiencia del requisito de contar con las justificaciones requeridas por el artículo 62 de la Ley 4/2017, se reitera la constatación de que el documento que contiene el Proyecto denominado “Memoria Justificativa de la solicitud de Licencia a través del procedimiento de declaración de interés público o social del proyecto de implantación del Área de Servicio en carretera Ayagaures”, cumplimenta las exigencias de contenido establecidas por el artículo 62 de la Ley 4/2017 -al menos en lo que a la necesidad de su implantación en suelo rústico se refiere- y contiene argumentos suficientes para que el Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria pueda interpretarlos y apreciar, en su caso, la existencia o no del interés público o social del proyecto de referencia en coincidencia con el inicial informe técnico municipal, ya que no han contestado al requerimiento realizado con fecha 4 de febrero de 2022, y con los informes jurídicos del servicio de planeamiento que han validado la tramitación hasta el presente momento procedimental. En consecuencia, se considera que las discrepancias técnicas puestas de manifiesto en el expediente no impiden que la actuación pueda someterse a la consideración del Consejo de Gobierno para que eventualmente pudiera apreciar su interés público o social.”

Con fecha 23 de febrero de 2023, se emite informe jurídico que propone no declarar de interés público y social la actuación denominada Construcción del Proyecto de Implantación de Área de Servicio en Carretera Ayagaures situado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

A la vista del expediente administrativo, y de todo lo anteriormente expuesto, se realizan las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Títulos habilitantes en suelo rústico para usos, actividades y construcciones no ordinarios ni complementarios no previstos en el planeamiento.

El uso pretendido en la solicitud sobre suelo rústico no se ajusta a los usos, actividades y construcciones ordinarios establecidos en los artículos 59 y 60 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en adelante LSENPC), ni a los usos del artículo 61 del mismo cuerpo normativo en cuanto a usos complementarios.

Por tanto, es de aplicación el artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que establece lo siguiente:

“Artículo 62. Usos, actividades y construcciones de interés público o social.

Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento.”

Asimismo, el artículo 63, del mismo texto legal, bajo la rúbrica usos, actividades y construcciones autorizables:

“1. Los usos que no estén expresamente previstos ni prohibidos por el planeamiento se podrán autorizar en las condiciones que establece la presente ley, en particular las relativas a las protecciones ambiental y agraria, y, en su caso, la legislación sectorial que corresponda, sin perjuicio del carácter autorizado desde la ley de los actos subsumibles en lo que establece el artículo 36.1.a) de la presente ley.

2. Mediante reglamento, el Gobierno podrá fijar las condiciones urbanísticas de los diferentes usos y actividades en suelo rústico, así como de sus construcciones e instalaciones, y se definirán los requisitos sustantivos y documentales que deberán cumplir, en cada caso, los proyectos técnicos y los estudios que sean exigibles para su viabilidad.”

Por último, a la vista de lo recogido en el artículo 58 de la LSENPC, todo acto de aprovechamiento y uso del suelo rústico también debe respetar las reglas contenidas en los apartados 1 y 2 del citado precepto.

Procedimiento para su otorgamiento y documentación preceptiva.

El artículo 77 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece la regulación procedimental relativa a la autorización de los usos, actividades y construcciones en suelo rústico no previstos en el planeamiento.

A la vista de la remisión de dicho artículo, el artículo 79 establece el procedimiento a seguir en el caso de actos, construcciones y usos no ordinarios que carezcan de cobertura en el planeamiento.

Anótese que el apartado primero del anterior precepto nos remite al artículo 78 a los efectos de determinar la documentación preceptiva que, como mínimo, debe tener la solicitud y los trámites a realizar por el Ayuntamiento, con carácter previo a solicitar al Cabildo Insular la declaración de interés público o social y la compatibilidad con el planeamiento.

Reglamentariamente, el Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, recoge, en su artículo 29, sobre las licencias para actos y usos no ordinarios en suelo rústico no previstos en el planeamiento.

En suma, a la vista de los artículos 78 y 79 de la Ley 4/2017 y 29 del Decreto 182/2018 los trámites a realizar por los Ayuntamientos, antes de remitir la solicitud de declaración de interés público o social del Cabildo y la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular, son los siguientes:

- Examen por parte de los Ayuntamientos de la documentación básica exigida como mínimo por el artículo 78.1 de la Ley 4/2017 y 29 del Decreto 182/2018, que con carácter previo ha presentado el particular y que asimismo debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa específica.

- Emitirá informe sobre la conformidad con el planeamiento.

