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BOC Nº 241. Viernes 9 de diciembre de 2022 - 3717

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III. Otras Resoluciones - Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda

3717 Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 28 de noviembre de 2022, del Presidente, por la que se conceden subvenciones, con fondos del Estado, de los programas de ayuda al alquiler de vivienda, modalidades Joven y General, para el periodo 2020-2021, a solicitantes incluidos en el Anexo V.2, relativo a solicitudes desestimadas por agotamiento de la dotación presupuestaria, de la Resolución de 21 de diciembre de 2021, que resolvió definitivamente el procedimiento de concesión de las subvenciones convocado por Resolución de 14 de diciembre de 2020, y se requiere documentación justificativa a determinados beneficiarios.

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BOC-A-2022-241-3717. Firma electrónica - Descargar

Examinado el expediente tramitado por el Instituto Canario de la Vivienda de concesión directa de subvenciones a solicitantes de los programas de ayuda al alquiler, modalidades joven y general, del periodo 2020-2021, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de la Directora del Instituto Canario de la Vivienda de fecha 14 de diciembre de 2020, se convocaron las subvenciones, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de los programas de ayuda al alquiler de vivienda, modalidades Joven y General, para el periodo 2020-2021 (BOC nº 6, de 11.1.2021). Estas subvenciones fueron cofinanciadas con cargo a fondos del Estado en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado por el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo.

Segundo.- Por Resolución nº 1962/2021, de 21 de diciembre, del Presidente del Instituto Canario de la Vivienda (BOC nº 267, de 29.12.2021) se resolvió definitivamente la convocatoria efectuada por Resolución de la Directora de 14 de diciembre de 2020, conteniendo esta resolución varios anexos, entre los cuales se encuentran los siguientes:

1. En el Anexo I de la citada Resolución de concesión se relacionan las personas beneficiarias, para el periodo 2020-2021, ordenadas por orden de prioridad, con indicación de la cuantía de la subvención concedida, especificando su evaluación. En este sentido, la evaluación se traduce en un número de prioridad calculado conforme a la base reguladora duodécima.

El desglose de las solicitudes aprobadas por modalidad fue el siguiente:

Ver anexo en la página 48436 del documento Descargar

Las solicitudes subvencionadas llegaron hasta el número de prioridad 0,5603.

2. En el Anexo V.2 se relacionan las solicitudes desestimadas por la única causa de haberse agotado la dotación presupuestaria, ordenadas en sentido decreciente por el indicador de prioridad. Comprende 2.651 solicitudes que cumplen los requisitos de las bases reguladoras pero obtuvieron en la valoración un número de prioridad inferior al de corte (0,5603).

Tercero.- Con posterioridad a la Resolución del Presidente del Instituto Canario de la Vivienda nº 1962/2021, de 21 de diciembre, se dictó resolución del mismo órgano, por la que:

1. Se revocó parcialmente la Resolución del Presidente del Instituto Canario de la Vivienda nº 1962/2021, de 21 de diciembre y se dispuso el abono de las mismas, en lo que respecta:

a) Al desistimiento de determinadas solicitudes del Anexo III de la Resolución de concesión, que pasaron a ser subvencionadas;

b) A la denegación de determinadas solicitudes del Anexo V.1 de la Resolución de concesión, que se convirtieron en solicitudes subvencionadas.

2. Se corrigieron errores detectados en los importes de subvención concedida en determinadas solicitudes del Anexo I de la citada Resolución del Presidente de 21 de diciembre de 2021, porque dichos importes habían resultado inferiores a los que realmente correspondían a esos beneficiarios.

3. Se dispuso el abono de cuantías parciales de subvención a determinados beneficiarios a los que, por error, se les había omitido dicho trámite.

En total, la aludida resolución afectó a 214 solicitudes y supuso un abono acumulado de 493.931,79 euros.

Cuarto.- El abono de las subvenciones concedidas en virtud de la Resolución del Presidente nº 1962/2021, de 21 de diciembre, se efectuó según los actos siguientes:

- Primer abono: solicitudes contenidas en el Anexo II de la aludida Resolución 1962/2021, de 21 de diciembre.

- Segundo abono: Resolución nº 147/2022, de fecha 21 de abril de 2022.

- Tercer abono: Resolución nº 188/2022, de fecha 8 de junio de 2022.