- Admisión de la solicitud comprobados los anteriores extremos.

- Recabar del Cabildo Insular la declaración sobre la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular y sobre el interés público o social de la actuación.

Por último, respecto a la declaración expresa de prohibición o no en el planeamiento insular, el artículo 5.4 del PIO-GC dispone que “A los efectos de la emisión del informe de compatibilidad con las determinaciones del presente Plan, en los términos previstos en los apartados anteriores, la Administración correspondiente deberá remitir a este Cabildo la documentación relativa al Plan o proyecto que se esté tramitando y a las actuaciones administrativas habidas en el procedimiento”.

Por tanto, la solicitud que remitan los Ayuntamientos al Cabildo y a los efectos de determinar la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular, el propio PIO-GC establece la obligación de estos de remitir toda la documentación relativa al proyecto y las actuaciones administrativas habidas en el procedimiento. Lo que también se debe unir a los requisitos documentales exigidos por el artículo 78 de la Ley 4/2017 y artículo 29 del Decreto 182/2018.

Contenido sustantivo de la solicitud.

En cuanto al examen por parte de los Ayuntamientos de la documentación básica, a los efectos de su admisión, debe estarse no solo a la comprobación de la documentación exigida, sino también a la comprobación de los requisitos establecidos en el artículo 62 de la Ley 4/2017, debiendo contener la documentación de la solicitud que se remita al Cabildo, los extremos exigidos por dicho precepto y que son:

• Carácter excepcional de la autorización.

• Justificación del interés público o social de la actuación.

• Contribuyan a la ordenación y al desarrollo rural o que deba situarse necesariamente en suelo rústico.

• Que los requisitos sean justificados por el solicitante de la autorización.

En base a Jurisprudencia del Tribunal Supremo, estos requisitos deben ser interpretados de la siguiente manera:

Que la autorización, en cuanto excepción a una norma general prohibitiva, ha de ser interpretada en sentido siempre restrictivo y tras haber quedado perfectamente acreditados aquellos requisitos en la solicitud.

La excepcionalidad supone una interpretación restrictiva de la utilidad pública o el interés social que implica que no pueda identificarse, sin más, con cualquier actividad industrial, comercial o negocial, en general, de la que se derive la satisfacción de una necesidad de los ciudadanos, ya que la extensión de la excepción legal a todo este tipo de instalaciones o actividades supondría la conversión de la excepción en la regla general.

El interés público o social ha de estar vinculado o relacionado de algún modo, a través de la instalación o construcción, con este medio o ambiente rural en que son instalados o justificarse que deba situarse necesariamente en suelo rústico. En ambos casos se debe justificar con elementos objetivos y parametrizables respecto a la actuación concreta.

Una vez comprobado por parte de los Ayuntamientos que las solicitudes cumplen con los requisitos formales y sustantivos anteriormente expuestos, estos recabarán del Cabildo Insular, a través de la correspondiente solicitud, la declaración sobre la prohibición o no en el planeamiento insular y sobre el interés público o social, sometiéndose las actuaciones y el proyecto a información pública y audiencia de los interesados, así como a informe de las Administraciones afectadas y, solo en el caso de que sea favorable la declaración pública y no exista prohibición en el planeamiento insular, se continuará por parte del Ayuntamiento el procedimiento para el otorgamiento de la licencia, siguiéndose a continuación los trámites de la evaluación ambiental del proyecto de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley 4/2017.

Segunda.- De la adecuación e implantación del proyecto al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO/GC).

De acuerdo con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria en vigor (PIO/GC); aprobado definitivamente por Acuerdo del Consejo de Gobierno (Decretos 277/2003, de 11 de noviembre y 68/2004, de 25 de mayo) y publicada su normativa en el BOC, en los números 112, 113, 116, 118 y 120, este último con fecha 23 de junio de 2004; de acuerdo con el Plan Insular en vigor, resultan de aplicación tanto la Zonificación como el Régimen Básico de Usos contenidos en la Sección 6 (Zonificación y Régimen Básico de Usos), del Capítulo II (Zonificación, Régimen de Usos y Categorización del Suelo Rústico), del Tomo 1 (Normas Generales) del Volumen IV “Normativa del Plan”. El proyecto se plantea en su totalidad en zona B.b.3.Zona de “moderado valor agrario”.