Las resoluciones de abono dictadas se tabulan a continuación:

Ver anexo en la página 48437 del documento Descargar

Quinto.- Se desprende del antecedente anterior que hubo una diferencia de 2.236.198,68 euros entre la subvención aprobada y la transferida (17.500.000,00 - 15.263.801,32 = 2.236.198,68 euros). Dicha diferencia tiene origen en causas de incumplimiento de justificación y, especialmente, en la limitación que establece el artículo 35.1. párrafo “in fine” del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, que limita el pago en metálico de facturas o documentos justificativos del gasto hasta un máximo de 3.000 euros por expediente, habiéndose constatado que esta forma de pago fue muy habitual en los beneficiarios. Por tanto, se ha liberado un volumen de remanentes en la convocatoria 2020-2021 que podría aplicarse otra vez a las solicitudes presentadas a esa convocatoria y que resultaron desfavorables para los interesados, bien sea por errores cometidos en la apreciación de la documentación o por falta de crédito y, de esta manera, aumentar la eficacia y eficiencia del programa de ayuda al alquiler de vivienda.

Tras la resolución aludida en el antecedente tercero, que supuso una ejecución de 493.931,79 euros, habría también que descontar del monto resultante entre subvención aprobada y transferida el importe de 136.699,34 euros, que se destinará a otra actuación en virtud de la consideración jurídica tercera, por lo que el remanente disponible para dar cobertura a aquellas solicitudes que quedaron sin subvencionar por falta de crédito asciende a 1.605.567,55 euros (2.236.198,68 - 493.931,79 - 136.699,34 = 1.605.567,55 euros).

Sexto.- Por Resolución del presidente de este organismo autónomo nº 188/2022, de 8 de junio, se dispuso el tercer abono de las subvenciones de ayuda al alquiler de vivienda 2020-2021, se declaró el incumplimiento de determinadas solicitudes y se tuvo por transcurrido el plazo de justificación. Dicha resolución fue publicada en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Canarias el 8 de junio de 2022.

Séptimo.- Existe crédito adecuado y suficiente en la partida presupuestaria 4901 261D 4800200 4049001 494G0364 Actuaciones Plan de Vivienda Estatal, del presupuesto de gastos del Instituto Canario de la Vivienda para el ejercicio 2022, que tiene su origen en lo expuesto en el antecedente quinto.

Octavo.- Consta en el expediente informe del Servicio de Promoción Privada de Santa Cruz de Tenerife acreditando que los beneficiarios que se proponen en el Anexo 1 de la presente Resolución se encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no son deudores por resolución firme de procedencia de reintegro. Asimismo, en dicho informe se relacionan las solicitudes a las que se les requiere la justificación de la renta mensual arrendaticia.

Noveno.- Con fecha 21 de noviembre de 2022 se firmó el Convenio de Colaboración entre el Instituto Canario de la Vivienda y la sociedad mercantil pública Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC) para la entrega de fondos públicos por ejecución de remanentes del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aplicados al programa de ayuda al alquiler de vivienda del periodo 2020-2021.

Décimo.- Con fecha 22 de noviembre de 2022 la Dirección General de Asuntos Económicos con la Unión Europea emitió informe favorable de compatibilidad con la normativa comunitaria de conformidad con el artículo 21.3 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el artículo 4 del Decreto 100/1999, de 25 de mayo, de medidas para garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias que limitan la concesión de Ayudas de Estado.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone en el apartado 2.c) de su artículo 22 que podrán concederse de forma directa:

“Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.”

La no procedencia de la convocatoria pública se justifica porque la concurrencia ya tuvo lugar con ocasión de la convocatoria efectuada por Resolución de la Directora del Instituto Canario de la Vivienda de 14 de diciembre de 2020, a la que se hace referencia en el antecedente primero. Al amparo de esa convocatoria, las personas solicitantes pudieron presentar su solicitud de ayuda al alquiler de vivienda habitual para el periodo 2020-2021 y dichas solicitudes fueron evaluadas de acuerdo al procedimiento regulado por las bases reguladoras, dictándose la resolución de concesión del Presidente de este organismo autónomo de 21 de diciembre de 2021 a la que se hace referencia en el antecedente segundo. Las solicitudes del Anexo V.2 de dicha Resolución están, según lo expuesto en el antecedente segundo.2, evaluadas favorablemente y priorizadas de acuerdo a las bases, pero no pudieron ser subvencionadas por agotamiento del crédito presupuestario.

Al haberse liberado un remanente de fondos tras la justificación de las subvenciones concedidas, tal como se expone en el antecedente quinto, se considera que lo congruente con la finalidad para la que se acordaron dichos fondos es aplicarlos a las solicitudes del citado Anexo V.2, pues representa la demanda no cubierta de este tipo de ayudas, que comprende a aquellos solicitantes que se quedaron sin ella por la única razón de la falta de crédito presupuestario. De no haberse dado las circunstancias que originaron el remanente, este no existiría porque se abría agotado con el abono de las subvenciones y, en consecuencia, no hubiera habido motivo para dictar la presente Resolución, lo cual justifica el carácter excepcional de este acto.

Por tanto, no se está ante un incremento del crédito que obligaría a abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes para evitar indefensión a los interesados, sino de una liberación de fondos de la convocatoria por falta de justificación o justificación insuficiente de los beneficiarios acogidos a ella.

Las bases reguladoras no contemplan que puedan subvencionarse las solicitudes del Anexo V.2 dentro de la misma convocatoria; tampoco procedería abrir una nueva porque no se justificaría al existir ya una lista de 2.651 solicitudes de ayuda sin satisfacer, lo cual iría en contra de principios que enumera el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entre los que podemos señalar la racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos, así como la eficiencia y economía, entre otros. Así, pues, no se abre una nueva convocatoria sino que se concede una subvención directa a las solicitudes del Anexo V.2, según la prioridad obtenida en la convocatoria realizada, hasta agotar el crédito disponible. Dado que el trabajo de análisis de la documentación y comparación de las solicitudes ya fue realizado, mediante el presente acto se da cobertura de modo ágil y rápido a muchos solicitantes con ingresos económicos limitados a los que el pago de la renta de alquiler les supone una considerable carga para el sostenimiento de su hogar o unidad de convivencia, por lo que presentaron su solicitud para que la ayuda les pudiera mitigar dicha carga.

El presente acto redunda en el interés público, pues el objeto del programa de ayuda al alquiler de vivienda consiste en facilitar el disfrute de una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos, mediante el otorgamiento de ayudas directas a los inquilinos (artículo 10 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo). Se trata, pues, de un objeto orientado a la satisfacción de las necesidades prioritarias de la ciudadanía y que responde a la garantía constitucional del disfrute de una vivienda digna y adecuada, prevista en el artículo 47 de nuestra Carta Magna, pues el fomento del alquiler ha demostrado ser una de las fórmulas más adecuadas para el acceso a la vivienda, a la vista de la amplia repercusión de estas ayudas, tal como asegura el preámbulo del Real
Decreto 106/2018, de 9 de marzo.

En conclusión, las razones expuestas justifican el interés público de la actuación, su carácter singular y la no conveniencia de promover la concurrencia, avalando, por consiguiente, la concesión directa de las ayudas.

Segunda.- El artículo 5 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, atribuye la competencia para la tramitación y resolución de los procedimientos de concesión y abono de las ayudas del plan a las Comunidades Autónomas.

La disposición adicional segunda del citado real decreto ha establecido como límite temporal para la concesión de determinados tipos de ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, entre el que se encuentra el programa de ayuda al alquiler de vivienda, hasta el 31 de diciembre de 2022 siempre que la concesión se realice con cargo a los fondos transferidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el ejercicio 2021 o anteriores.

Habida cuenta de la existencia de remanentes de fondos estatales procedentes de la convocatoria efectuada por Resolución de la Directora de este Instituto de fecha 14 de diciembre de 2020, tal como se expone en el antecedente quinto de la presente Resolución, los cuales solo se podrán ejecutar hasta el 31 de diciembre de 2022, se considera conveniente proceder a una concesión directa de conformidad con la consideración jurídica primera para ejecutar los remanentes del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 del programa de ayuda al alquiler de vivienda.

En virtud del presente acto, percibirán la ayuda personas que cumplían todos los requisitos para ello, dándose la circunstancia de que para atender esas ayudas hay fondos procedentes de la propia convocatoria que, de no otorgarse, la Comunidad Autónoma tendría que devolverlos por no aplicarlos al objetivo del programa, lo cual sería una incongruencia a la vista de la demanda sin cobertura de ayuda que la convocatoria ha evidenciado.