1.- El artículo 37 de la Normativa del PIOGC. Esta Zona alberga los suelos -mayoritariamente agrarios- localizados en áreas limítrofes o próximas a suelos urbanos y urbanizables que, o bien no reúnen las condiciones que caracterizan a las zonas Bb1, Bb2 o Bb4, o bien que por su situación y circunstancias territoriales son susceptibles de ser receptores de los procesos derivados del crecimiento urbano y los usos a ellos asociados, siempre conforme al modelo de ordenación del Plan Insular y a sus determinaciones, y previa justificación de la necesidad de priorizar estos usos sobre los agrarios, en la memoria de los instrumentos de ordenación correspondientes.

2.- La finalidad de ordenación de esta Zona es mantener la potencialidad agraria de los suelos o, en su caso, asumir las necesidades de crecimiento, de acuerdo con las determinaciones contenidas en este Plan, especialmente las relativas a los usos residenciales, industriales y turísticos.

Los usos principales contemplados por el PIOGC para la zona Bb3 son los usos primarios agrícola y ganadero. Dentro de los usos compatibles está comprendido el terciario de acuerdo con la siguiente pormenorización:

3. TERCIARIO.

Comercial

- Complejos: las estaciones y áreas de servicio de carreteras. Nivel de alcance 5 y de intensidad 2

Nivel 2 de Intensidad en Complejos

- Los complejos de Nivel 2 admitirán actos de ejecución de nivel 2 siempre que se justifique su carácter imprescindible para la viabilidad funcional del complejo.

- Las edificaciones de Nivel 2 no podrán superar el 80% de la edificabilidad asignada al complejo.

- La edificabilidad oscilará entre 0,022 m2/m2 y 0,04 m2/m2 dependiendo de la capacidad de acogida del territorio.

- En zonas de alta fragilidad en las que las condiciones topográficas y de vegetación no permitan una total integración paisajística de la intervención, o puedan afectarse elementos geomorfológicos de interés en la conformación del paisaje se aplicará 0,022 m2/m2.

- En zonas de fragilidad moderada en las que las condiciones topográficas y/o de vegetación permitan una adecuada integración paisajística de la intervención y no se afecten elementos geomorfológicos de interés se aplicará 0,031 m2/m2.

- En zonas antropizadas o que ya hayan sufrido alteraciones por otros procesos y siempre que la intervención contribuya a su recuperación 0,04 m2/m2.

- En Complejos agrícolas y ganaderos el Nivel 2 de Intensidad se ajustará a las condiciones establecidas en los Cuadros de Regulación Específica de Usos.

Resulta por lo tanto un uso compatible con el régimen general de usos establecido por el PIO/GC para la zona Bb3.

Compatibilidad con los planes y normas de los Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000:

No hay interferencias ni con sus ubicaciones ni con sus determinaciones.

Afección por Planes Territoriales Especiales:

No se encuentran determinaciones que limiten o condicionen, el uso pretendido.

Afección al Patrimonio Histórico

No consta la incidencia sobre el Patrimonio Histórico Insular.

En virtud de todo lo anteriormente y de la aplicación de lo que establece el artículo 79 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, relativo al procedimiento de autorización de actuaciones que no cuenten con cobertura en el planeamiento, en relación con sus artículos 62, 63, 72 y 77, así como con el artículo 29 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias, y con el requerimiento del Ayuntamiento de Ingenio acerca de la existencia o no de prohibición en el planeamiento insular en el caso de este tipo de actuaciones, se concluye que el proyecto denominado “Proyecto de Implantación de Área de Servicio en Carretera Ayagaures”, sito en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, sometido a la consideración de este Cabildo no se encuentra prohibido por el planeamiento insular.

Tercera.- Valoración de alegaciones recibidas.

En el informe técnico, emitido el 2 de diciembre de 2021, realiza la valoración de las alegaciones presentadas por el promotor de la actuación fuera del trámite de audiencia abierto al efecto en relación a los argumentos contenidos en el informe técnico, de fecha 18 de diciembre de 2020, que figura en el expediente.

Cuarta.- Del interés público o social del proyecto.

Ni la vigente Ley del Suelo, ni ningún otro texto legal, contempla una definición expresa de los términos “interés público” e “interés social”. En los distintos textos legales vigentes, las referencias a dichos términos aparecen vinculadas a aquellas actuaciones que afectan al interés general y en consecuencia redundan en beneficio de la colectividad.

Ambas expresiones, “interés público” e “interés social”, forman parte del conjunto de conceptos jurídicos indeterminados que existen en nuestro Derecho, por cuanto no admiten una cuantificación o determinación, pero en todo caso, debe ser precisado en el momento de la aplicación.

El informe-propuesta, emitido el 23 de febrero de 2023 por la Jefatura de Servicio de Planeamiento, plantea las siguientes motivaciones en cuanto al incumplimiento de los requisitos para la declaración del interés público o social del proyecto presentado:

• En relación a la justificación de que deban situarse necesariamente en suelo rústico, que la ausencia de ubicaciones adecuadas y con la suficiente entidad en suelos urbanos, ya sean industriales o comerciales, de San Bartolomé de Tirajana, no se considera motivo suficiente para exceptuar la norma general de no incluir el suelo rústico en un proceso urbanizador al margen de los procedimientos reglados de ordenación urbanística ordinarios.

• No pueden considerarse suficientemente justificados en la “Memoria Justificativa de la solicitud de licencia a través del procedimiento de Declaración de Interés Público o Social del proyecto de implantación del Área de Servicio en carretera Ayagaures” debido a:

- Tratándose de Suelo Rústico Común, considera que el cauce adecuado para la tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística es mediante el planeamiento municipal.

- El argumento del beneficio para el mantenimiento del desarrollo rural no se considera suficientemente sólido. La proximidad con el entramado urbano de la ciudad turística del sur y de los núcleos residenciales del Tablero, Montaña La Data y otros, denota más bien una vocación de prestación de servicios a dichos núcleos urbanos y no abarcando por tanto un interés público.

• La contribución a la ordenación y el desarrollo rural se considera no justificada ni demostrada por el Proyecto la implantación territorial de una actuación de estas características requeriría de una justificación más amplia que necesariamente derivara de un estudio integral de sus repercusiones sociales, económicas y urbanísticas, análisis que se considera más propio de un instrumento de ordenación urbanística municipal por su naturaleza y alcance. La elección de este cauce para la implantación de dicho equipamiento añadiría garantías adicionales adecuadas al cumplimiento del principio del artículo 3.3 de la 4/2017: “… Las administraciones públicas velarán en sus actuaciones por el uso eficiente y la reducción del consumo de recursos naturales, en especial el suelo”, lo que no quiere decir que resulte incompatible con la apreciación del interés público o social de la misma una vez llegado a este punto de la tramitación administrativa y constatado el cumplimiento de los requisitos del artículo 62 de la Ley 4/2017 por el resto de informes obrantes en el expediente.

• No se ha producido un examen de comparación enfrentando cuál es el interés público que ha de dominar sobre los intereses particulares de instalar un proyecto de estas características en suelo rústico.

• La ausencia de ubicaciones adecuadas y de suficiente entidad en suelos urbanos de San Bartolomé de Tirajana en la que dicha implantación resultara compatible, además de la antigüedad del planeamiento general municipal, no pueden ser considerados motivos suficientes para exceptuar su implantación de la aplicación de la norma general de no someter al suelo rústico a un proceso urbanizador directo, al margen de los procedimientos reglados de ordenación urbanística ordinarios, tal y como se recomienda en el informe técnico.

No obstante lo anterior, y vistos los informes técnicos y jurídicos de fecha 2 de diciembre de 2021 y 22 de abril de 2022, en particular sus conclusiones, se ha de reseñar no se encuentra inconveniente en la posibilidad de declarar el interés público o social de la actuación en base a que:

• Se constata el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

• La actuación pretendida no se encuentra expresamente prohibida por el planeamiento insular (PIO/GC) siendo, en aplicación tanto la Zonificación como el Régimen Básico de Usos contenidos en la Sección 6 (Zonificación y Régimen Básico de Usos), del Capítulo II (Zonificación, Régimen de Usos y Categorización del Suelo Rústico), del Tomo 1 (Normas Generales) del Volumen IV de su Normativa, un acto de ejecución admisible categorizado en el grupo de Complejos (Áreas de Servicio) con nivel de Alcance 5 (nueva ejecución) y una Intensidad 2 (no debe superar una incidencia ambiental moderada), sobre suelo zonificado como Bb3 (definida, conforme el artículo 37 de la Sección 6 como de moderado valor agrario), cuya implantación no está remitida a ningún otro condicionante derivado de la zonificación terrestre del PIO-GC.

• Las estaciones y las áreas de servicio, conforme lo dispuesto en el artículo 62.5 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, están incluidas entre los usos dotacionales, de equipamiento y de servicios susceptibles de ser considerados como de interés público o social.