Tercera.- Por la disposición adicional sexta del Real Decreto 42/2022, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, incorporada por el Real Decreto 903/2022, de 25 de octubre, los compromisos financieros adquiridos por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que no hayan sido ejecutados en un programa determinado por defecto de solicitudes o cualquier otra circunstancia podrán ser admitidos en otro programa del mismo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 por exceso de solicitudes o cualquier otra circunstancia, siempre dentro de la misma anualidad. Para ello se suscribirá un acuerdo en la Comisión Bilateral de Seguimiento del convenio para la ejecución del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma. Por consiguiente, el importe total de los remanentes de un determinado programa no tiene por qué ser destinado al mismo programa, habiéndose hecho tal previsión de conformidad con el antecedente quinto.

Cuarta.- En virtud del artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del artículo 21.1.b) del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, podrán concederse de forma directa, y con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

El procedimiento de concesión directa de subvenciones está regulado en el artículo 21 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. En este tipo de procedimiento, de conformidad con el apartado 5 del citado artículo 21, el acto de concesión o, en su caso, el convenio, tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en dicho Decreto.

La instrucción, tramitación y resolución de la presente subvención se realiza de conformidad con el citado Decreto 36/2009, y con el articulado básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Es de señalar que los beneficiarios que se proponen, así como sus respectivas solicitudes, cumplen con los requisitos para la concesión de la subvención, pues así se desprende del acta de la reunión de 21 de diciembre de 2021 de la Comisión de Evaluación del procedimiento de concesión de subvenciones, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de los programas de ayuda al alquiler de vivienda, modalidades joven y general, para el periodo 2020-2021, al amparo de la convocatoria efectuada por Resolución del Instituto Canario de la Vivienda de 14 de diciembre de 2020 y la actualización por el informe referenciado en el antecedente octavo.

Debe indicarse que el último expediente de la relación de solicitudes propuestas para subvencionar, de referencia 38-CPAG20-5669-038, de la modalidad general, le correspondería una ayuda de 3.086,00 euros, pero la dotación presupuestaria disponible solo alcanza para otorgarle 999,26 euros.

Quinta.- De acuerdo al artículo 3.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, son órganos competentes para conceder subvenciones los titulares de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, de los organismos públicos y demás entidades de derecho público que determinen sus normas reguladoras o, en su defecto, los órganos de las mismas que tengan atribuida la competencia para la aprobación del gasto correspondiente.

En virtud del artículo 7.2.i) de los Estatutos del Instituto Canario de la Vivienda, aprobados por Decreto 152/2008, de 7 de julio, corresponde a su Presidente resolver acerca de la concesión de las ayudas y subvenciones, así como del abono de las mismas.

Sexta.- El artículo 3.2 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, dispone que será necesaria la autorización del Gobierno para la concesión de subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, cuyo importe exceda del que se determine anualmente en la Ley de Presupuestos. En este sentido, la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, establece que corresponde al Gobierno autorizar el otorgamiento de las subvenciones directas a que se refiere el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de los préstamos concedidos directamente, cuando el importe sea superior a 150.000 euros.

Sin embargo, aunque el monto total de subvención que se otorga mediante este acto supera los 150.000 euros, por la presente Resolución se conceden subvenciones directas cuyo importe individual por beneficiario no supera dicha cuantía, por lo cual no es necesaria la aludida autorización del Gobierno.

Séptima.- La Orden de 25 de mayo de 2020 por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Canario de la Vivienda para el periodo 2020-2021 (BOC nº 109, 3.6.2020) contempla el programa 261D “Fomento de la Vivienda Protegida”, incluye las líneas de subvención siguientes, con financiación estatal y autonómica:

- 494G0364 Actuaciones Plan de Vivienda Estatal;

- 494G0357 Fomento alquiler vivienda para jóvenes;

- 494G0359 Fomento alquiler vivienda para mayores.

El objetivo de estas líneas de subvención es la concesión de subvenciones destinadas a facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos, con incentivos adicionales para los mayores de 65 años, así como para menores de 35 años. Todo ello con los efectos de mejorar la calidad de vida de los inquilinos y sus unidades de convivencia sufragando parte del precio del alquiler de su vivienda habitual y permanente.

Dicha Orden establece en su resuelvo segundo que, en el supuesto de que una vez concluido el ejercicio presupuestario de 2021 no se hubiese iniciado la vigencia del nuevo Plan Estratégico de Subvenciones, el presente se entenderá prorrogado en aquellas líneas de actuación que cuenten con consignación presupuestaria adecuada y suficiente en el ejercicio presupuestario siguiente, hasta tanto se apruebe el nuevo Plan Estratégico de Subvenciones.

Asimismo, señalar que en la parte resolutiva de la citada Orden también se establece que las variaciones en las dotaciones, siempre que el contenido de las líneas de subvención previstas no se vea alterado, no afectarán a la vigencia del Plan.

Por Orden departamental de 22 de marzo de 2021, por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Canario de la Vivienda para el periodo 2020-2021, aprobado por Orden de 25 de mayo de 2020. (BOC nº 68, 5.4.2021), se recogen las líneas de subvención citadas y se incardinan también en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.

Mediante Orden de 30 de diciembre de 2021 (BOC nº 14, 20.1.2022), se amplía el plazo de vigencia del plan estratégico a 2022.

A la vista del contenido que el artículo 7.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, exige a los planes estratégicos, y considerando que los objetivos estratégicos de las subvenciones que se propone conceder, así como sus efectos, plazo de cobertura, costes previsibles, fuentes de financiación, régimen de seguimiento y evaluación son coincidentes con lo recogido en el Plan Estratégico de este Instituto, se considera que la línea de subvenciones objeto de la presente Resolución está contemplada en dicho Plan para 2022.

Octava.- Siguiendo el principio de simplificación administrativa, se resolverá también en la presente resolución de concesión directa el abono de las solicitudes que han aportado justificantes de pago de la renta arrendaticia, considerando que dichos trámites admiten un impulso simultáneo y no precisan de un cumplimiento sucesivo, al amparo de lo establecido en el artículo 72 de la citada Ley 39/2015.

Novena.- El artículo 36 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone que el órgano concedente llevará a cabo la comprobación de la justificación documental de la subvención en el plazo máximo de dos meses, a contar desde su presentación por el beneficiario, con arreglo al método que se haya establecido en la Orden de concesión, a cuyo fin revisará la documentación que obligatoriamente deba aportar el beneficiario, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación previstas en la normativa reguladora, a efectuar por el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas.

Las personas interesadas que han aportado los justificantes de pago de la renta arrendaticia se relacionan en el Anexo 2 de la presente resolución y obra en el expediente certificado del órgano gestor nº 8/2022, libro 378, de fecha 28 de noviembre de 2022, en atención al artículo 37.5 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

El importe a abonar que figura en el Anexo 2 de la presente resolución para cada expediente es igual al importe de subvención concedida que se ha justificado correctamente.

No obstante lo anterior, el pronunciamiento del órgano gestor respecto a la aplicación de los fondos se entenderá sin perjuicio de las actuaciones de Control Financiero que competen a la Intervención General, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 36, apartado 4, del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, así como lo establecido en la disposición adicional primera del Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 93, de 18.5.2015).

En virtud de los antecedentes y consideraciones jurídicas expuestas,

RESUELVO:

Primero.- 1. Conceder las subvenciones directas que se detallan en el Anexo 1 a la presente Resolución, cuyas solicitudes (566) están ordenadas en sentido decreciente por orden de prioridad hasta cubrir el crédito disponible de 1.605.567,55 euros, todas ellas procedentes del Anexo V.2 de solicitudes desestimadas por agotamiento de la dotación presupuestaria, según Resolución nº 1962/2021, de 21 de diciembre, del Presidente del Instituto Canario de la Vivienda (BOC nº 267, de 29.12.2021), por la que se resolvió definitivamente la convocatoria efectuada por Resolución de la Directora de 14 de diciembre de 2020, de subvenciones del programa de ayuda al alquiler de vivienda, modalidades joven y general, para el periodo 2020-2021.

Se autoriza la concesión directa de estas subvenciones por concurrir razones de interés público y social y por tratarse de una actuación singular, que imposibilita o no aconseja promover la concurrencia, en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y del artículo 21 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, tal como se motiva en la consideración jurídica primera.

2. Dichas subvenciones están financiadas por los fondos estatales del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, con cargo a la aplicación presupuestaria 4901 261D 4800200 4049001, 494G0364 Actuaciones Plan de Vivienda Estatal, del presupuesto de gastos del Instituto Canario de la Vivienda para el ejercicio 2022, de acuerdo al antecedente séptimo.

3. En concordancia con la base reguladora sexta. 3.7 de la Resolución de 14 de diciembre de 2020, a la que se acogieron las solicitudes, en caso de contratos de arrendamiento con varias personas titulares siendo todas ellas miembros de la unidad de convivencia, la subvención se concede al conjunto de titulares miembros de la unidad de convivencia, pero el importe de la subvención será abonado a la persona titular que actúe en representación del resto de titulares.