• Se ha constatado la necesidad de implantación en suelo rústico que justifica suficientemente su tramitación como interés público o social dado que el planeamiento general prevé la implantación de estas instalaciones en suelos rústicos residuales, asimismo, su ubicación fuera de núcleos urbanos evita las molestias ocasionadas por este tipo de instalaciones.

• Asimismo, mediante la presentación de la solicitud de declaración de interés público o social por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se manifiesta su renuncia a tramitar por otras vías esta actuación.

Quinta.- Órgano insular competente para la declaración sobre la prohibición o no en el planeamiento insular y sobre la declaración del interés público o social.

La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, no determina en ninguno de sus preceptos el órgano competente para declarar el interés público o social, existiendo un vacío legal al respecto.

Por otro lado, habida cuenta del dispongo segundo, punto 4, del acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, de 31 de julio de 2019, de delegación de competencias en la Sra. Consejera competente en materia de Política Territorial:

“Segundo.- Se delega de forma específica, en los siguientes Sres./Sras. Consejeros Titulares de las respectivas Consejerías de Gobierno y Consejerías de Área, las siguientes funciones: en la Sra. Consejera competente en materia de Política Territorial: las competencias de este Consejo de Gobierno Insular relativas a la resolución de las calificaciones territoriales y de los proyectos de actuación territorial de pequeña dimensión o escasa trascendencia territorial, excepto la determinación del interés público y/o social de los referidos proyectos de actuación territorial”; se considera, por analogía, que la declaración del interés público o social de los usos, actividades y construcciones en suelo rústico corresponde al Consejo de Gobierno Insular.

El Consejo de Gobierno Insular, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Conforme a las conclusiones del informe técnico de fecha 2 de diciembre de 2021 y jurídico de 22 de abril de 2022, emitidos por el Servicio de Planeamiento, la implantación del “Proyecto de Implantación de Área de Servicio en Carretera Ayagaures”, promovida por la entidad Lorenzo Pérez Domínguez, S.L. en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, sometida a la consideración de este Cabildo en la zona Bb3 del PIO/GC identificada en el expediente, no se encuentra prohibida por el planeamiento insular.

Segundo.- Declarar el interés público del proyecto denominado “Proyecto de Implantación de Área de Servicio en Carretera Ayagaures”, promovido por la entidad “Lorenzo Pérez Domínguez, S.L.” sita en la parcela con número de referencia catastral 35020A016004040000EJ, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, sometido a la consideración de este Cabildo en el procedimiento de declaración de interés público o social de actos y usos en suelo rústico no previstos por el planeamiento de acuerdo con el artículo 79 de la Ley 4/2017, de 13 de mayo, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, por los siguientes motivos:

• Se constata el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 62 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

• La actuación pretendida no se encuentra expresamente prohibida por el planeamiento insular (PIO/GC) siendo, en aplicación tanto la Zonificación como el Régimen Básico de Usos contenidos en la Sección 6 (Zonificación y Régimen Básico de Usos), del Capítulo II (Zonificación, Régimen de Usos y Categorización del Suelo Rústico), del Tomo 1 (Normas Generales) del Volumen IV de su Normativa, un acto de ejecución admisible categorizado en el grupo de Complejos (Áreas de Servicio) con nivel de Alcance 5 (nueva ejecución) y una Intensidad 2 (no debe superar una incidencia ambiental moderada), sobre suelo zonificado como Bb3 (definida, conforme el artículo 37 de la Sección 6 como de moderado valor agrario), cuya implantación no está remitida a ningún otro condicionante derivado de la zonificación terrestre del PIO-GC.

• Las estaciones y las áreas de servicio, conforme lo dispuesto en el artículo 62.5 de la Ley 4/2017, de 13 de julio de 2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, están incluidas entre los usos dotacionales, de equipamiento y de servicios susceptibles de ser considerados como de interés público o social.

• Se ha constatado la necesidad de implantación en suelo rústico que justifica suficientemente su tramitación como interés público o social dado que el planeamiento general prevé la implantación de estas instalaciones en suelos rústicos residuales, asimismo, su ubicación fuera de núcleos urbanos evita las molestias ocasionadas por este tipo de instalaciones.

• Asimismo, mediante la presentación de la solicitud de declaración de interés público o social por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se manifiesta su renuncia a tramitar por otras vías esta actuación.

Tercero.- Notificar este acuerdo al interesado y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, no siendo este acuerdo susceptible de recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.7 del Decreto 182/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias.”

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2023.- La Consejera de Área de Política Territorial y Paisaje, Inés Miranda Navarro.

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