4. Las subvenciones concedidas están destinadas a facilitar el disfrute de una vivienda en régimen de alquiler, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, a sectores de población con escasos medios económicos, otorgándose mediante concesión directa a los inquilinos.

5. La actividad objeto de subvención consiste en el arrendamiento de una vivienda destinada a domicilio habitual y permanente, en los términos previstos en el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, así como en los del artículo 34 de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, en lo que respecta a los conceptos de “permanente” y “habitual”, para el periodo subvencionable comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Las condiciones a las que se sujeta la actividad objeto de subvención serán las establecidas en la presente Resolución y en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

6. Las personas beneficiarias son las que se relacionan en el Anexo 1, que son personas físicas, mayores de edad, de nacionalidad española o extranjera con residencia legal en España, titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda, y que cumplen las condiciones que se establecían en la base reguladora sexta aprobada por Resolución de 14 de diciembre de 2020 de la Directora, por la que se convocaban subvenciones, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de los programas de ayuda al alquiler de vivienda, modalidades joven y general, para el periodo 2020-2021 (BOC nº 6, de 11.1.2021, marginal 134). Las condiciones subjetivas deben cumplirse a la fecha de presentación de la solicitud y mantenerse durante el periodo de alquiler objeto de la subvención.

Los ingresos de las unidades de convivencia serán los calculados en la convocatoria de referencia por aplicación de la base undécima de la Resolución de 14 de diciembre de 2020.

7. La intensidad de las ayudas al alquiler que se conceden dependerán de la modalidad en la que se encuadran, respondiendo dichas modalidades a la base reguladora quinta de la Resolución de 14 de diciembre de 2020:

a) Modalidad general. Corresponde a personas beneficiarias no encuadradas en la modalidad joven. La intensidad de ayuda será del 40% del coste del subvencionable del arrendamiento de la vivienda. En caso de que la persona beneficiaria sea mayor de 65 años en el momento de presentar la solicitud, la intensidad de ayuda será del 50%.

b) Modalidad joven. Corresponde a personas beneficiarias menores de 35 años en la fecha de presentación de la solicitud, siendo la intensidad de ayuda del 50% del coste subvencionable de la renta arrendaticia de la vivienda.

A efectos de determinar la renta arrendaticia subvencionable, se establece que no podrá superar los 500 euros mensuales. Se incrementará el límite de la renta máxima mensual de la vivienda objeto de arrendamiento hasta alcanzar los 600 euros en los supuestos de familias numerosas o unidades de convivencia que incluyan personas con discapacidad.

A efectos del cálculo de la ayuda se tendrá en cuenta la base reguladora octava de la Resolución de 14 de diciembre de 2020.

Segundo.- Abonar las cuantías de subvención de las solicitudes del Anexo 2 de la presente Resolución, cuyo total asciende a 1.410.861,76 euros (507 solicitudes), en el que se dan por justificadas parcial o totalmente dichas subvenciones según se indica en dicho anexo, toda vez que los respectivos beneficiarios han presentado los documentos acreditativos del pago de la renta arrendaticia y este Instituto ha comprobado la justificación.

Tercero.- Requerir a los beneficiarios (59 solicitudes) del Anexo 3 los documentos justificativos de la renta arrendaticia que se indican en el mismo u otra documentación que se señale, disponiendo para ello el plazo de 10 días contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias. Transcurrido dicho plazo sin la aportación de los mismos, se entenderá que la persona beneficiaria renuncia a la subvención.

Cuarto.- 1. El pago de la subvención se realizará previa justificación por el beneficiario, y en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió, en los términos establecidos en esta resolución de concesión. Asimismo, para el pago de la subvención se estará a lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

2. La falta de presentación de la justificación completa en el plazo establecido llevará consigo la no exigibilidad de la subvención o, en caso de justificación parcial, la pérdida del derecho a percibir la subvención en su totalidad, minorando las mensualidades no justificadas en tiempo y forma, sin perjuicio de percibir el importe correspondiente a las mensualidades justificadas que hubiesen sido concedidas, si se cumplen los requisitos para el pago de las mismas indicados en la presente Resolución.

3. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Quinto.

1. Establecer como documentación justificativa de la subvención la siguiente:

a) Justificación del pago de las mensualidades de alquiler de la vivienda para la que se solicitó la ayuda, entre el 1 de enero de 2020 (o fecha de inicio del contrato en caso de ser posterior) y diciembre de 2021 (o fecha en que finalice el contrato en caso de ser anterior).

Los justificantes de la renta arrendaticia deberán ser conformes con lo estipulado en la base novena.1, según bases reguladoras aprobadas por Resolución de 14 de diciembre de 2020 (BOC nº 6, de 11.1.2021, marginal 134), siendo de aplicación la limitación de pagos en efectivo exigida por el artículo 35.1, párrafo “in fine” del Decreto 36/2009, de 31 de marzo: “Solo se admitirá el pago en metálico de facturas o documentos justificativos del gasto con un máximo de 3.000 euros por expediente”.

b) Los beneficiarios señalados en el Anexo 1 han de estar dados de alta como terceros en el Sistema de Información Económico-Financiera y Logística de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLogIC) y mantener actualizados los datos de una cuenta activa.

c) En caso de que el beneficiario haya obtenido otros ingresos y/o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada (la renta de alquiler de la vivienda), deberá aportar una declaración responsable con la relación detallada de las mismas, indicando importe y procedencia.

d) En caso de que la persona beneficiaria se haya opuesto o no hubiera autorizado al Instituto Canario de la Vivienda a recabar, a través de las plataformas de intermediación de datos y otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los documentos electrónicos que acrediten que está al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, deberá aportar los certificados vigentes emitidos por los órganos competentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio:

- Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias estatales;

- Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias autonómicas;

- Certificado de estar al corriente con las obligaciones de la Seguridad Social.

No obstante, cuando el beneficiario no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren las obligaciones anteriores, su cumplimiento se acreditará mediante declaración responsable.

2. Para la presentación de la documentación se utilizarán los formularios normalizados disponibles en la página web que el Instituto Canario de la Vivienda tiene habilitada en la dirección de Internet www.gobiernodecanarias.org/vivienda, así como en la sede electrónica: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/6579

En la página web del Instituto Canario de la Vivienda se publicará el enlace para su presentación por sede electrónica, así como los modelos de aportación de documentación y alta de terceros.

Sexto.- Se podrá modificar la resolución de concesión en las condiciones de la base reguladora decimonovena de la precitada Resolución de 14 de diciembre de 2020.

Séptimo.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la persona beneficiaria de la subvención queda sometida a las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamentó la concesión de la subvención.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de Resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente.

De conformidad con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, y con la Orden de 7 de marzo de 2005, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el suministro por la Administración Tributaria Canaria de información para finalidades no tributarias sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de Canarias, las personas beneficiarias podrán autorizar al órgano competente para consultar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Agencia Tributaria Canaria o a la Tesorería General de la Seguridad Social, si se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social.

La presentación de la solicitud de la subvención a la convocatoria efectuada por Resolución de 14 de diciembre de 2020, conlleva la autorización de las personas beneficiarias para que el órgano competente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el beneficiario no deberá aportar la correspondiente certificación, salvo que la persona beneficiaria haya denegado expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en el artículo 22 del citado reglamento.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, por un periodo no inferior a cuatro años.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

2. Además de las obligaciones anteriores, será responsabilidad de la persona beneficiaria:

a) Estar dada de alta en el Sistema de Información Económico-Financiera y Logística de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLogIC), o aportar la solicitud de alta de datos de terceros presentada según el procedimiento habilitado a tal fin, y mantener actualizados los datos sobre las cuentas bancarias para recibir pagos asociados a dicha alta, al menos desde la concesión hasta que se dé por justificada y abonada la subvención. En el caso de que desee que los pagos vinculados a esta subvención se realicen en alguna cuenta determinada de entre las dadas de alta en dicho Sistema deberá solicitarlo expresamente con anterioridad a la resolución de concesión ya que, en caso contrario, se ordenará el pago indistintamente en alguna de las cuentas que figuren en dicho Sistema a su nombre.

b) A comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud, al Instituto Canario de la Vivienda, cualquier modificación de las condiciones que puedan motivar o hubieran motivado el otorgamiento de la subvención y pudieran determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la misma. La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente.

3. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación.

Octavo.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra alguno de los supuestos de los artículos 19.3 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El procedimiento de reintegro se regirá según lo previsto en los artículos 40 a 42 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

El interés de demora resultará de la aplicación, para cada año o periodo de los que integren el periodo de cálculo, del interés legal fijado en la Ley estatal de Presupuestos para dichos ejercicios, de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

Los criterios de graduación de incumplimientos estarán a lo establecido en la base reguladora vigesimoprimera de la Resolución de 14 de diciembre de 2020.

El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los cuatro años, conforme a lo establecido en el artículo 153 de la citada Ley 11/2006, de 11 de diciembre.

Noveno.- Serán de aplicación en cuanto a las infracciones y sanciones, los artículos básicos 59, 67, 68 y 69 del Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el Capítulo IX del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el artículo 154 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria.

Será de aplicación, en cuanto al régimen de prescripción de las infracciones y sanciones, lo establecido en el artículo 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 153 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria.

Décimo.

1. Las ayudas al alquiler de esta Resolución no serán compatibles con cualquier otra ayuda, ingresos o recursos para la misma finalidad, ni con las percepciones de la Renta Básica de Emancipación, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

2. No se considerarán afectados por esta incompatibilidad:

a) Los supuestos excepcionales en que los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, los municipios, otras entidades públicas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones aporten una ayuda para esta misma finalidad a beneficiarios en situaciones de especial vulnerabilidad. Tampoco se considerarán afectados por esta incompatibilidad los perceptores de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.

b) Las ayudas del programa del Plan Estatal de Vivienda para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual con independencia de que se haya suscrito o no un préstamo mediante las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020.

3) No se considera ayuda para la misma finalidad, y por tanto resultarían compatibles con la presente subvención, las siguientes situaciones:

a) Las ayudas que pueda recibir la entidad arrendadora de la vivienda, incluso en el caso de que establezca como requisito para su concesión, la minoración del importe de la renta del alquiler a la persona arrendataria.

b) La minoración de la renta que pueda realizar la persona propietaria atendiendo a la situación de la persona inquilina, teniéndose en cuenta para el calculo de la ayuda dicha renta minorada en los meses que corresponda.

4. En ningún caso, por acumulación de ayudas, el importe de la subvención concedida podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad por cualquier Administración o ente público o personal, supere el 100% del coste de la actividad subvencionada. En caso de superarlo, si la ayuda correspondiente a esta Resolución fuese concedida, se reducirá en la cuantía necesaria hasta cumplir con dicho límite.

Undécimo.- Se designa como entidad colaboradora, en los términos del artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, para realizar la entrega y distribución de las subvenciones concedidas a las personas beneficiarias a la sociedad mercantil pública Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., con la que el Instituto Canario de la Vivienda ha suscrito el 21 de noviembre de 2022 el oportuno convenio de colaboración, en el que se regulan las condiciones, compromisos y obligaciones asumidas por las partes, según los términos de la citada Ley y del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El abono de la subvención se ralizará a la cuenta corriente designada por cada beneficiario en el momento de la solicitud de subvención y que figure activa en el Sistema de información económico-financiera y logística de la Comunidad Autónoma de Canarias (SEFLOGIC).

Duodécimo.- Para lo no previsto en la presente Resolución se estará a las previsiones de la Resolución de la Directora de 14 de diciembre de 2020, siempre que sean compatibles con el procedimiento de concesión directa y no se opongan a lo establecido en este acto; al Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021; a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en sus preceptos básicos y, supletoriamente, los no básicos, así como por lo dispuesto en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decimotercero.- Por razón de la actividad subvencionable no se exigirá a las personas beneficiarias publicidad de la subvención percibida.

Decimocuarto.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede ser recurrida mediante recurso potestativo de reposición ante la Presidencia del Instituto Canario de la Vivienda en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien directamente se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado correspondiente de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación. En caso de presentarse recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso o su desestimación presunta.

Asimismo se indica que contra el acto de trámite del resuelvo tercero de la presente resolución no cabe recurso en vía administrativa, de conformidad con el apartado uno del artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con lo expuesto propongo.- La Directora del Instituto Canario de la Vivienda, María Isabel Santana Marrero.- De conformidad con lo propuesto resuelvo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre de 2022.- El Presidente, Sebastián Franquis Vera.

ANEXOS

Anexo 1.- Relación de beneficiarios y subvención concedida.

Anexo 2.- Relación de solicitudes subvencionados a las que se les abona la parte de subvención justificada.

Anexo 3.- Requerimiento de justificación.

ANEXO 1

Relación de beneficiarios y subvención concedida

Ver anexo en las páginas 48452-48472 del documento Descargar

ANEXO 2

Relación de solicitudes subvencionados a las que se les abona la parte
de subvención justificada

Ver anexo en las páginas 48473-48484 del documento Descargar

ANEXO 3

Requerimiento de justificación

Ver anexo en las páginas 48485-48487 del documento Descargar

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